“Intemperante, imprudente y
extravagante”: el duro editorial de
The Economist contra Javier Milei
Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023.
En la nota lo definen como “un peligro para la democracia en Argentina”. La crítica hace aún más mella porque llega de una revista pro mercado, lo que tanto pregona el candidato de La Libertad Avanza.
Javier Milei recibió en las últimas horas una crítica lapidaria, al ser definido como “un peligro para la democracia en Argentina”, al tiempo que fue duramente criticado por su idea de dolarizar. El cuestionamiento hacia el economista de extrema derecha no salió precisamente de un apéndice de la Cuarta Internacional, sino del corazón mismo de la prensa pro-mercado: la revista The Economist. “Intemperante, imprudente y extravagante: poco en Milei sugiere que sea el salvador que la Argentina necesita” se lee allí.
En el editorial de su su última edición, el semanario británico no dudó en afirmar, respecto del programa ultraliberal, que “sus políticas están mal pensadas, le costaría gobernar por estar lejos de lograr consensos. Y algunos argentinos se preocupan que se pueda volver autoritario”.
The Economist manifestó su desconfianza la idea de dolarizar, ya que el candidato “no tiene manera de proveer los dólares necesarios” y, por si fuera poco, “la Argentina ni siquiera puede pagar sus deudas con el FMI”.
Después de describir el escenario de alta inflación de la Argentina, el texto puntualizó los principales aspectos del programa de Milei: “Quiere privatizar todas las empresas estatales, dolarizar la economía y reducir el déficit del país a cero en su primer año”.
Sobre la dolarización, expresa que “bajo un sistema así, los bancos y hogares argentinos necesitarían una flotación de dólares para ponerse en marcha, algo que Milei no tiene forma de proporcionar”. Y agrega: “Para empeorar las cosas, la Argentina está al borde del default, lo que la dolarización haría aún más doloroso, ya que no habría prestamista de último recurso si el banco central desapareciera junto con el peso”.
La revista fue más allá y expresó que Milei “carece del temperamento adecuado” para negociar con el FMI, y subrayó que su principal asesor “parece ser su hermana”. También recalcó que dice cosas “incendiarias” sobre sus rivales y lo criticó por decir que había habido fraude en las PASO y por su admiración hacia Jair Bolsonaro.
Además, el editorial le dedicó unas líneas a Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, de discurso negacionista. La define como “una exabogada de soldados acusados de atrocidades durante la dictadura militar de Argentina de 1976 a 1983”, que “resalta los crímenes de los guerrilleros de izquierda que lucharon contra la Junta, en lugar de los actos más sangrientos de la Junta misma”. Al respecto, la revista dice que Milei afirmó que “ambos lados cometieron crímenes”, poniéndose levemente a la izquierda de Villarruel, quien va más allá de la teoría de los dos demonio. Pese a esa morigeración de Milei en el tema, para The Economist es algo que “los defensores de las libertades civiles no encuentran como tranquilizador”.
Fuente: Página 12
El bono de Massa equivale al 1,2%
de lo perdido por la clase trabajadora
a manos de los empresarios
Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023.
El dato surge de un estudio de la CTA y solo toma en cuenta el gobierno del Frente de Todos. Durante esos casi 4 años hubo una transferencia de ingresos del trabajo al capital de 70 mil millones de dólares. El “gasto” que implica el bono alcanza los 218 mil millones de pesos. Una ganga, encima después de una brutal devaluación.
A una semana de anunciado y cuando ya se empieza a cobrar en algunos sectores, está claro que la suma fija que anunció Sergio Massa no alegró a casi nadie. Ni sus sindicalistas amigos se animaron a festejarlo. Primero que nada, porque fue después de una devaluación que aceleró una inflación ya bastante dura. Es como cuando te sacan 1000 pesos y te devuelven 200. Pero además porque cualquiera se da cuenta que tampoco alcanza a recuperar lo que se viene perdiendo hace años. Y encima es a cuenta de futuros aumentos.
Hay un dato revelador sobre el valor real de esa suma. En estos días se conoció un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, un grupo de economistas ligados a la CTA de los Trabajadores. Con datos oficiales, aseguran que la transferencia de ingresos de manos de la clase trabajadora a la clase empresaria creció durante estos años. O sea que aumentó la porción de la torta que se quedan, cuánto se apropian de la riqueza generada en el país. Como quieran decirle. Como reflejamos en esta nota, con los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos, alrededor de USD 101.000 millones pasaron desde los bolsillos de la clase trabajadora a los de las grandes patronales. De ese total, USD 70.000 millones se transfirieron bajo la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Un saqueo escandaloso. Como contamos en esta otra nota, a pesar de las ganancias que tuvieron, muchos sectores empresarios como la UIA, la Cámara de la Construcción o la de Comercio, criticaron el bono. La Sociedad Rural también.
Esto, a pesar de que es a cuenta de futuros aumentos y de que un parte importante la pago el propio Estado, “perdonándoles” las contribuciones patronales a las PyMes.
El mismo estudio de CIFRA arroja otro dato interesante: “las empresas mediano-grandes que deben pagar sin ayuda estatal la “suma fija” de 60.000 pesos deberían desembolsar alrededor de 218 mil millones de pesos, que equivalen al 1,2% de las transferencias de ingresos del trabajo al capital que tuvieron lugar durante los últimos años”.
O sea que de todo eso que se robaron del trabajo obrero, “devuelven” (o adelantan) un 1,2%. Tres empanadas. O una migaja, peor.
Hay que terminar con ese saqueo cotidiano a la clase que hace funcionar el país y enriquecer a un puñado de parásitos. Esos 20 millones de trabajadores y trabajadoras que producen, transportan y venden todo, son también quienes tienen la fuerza para cambiar esa historia y que la riqueza y los recursos del país estén al servicio de las grandes mayorías populares.
Fuente: Telesur
Mendoza. El Gobierno Provincial,
inició un supuesto proceso de selección
para la explotación de un mega
yacimiento y “casualmente” recayó
en una empresa de José Luis Manzano
por Federico Soria / Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023
El Gobierno de Mendoza ha decidido entregarle la explotación del mega yacimiento PRC a José Luis Manzano (ex funcionario de Menem y ex presidente del PJ, involucrado en uno de los casos de corrupción másconocidos de esa época, denominado “robo para la corona”).
El imperio del ciudadano más acaudalado de Mendoza incluye la petrolera El Trébol haciendo fracking en Vaca Muerta (tanto en territorio de Neuquén como de Mendoza), una empresa minera con concesiones de litio en Catamarca y Salta (tanto para extraer sales evaporíticas, así como roca de espodumeno), y la empresa de energía de Mendoza (Edemsa, tremendamente endeudada con la provincia y sistematicamente perdonada por el estado), además de negocios financieros e inmobiliarios, tanto a nivel local, como en paraísos fiscales.
Potasio Río Colorado fue comprada por el Gobierno de Mendoza a la corporación brasilera Vale, luego de que esta abandonara el proyecto por problemas financieros, dejando un tendal de desocupados, de los que se tuvo que hacer cargo el propio gobierno.
Ya con la mina en manos del Estado Provincial y en medio de un gran hermetismo (justificado en el eufemismo del “secreto comercial”) el gobierno inició un supuesto proceso de selección y el elegido ha sido el “Cototo”.
El dato no ha sido dado a conocer oficialmente, porque el contrato todavía no se firma, pero los medios hegemónicos amigos de la pauta parece que no pudieron contenerse la primicia y ya revelaron el dato, que es una suerte de secreto a voces en algunos pasillos de la Casa de Gobierno: El futuro operador elegido será una empresa recientemente constituida (de nonbre desconocido), cuyo titular es José Luis Manzano.
Al final, todo queda entre amigos…
Las preocupaciones de Estados
Unidos sobre el futuro del país
Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023.
El gobierno de Joe Biden se muestra inquieto ante el futuro de Argentina, con el temor de que su crisis económica pueda convertirse en una catástrofe social. Argentina ha estado activa en las mesas de negociación de las principales organizaciones internacionales y el propio gobierno de Biden durante el verano.
El país podría tener un impacto significativo en la estrategia occidental en la geopolítica mundial. Mientras la Guerra en Rusia y Ucrania acapara la atención, el “futuro incierto” de Argentina ha generado un interés especial por parte de Estados Unidos.
Después de la aprobación de la quinta y sexta revisión del programa de deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, fuentes en Washington revelaron que no pueden ignorar la situación en Argentina, ya que los resultados electorales, incluyendo la sorprendente figura de Javier Milei y su plan de dolarización, han creado incertidumbre. La atención se centra ahora en las estrategias de Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei.
Los ejes de la preocupación estadounidense
La explotación de los recursos naturales es un punto de coincidencia tanto en el sector público como en el privado de Argentina. Las empresas estadounidenses están interesadas en los sectores de energía y minería y esperan un ambiente de negocios estable.
Biden también aboga por “reglas claras” y “predictibilidad” para la inversión en Argentina. A pesar de la incertidumbre política, los inversores globales, incluyendo el poderoso fondo de inversión BlackRock, se alegran de que “el 80 por ciento del electorado haya votado a favor del mercado”.
En cuanto a los planes futuros, se considera más difícil prever la administración de Javier Milei que la de Sergio Massa o Patricia Bullrich. Sin embargo, en Washington destacan que ninguno de los candidatos ha presentado un plan concreto para el futuro.
Contra una memoria del arrasamiento
Por Verónica Porras, Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023.
En abril de 1983, las Fuerzas Armadas presentaron públicamente un texto denominado “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” que pretendía clausurar la demanda de información y explicaciones que por entonces exigían no solamente los organismos de derechos humanos sino también los partidos políticos, los medios de comunicación, y la Iglesia católica, entre otros actores. El guión del homenaje organizado por Victoria Villaruel esta semana en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue fiel a ese texto. Pensado el acto como escena de memoria, nos quiso regresar simbólicamente al momento de la presentación de ese Documento Final, cuando la moneda aún estaba en el aire, y la última Junta Militar pretendía extender un aval a la represión ilegal y clandestina, y ganar impunidad para sus responsables. Ese proyecto transicional por el que presionaron las Fuerzas Armadas, basado en la reivindicación de la “guerra” y la no revisión de lo actuado, como sabemos, fracasó; pero la candidata vicepresidencial de La Libertad Avanza ensaya distintas fórmulas orientadas a su restauración.
Durante años, construimos como comunidad política un proceso de memoria, verdad y justicia que nos permitió cuestionar y condenar el terror de Estado, afirmando una distinción cualitativa fundamental entre la represión estatal y la violencia política ejercida desde las organizaciones armadas. La desaparición forzada de una generación de militantes fue el centro de gravedad de la democracia argentina desde la etapa de la transición. Pudimos con esfuerzo elaborar socialmente este trauma colectivo y poner límites a la política de aniquilamiento.
Hoy nos encontramos frente al montaje de una nueva escena de la memoria, seguramente como acto preparatorio de la voluntad de transformación de la política pública en esta materia. Hasta aquí el campo de la memoria tuvo en nuestro país diferentes etapas en estos cuarenta años. Los últimos veinte, estuvimos enfrascados en una memoria agrietada, que puso en contradicción los esfuerzos por establecer verdad y justicia durante el primer gobierno post-transición, el de Raúl Alfonsín, y los gobiernos kirchneristas. En lugar de establecer una línea básica de acumulación entre esos procesos, cada cual cargado de logros y limitaciones propias, se prefirió hacer énfasis en la defensa de parcelas partidistas y se desestimó el impacto de esa pérdida por sustracción. Incluso fue costoso capitalizar los acuerdos que se establecieron para definir de manera transversal una línea de demarcación entre la defensa y la seguridad interior. Tampoco fue fácil asumir que el andamiaje construido con esmero, incluso en sus regresiones o vacilaciones, resultó a veces productivo: el gobierno menemista, que concedió los indultos, desactivó a las fuerzas armadas como actor político; el macrismo, que acuñó a defensores de la dictadura, mantuvo una postura pública de repudio al terrorismo de Estado y sostuvo el proceso de justicia. Ahora tenemos en Victoria Villaruel un viraje disruptivo: se trata de una mujer dispuesta a dar la vida por la causa de la defensa de los derechos humanos de los represores, que sabe cómo establecer en sus capas de discurso las dosis necesarias de mentira, verdad, y silencio.
¿Quiénes son realmente las víctimas de Villaruel? Nos anuncia que va a hablar por las víctimas civiles de la violencia política de las organizaciones armadas, pero en el discurso de la Legislatura, en las cifras confusas que expone, se ha perdido esa distinción que fundó su lugar público en las últimas décadas. Ella desplaza la vara, hace zoom, y de golpe el universo de las víctimas queda sustantivado, se extravía el adjetivo “civiles” (en ningún momento pronunció esa palabra en el acto de la Legislatura), se superpone con las fuerzas que participaron de la represión, a quienes ella propone socializar también como víctimas. Frente a la tarea consumada de la memoria, la verdad y la justicia, Villaruel los renombra frente a nosotros: antes que genocidas, víctimas.
¿Y si su Victoria es pírrica? No le importa, como dice. Está dispuesta a correr el riesgo, los límites, el velo. Ella, que acusa a las Abuelas de Plazo de Mayo de ser el Lobo feroz, es la memoria actualizada de la verdadera ferocidad. Amputado en su discurso el contexto histórico-político de surgimiento de las organizaciones armadas, se convierten en ademán de puro autoritarismo, en crimen, y antesala de la represalia. Ella es también la memoria del aplastamiento de las revoluciones y la justificación del arrasamiento de los revolucionarios, incluso después de haber sido asesinados, incluso después de haber sido desaparecidos. También ellos quedan renombrados como meros verdugos, donde sea que estén. Villaruel viene a recordarnos que el ensayo fallido de la emancipación debe ser castigado hasta el fin de los tiempos, que el escarmiento no tendrá fin. Las revoluciones vencidas deben ser subidas al ring nuevamente para ensañarse con ellas, y con los espectros que las rondan. No estamos sólo condenados a vivir en el mundo que vivimos, estamos condenados a vivir en nuestras pesadillas.
Enzo Traverso nos habla del fin de los marcos sociales de la memoria obrera, y más cercanamente del fin de los partidos políticos como vectores de transmisión de una memoria colectiva. Nosotros construimos la memoria colectiva de la experiencia del terrorismo de Estado durante la última dictadura en ese escenario: el radicalismo, el peronismo y la izquierda, acompañaron, con sus idas y vueltas, ese aprendizaje, y fueron los marcos donde fundamos nuestro pacto común de convivencia. Ahora, cuando todo nos hace pensar que estamos en el umbral de un nuevo tiempo, construido sobre frustraciones y esperanzas de ruptura, dudamos de que el para-avalancha resista.
En medio de las múltiples analogías invertidas sobre el campo simbólico de los derechos humanos que Victoria Villaruel construye y fabula, en su discurso del otro día en la Legislatura recobró sin nombrarlo el gesto de Néstor Kirchner poniendo el cuerpo para decir a las Fuerzas Armadas que como sociedad ya no les teníamos miedo. Villarruel nos dice que el miedo también se ha invertido. Lo tenemos de nuestro lado. Incluso aunque su apuesta reivindicatoria no sea necesariamente acompañada por las fuerzas armadas y de seguridad del presente, aunque no pueda llevar adelante las reformas que se propone en esta materia; ella viene a diseminar el terror. La represión mortífera está puesta de nuevo sobre la mesa como amenaza que dice apuntar a los espectros, pero pone la mira en la sociedad, incluso la que los votó.
El acto en la Legislatura fue el intento de restablecimiento de una memoria contra-revolucionaria pero sin revoluciones a la vista, una memoria que reivindica el arrasamiento, mientras hostiga a diestra y siniestra. Frente a este intento de reposicionar el terror entre nosotros, deberíamos reconstruir y fortalecer el campo ampliado de la memoria democrática que, con todas sus deudas pendientes, sigue siendo el lugar común donde queremos estar, sosteniendo las luchas políticas sin sentirnos amenazados de muerte.
* Licenciada en Filosofía por la UBA. Directora ejecutiva de Memoria Abierta. Integrante de la Comisión directiva del CELS.
Fuente: Página 12
Modificación express del Código
de Convivencia cordobés: avanzan
sobre la criminalización de la
protesta
Por Por Lucrecia Fernández, Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023.
El pasado 24 de agosto, con una agenda mediática cargada sobre los rumores de “saqueos”, la modificación de la ley de alquileres pedida por el empresariado inmobiliario, las subas escandalosas de precios luego de las PASO, y el ingreso de Argentina al BRICS, en Córdoba la legislatura provincial aprobó, de manera express, una serie de modificaciones al Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba.
Al igual que en 2015 con la última modificación, en pleno diciembre y las agendas que siempre trae el último mes del año, esta nueva modificación apunta a aumentar la criminalización y estigmatización, con un revés vinculado a los saqueos, que viene siendo tema de fogoneo central en los medios hegemónicos y desde ciertos sectores políticos, en el último mes. También al igual que en 2015, esta modificación viene a profundizar la arbitrariedad y los márgenes de quién decide o arbitra -en este caso la policía en la calle-, sobre ciertas acciones, que por ejemplo en 2015, se constituyó en figuras como “Actos contrarios a la decencia pública”, “tocamientos indecorosos”, y la figura de “actitud sospechosa” que venía a “reemplazar” la ya cuestionada figura de merodeo.
En esta oportunidad la legislatura de Córdoba aprobó la inclusión de la figura delictiva de: “acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada”. Las modificaciones corresponden a los artículos 70, 122, 129 y 135 del código y se enmarcan, según el oficialismo, en tratar de prevenir “hechos lamentables de ataque a la propiedad y a la integridad física de las personas, lo que popularmente se conoce como saqueos y/o ataques piraña”. Situaciones que de suceder, están íntimamente vinculadas por la profunda crisis económica que está viviendo el país, -donde Córdoba tiene uno de los niveles más de desempleo más altos del país-, con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, y una inflación acumulada de más del 100% anual y contando.
La modificación incluye preocupantes detalles tales cómo: “quienes en la vía pública o lugares de acceso público, en actitud amenazante o intimidante, formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios a la propiedad pública o privada”, rozando quizá una idea de la figura de asociación ilícita, una figura penal de la ley Argentina, que también que es muy cuestionada y que en realidad su uso jurídico apunta a delitos complejos, como terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata, entre otros. Además agrega que para combatir y prevenir tales acciones se debe “Disponer reglas de conducta que resulten adecuadas y toda otra medida que considere conveniente para hacer cesar los efectos de la contravención.”, no hace falta agregar explicación alguna en relación a lo arbitrario de esté tipo de tipificaciones.
En Córdoba ya se viene dando luz verde a accionar preventivamente a ciertas acciones, pero un hecho llamativo en abril pasado fue dar lugar a un Habeas Corpus presentado por comerciantes céntricos contra las manifestaciones, donde el Juzgado de Control y Faltas N° 10, exigió la restricción a las protestas callejeras, demandando “cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales en un término razonable y mediante la implementación de medidas efectivas conducentes a tales fines” y que la Policía de Córdoba lleve “adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público, con preponderancia de las calles y demás vías de circulación”.
Desde Diciembre consultamos a Manuel Tufro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al respecto de esta modificación del Código de Convivencia en Córdoba y la situación frente a la intentona de limitar el derecho a la protesta:
Formó parte de un panel sobre Criminalización de la Protesta Social en el 17 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y uno de los muchos puntos interesantes de su intervención fue esta problemática de ilegalizar o poner en términos de delito, el derecho a la protesta, e incluso poner la maquinaria al servicio de que haya un aval social a creer que manifestarse es un delito.
En este punto esta modificación y el caso previo de la aplicación del Habeas Corpus mencionado de abril de este año, ¿qué opinión le merece al respecto de lo que dice pretende combatir, y que derechos en realidad se están violando?
Son dos medidas distintas que responden a un mismo clima de época. El hábeas corpus tiene que ver con cierto activismo judicial contra la protesta social, ya que dar curso a ese pedido de los comerciantes equivale a considerar a la protesta como una molestia lindante con el delito, y no como un derecho fundamental de la democracia. No puede haber acciones preventivas para evitar el ejercicio de derechos. Una cosa es decir que las autoridades, la policía, etc. deberían planificar lo mejor posible cómo será la circulación urbana en el contexto de una protesta, y otra cosa decir que se deben “prevenir” las protestas. En todo caso la justicia debería instar a las autoridades políticas a que conformen espacios de diálogo y negociación para tratar de evitar la protesta de la mejor manera: dando respuestas a las demandas antes de que se llegue a la instancia de una marcha o un corte de calles (que, por lo demás, son acciones de protesta perfectamente válidas según todos los estándares internacionales).
La reforma contravencional es más compleja. Por un lado, tiene un aspecto claramente comunicacional, su fin es que las autoridades se muestren activas contra la protesta, porque en realidad ya existen múltiples tipos penales que se utilizan para judicializar casos de saqueos o robos piraña. En este sentido, es probable que estos artículos sean improcedentes porque penalizan algo que ya está penalizado. Al mismo tiempo, es preocupante porque la primera consecuencia de esta reforma es la ampliación del poder a la policía para decidir, por ejemplo, si una protesta legítima puede ser etiquetada como “saqueo” y entonces se proceda a la detención de manifestantes.
¿Qué implicancias jurídicas y de violación de derechos tienen articulados que mencionen esta idea de asociación de tres o más personas que pueden remitir a la asociación ilicita?
Depende de cómo se aplique. El centro del problema está en cuáles van a ser las conductas que se califiquen como violentas. Si acciones de protesta perfectamente legítimas como cortar una calle van a ser interpretadas por la policía como un delito violento, y las personas que participan allí van a ser judicializadas o se les van a labrar actas contravencionales, como ocurre en Jujuy, se trata de una grave restricción a los derechos fundamentales asociados a la protesta: libertad de expresión, de petición, de reunión, etc. Lo mismo si, por ejemplo, conductas de algunas personas que se podrían considerar más limítrofes (como por ejemplo dañar propiedad privada en el contexto de una protesta) se utiliza como excusa para reprimir o disolver toda la protesta.
¿Cuál es la peligrosidad de la figura de asociación ilícita tomada de esta manera tan banal?
El uso del tipo penal de asociación ilícita contra manifestantes u organizaciones sociales reviste extrema gravedad ya que, si bien difícilmente prospere hasta llegar a una condena, al ser un delito de cierta gravedad los funcionarios judiciales recortan las garantías que asisten a las personas investigadas, por ejemplo, dictan con mayor facilidad prisiones preventivas o habilitan medidas de investigación muy invasivas (allanamientos, secuestro de computadoras y celulares, eventualmente intervenciones telefónicas). Se trata de medidas pensadas para investigar delitos complejos, y al ser aplicadas contra manifestantes u organizaciones sociales, colaboran con la construcción de una asociación entre protesta y delito. Aunque luego no se encuentren pruebas y los procesos se caigan, las información que circuló ya asoció a manifestantes, militantes y/o referentes sociales con allanamientos, escuchas, etc.
¿Cómo podemos disputar sentidos en términos de construcción de un discurso hacia la sociedad, cuando se toman conceptos o se hace uso de figuras jurídicas tan complejas, bajo el paraguas de “combatir” tal o cual delito menor?
Por un lado se trata de no permitir la naturalización en los medios, en el discurso político y en el discurso judicial, de la vinculación entre protesta y delito. Esa discusión la vienen dando las organizaciones desde hace tiempo. Antes parecía circunscripta al corte de calles, en los últimos tiempos se han corrido los límites y, por ejemplo, en la CABA, el gobierno local quiso encuadrar como delitos las tomas de escuelas, es decir, una forma de protesta que existe hace un siglo en la Argentina.
Pero al mismo tiempo se requiere una gimnasia de comunicación o vinculación distinta entre los movimientos sociales y sectores más amplios de la sociedad, para volver a dotar de legitimidad a protestas sociales que muchas veces no son comprendidas por fuera de los sectores inmediatamente afectados. La legitimidad de una protesta es la mejor defensa contra los intentos de criminalización. Y por el contrario, allí donde las organizaciones se van aislando y las protestas dejan de ser comprendidas por sectores más amplios, el proceso de criminalización avanza con mayor facilidad y hasta con cierto consenso.
¿Cómo analiza el CELS este desarrollo de hechos que apuntan a escenarios mucho más duros de cara al futuro de Argentina, sobre todo en un escenario de crisis, en términos, por ejemplo, de la judicialización a quienes se organizan, y a la mano dura con represión que prometen desde los sectores políticos en disputa real para los próximos 4 años?
Es un escenario muy complejo porque, efectivamente, todo hace suponer que la conflictividad va a crecer, y partes importantes del arco político prometen desactivar esa conflictividad de la peor manera: con la violencia estatal. Hoy la negación del conflicto, considerarlo como una aberración y no como un aspecto central de la vida democrática, parece atraer a una parte importante de la opinión pública que lo asocia con el desorden general en términos económicos, la incertidumbre de la vida cotidiana, etc. Pero en un horizonte en el que la desigualdad parece que se acentuará, resulta crítico sostener que la democracia no es sólo votar, sino también manifestarse.
Foto de portada: Cobertura colaborativa de la Marcha de la Gorra.
Fuente: ANRed
MULCS: Avanzan contra el pueblo:
Causas y consecuencias / Las tareas
del movimiento popular
Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023.
Documento del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS)
La crisis social y económica se viene agravando en los últimos meses, con una inflación cada vez mayor que ataca los ingresos populares. En el mediano plazo, esta crisis se profundizó después del acuerdo de “renegociación” de la deuda ilegítima con el FMI en marzo de 2022, que convalidó la deuda contraída por el gobierno de Macri en 2018, y provocó más inflación y pobreza. En una mirada de más largo plazo, nuestro país atraviesa una crisis de “restricción de divisas” desde 2011 (es decir, que no hay dólares suficientes para el pago de deudas públicas y privadas, y la compra de bienes y servicios importados), que se combina con la decisión política de no controlar la “fuga de capitales” que realizan las grandes empresas multinacionales y locales, junto a un puñado de grandes millonarios.
Las dos principales coaliciones políticas conformadas después de la rebelión popular de 2001 perdieron apoyo y muchos votos en las PASO nacionales del pasado 13 de agosto. El peronismo, con el Ministro Massa como candidato, tuvo el peor resultado de su historia en una elección presidencial: 27,5% (incluyendo los votos más críticos que expresó el 5,80% de Grabois). Comparado con las PASO presidenciales de 2019, el ex Frente de Todos perdió 5.500.000 votos. Con más del 100% de inflación, la pobreza superando el 40%, una “recuperación” del empleo que significó trabajos precarios y con salarios promedio inferiores a la “canasta de pobreza”, el resultado del peronismo se veía venir, después de una nueva experiencia de conciliar con los poderosos…con pésimas consecuencias para el pueblo trabajador.
Por su parte, Juntos por el Cambio, que ya se veía nuevamente al frente del próximo gobierno, perdió 1.500.000 votos, en medio de la disputa interna entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta (supuestos “halcones” y “palomas” …siempre contra las mayorías populares). El doble juego de Macri (que dirige esta coalición y al mismo tiempo promueve a la otra fuerza opositora derechista) contribuyó a deteriorar la fuerza de “Juntos”, y además está claro que sectores importantes de nuestro pueblo lo asocian con razón al deterioro sufrido durante su gobierno entre 2015 y 2019.
El principal problema es que el descontento popular fue capitalizado por la propuesta de la ultraderecha de Milei, un candidato que se proclama falsamente como afuera de la “casta” política y plantea con claridad supuestas “soluciones” a los problemas económicos permanentes (como la dolarización). Milei, con escasa estructura política, llegó al 29,80%, con 7.100.000 votos (una cantidad similar a la pérdida de las dos principales coaliciones) y ganó en la mayor parte de las provincias de nuestro país. Su figura y sus ideas reaccionarias entraron en los sectores más castigados de nuestro pueblo, en especial en los jóvenes de los barrios populares. En realidad, Milei no está afuera de ninguna “casta”, tiene lazos evidentes con grandes grupos empresarios como la Corporación América, y en su armado político contó con buena parte de las estructuras tradicionales de la derecha y con los que reivindican a la dictadura genocida de 1976 (como su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel).
En este marco, el resultado fue al mismo tiempo sorpresivo (por el avance de Milei) y entendible (por el rechazo a las fuerzas que protagonizaron los últimos dos gobiernos de ajuste fondomonetarista). El predominio de la ultraderecha de “La Libertad Avanza” es un gravísimo problema para nuestro país y para nuestro pueblo, reflejando que una parte importante de nuestra sociedad elige una propuesta de salida profundamente individualista, contraria a la construcción colectiva, con discursos y contenidos contrarios a los derechos sociales más básicos. La responsabilidad del peronismo y de la coalición derechista tradicional está muy clara: Macri firmó el acuerdo con el FMI que incrementó la pobreza y la dependencia estructural, y el gobierno del ex Frente de Todos convalidó ese acuerdo llevándonos a mayor precarización, pobreza e inflación.
A las propuestas reaccionarias de Milei y Bullrich, al ajuste como única salida de Massa, hay que oponerle el programa necesario para las mayorías populares: suspensión del pago y anulación del acuerdo con el FMI como primer paso contra la deuda; control de precios y recomposición inmediata de salarios y jubilaciones, por la indexación automática de salarios contra la inflación; por salud y educación públicas de calidad para todes; por el control del comercio exterior, de los puertos y vías navegables, de la banca y , para evitar la fuga de capitales y de nuestras riquezas que nos saquean; contra el modelo extractivista que genera más miseria y dependencia; por el respeto a los derechos de nuestros pueblos originarios; por derechos sociales para todes, y por la recuperación de la producción industrial al servicio de los intereses de las mayorías y no por la ganancia de unos pocos. Con estos puntos, marcando con claridad quiénes nos oprimen y explotan, hay que impulsar desde el amplio movimiento obrero y popular de nuestro país la alternativa política que hace falta.
Causas profundas de la tormenta derechista
Para recuperar la iniciativa, y la enorme tradición de lucha obrera y popular de nuestro país, es preciso comprender, con la mayor claridad que sea posible, cuáles son los elementos objetivos y subjetivos que nos llevaron a esta situación, que afecta a todo el país, y golpea especialmente a nuestro pueblo trabajador.
Como decíamos, llevamos más de diez años de crisis económica permanente para la clase trabajadora y los sectores populares (a partir del regreso de la “restricción externa” desde 2011). El desempleo actual es relativamente bajo (cerca del 7%), pero la mayor parte de les trabajadores tienen sueldos muy inferiores a la “canasta de la pobreza” y pésimas condiciones laborales. La mayor parte de los nuevos “empleos” son precarios (crece el “monotributismo”). En la actualidad, la mayor parte de las compañeras y compañeros organizades en movimientos territoriales tienen trabajos precarios y changas varias, que suman a la miserable suma del Potencia Trabajo (con bono incluido, no llega a los 70.000 pesos), para la supervivencia inmediata. Estamos frente a un avance constante de la precarización del trabajo y de la vida cotidiana, con consecuencias catastróficas para las condiciones materiales y para el corazón de las mayorías populares.
A este agravamiento de las condiciones de vida populares, hay que sumarle el continuo empobrecimiento educativo y sanitario (en especial en la post pandemia), el deterioro cultural y político. Para el surgimiento de figuras derechistas como Bolsonaro, Trump o Milei entre las amplias masas, este empobrecimiento es un punto de partida imprescindible, la condición de posibilidad para el surgimiento de una ultraderecha que propone soluciones simples (pero profundamente falsas) para los sectores populares descontentos.
En los últimos treinta años, desde la transformación antipopular de la etapa menemista, se ha profundizado la fragmentación social de nuestras clase trabajadora. Se trata de un fenómeno internacional, vinculado al dominio del capital financiero desde los años 70 del siglo pasado y a la mayor dominación yanqui desde los 90. En nuestro país, convivimos dentro de la clase trabajadora sectores con convenios colectivos (con salarios muy diferenciados), con derechos laborales, obra social, vacaciones, aguinaldo; trabajadoras y trabajadores precarizades que muchas veces somos parte de los movimientos territoriales, y sectores sin ninguna estabilidad laboral ni salarial (con muy diversos niveles de ingresos), que sólo ven a la acción estatal como negativa para sus condiciones materiales concretas.
En base a estas condiciones estructurales, el poder real que domina en nuestro país (las grandes empresas multinacionales y locales, los bancos y el imperialismo) va recalculando sus planes de dominación. Tienen dos objetivos centrales: avanzar en el modelo extractivista, en las ganancias del agronegocio y de la bicicleta financiera, y derrotar al movimiento obrero y popular de nuestro país.
En la coyuntura actual, desde el poder ven que las tres fuerzas políticas que pueden gobernar en el próximo período serán “propias” o muy amigables para sus intereses. Las legítimas aspiraciones de cambio para las mayorías populares se canalizaron por la opción más regresiva para nuestro pueblo y nuestro país, que traerá más represión, pobreza, dependencia y dominación de los de arriba. Pero nuestros enemigos también saben que las elecciones son muy importantes tanto para la distribución de parte del poder político como para medir (en forma distorsionada) la relación de fuerzas en la sociedad. Pero también saben (y sabemos) que no resuelven todas las disputas entre las clases sociales.
Se abre una etapa de intenso debate político, y la disputa central estará por supuesto en las calles y en la organización de la resistencia popular.
Consecuencias de la situación abierta
Un análisis de los datos de las PASO muestra una elección dividida en tercios: 29,80% para la ultraderecha de Milei, 28 % para la suma de candidatos de Juntos, y 27,3% para el frente encabezado por el peronismo. Por fuera de las tres fuerzas principales, dos candidates superaron las PASO: Schiaretti en representación del “peronismo cordobesista”, y Myriam Bregman del FIT Unidad, que será la representante de la izquierda en las elecciones generales.
Hay elementos contradictorios de esta “foto electoral”. Todo indica que el gran capital utilizó la figura mediática de Milei para imponer una agenda antipopular en la discusión económica, social y política, pero que no era su principal “alternativa de gobierno”. Sin embargo, el poder real no le hará asco a ninguna posibilidad de desarrollar sus “objetivos estratégicos” de mayor dominación.
Los candidatos más amigables para la “transición ordenada” desde el poder parecían ser Horacio Rodríguez Larreta y el propio Sergio Massa, en línea con el planteo público del embajador yanqui Marc Stanley. Pero la coalición “Juntos” viene disminuyendo su peso electoral desde 2019, y el peronismo está en su nivel más bajo de representación popular en décadas (Massa obtuvo el 14% de los votos considerando el padrón total). “Juntos” aspira a mostrarse como la carta más confiable para el poder, y con mayor seriedad ante las mayorías populares. Pero no es demasiado seguro que consigan ambas adhesiones.
Es la primera vez en la historia que el peronismo no está entre las dos fuerzas más votadas de una elección presidencial (sin contar la proscripción después de la Revolución Fusiladora). Sólo ganó en la provincia de Buenos Aires (y solamente tuvo resultados favorables en el conurbano, perdiendo en el resto de los municipios), Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa. Por primera vez, pierde una elección presidencial en Tucumán y tuvo un resultado desastroso en la tercera provincia del país, Santa Fe, conmovida por el avance del narcotráfico y por las consecuencias sociales del agronegocio.
Inmediatamente de las elecciones, el gobierno ahora encabezado por Massa (con un presidente absolutamente desdibujado, y la principal figura del peronismo Cristina Fernández de Kirchner en completo silencio) devaluó el peso en un 22%, con un aumento inmediato de los alimentos básicos (encabezado por la carne, los huevos, los lácteos), y todos los pronósticos dicen que la inflación de agosto y septiembre superará por mucho el 10% mensual. Dos semanas después de este ataque a los ingresos populares, el ministro y candidato lanzó un paquete de medidas compensatorias y “paliativas”, que no llega a cubrir la pérdida en el ingreso real de los distintos sectores populares. Ni siquiera están logrando que la suma de 60.000 pesos por única vez (a cuenta de futuras paritarias) sea pagada por todas las empresas y sectores estatales.
En esta situación desesperante, la recuperación electoral de Massa es muy difícil, y sólo es posible por el justificado temor de importantes sectores de nuestra sociedad a un gobierno ultraderechista que termine con derechos sociales y económicos conseguidos con la lucha del movimiento obrero, popular, de derechos humanos, de mujeres y diversidades.
La izquierda, el voto en blanco y el descontento popular
En este contexto, el FIT Unidad obtuvo el 2,65% en las PASO. Comparado con todas las PASO presidenciales, el porcentaje siempre estuvo entre el 2 y el 3%. Pero esta votación “normal” del FIT-U (comparable con las principales fuerzas electorales de la izquierda desde 1983) no debe eludir analizar un poco más profundamente por qué el descontento social no se expresa principalmente por izquierda.
Es evidente que la izquierda en general no es vista como una alternativa de gobierno, y aún menos como una fuerza que dispute el poder. En estas elecciones, el mejor resultado para el FIT-U estuvo en Jujuy, un territorio atravesado por la importante lucha popular contra la Constitución de Gerardo Morales. En Jujuy el FIT Unidad obtuvo el 6% para la candidatura presidencial, y el 10% para Vilca como candidato al senado ganando en esa categoría en Humahuaca. Pero en esa provincia el descontento contra Morales también se volcó mayoritariamente a favor de Milei.
Desde nuestro punto de vista (compartido con otras organizaciones compañeras https://mulcs.com.ar/…/frente-a-la-interna-del-fit-u…/), la disputa interna en el FIT-U entre el PTS (con les candidates más reconocides de la izquierda) y el PO (con mayor construcción en el movimiento obrero y popular) fue un error importante que no dimensionaba ni los efectos de la crisis económica y social ni la crisis de representación política que se abría. En vez de dedicarse a esa disputa interna, desde el FIT se debería haber convocado a un amplio polo de izquierda que reuniera a distintas tradiciones de izquierda y populares con ejes claros.
Ese frente tendría que sostener como eje central la anulación del acuerdo con el FMI, que convalidó al Fondo (y por su intermedio, al imperialismo yanqui) como cogobierno en nuestro país. Las grandes movilizaciones contra el acuerdo entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, impulsadas por las corrientes del FIT-U, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda y otras organizaciones populares, eran una importante base para esa construcción de masas. Nadie puede medir exactamente cuáles hubieran sido los resultados electorales de esa propuesta, pero estamos segures que las señales hacia el movimiento popular hubieran sido muy distintas, ganando mayor reconocimiento popular para una izquierda que se proponga como alternativa de lucha contra el poder real del Fondo, el imperialismo y las grandes empresas que sostienen este modelo extractivista y hambreador.
Pero más allá de estas opiniones, sostenemos que, en las actuales circunstancias, sostener el voto al FIT-U debe ayudar a sostener un espacio de resistencia frente a los ataques que vienen para el movimiento popular en lucha.
En otros momentos de nuestra historia, el repudio popular “por izquierda” se expresó también en el voto en blanco o impugnado, como forma de castigo al sistema político dominante. Pero en este contexto, más allá de las intenciones de organizaciones de la izquierda argentina, el voto en blanco y la abstención están más emparentados con el voto a Milei como falsa alternativa de un “cambio profundo”. El ausentismo creció un 5% en relación a las anteriores PASO presidenciales, y el voto nulo o en blanco fue un poco superior al promedio general
Las tareas actuales del movimiento popular
En la disputa electoral, desde el MULCS consideramos que votar al FIT Unidad es la opción más correcta para expresar que hay otra salida a la crisis existente, y que, más allá de nuestras diferencias, esa salida debe tener una expresión popular y por izquierda. En ese sentido, ya nos pronunciamos junto a otras organizaciones populares (https://mulcs.com.ar/…/despues-de-las-paso-fortalecer…/). Junto a las organizaciones del FIT hemos luchado, y seguiremos luchando, en numerosas instancias de lucha social y política: en el movimiento piquetero, en la lucha de las y los trabajadores, en el movimiento de derechos humanos, en las luchas del movimiento de mujeres y diversidades por sostener los derechos conquistados, y en distintas construcciones de frente único como en la lucha contra el acuerdo con el Fondo Monetario.
Pero junto a esa forma de intervención, que debatiremos fraternalmente en todos nuestros barrios y en todos los espacios donde intervenimos y participamos, se precisa marcar con claridad el enorme peligro que representa el programa y los métodos de la ultraderecha que expresa Milei, especialmente para los sectores más castigados de nuestro pueblo trabajador. Dialogar en forma clara con nuestro pueblo es una tarea fundamental en estos días. Es necesaria la conversación colectiva sobre cómo llegamos a qué el próximo gobierno saldrá de tres opciones antipopulares, que de diversas formas aplicarán ajustes contra el pueblo. Hay que ganar el debate sobre que la salida popular nunca puede ser “Pegar con la derecha” ni que hay salvación individual en el capitalismo extremo que nos prometen como salida. El “sálvese quien puede” siempre nos lleva al desastre colectivo.
Nuestra principal acción debe ser promover desde ahora la organización de la resistencia popular. No empezamos de cero: hay importantes luchas que sirven como ejemplo. Durante este año crecieron los reclamos y movilizaciones parciales de sectores estatales y docentes (aisladas por la acción desmovilizadora de las conducciones sindicales), con importantes jornadas de lucha convocadas por la Multicolor Docente y las secciones de ATE Sur y Brown-Perón. El SUTNA consiguió mantener su salario presionando con repetir la enorme lucha del año pasado. A pesar de las presiones y de la estigmatización constante de los medios de desinformación masivos, la Unidad Piquetera continúa siendo el espacio principal de lucha de los movimientos territoriales que organizamos a los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo. El movimiento feminista, los sectores de la ciencia y la universidad, también comienzan a dar respuestas colectivas y a organizarse por sus derechos y en contra de la avanzada reaccionaria de la ultraderecha. Frente a la reivindicación de la dictadura encabezada por Victoria Villarruel, el movimiento de derechos humanos, con el EMVJ al frente, volvió a mostrar que no dejaremos que pasen. Cuando reivindican a los genocidas de la dictadura nos están avisando que aplicarán métodos similares si no nos organizamos.
Hay que construir amplias movilizaciones contra el ajuste y la devaluación, y contra las propuestas regresivas de las dos derechas opositoras (tanto de Milei como de Bullrich), que se proponen atacar las conquistas económicas, sociales y democráticas conseguidas en la lucha por nuestro movimiento popular. Sus objetivos están claros: quieren destruir todas las conquistas democráticas y sociales logradas por nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo en décadas de lucha, y llevarnos a las condiciones de vida de los países hermanos de nuestro continente. Quieren privarnos completamente de salud, educación, jubilaciones, como ya ocurre con los pueblos de Paraguay, Perú y Chile. Quieren bajar los salarios a niveles bajísimos, para poder competir con las “tasas de rentabilidad” de los países más explotados del mundo. Como parte de nuestro pueblo trabajador decimos: no lo vamos a permitir.
La capacidad de reorganizar la resistencia popular en un polo firme, unitario y masivo desde ahora es fundamental en los tiempos difíciles que vienen. El papel de las organizaciones territoriales de la Unidad Piquetera, de las organizaciones sindicales democráticas y populares, del movimiento feminista, del movimiento de derechos humanos, del conjunto de la izquierda y el movimiento popular, será puesta a prueba en los próximos meses.
Más allá de quien gane las próximas elecciones, crecerá el accionar represivo sobre las protestas y luchas populares. En ese marco, serán más importantes que nunca la masividad y organización de nuestra respuesta. El asesinato del compañero Facundo Molares, pocos días antes de las PASO, en medio de una protesta pacífica en el Obelisco, es una señal muy grave de ataque en ese sentido. Desde esa perspectiva, también participaremos del próximo Encuentro Nacional Antirrepresivo por los Derechos Humanos que se realizará este 30 de septiembre, organizado por el EMVJ (Encuentro Memoria, Verdad y Justicia).
Ante las grandes dificultades actuales y futuras, rescatemos lo mejor de la historia de nuestro pueblo, y proyectemos el futuro desde nuestra identidad. Somos parte de la historia colectiva que formó un poderoso movimiento obrero con más de 150 años de experiencia acumulada, de un movimiento de derechos humanos que logró avances únicos en las luchas de nuestro continente, de un potente movimiento de mujeres y diversidades que atravesó cuarenta años de Encuentros y organización colectiva, del movimiento territorial urbano más desarrollado en Nuestra América, del movimiento ambiental que viene enfrentando a las empresas mineras a lo largo de todo nuestro país que se une a una fuerte reivindicación de la identidad de los pueblos originarios.
Se trata de unir en un solo polo a todas las reivindicaciones y necesidades populares, de no dejarnos ganar ni por el desaliento ni por las “agendas separadas”. Recordemos siempre: si peleamos separades, perderemos aislades. La unidad, la convicción profunda, la comprensión sobre a quiénes nos enfrentamos y cuáles son nuestras fuerzas, son datos centrales para toda victoria popular. Vienen por todo, por nosotras y nosotros. La respuesta está en la calle, en los lugares de trabajo, en las organizaciones gremiales, en los lugares de estudio, en los movimientos territoriales, en los barrios y se construye entre todes.
Jujuy, Persecución penal de la
protesta social
Por APDH, Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023.
El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina y su Regional Jujuy, la Asociación de Madres Y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, el Comité de la Salud, la ética profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), la Asociación de Pensamiento Penal (APP), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA) y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), se han presentado bajo la figura de “amicus curiae”, en las causas penales de la provincia de Jujuy donde existe persecución penal de la protesta social.
Se acumulan ya muchas denuncias -en los medios de comunicación, poder judicial y en organismos nacionales e internacionales de DDHH- de persecución política y graves violaciones a los derechos humanos durante la represión que llevó adelante el gobierno de Gerardo Morales.
Asistimos con gran preocupación al despliegue de dispositivos represivos ilegales y abusivos en protestas legítimas, detenciones irregulares a manifestantes con la consecuente persecución penal y persecusión -utilizando vehículos sin identificación- de militantes políticos, integrantes de comunidades originarias y docentes de la provincia.
Las comunidades originarias tomaron el protagonismo de la lucha contra la reforma constitucional, llevando adelante cortes de ruta a lo largo y ancho del Jujuy, reclamando que se de marcha atras con una reforma que fue aprobada a espaldas del pueblo y cuyo contenido violenta derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de DDHH.
El reclamo docente y el gran repudio contra la reforma constitucional han generado una ola de protestas y movilizaciones en lo que se llamó “El Jujeñazo”. La represión policial a las movilizaciones y la persecución penal de manifestantes configuran una suspensión del Estado de Derecho y la ejecución de Terrorismo de Estado contra las personas que fueron parte de dichas protestas.
Por todo ello, y ante el intento de suspender el derecho a la protesta social, como Organismos de Derechos Humanos y organizaciones que defendemos los Derechos Humanos, intervenimos a expresar los lineamientos constitucionales que entendemos debe seguir el Poder Judicial de Jujuy.
Los Amicus Curiae se han presentado en las causas de Purmamarca del 17 de Junio, Legislatura ocurrida el 20 de Junio, Humahuaca el 30 Junio y también se ha intervenido en la causa del abogado Alberto Nallar.
En los casos mencionadas, solo por ejercer el derecho a la protesta social,
se acumulan decenas de personas imputadas por delitos muy graves como sedición, privación ilegal de la libertad, estragos, incitación a cometer delitos, daños, entre otros.
Resaltar que todas las organizaciones firmantes, fueron patrocinadas por una abogada de la Comunidad Originaria Mudana.
A 40 años de recuperada la democracia, no podemos tolerar prácticas que se asemejan a aquellas utilizadas por el aparato represivo de la última dictadura cívico militar.
Como siempre hemos exigido y luchado, no queremos más presos y presas por razones políticas e ideológicas.
Basta de persecución de luchadores y luchadoras.
Nuevamente corte total en Abra
Pampa, Jujuy: cómo sigue el estado
de las rutas este martes 5 de septiembre
Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023.
La Secretaría de Seguridad Vial, informó como es el estado del tránsito.
La Secretaria de Seguridad Vial informó el estado de las rutas durante la jornada de este martes 5 de septiembre. Los cortes continúan en la zona de la Puna, por lo que informaron el horario de apertura.
Actualización 08:25 hs
RN 9
- RN 9 Y RN 52 altura acceso Purmamarca: Habilitada
- RN 9 KM 1773 acceso sur a Tilcara: Habilitada
- RN 9 KM 1811,5 paraje San Roque: Habilitada
- RN 9 KM 1830 altura Hornaditas: Habilitada
- RN 9 Y RP 13 altura acceso Iturbe: Habilitada
- RN 9 KM 1900 acceso sur de Abra Pampa: Corte total, se habilita el paso cada 2 horas (10:00, 12:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:00 hs)
- RN 9 KM 1971 acceso La Quiaca: Corte total, se habilita el paso cada 4 horas (siendo los horarios 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 hs)
RN 40
- RN 40 ACC. Coranzuli: Corte total, se habilita el paso cada 6 hs
RN 34
- Transitable
RN 66
- Transitable
RN 52
- RN 52 KM 135 Altura localida de Susques: Transitable
- RN 52 Y RP 79 camino al Moreno: Transitable
Fuente: SomosJujuy
NiUnaMenos convocó a una marcha
y pañuelazo 28 de septiembre
Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2023.
La colectiva feminista llama a movilizarse al Congreso para defender conquistas como las leyes de interrupción voluntaria del embarazo y de educación sexual integral. “Tenemos que pararnos frente a esos candidatos de la derecha que nos dicen que los derechos que conquistamos están en riesgo”, advirtieron.
El colectivo NiUnaMenos convocó para el próximo jueves 28 de septiembre a una movilización “feminista masiva y en unidad”, en defensa del aborto seguro y gratuito, de la Educación Sexual Integral (ESI), y contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La convocatoria al 28S, que según informó el grupo en sus redes sociales se decidió tras un proceso de asambleas multitudinarias, será a las 16 hs en Plaza de Mayo.
Desde allí se marchará hacia el Congreso de la Nación, donde a las 18 se hará un pañuelazo y se levantarán las consignas “por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas”, “contra las derechas, el ajuste y el FMI” y “la libertad es nuestra”.
“Esta nueva movilización surge de las asambleas y encuentros que los feminismos se dieron después del resultado de las elecciones primarias frente a la incertidumbre y las ganas de las compañeras de hacer una elaboración política en una práctica muy afín a los feminismos como son las asambleas abiertas”, explicó en diálogo con Télam Lucía Cavallero, integrante del Colectivo NiUnaMenos.
En ese sentido, la militante advirtió que “al menos dos de los candidatos nos visualizan como enemigas”, y reconoció que ante eso “hay una agenda por marcar: tenemos que pararnos frente a esos candidatos de la derecha que nos dicen que los derechos que conquistamos están en riesgo y explicitar hacia todo el arco político el mensaje de que no vamos tolerar ser culpabilizadas ni escondidas y que vamos a seguir luchando por una mayor igualdad”.
“El 28 de septiembre es una fecha histórica porque es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y es una fecha que en Argentina normalmente está tomada por la Campaña por el Aborto legal Seguro y Gratuito en la que desde ahí salimos a la calle; este 2023 se juegan muchas cosas más en Argentina y por eso todas vamos a salir“, completó Cavallero.
Fuente: Página 12
Envio:RL
Acto
Señalizan una cancha de la Escuela Militar de Montaña como ex centro clandestino de detención
Una cancha de la Escuela Militar de Montaña será señalizada como ex centro clandestino de detención
Una cancha de pelota paleta de la Escuela Militar de Montaña será señalizada como Sitio de Memoria, ya que en ese lugar funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
La Escuela de Instrucción Andina, cabecera operacional del área 524, bajo la dirección del coronel Néstor Rubén Castelli, funcionó como Centro Clandestino de Detención, donde según los datos provistos, al menos 70 personas fueron privadas de su libertad-
En este lugar, ubicado en la avenida Bustillo, las víctimas fueron detenidas de forma clandestina dentro de la cancha de pelota paleta, y en ocasiones, trasladadas también a la cuadra, la guardia o la enfermería.
En junio de 2017 se llevó a cabo la señalización de la Escuela de Instrucción Andina como Ex Centro Clandestino de Detención, mediante un cartel que indica el accionar del terrorismo de Estado en ese lugar.
Ahora, como parte de una iniciativa de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se realizará la señalización como parte de distintas políticas públicas de memoria, verdad y justicia.
“Las señalizaciones simbolizan el compromiso del Estado democrático para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el juzgamiento de los responsables y reconocer a las víctimas, sobrevivientes y sus familiares”, indicaron a través de un comunicado.
Fuente:ANB
No hay comentarios:
Publicar un comentario