Masivo pañuelazo anti fascista en el Monumento a la Bandera
Un mensaje rosarino para Bullrich y Milei
Numerosas expresiones feministas de la ciudad alertaron la prédica anti derechos de los dos presidenciables y llamaron a votar por el candidato Sergio Massa
La marea verde volvió a copar el Monumento a la Bandera, en sintonía con más de 15 ciudades del país para construir un mensaje unívoco desde el feminismo hacia el discurso de derecha que encarnan los presidenciables Javier Milei y Patricia Bullrich y que prometen una amenaza cierta con derechos ya consagrados como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito (ley ILE), y la educación sexual integral (ESI). "Ni un paso atrás, compañeras, compañeres. Ante la amenaza reaccionaria de la derecha, seguiremos en la calle defendiendo los derechos adquiridos", proclamó una pluralidad de voces que plantó bandera en el patio cívico de las grandes convocatorias populares en Rosario. El acto organizado por la Asamblea Lesbo Trans Feminista de Rosario se nutrió de una lista de oradoras de diversa procedencia pero vertebrada por la posición feminista. Y la mayoría pronunció de manera explícita el llamado a votar al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
La multitud esperó la caída del sol para que un drone pudiera registrar con nitidez el espesor de la concentración popular, con cientos, miles de pañuelos verdes y violetas en alto, portados en su mayoría por mujeres en guardia ante la amenaza cierta que se yergue sobre las conquistas que el feminismo construyó en los últimos años, en lo puntual, desde el surgimiento del movimiento #Niunamenos en 2015.
"Tu voto vale; ni Milei, ni Bullrich, ni voto en blanco. Seguimos en la calle por nuestros derechos", arengaron desde la organización a las columnas embanderadas que abrevaron en la escalinata del patio cívico.
Por oposición a las proclamas de derecha, la Asamblea difundió dos cartas, "Decimos Sí", y "Decimos No". La positiva englobó todo lo que la plataforma libertaria y de Juntos por el Cambio amenaza: "Educación pública con mejores escuelas, salud pública con más hospitales yc entros de salud, jubilación de amas de casa, cobertura de Pami y canasta gratuita de medicamentos, ley de alquileres que proteja a inquilinos, ESI para prevenir el abuso sexual y las violencias, ley de aborto legal, de matrimonio igualitario e identidad de género. Por una ciudad sin violencia, por los derechos laborales, vacaciones, jubilación, sueldos justos, aguinaldo, indemnización por despido. Por la propiedad de la tierra de los pueblos originarios y los recursos naturales en manos del Estado".
La otra carta marca los límites de la expectativa popular. "No a la inflación y los aumentos desmedidos de los alimentos, a la dolarización, a los voucher en educación que dejará infancias y adolescencias fuera de la escuela; no a privatizar Aerolíneas Argentinas e YPF, no al aumento de tarifas de servicios, no al FMI, ni a criminalizar la protesta pública. No a la portación masiva de armas ni a liberar a los militares y civiles responsables del terrorismo de Estado".
El remate de ambos documentos fue la nota dominante del acto de ayer a la tarde: "Ni Milei, ni Bullrich, ni voto en blanco. Tu voto vale".
Por el micrófono desfilaron voces múltiples, y cada una aportó una mirada particular a la causa única de resistir el avance de la derecha en este turno electoral.
Alicia Simeone, del Sindicato de Prensa, planteó "la defensa de los medios públicos que Milei y Bullrich vendrán a destrozar", reclamó una ley que garantice la equidad de género en la prensa y llamó a votar por Massa. Beatriz Introcaso, de Coad, exhortó a "defender cada espacio conseguido, ni un paso atrás, y a seguir juntas en la calle hasta que sea como soñamos". Otra voz gremial, Liliana Leyes (ATE Rosario), puso el acento en las diatribas libertarias contra la función del Estado y se definió en nombre de "las trabajadoras que garantizamos el Estado necesario, fuerte y presente".
Desde el plano de la educación, sumaron su aporte Verónica Montanari (Amsafé Rosario) y Micaela Ramos (Sadop), pero también estudiantes secundarios.
La concejala Caren Tepp (Ciudad Futura) propuso "que la política advierta que al feminismo no hay que esconderlo: cada vez que el discurso reaccionario avanza en el mundo somos nosotras quienes lo frenamos". Norma López (Frente de Todos-PJ) desafió a "entender que la verdadera libertad es la de elegir" e invitó a "disputar sentido juntos y juntas como pueblo emancipado. El que crea que conseguirá votos escondiendo nuestros derechos se equivoca", exclamó.
La izquierda fue parte sustancial de la convocatoria. Habló la ex candidata a gobernadora Carla Deiana, que ratificó el derecho al aborto como una ley firme, llamó a "romper con el ajuste, luchar contra el FMI y romper con la formación política del ajuste", en el que incluyó a Massa. Y ahí terció la voz disonante al ser la primera en proponer optar por la candidata Myriam Bregman. Luego la imitarían otras oradoras.
María Eugenia Sarría, de Las Safinas, alertó sobre las consecuencias de los discursos de odio sobre la población que habita la diversidad sexual. María Inés, de la Asociación de Inquilinas Agrupadas, incluyó en la agenda la defensa de la ley de alquileres ante una oposición que hoy batalla en el Congreso alineada al lobby inmobiliario. "Las mujeres, muchas con carga de familia, somos la mayoría de la población que padece la condición de inquilinos", observó.
Michelle Vargas, del colectivo trans, levantó el clima a pura arenga anti fascista. "La libertad es nuestra, por eso hay que votar a Massa", reclamó. Y convocó a la nueva Marcha del Orgullo el 7 de octubre.
Por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Lucrecia Aranda repasó derechos sociales conseguidos en los últimos años, los definió como indispensables y alertó sobre la posibilidad de ponerlos en riesgo.
Con la desconcentración del gentío cuesta arriba por calle Córdoba, la periodista Sonia Tessa tradujo el valor político de lo que acababa de suceder: "La primera manifestación popular en Rosario contra la derecha la hizo hoy el feminismo", afirmó.
SALVATAJE
Allanamiento en la oficina de Edery y denuncia a fiscales
Las denuncias cruzadas en el MPA
Siguen investigando al fiscal Edery denunciado por sus pares Socca y Moreno, a su vez denunciados por Ortigala.
El Centro de Justicia Penal se vio alborotado en la mañana de ayer cuando las fiscales santafesinas María Laura Urquiza y Bárbara Ilera junto a funcionarios de la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación, se hizo presentes en la Agencia de Criminalidad Organizada, donde trabaja el fiscal Matías Edery, denunciado la semana pasada por brindarle protección a Mariana Ortigala. La mujer fue acusada de ser la presunta testaferro de Ariel Máximo “Guille” Cantero -capo de Los Monos-, imputada y detenida por participar en extorsiones de la banda a un dueño de agencias de quiniela. Ayer también tuvo lugar otro hecho delicado: el defensor Leonel Iesari, abogado de Mariana Ortigala denunció a los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno ante el auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Leandro Mai, por no respetar el principio de objetividad, el no respeto por los Derechos Humanos, e incumplir con el deber de protección respecto Ortigala en la causa donde se la investiga.
Las fiscales Ilera y Urquiza se llevaron documentación sobre la causas en la que Edery trabaja y en las que está involucrada Ortigala, así como los teléfonos del fiscal y una empleada de la Agencia. Al promediar la tarde además se conoció que la fiscal regional María Eugenia Iribarren desplazó a Edery de las causas en las que había sido denunciado y en donde habría prestado información Ortigala. En rigor el fiscal sigue en plena tarea, ya que ayer cuando llegó la inspeccion estaba en una audencia de juicio contra el "Gordo Dani" un líder narco de Villa Gobernador Gálvez.
En su denuncia, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno apuntaron a la relación presuntamente irregular de Edery con Ortigala, que era su informante, un rol que los superiores de Edery en el Ministerio Público de la Acusación conocían.
Socca y Moreno denunciaron a su colega en el marco de la investigación por extorsiones y ataques a tiros e incendiarios contra el dueño de una agencia de quinielas al que Los Monos le exigían un millón y medio de dólares. En ese expediente está involucrada Ortigala, a quien la dupla de fiscales señaló como una “una narco protegida” por Edery. Así lo aseguraron al ventilar una serie de conversaciones de WhatsApp que la sospechosa mantuvo con el funcionario judicial acusado.
En cuanto a la denuncia del abogado de Ortigala, Leandro Iesari puntualizó en su denuncia que Socca y Moreno vulneraron el deber de protección establecido la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Argumentó que ya en la jornada del 19 de septiembre se había opuesto a que los fiscales mostraran el video del allanamiento en el domicilio de su defendida, dado que en ese material se ventilaba la relación de Ortigala con Edery. Se trata de un video en el que agentes policiales con la cara tapada indagan a la mujer mientras está esposada, y se la ve diciendo que usaba un celular "para pasarle información al fiscal Matías Edery".
"Todo ello conforme a que las audiencias deben ser meramente argumentativas y resultaría innecesaria la reproducción de dicho allanamiento en este tipo de audiencia y más teniendo presente la connotación periodística que ha tenido la misma", consideró Iesari. Remarcó así que los fiscales "solicitaron de manera manifiesta e insistente que se reproduzca dicho video".
Para el defensor de Ortigala esa situación tiene relación directa a un hecho violento ocurrido horas después de desarrollada la audiencia. Cuando la noche del 19 de septiembre se produjo un ataque a balazos a la estación de servicios YPF de Rondeau y Marull, los autores del hecho dejaron una nota intimidante: "Fiscal Matías Edery, dejá de hablar por teléfono con Mariano (sic) Ortigala y armar la causa contra los pibes porque te vamos a matar a tu familia. La mafia”.
Iesari destacó que la vida de Ortigala está en peligro desde que se convirtió en una testigo clave en la causa que juzgó y condenó a Alvarado, un contexto que tiene un caso testigo en el asesinato de Carlos Arguelles, también testigo en la misma causa. En ese marco, recordó que en marzo de 2020 la mujer fue víctima de un ataque a balazos y que el fin de semana previo a las audiencias recientes fue baleado el Complejo Penitenciario Rosario, donde está alojada. "Todo ello no hace más que demostrar el riesgo inminente que padece Ortigala y que más allá de que debe ser investigada en la IPP (Investigación Penal Preparatoria) que la tiene como imputada, este defensor entiende que la conducta abusiva que desplegaron los fiscales Socca y Moreno al reproducir este video ha puesto a Ortigala en un total estado de vulnerabilidad y no respetándosele sus derechos humanos fundamentales", consideró.
Además, el abogado puntualizó en la jornada del 20 de septiembre en la que los fiscales Socca y Moreno hicieron públicas las conversaciones que Ortigala, en su carácter de informante, había mantenido con Edery. Sostuvo que era innecesario y argumentó que quedó evidente cuando al final de las audiencias la jueza María Trinidad Chiabrera, al momento de fundamental la medida cautelar contra Ortigala "no valora ni menciona dicha información aportada por los fiscales como extrema necesidad de difundirla en audiencia".
A su vez indicó que los fiscales hicieron "caso omiso" a las directivas de la fiscal regional María Eugenia Iribarren y destacó que los fiscales ahora denunciados también vulneraron la Ley de Víctimas. Ortigala, considerada víctima por haber sufrido una tentativa de homicidio, para Iesari debía tener ciertas garantías que no se cumplieron al momento de ser detenida. Indicó que está alojada en una celda que da al patio del pabellón donde está presa la pareja del hombre vinculado a Alvarado que será acusado por el ataque sufrido por su defendida en marzo de 2020.
Rige la inscripción para el nuevo IFE
El turno de los trabajadores informales
Desde Anses Rosario señalaron que la inscripción avanza a buen ritmo, mientras que desde el MTE celebraron la iniciativa.
El trámite se hace en Ansés, pero en su versión digital, a través de la web y no presencial.. Imagen: Andres MaceraLos trabajadores informales ya pueden inscribirse al nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que lanzó el gobierno, dentro de un paquete de medidas destinadas a hacer frente a la devaluación de agosto. El trámite es completamente digital y desde la delegación Rosario de Anses confirmaron que se están recibiendo los trámites a buen ritmo. En una semana donde se conoció la suba de los datos de pobreza e indigencia en el Gran Rosario, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) celebraron la noticia: “Nos parece realmente importante que se haga un poco de justicia en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras”.
Esta semana, el ministro de Economía Sergio Massa anunció un refuerzo de 94 mil pesos dirigidos a los trabajadores informales, uno de los sectores más vulnerables y que hasta el momento había quedado excluido de la batería de medidas económicas anunciadas por el gobierno. El pago se hará en dos cuotas, durante octubre y noviembre, y funcionará con la misma lógica que el IFE, que tuvo tres ediciones durante la pandemia por coronavirus.
En concreto, la medida está dirigida a todas las personas entre 18 y 64 años que no cuenten con trabajos formales ni perciban prestaciones por parte del Estado. Es decir, quedan por fuera del beneficio los jubilados y pensionados, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo (AUE), o Becas Progresar; los titulares de planes sociales y las personas que reciban prestaciones por desempleo. También quedan exceptuados los monotributistas y autónomos, sectores para los que ya hubo anuncios semanas atrás.
“Cada uno de los sectores sociales fue recibiendo algún tipo de beneficio y faltaban los trabajadores informales compensar por el aumento de precios, después de la última devaluación que nos impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que fue directamente al precio de los alimentos”, explicó Mariano Mirada, jefe de la delegación local de Anses zona oeste, en declaraciones a Rosario/12. “Forma parte de un conjunto de políticas que busca acompañar a la sociedad en este momento y compensar la pérdida del poder adquisitivo”, añadió.
El trámite se realiza de forma digital desde la página de Anses con CUIL y la clave de seguridad social. Allí se completa el formulario y, si el solicitante supera el análisis socioeconómico, estará en condiciones de cobrar el beneficio. Desde el organismo aclararon que quienes soliciten el IFE deberán contar con una cuenta bancaria, que es donde se les depositará el dinero. La inscripción estará vigente hasta el 31 de octubre y el primer pago se efectuará después del 9 de octubre. Quienes se inscriban después de esa fecha cobrarán el refuerzo completo en noviembre.
Sobre el nivel de inscripciones en la ciudad, Mirada señaló que están recibiendo un gran número de consultas de personas que se acercan a las oficinas del organismo para evacuar dudas. “Lo que planificamos en términos de atención está funcionando bien y nuestra página está recibiendo las inscripciones a buen ritmo. No tenemos números todavía, pero seguramente a principios de la semana que viene vamos a estar dando números provisorios de inscriptos”, adelantó.
Para el lado de la justicia
Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Rosario, conformado en gran medida por trabajadores que no cuentan con empleos formales, celebraron la iniciativa. “Es una de las demandas que veníamos planteando desde que se votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, recordó Victoria Clérici, una de las referentes de la organización, en declaraciones a este medio. “Decíamos que si había un compromiso de cumplir con el Fondo, también tenía que haber un compromiso con los sectores más postergados”, añadió.
No obstante, la dirigente consideró que las políticas que plantean “un piso de ingresos” no deberían estar atadas a las contingencias económicas y sociales, sino que deben formar parte de un programa de Estado. Y remarcó que desde el espacio vienen luchando por un salario básico universal para los sectores más desprotegidos.
“Nos parece una medida importante y que no surge de la nada. Pero también seguimos buscando que sea un piso de derechos para un sector enorme de nuestra población que no tiene ningún tipo de ingresos de ningún lado. Sectores que trabajan un montón, pero que no pueden tener una planificación económica mensual de sus hogares”, expresó y agregó: “Celebramos las medidas que buscan distribuir mejor la torta. Nos parece realmente importante que se haga un poco de justicia en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras”.
El anuncio del refuerzo se da una semana particular. Este miércoles se conocieron los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre pobreza e indigencia, durante el primer trimestre del año, con números preocupantes. En el Gran Rosario la pobreza alcanzó el 33,5%, mientras que la indigencia alcanzó al 6,2% de la población. En el mismo período del año anterior, los guarismos habían arrojado una pobreza del 31,2 % y un nivel de indigencia del 3,6%. En números concretos, 450.765 personas no cubrieron con sus ingresos los costos de una canasta mínima de bienes y servicios, de los cuales 83.456 no lograron costear los alimentos básicos.
Discapacidad
Renuevan convenios
Por el derecho a estudiar
Más de 300 familias autoconvocadas, junto a cooperadoras y otras organizaciones, impulsan una campaña para que se construya una escuela secundaria pública en Funes. Estiman que son 150 chicas y chicos los que el año próximo quedarán fuera de la educación obligatoria, si no se concreta este pedido. La actual movida invita a sacarse una foto mostrando la palma de la mano y difundirla con este mensaje: “Sumo mi mano para una secundaria pública en Funes ya”.
Pía Cesari es una de las mamás que participa de este reclamo colectivo por el derecho a educarse. Repasa que el pedido viene desde 2012, que se han contactado con representantes del Concejo, de las cámaras de Diputados y Senadores, autoridades de todos los niveles del Estado, que “hay consenso en apoyar este pedido” pero sin un avance concreto.
“Estamos en emergencia”, alerta la mamá y resalta que “son 150 estudiantes que están sin banco” para el ciclo lectivo 2024. Detalla que en Funes -localidad de más de 40 mil habitantes- son cuatro las escuelas primarias públicas y una sola la secundaria pública -la N°398 Malvinas Argentinas-, con su anexo.
Ese anexo funciona a unas 30 cuadras de la escuela sede y solo en el turno tarde, con una preceptora que va y viene de un lugar a otro. En el turno mañana antes funcionaba un jardín de infantes que se trasladó. Ese espacio estaría disponible para habilitar dos aulas más y poder ampliar la secundaria, pero hace falta acondicionarlo. Hasta la fecha nada de eso ha pasado. De todos modos -advierte la mamá- esta sería una solución transitoria.
En Funes hay seis escuelas secundarias privadas que “están colapsadas de estudiantes, además de que hay abusos en las cuotas”, señala Cesari. Esas cuotas rondan los 100 mil pesos mensuales. Hay otras opciones de menor monto pero responden a idearios pedagógicos que no siempre se corresponden a las decisiones de las familias, además de que la garantía de la igualdad está siempre en la propuesta del Estado.
La situación económica y el aumento desmedido de las cuotas llevan a que más estudiantes que cursan en las escuelas privadas se vuelquen por la enseñanza pública y gratuita. Un dato más que argumenta a favor de la urgencia de concretar la escuela secundaria pública en Funes.
Ante la falta de certidumbre de qué pasará con esta escuela, muchas chicas y chicos se anotan para seguir su escolaridad en Roldán, Carcarañá. San Jerónimo o Rosario. “Con todo lo que eso implica para las familias”, se lamenta la mamá.
El pedido generalizado es que se construya una escuela pública, que garantice el derecho a educarse. La decisión final la tiene la provincia de Santa Fe, pero en este tiempo de transición entre el gobierno saliente y el que asumirá en diciembre próximo, nadie asume esta decisión política y respuesta necesaria.
“En 2019, el diputado Carlos del Frade presentó un proyecto para que se atienda este pedido, pero no prosperó”, repasa Pía Cesari de la iniciativa del legislador santafesino. Algo similar ocurrió con una declaración de interés municipal de Funes a esta demanda.
En agosto pasado, estas familias lograron que el director de la Regional VI de Educación, Osvaldo Biaggiotti, firmara un acuerdo para la creación de los cargos necesarios. La expectativa está en que se cumpla con esos nombramientos docentes.
Campañas
En julio pasado las familias autoconcavadas -con niñas y niños en distintos niveles escolares- buscaron hacer visible este reclamo, primero fue con una “mateada”, luego con una “caravana de más de 10 cuadras, histórica para Funes” y actualmente con esta movida por las redes sociales “a la que se han sumado deportistas, artistas, periodistas”, entre otras personalidades.
También están organizando movilizarse hasta Santa Fe para que la Legislatura provincial incluya en el presupuesto 2024 la creación de esta escuela pública.
Desde 2006, con la aprobación de la ley nacional de educación 26.206 la secundaria es obligatoria en todo el territorio nacional. Es obligación del Estado asegurar que todas las chicas y chicos accedan a este derecho.
Quite de colaboración
Este jueves las trabajadoras y los trabajadores dele Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad con sede en Rosario reclamaron frente al retraso de los plazos para la conformación efectiva del Ministerio, la concreción de los traslados y pases a planta, y la urgencia de mejoras en las condiciones edilicias.
Por ese motivo, se declararon en estado de asamblea permanente con quite de colaboración. Entre los principales puntos del reclamo se encuentra el “traslado definitivo de las y los agentes que prestan actualmente servicio en el MIGYD, y pertenecen a otras jurisdicciones (Salud, Desarrollo Social, Cultura, Educación)”.
Además, solicitaron la “definición de la Estructura Funcional Operativa Ministerial y su correspondiente otorgamiento de subrogancias”, como también las “designaciones a planta permanente del personal con vinculaciones contractuales” como quedó refrendado en la paritaria vigente.
Por último, hicieron un llamado para que se mejoren las condiciones edilicias ya que ha habido “desmoronamientos de techos en varios sectores de las oficinas”.
Transición en Santa Fe
El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, y otros funcionarios de la actual gestión de Omar Perotti, se reunieron este miércoles con representantes del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, para abordar la transición en la cartera de Seguridad, con un escenario que contabiliza 204 crímenes en el Departamento Rosario en lo que va de 2023.
Los funcionarios de Perotti que participaron del encuentro estuvo el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; en tanto que en representación de Pullaro estuvo presente quien se perfila como el próximo líder de Seguridad, Pablo Cococcioni y María Florencia Botta.
Tras el cónclave, Brilloni relató que los dos referentes del futuro mandatario “dejaron algunas inquietudes que empezaremos a preparar para poder responder puntualmente sus requerimientos”. Además, resaltó: “Hablamos en términos genéricos tratando de hacer un análisis. Esta es una primera reunión, hay muchas cosas que tenemos que profundizar”. Y añadió: “Afortunadamente, ambas partes tenemos tiempo y vocación de hacer una transición ordenada e indicó e que las cuestiones puntuales, como la cantidad de efectivos y patrulleros, serán abordadas en otros encuentros”.
Brilloni también se refirió al alarmante índice de homicidios. “Este número nos habla de violencia que tenemos instalada en la sociedad, que se exacerba en los barrios de conflictividad y vulnerabilidad social y, sobre todo, por la accesibilidad a las armas de fuego”.
Por su parte, el actual ministro de Gobierno, Marcos Corach, indicó que el encuentro “tuvo el mismo tenor” que otras reuniones que ya se realizaron. Además, remarcó la predisposición de la administración actual para brindar información a los equipos entrantes y afirmó “estar al teléfono para lo que precisen”.
Por último, señaló que el equipo de Pullaro planteó “requerimientos por escrito”, sobre cantidad de patrulleros y la situación penitenciaria, aunque aclaró que esos temas se trataron “por arriba”.
Fuente: El Litoral/CLGN
Fuente:RedaccionRosario
Cámara de apelaciones de Reconquista dejó en suspenso el salvataje de Vicentin
La Cámara de Apelaciones de Reconquista decidió suspender, a partir de una presentación de Vicentin, el proceso de "cramdown" o salvataje de la empresa abierto por el juez de primera instancia Fabián Lorenzini, el pasado 15 de septiembre.
Así, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial decidió "hacer lugar al pedido de modificación de cambio de efecto de los recursos (de apelación) concedidos el 20 de septiembre de 2023, los cuales quedan concedidos con efecto suspensivo".
Hace poco menos de dos semanas, Lorenzini, que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora en default por US$ 1.500 millones, rechazó la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y abrió la vía del cramdown.
Esta instancia de salvataje está contemplada en la ley de Quiebras y Concursos (LQC) para darle continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía.
Lorenzini elevó la apelación a la Cámara, la que decidió suspender el salvataje hasta resolver la cuestión de fondo.
Según fuentes cercanas al caso lo que decidieron los jueces de la Cámara fue cambiar el efecto de la apelación, que era devolutivo. "El proceso de salvataje hubiera seguido como si no se hubiera apelado, pero ahora es suspensivo", sostuvieron.
"El proceso no sigue hasta que la Cámara confirme el rechazo de la propuesta y el periodo de concurrencia o salvataje", comentaron las fuentes, quienes remarcaron que el tribunal "no se expidió sobre el fondo de la cuestión", por lo que "habrá que esperar a ver que dice la propia Cámara".
En los considerandos de la decisión judicial , la Cámara explicó que "la resolución del 15 de septiembre -en lo que aquí interesa- contiene dos decisiones que se sustentan en diferentes reglas concursales".
Por un lado, entendió que "una rechaza las impugnaciones deducidas por el Banco de la Nación Argentina, Commodities SA, la AFIP, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el BICE SA, con fundamento en el art. 50 de la LCQ; y otra decide no homologar el acuerdo porque el mismo sería abusivo, con fundamento en el art. 52 inc. 4) de la LCQ. La apertura del periodo de concurrencia es consecuencia de esta última".
El fallo entiende que "si la primera decisión, o sea la que se expidió por el rechazo de las impugnaciones, es apelada por las impugnantes a quienes se les desestimó el planteo, la ley concursal prevé expresamente en su artículo 51 que lo será 'al solo efecto devolutivo'. En cambio, dicho artículo nada prevé en relación al efecto de la apelación deducida contra la no homologación oficiosa (art. 52 inc. 4) de la LCQ)".
En este sentido, la decisión judicial expresó "que si bien para algunos autores dicha falta de previsión significa que nos hallamos ante una laguna del derecho que merece ser integrada por la vía de la analogía con la regla excepcional del art. 511 , pensamos que no existe tal laguna ante la existencia de la norma de clausura del art. 273 inc. 4) de la LCQ que consagra el efecto suspensivo para las apelaciones en materia concursal".
Días atrás, el juez Fabián Lorenzini amplió los plazos para la presentación de propuestas para el salvataje de la empresa del 29 de septiembre al 17 de octubre.
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