La Comisión de Acuerdos abrió la investigación disciplinaria
La Legislatura tomó el caso del fiscal Edery
Definió que la diputada Ulieldín lleve adelante la acusación en base al aporte de la Auditoría General del MPA. La decisión por ahora no alcanza a la fiscal regional Iribarren.
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, integrada por cuatro senadores y ocho diputados, definió ayer avocarse a la investigación disciplinaria contra el fiscal de de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery. En esta instancia se definió además que la diputada socialista Lorena Ulieldín sea quien realice la acusación contra el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien fue denunciado por sus colegas Pablo Socca y Miguel Moreno por presunto encubrimiento a Mariana Ortigala, quien actualmente está imputada y presa por extorsiones a pedido del líder de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero.
“Hemos definido avocarnos al procedimiento que el auditor (Leandro Mai) había comenzado con su inhibición del caso de Matías Edery, que tiene mucha trascendencia. La Legislatura y la Comisión de Acuerdos definió que es importante. Lo más sano institucionalmente es que nos avoquemos a la investigación, que sea responsable y transparente, como la situación que atraviesa el Ministerio Público de la Acusación nos indica”, dijo Cattalini
La diputada que preside la Comisión de Acuerdos, confirmó que el auditor general del MPA Leandro Mai consideró el accionar de Edery como una falta grave, "por ende le corresponde a la Legislatura investigarlo y nosotros hemos definido aceptar esa inhibición y, en definitiva, avocarnos a investigar el procedimiento contra el fiscal Edery".
La Comisión de Acuerdos se reunió de forma presencial y virtual, para definir el avocamiento para investigar al fiscal de Delitos Complejos, Matías Edery. Si bien Ulieldín tiene que definir formalmente si acepta o no ser la acusadora, teniendo en cuenta que termina su mandato el 10 de diciembre próximo, la Legislatura tendrá un año para definir la investigación. Más allá de esto, la diputada Cattalini aseveró que "seguramente antes del 11 de diciembre tendremos la acusación", pero aclaró que eso es solo el inicio, ya que "luego de la acusación nos valemos de eso para empezar a proveer todas las pruebas".
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos por el momento no tomaron la misma decisión con la fiscal regional María Eugenia Iribarren, quien había sido convocada la semana pasada por la misma causa. “Solo se definió sobre Edery. Hay que ser muy prudentes. Hay una auditoría en marcha y una causa penal en curso sin personas imputadas por ahora”, expresó.
“Lo que hacemos es empezar la investigación. Nuestra obligación es ser prudentes. Definimos hacerle la propuesta a la diputada Ulieldín para que sea la acusadora. Si acepta el cargo, se hará la acusación, luego se proveerá la prueba y el acusado tendrá su derecho a defensa. Después, entre todos, se debatirá si corresponde o no una sanción, y cuál sería”, concluyó Cattalini.
Desde la Comisión de Acuerdos aclararon que se tendrá en cuenta el avance de la causa penal contra Matías Edery. En el caso de que esto ocurra (un fallo judicial), será motivo para suspender el procedimiento disciplinario. Además, ante la nueva denuncia realizada por el narco Esteban Lindor Alvarado contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, la diputada Cattalini afirmó que será Ulieldín quien determine si esas acusaciones son agregadas al proceso disciplinario.
Es que el narco Alvarado dijo que las acusaciones que hoy giran en torno de Edery ya las había hecho a comienzos de 2022 y aseguró que Schiappa Pietra, quien encabezó la acusación en su contra junto con Edery, es igual de responsable. “No busco subirme al tren”. Aseguró que viene a ratificar y denunciar formalmente lo que dijo en reiteradas oportunidades a lo largo del juicio por homicidio y asociación ilícita al que fue sometido el año pasado. Habló sobre un presunto “actuar ilegal de ambos fiscales” y apuntó especialmente a la relación entre la testigo de su causa, Mariana Ortigala, y el fiscal Edery. Hizo referencia al conflicto con ella y su hermano Rodrigo, condenado en un caso que tuvo a ambos fiscales como acusadores, en relación con una casa en Funes.
En su presentación de 29 páginas el líder narco sostiene que “la Fiscalía volcó la balanza, la Fiscalía volcó la balanza para todo aquél que declarara en contra mío. Le abría las puertas, le daba medialunas, le servía café a todos los que declararon en contra mío, la fiscalía les abría las puertas. Casualidad hace un año pasó lo de Peiti; Ortigala estaba metido, él era el que entregaba la casa. Lo imputaron y lo largaron. Mi hermano sin tener nada que ver, está detenido y le dieron cuatro años, nunca lo largaron a mi hermano. Se vé que los fiscales con Ortigala tenían otro trato”, afirmó.
Ante este escenario, la diputada Cattalini aclaró además que "estamos hablando de una denuncia que está siendo realizada por uno de los mayores narcos de la provincia, me parece que sería muy irresponsable si la Legislatura le hace caso a un delincuente de tamaño nivel". De igual manera, la legisladora aclaró que si bien no se puede desestimar de antemano esa denuncia, "es la Justicia la que tiene que investigar".
Por su parte la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, también se expresó ayer sobre el seguimiento del procedimiento en la Comisión de Acuerdos. "Le solicité a los fiscales que utilicen los carriles institucionales", en referencia a las reuniones que tuvieron los funcionarios judiciales con los legisladores, entre las que se incluyó la propia fiscal general. Vranicich afirmó que "los fiscales somos funcionarios públicos y cuando ponen en crisis nuestro desempeño tenemos la obligación de rendir cuentas. Hoy el carril institucional que corresponde es un procedimiento disciplinario y en este caso, si se ha avocado la Comisión de Acuerdos, tendrá que tramitar lo que el marco legal establece para esto".
TAXISTAS
Imputaron a Ariel Cabrera por la muerte de Ivana Garcilazo
La fiscalía avanza con los prófugos
El fiscal Ávila reveló que Reifenstuel habría escapado a Bolivia y se pidió su captura. El tercer involucrado aún no está identificado.
La Justicia imputó este miércoles a Ariel Cabrera, uno de los sospechosos por la muerte de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Rosario Central que falleció tras recibir un piedrazo en la cabeza cuando regresaba en moto a su casa tras el clásico rosarino. El profesor de educación física fue acusado por “homicidio agravado por ser cometido con ocasión de espectáculo deportivo, en grado consumado en carácter de coautor”. Durante la jornada, el imputado habló por primera vez frente a los familiares de la víctima y aseguró que no quiso matar a nadie. "De hecho, no lo hice", deslizó. Tras la audiencia, el fiscal Gastón Ávila reveló que el otro sospechoso identificado, Damián Reinfenstuel, podría haber escapado a Bolivia por un paso fronterizo. “Ya tenemos un pedido de alerta roja de Interpol, un pedido de detención y de captura internacional”, detalló. En tanto, sobre la tercera persona involucrada en el homicidio el fiscal aseguró que hay “elementos serios para llegar a una identificación pronta”.
La audiencia comenzó pasadas las 14 , en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario y se extendió hasta cerca de las 16. Desde temprano, familiares, amigos, y allegados de Ivana se movilizaron en el lugar para reclamar justicia y permanecieron frente al edificio hasta finalizada la jornada. En ese marco, Ávila hizo un repaso de los hechos, recordando que tras el partido, los tres sospechosos se dirigieron hacia la zona del estadio de Newell's y que al ver venir a una persona con la remera de Central, le arrojaron baldosas del suelo, con conocimiento de que podían provocarle la muerte.
Asimismo, brindó detalles de la investigación que derivó en la identificación de los sospechosos, a partir del relevamiento de las cámaras de seguridad, el mail de una persona que pidió reservar su identidad y que dijo reconocer a los sospechosos, y las entrevistas con testigos claves, como un taxista que estuvo presente y dio aviso al 911. Sobre este punto, el fiscal reconoció que el accionar del 911 fue “irregular” y adelantó que hay una denuncia presentada para que se investigue un posible delito por incumplimiento de deberes de funcionario público.
“Lo que podría haber sido una fácil aprehensión de una persona que estaba huyendo a pie, a pocas cuadras del lugar del hecho, por una mala gestión de la llamada del 911 se perdió esa oportunidad y hoy estamos lamentándonos de no tener a Reinfenstuel en el banquillo de los acusados”, cuestionó Ávila.
Por todos esos elementos, el fiscal solicitó la calificación de homicidio agravado por ser en el marco de un espectáculo deportivo, que fue aceptada por el juez de primera instancia, Florentino Malaponte. En tanto, para la defensa se trató de un “delito preterintencional”, es decir, con intención de causar daño a una persona, pero no matarla. Además, el abogado defensor pidió que la prisión preventiva tenga un límite, pero no hubo lugar al pedido y finalmente Cabrera quedará detenido por el plazo legal.
Sobre el final de la audiencia, Cabrera tomó la palabra por primera vez y reconoció que formó parte del ataque, pero dando a entender que no fue él quien arrojó la baldosa. “En ningún momento quise matar a nadie. De hecho, no lo hice. Acompaño en el dolor a la familia”, expresó y agregó: “Tengo a mi madre y mi hermana que son de Central. Estoy a disposición de la justicia para que esto se aclare”.
No obstante, para el fiscal Ávila las tres personas ocupan un mismo rol en el hecho: “Los tres caminaron 25 cuadras desde el lugar donde estaban viendo el partido para llegar a la cancha de Newell's. Entendemos que los tres son culpables del homicidio de Ivana, en las mismas características, sin perjuicio de que la piedra que le impactó en el cráneo la haya lanzado uno u otro”.
Prófugos
Cabrera se entregó ante la Justicia el pasado jueves, luego de que se hicieran públicas las imágenes que lo ubican escapando del lugar, y de que Fiscalía difundiera su foto. Según indicó Ávila, durante los primeros días el profesor de educación física no modificó su rutina y continuó trabajando en el club Social Lux, donde da clases. Sin embargo, al viralizarse su imagen “se sintió acorralado” y decidió entregarse.
En tanto, la otra persona identificada por el hecho es el profesor de química Damián Reinfenstuel, que aún se encuentra prófugo. Tras la audiencia, Ávila reveló que tienen “información fehaciente” de que el acusado podría haber cruzado a Bolivia a través de la localidad salteña de Salvador Mazza.
“Sabemos que no pasó por un paso migratorio custodiado por la Argentina”, señaló. “Ya tenemos un pedido de alerta roja de Interpol, un pedido de detención y captura internacional. Hemos alertado a las autoridades de Bolivia. Estamos solicitando la cooperación internacional con el país vecino para poder dar con la captura de esta persona y tenemos elementos que nos permiten afirmar que lo habría hecho hace diez días, es decir, antes de que se viralicen las imágenes”, añadió.
Respecto al tercer sospechoso, Ávila dio indicios de que en la brevedad se podría conocer su identidad: “Tenemos elementos serios para llegar a una identificación pronta. Estamos trabajando en eso. Pero no queremos perder la posibilidad de llegar a esa persona, no queremos otra persona prófuga. Entonces lo estamos manejando con cautela”.
Sin respuesta
Durante la jornada, Daniel, el novio de Ivana y quien la acompañaba el día de los hechos, pidió que el caso sirva “como punto de inflexión” en la sociedad, para que no vuelva a pasar otra vez. Asimismo, reconoció sentirse respaldado por la Justicia y consideró que la decisión del juez es favorable. “Me siento aliviado, aunque no por completo. Faltan dos individuos más y vamos a trabajar para que caigan o se entreguen”, manifestó.
Asimismo, recordó que durante la audiencia tuvo la posibilidad de preguntarle al imputado los motivos del ataque, aunque sin obtener una respuesta esclarecedora. “Cabrera no me respondió por qué lo hizo. Me dijo que lo sentía, pero él no siente el dolor que yo siento ni lo va a sentir nunca”, expresó y agregó: “Es un momento feo que lamentablemente me va a marcar para toda la vida”.
Busatto
"Hay que revisar el sistema"
Abogados penalistas reclaman por una política penitenciaria
Profunda crisis carcelaria que no tiene fin
La población privada de libertad se triplicó en 15 años, pero el delito y la violencia no bajan. Los abogados que trabajan en el tema tallan en la transición
La situación carcelaria como asunto de gobierno en la agenda de la transición Perotti - Pullaro motivó el alerta de los abogados penalistas, que ayer emitieron una carta abierta en la que exponen con preocupación el colapso del sistema penitenciario y el hacinamiento de las personas detenidas. Ausencia de política criminal penitenciaria, presión política para incrementar la punitividad con prisión preventiva, y omisión del Poder Judicial para ceder a esa presión y no primar el derecho, son los factores con los que cuestionan la coyuntura.
La situación planteada por los defensores del fuero penal "conlleva una grave vulneración de derechos al producir hacinamiento, obstaculizar el acceso a derechos básicos y profundizar las pésimas condiciones materiales en las que se desarrolla la privación de la libertad", condensa el comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. Hablan de que "se están adoptando medidas improvisadas como utilizar en forma prolongada sectores destinados a alojamientos transitorios".
La estadística disponible llega hasta diciembre de 2022 y es la del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe. Expone una curva ascendente sin pausa: mientras 2008 culminó con 3.794 personas detenidas en la provincia; el año pasado cerró con 9.350 personas en prisión. Una tasa de 263 detenidos cada 100 mil habitantes, un 124% más que 15 años antes.
Alrededor del 11 por ciento de la población privada de libertad está alojada en dependencias policiales. Nueve de cada diez personas alojadas en comisarías no tiene condena firme. Por lo tanto, no puede acceder al régimen penitenciario y aguardan definición penal en una situación de suspenso y precarización de derechos y expectativas. En total, contando las prisiones del Servicio Penitenciario, el 44% está sin condena.
En diálogo con este diario, el presidente de la Asociación, el abogado José Nanni, dijo que su advertencia sobre la crisis carcelaria es añosa, pero que se agravó a partir del "endurecimiento de criterios de prisión preventiva y encarcelamiento. Hoy es casi imposible recuperar la libertad de un detenido en una causa provincial. La mayoría de los procesados son por delitos de término medio como asociación ilícita, encubrimiento o tenencia de arma. Eso tapona la capacidad del sistema y ahí descuidan las grandes organizaciones delictivas", analizó.
Nanni cifró expectativas en la iniciativa insinuada por Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad, y de Pablo Cococcioni como director del Servicio Penitenciario, al desalojar las comisarías de detenidos. "Pero el delito aumentó, la sociedad presiona para que haya más gente encarcelada, el Ministerio Público de la Acusación quedó acorralado en pedir prisión preventiva a mansalva, y los grandes ausentes son los jueces, que eliminaron las detenciones domiciliarias, las cauciones. Hoy en Santa Fe entrás a una cárcel y no sabés cuándo salís ni cuándo accederás a una libertad transitoria. Es una gravísima vulneración de derechos", agregó.
Y pese a la demanda política de mayor persecución penal, el delito no disminuye. "Se falla en la prevención, en la contención social. Hay toda una generación de pibes que no sabe otra cosa que delinquir porque no tiene futuro. Vas al barrio y les preguntás qué quieren ser de grandes: responden 'quiero ser sicario de Guille o de Esteban'", reveló Nanni.
El referente de los abogados penalistas definió las cárceles como "depósitos de personas". Ese mismo informe del Observatorio de Seguridad detalla la notoria sobrepoblación de convictos en los presidios provinciales: 50,3% de capacidad superada en la U.P. 1 de Coronda; 48,3% en la U.P. 11 de Piñero.
Una gresca del martes a la noche en este último penal culminó con un recluso asesinado y al menos cuatro heridos con armas blancas. La causa estriba en que un detenido por delitos contra la integridad sexual fue alojado en un pabellón donde se encuentran presos por causas de la Justicia federal. Los códigos carcelarios son drásticos y advierten que los presos no deben mezclarse. "Eso es un síntoma de la ausencia de política penitenciaria", cuestionó Nanni.
"Se han ido eliminando talleres de oficios, instancias de educación, de formación. No hay incentivos. Hoy Rosario está enviando presos a Melincué, Venado Tuerto y Las Rosas. El sistema no da para más", alertó.
Continúa el plan de lucha por pase a planta del personal
Trabajadores de Niñez desobligan
Los trabajadores de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia nucleados en ATE Rosario participarán de una protesta con desobligación de sus labores entre las 10 y las 14 para seguir adelante con un "plan de lucha por el pase a planta permanente, contratos y condiciones dignas de trabajo".
En ese contexto denunciaron el cierre "compulsivo de tres alojamientos residenciales de menores que, con abordajes específicos, garantizan la integralidad en la política hacia la niñez y adolescencia". Afirman que la medida implica el traslado compulsivo de empleados y empleadas de los dispositivos a otros lugares.
El sector lleva adelante un plan de lucha por el pase planta permanente, regularización de contratos y condiciones de trabajo. En un comunicado dado a conocer ayer expresaron su posición sobre las medidas de las que responsabilizan a las autoridades del área: “Sólo quedarían dos alojamientos en un mismo edificio, donde el acceso del transporte público es nulo los fines de semana y feriados. Así mismo, nuclearía en espacios de menor volumen a niñeces y adolescencias a pesar de que existen criterios claros de diferenciación etaria que deben ser garantizados”.
Por otra parte revelaron que la dirección del área firmó un convenio con un nuevo centro residencial privado, lo que en su opinión "deja al descubierto la poca importancia que este gobierno le otorgó a la protección de lo público e infancias y adolescencias".
Anticipo de la secretaria Electoral Nacional en Santa Fe
Para las 21 los primeros datos
Magdalena Gutiérrez dijo que esta vez en el cuarto oscuro habrá cinco boletas. En las PASO fueron 56. Trámite más ágil.
La secretaria Electoral Nacional en Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, dijo que tras las elecciones generales del próximo domingo se prevé un escrutinio más ágil que el de las primarias. "En el cuarto oscuro nos vamos a encontrar con cinco boletas, a diferencia de las Paso que fueron 56", señaló. El conteo de votos comenzará pasadas las 18 en cada local de votación. El hecho de que el proceso sea más rápido que en las primarias no significa sin embargo que los resultados se muestran más temprano que en aquella elección. "Calculamos que a partir de las 21 o 21.30 vamos a tener los primeros datos. Si bien es un escrutinio mucho más sencillo, puede ser que sea bastante reñido, dependerá de cómo vienen los resultados. Pero entendemos que la carga de datos será mucho más sencilla que en las Paso", explicó Gutiérrez.
Respecto a las autoridades de mesa, precisó: "En Santa Fe tenemos 16.664, son dos por mesa, y tenemos 8.332 mesas. Hay muchas menos excusaciones (con relación a las Paso). Tenemos la particularidad que quienes participan de las dos elecciones van a tener un plus para el cobro. Eso puede ser un incentivo. Venimos más tranquilos en cuanto a la designación de autoridades".
También recordó que el pago es de 14.000 pesos, más 11.000 pesos de viáticos y 3.000 pesos de capacitación.
Sobre las confusiones que se puedan presentar sobre los locales de votación entre la elección provincial y la nacional, la funcionaria explicó: "Algunos establecimientos son diferentes con relación a la última elección (provincial). Tenemos la posibilidad todos de consultar mediante el teléfono dónde votamos. También a través de la página www.padrón.gob.ar. No debemos ir confiados al último lugar donde votamos sino recurrir a la consulta previa para no encontrarse ese día yendo a un establecimiento y no estar en ese padrón".
Por otro lado, aclaró que quienes no hayan votado en las primarias pueden hacerlo en las generales, así no lo hayan justificado. "Tuvimos un 69,5 por ciento de participación, hubo gente que justificó la no participación, a su vez tenemos menores de entre 16 y 18 años, mayores de 75 que si no van a votar no necesitan justificarlo", definió.
Consultada sobre el nivel de participación que esperan para la elección del domingo, dijo: "A diferencia de las Paso, y con las elecciones provinciales intercaladas, ahora tenemos mayor conocimiento de lo que se va a votar el 22 de octubre. Hay mayor interés y responsabilidad, por lo que esperamos que habrá una mayor presencia el domingo. La gente irá a ir a votar, es lo que esperamos, son elecciones importantes y definitorias".
En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10", Gutiérrez explicó el proceso que deben hacer aquellos que no concurran a votar en la elección general del próximo domingo. "Quien no va a votar tiene que justificar la no emisión del voto a través de la página de la Cámara Nacional Electoral. A partir del mismo 22 de octubre se puede justificar la no emisión del voto, se le pedirá (en caso de que sea por enfermedad) un certificado médico. Son 60 días desde el día de la elección, que se tienen para justificar la no emisión del voto. Quienes no se animan a realizarlo de forma online, pueden hacerlo de manera presencial en la Secretaría Electoral o en las defensorías del pueblo que colaboran con nosotros".
La salud no es presidenciable
Los debates presidenciales se sucedieron, con más chicanas que argumentación profunda, pero los temas del campo de la salud escasearon. El formato de los debates fue tan estructurado que el abordaje de los distintos temas fue demasiado superficial. Las limitaciones en los intercambios y la re pregunta fue funcional con la instalación de frases sin fundamento. Cada expositora y expositor tuvo amplia posibilidad de expresar propuestas y críticas con escasa argumentación sin exponerse a interpelaciones.
En el segundo debate, el tema salud fue abordado, someramente, por Sergio Massa y Javier Milei. El primero, reclamando al segundo su no acompañamiento en la votación de una ley de cardiopatías congénitas. Y el segundo, en una de sus exposiciones mencionó, de manera escueta, que su plan de salud iba a ser un sistema de seguros para garantizar una cobertura universal de salud. Nada nuevo bajo el sol.
Las leyes de salud por enfermedades existen desde hace años y vehiculizan políticas de salud en forma de programas por patologías. Se trata de políticas focalizadas de salud que pueden hacer efectiva la asignación y utilización de presupuesto para grupos humanos con problemas de salud particularmente graves o con marcadas dificultades de accesibilidad. Sin embargo, es menester señalar que este tipo de políticas por sí solas no lograrán garantizar el derecho a la salud ni un criterio de equidad en la asignación de recursos si no se articulan con redes de servicios que aspiren a la universalidad. El debate por la transformación del sistema de salud argentino no puede acotarse sólo a algunos programas de salud. Urge discutir y re pensar un Sistema Integrado de Salud en el que el Estado sea un actor fuerte de regulación en defensa de la vida y la dignidad de las y los ciudadanos.
Respecto de la mención de Javier Milei sobre su posible plan de seguros de salud es ya bien conocida la historia de experiencias donde esta modalidad de organización de los sistemas de salud genera inequidades de accesibilidad y nuevos mercados de salud. Una cobertura universal, aunque suena a propuesta interesante, implica aplicar un criterio de igualdad en la distribución de recursos sanitarios. Dado que las necesidades en salud son siempre cambiantes, heterogéneas e impredecibles, un sistema de seguros que aplica criterio de igualdad puede resultar profundamente injusto. La asignación de los mismos recursos a todas y todos los ciudadanos implicaría que en algunos casos la oferta sea excesiva e innecesaria y en otros, insuficiente y cruel. Los seguros de salud garantizan el establecimiento de un techo de gasto que facilita el control y contracción del gasto público en desmedro de la inclusión, la integralidad y la eficacia del trabajo en salud. Los sistemas de aseguramiento en salud suponen una profundización de las lógicas mercantiles en el ámbito sanitario, un firme establecimiento de montos máximos de gastos y la identificación de nuevos mercados para las empresas del sector salud. Nada de este modelo aportaría a una mayor garantía de derecho a la salud ni mayores niveles de equidad.
Sabemos que el sistema de salud argentino, con sus tres subsectores (público, seguridad social y privado), tiene urgentes dificultades entre las que se destaca la fragmentación tanto en la atención y organización de los servicios como en el financiamiento. Sin embargo, la salud pública, fuertemente planificada por Ramón Carrillo, ministro de Salud del primer gobierno de Perón, sigue instalada en el sentido común de la sociedad argentina. La situación de emergencia sanitaria que desencadenó en todo el mundo la pandemia por el virus SARS-CoV-2 demostró que, en situaciones límite, el Estado es el garante último del derecho a la salud y sus instituciones, las que poseen mayor capacidad de adecuación a las necesidades poblacionales coyunturales. Tanto para la atención de personas con cuadros respiratorios como para organizar e implementar una histórica campaña de vacunación, el subsector público y sus trabajadoras y trabajadores fueron quienes asumieron el protagonismo. La población argentina, mayoritariamente, aceptó las vacunas contra la COVID porque está instalado en el imaginario social que las vacunas son un bien público garantizado por el Estado argentino para todas y todos.
Entonces, si la salud pública y el sistema argentino fragmentado son algo evidente, ¿por qué no entra el tema salud en las propuestas y los debates de las y los candidatos? En primer lugar, podríamos mencionar el formato del debate. La estructura de los encuentros, las fracciones de tiempo designadas, la limitación de temas, la rigidez de modos de interpelación y repregunta entre ellas y ellos, configuraron dinámicas de un diálogo que en realidad, fue un no diálogo. Presenciamos un debate que fue un no debate o un anti-debate. La posibilidad de ida y vuelta de la palabra estaba muy acotada y las argumentaciones y contraargumentaciones fueron casi imposibles de sostener. Lo que se presentó como debate fue, fácticamente, un collage de pequeños fragmentos de discursos con brevísimas intervenciones. Un formato que es, vergonzosamente, más funcional a las fake news y las frases jingle publicitario que a la discusión política profunda.
En segundo término, cabe destacar que la sociedad argentina atraviesa momentos de crisis socio económica que ponen con urgencia en la agenda pública temas como la pobreza, la desocupación, el trabajo informal/precarizado, la inflación, el dólar, entre otros. Esperar que la necesidad de transformación del sistema de salud argentina se cole con atracción en esa pesada lista de temas es poco menos que una ingenuidad.
En tercer lugar, cuando el tema salud se aborda en las propuestas presidenciales se hace con poca profundidad y escasez de especificaciones. El tema salud se trata desde la lejanía, con desconocimiento y apelando a la confusión. Con palabras como cobertura universal, se intenta vender una idea de transformación superadora que, en realidad, supondría un gravísimo retroceso.
El tema salud se ensambla minuciosamente en los discursos re emergentes de las ultraderechas del mundo que venden la idea de libertad para crear nuevos mercados y quitar todas las vallas de contención que aún sostienen la salud como un derecho humano incuestionable. La vertiginosa comunicación de este mundo digitalizado y una crisis socioeconómica que se perpetúa mantienen en jaque e inmovilizados a muchos sectores del campo progresista, feminista, nacional y popular. Argumentos impensados como la libre tenencia de armas, la venta de órganos, la privatización de la salud y la educación, el desprestigio de la moneda nacional, la reivindicación del genocidio y la violencia como modo de interpelación se instalaron en la sociedad argentina. Si "la libertad avanza", todas y todos seremos bastante menos libres en los años venideros. La resistencia en defensa de la vida no acaba con el voto en las urnas, pero esa es una batalla que no podemos abandonar.
Las luchas contra las injusticias y las crueldades de las derechas de nuestro tiempo, empiezan con cada gesto solidario y cada charla respetuosa que puede constituirse en puntapié de una revolución.
"Y se abrirá todo el cielo/ No será un día normal/ Después de todo/ Todo llega siempre de algún modo/ Las profecías se dan/ Apocalipsis de abajo/ Un maremoto de amor/ Fiesta en la calle/ Un orgasmo que nunca se acabe/ Día de resurrección (“DLG”, Fito Páez)
*Médico General y de Familia.
Fuente:Rosario12
Derecho de los trabajadores
La delegación Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó este miércoles una acción colectiva “inédita” contra la fábrica de línea blanca “Bambi” por negarse a pagar el bono de $60.000 en dos cuotas establecido por decreto del Gobierno.
La acción colectiva es impulsada por la entidad sindical, en representación “de los derechos individuales de los trabajadores” de la firma, explicó Pablo Cerra, abogado de la UOM local. El letrado señaló que la acción “es inédita en la historia de la UOM de Rosario” porque es el propio sindicato quien la interpone, en representación de sus afiliados, en vez de hacerlo los trabajadores de modo individual.
La presentación judicial se realizó en el Juzgado de primera instancia laboral de la 4ta. Nominación de la ciudad santafesina de Rosario, ante la negativa de la fábrica de heladeras “Bambi” de pagar el bono a sus trabajadores. El decreto Nº438 del Gobierno nacional establece la obligatoriedad del pago de un bono de suma fija no remunerativa de 60 mil pesos para trabajadores registrados y debía abonarse en dos veces en partes iguales en los meses de septiembre y octubre pasado.
Se trata de una medida dispuesta para compensar los efectos de la devaluación de la moneda tras las elecciones PASO de agosto pasado. Cerra explicó que la UOM realizó en un primer momento el planteo ante el Ministerio de Trabajo. Durante una audiencia en la cartera, el titular de la empresa “dice que no lo va a pagar, es decir que reconoce que no lo pagó”, explicó el abogado.
Ante la falta de entendimiento entre las partes y la negativa de la empresa a acatar el decreto, la delegación local de la UOM realizó una asamblea en la fábrica, ubicada en la zona sur de Rosario, y los trabajadores decidieron emprender la vía judicial.
“Hemos presentado este miércoles la demanda y ahora se esperan los pasos judiciales a seguir, propios del proceso para poder satisfacer las pretensiones de los trabajadores y lo que por derecho les corresponde”, dijo Cerra. El abogado explicó que se trata de “un juicio abreviado laboral en función del pleno derecho que le corresponde a los mismos”, y agregó que se trata de un procedimiento contemplado en normas laborales para la percepción de un crédito. “El procedimiento abreviado se utiliza cuando el derecho no se discute, el bono no se discute y no se pagó”, abundó el letrado .
“Bambi SA” es una empresa metalúrgica rosarina dedicada a la fabricación de productos de línea blanca que inició sus actividades en el año 1955. Se dedica preferentemente a la fabricación de gabinetes para heladeras familiares y actualmente emplea a unos 280 trabajadores.
Fuente: Télam
Fuente:RedaccionRosario
Panaderías suben los precios y esperan otro retoque tras las elecciones
La entidad que nuclea a los panaderos anunció un aumento de 10 por ciento en promedio, y descuentan que luego del domingo habrá otra remarcación de precios.
La bola de nieve de la inflación no se detiene y los comercios rosarinos acomodan los precios de sus productos todos los meses. Desde la Asociación Industriales Panaderos y Afines de Rosario anunciaron un incremento del 10 por ciento en el valor de sus artículos y esperan una nueva actualización tras las elecciones
“Sacando el pan subsidiado, los artículos tuvieron un aumento del 10 por ciento esta semana”, indicó Diego Rubio, de la Asociación Industriales Panaderos y Afines de Rosario, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.
Según comentó el comerciante, los productos de sanwichería, confitería y facturas ya habían subido sus precios, entre un 8 y 10%, en septiembre. “Estamos intentando aumentar lo menos posible, para poder sostener la actividad en el mostrador”, remarcó.
“Las harinas empezaron a largar listas nuevas. Las empresas grandes te dan una semana como máximo para pagar”, afirmó Rubio y anticipó que tras las elecciones habrá un incremento del pan subsidiado (entre 4 y 5%).
Fuente:RosarioPlus
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