Solicitó al MPA que aparte a Edery y Schiappa Pietra
Traferri también apuntó a Perotti
Para el senador por San Lorenzo, sus complicaciones judiciales son un carpetazo del que el gobernador no sería ajeno.
El senador Armando Traferri dio ayer otro paso en su contraofensiva político judicial al requerirle a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, el apartamiento de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la causa en su contra. Previamente, esta semana consiguió que el Senado le quite los fueros parlamentarios para someterse a investigación por presunta connivencia con el juego clandestino. Y en el pedido que presentó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de sus abogados Oscar Romera y Juan Murray, Traferri involucró al gobernador Omar Perotti en el origen de la avanzada judicial que lo complicó en esas graves acusaciones. Es la primera vez que el nombre del mandatario aparece en letra impresa sobre un documento de índole penal, con una acusación que Fiscalía deberá evaluar.
En resumen, y de acuerdo al planteo formulado ayer, la puja entre el MPA y el legislador de San Lorenzo se encuadra dentro de la interna del peronismo santafesino, mediante lo que suele llamarse un "carpetazo" contra el senador por parte del perottismo, con el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, el Organismo de Investigación (OI) del MPA y los fiscales mencionados como ejecutores.
El escrito impone que el senador "era un objetivo político de cierto sector del gobierno provincial de Perotti, siendo Sain el encargado de articular con sectores del MPA y el OI". "La dupla fiscal ha faltado a su deber de actuación objetiva de una forma grave y manifiesta, de manera tal que han comprometido severamente el desempeño de su actuación. Ese cúmulo de demasías no puede tener otro destino que el apartamiento, sin perjuicio de otras consecuencias que puedan generar tan grosero proceder", agrega.
Allí Traferri declaró: "Desde el inicio tenía claro la forma arbitraria de conducir una investigación en mi contra por parte de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, con desapego a la objetividad, buena fe, lealtad, y legalidad. Y que detrás de la maniobra estaba el por entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain. ¿Por qué, sistemáticamente, cada vez que Omar Perotti intentaba tener una buena relación con la Legislatura, aparecían las declaraciones de Marcelo Sain para explotar todo? Pero llegó a un límite. Al límite que sabíamos que iba a llegar: el correlato del ‘carpetazo’ del jefe de inteligencia que vino a la provincia, no a solucionar los problemas de seguridad, porque a las vista están, sino a armar ‘carpetazos’ para que aquel que no se discipline, lo van a disciplinar con los ‘carpetazos’", disparó. Y acompañó la presentación con citas a sus pares radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico, que abonaron esa hipótesis y acusaron a Sain de orquestar la maniobra, a las órdenes de Perotti.
El abogado Romera explicó que Sain advirtió la maniobra a fines del año pasado, cuando se constituyó en querellante de la causa de espionaje ilegal contra Sain y sus colaboradores. A partir de conocer transcripciones telefónicas y de whatsapp de los investigados, el senador concluyó que todo era una operación en su contra.
"En esa causa hay un cúmulo de groserías, decidimos que había que defenderse porque hay elementos para hacer dulce", dijo el abogado defensor.
Al decir del letrado, Traferri decidió esperar a que pasen las elecciones para reaccionar. "No quería que hubiera ninguna especulación política", dijo Romera. Y fue entonces cuando, tras ser reelecto senador, el sanlorencino anunció en la primera sesión del Senado que pediría a sus pares que lo desaforen, así como meses atrás lo habían protegido de la avanzada fiscal. Por esos días, coincidió la acusación contra Edery de tener vínculos irregulares con información reservada y una testigo como Mariana Ortigala, involucrada con la organización Los Monos.
La Legislatura lo dejó a Traferri en condiciones de presentarse a indagatoria, pero él pone como condición que sea otro fiscal y no Edery ni Schiappa Pietra. "Estos terminaron su investigación y están contaminados para llevar adelante esta causa; además de que hay presunción de que hayan incurrido en delito penal", argumentó Romera a Rosario/12.
El letrado abundó en que la causa "Espionaje ilegal" devela "instrucciones explícitas de Sain a los fiscales, promesas de los fiscales a Sain, comentarios sobre los abogados que asumían la defensa de Traferri, empleados del Ministerio de Seguridad revisando escuchas, teléfonos secuestrados y armando imputaciones, filtraciones al Ministerio de Seguridad de investigaciones judiciales bajo reserva".
Ahora la decisión es de la fiscal regional Iribarren. Traferri le propuso que antes de resolver convoque a una audiencia pública para ventilar todos los elementos que lo llevan a solicitar el apartamiento de los fiscales Edery y Schiappa Pietra.
BALANCE
Perotti firmó el decreto para terminar el mandato
Funcionarios cesan en diciembre
Un decreto del gobernador Omar Perotti dispone el cese en sus funciones a los funcionarios políticos que lo vienen acompañando en la gestión, "si antes no son removidos de sus cargos, o aceptadas sus renuncias”. La decisión se fundamenta en “el vencimiento del mandato constitucional del titular del Poder Ejecutivo que los designó".
El listado incluye a los cargos que correspondan presupuestariamente a las Clases 01 Autoridades Superiores y 08 Personal de Gabinete como así también "a comprendidos en la enumeración detallada en el artículo 2° del Decreto N° 0584/98 y su modificatorio, el decreto N° 0018/03".
Este último decreto hace una larguísima enumeración de cargos: gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado, Fiscal de Estado, secretarios ministeriales, subsecretarios, directores y subdirectores provinciales, administradores y subadministradores provinciales, miembros del directorio y órgano de gobierno de las empresas del Estado, autoridades máximas de los organismos descentralizados y entes autárquicos y sus reemplazantes legales, directores regionales y jefes de zona, secretarios privados, delegado del Gobierno de la Provincia en Capital Federal.
También directores de los hospitales públicos provinciales, estén o no organizados bajo el régimen de la ley 10608 y siempre y cuando no hubieren sido designados previo concurso; personal docente comprendido en el régimen del Dec. 5097/89 y su ampliatorio 1448/91; miembros del directorio y de los órganos de fiscalización de las sociedades del Estado, o de otras en las que el Estado Provincial tenga participación de cualquier índole o naturaleza en el capital y en la formación de la voluntad social, cuando sean designados a propuesta o en representación de la provincia; miembros del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, y de los órganos de gobierno de entes similares que en el futuro se constituyan para la regulación y el control de la prestación de servicios públicos; representantes del Estado Provincial en los entes administradores de los puertos provinciales, en la Caja de Previsión Social de los agentes civiles del Estado y en general, en los entes públicos no estatales; asesores, coordinadores y demás personal que se desempeñe en cargos presupuestariamente correspondientes a la clase 08 - Personal de Gabinete.
El decreto dictado por Perotti excluye a "los cargos y funciones que gozan de acuerdo legislativo, o tienen un mandato constitucional, legal o estatutario establecido".
El ex gobernador Miguel Lifschitz había dictado un decreto en términos similares el 14 de noviembre de 2019 tomando como antecedentes otros dictados por Carlos Reutemann en 2003; Jorge Obeid en 2007; Hermes Binner en 2011 y Antonio Bonfatti en 2015. En los considerandos de la decisión de Perotti se admite que todos los actos administrativos "guardaron diferencias entre sí en cuanto a la enumeración de los cargos y funciones que entendieron comprendidos, en cada caso, en sus previsiones".
Disturbios en una comisaría superpoblada de la zona sur de Rosario
Otra vez el hacinamiento en las seccionales
La Comisaría 15° tiene12 lugares, pero aloja a 48 internos. Brilloni sostuvo que es un “denominador común” en todas las dependencias de la provincia. Una crisis.
La superpoblación en las cárceles de la provincia de Santa Fe volvió a quedar en el centro de la escena este viernes, a partir de una gresca desatada en la comisaría 15°, en la zona sur de Rosario. En el lugar, con capacidad para alojar a 12 detenidos, hay 48 internos que son custodiados por cinco policías. Por el hecho, que incluyó disparos con balas de gomas para disuadir el conflicto, se debió activar el protocolo de actuación en la Escuela N° 1032, que se encuentra a pocos metros del lugar. El ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, aseguró que la pelea se pudo controlar rápidamente, pero reconoció la problemática de hacinamiento que atraviesa el sistema penitenciario provincial: “Es un común denominador en todas las comisarías y alcaldías de la provincia de Santa Fe”.
Los disturbios comenzaron pasadas las 8 de la mañana en la comisaría que se encuentra en Sarmiento y Ameghino. Y fue rápidamente advertido por los alumnos, docentes y padres que se encontraban en las inmediaciones de la escuela 1032, para dar inicio a la jornada educativa. Según el testimonio que aportaron algunos vecinos a los medios presentes, en el lugar se escucharon disparos que, luego se conoció, tenían como objetivo disuadir la pelea desatada entre los internos. Para ese momento todos los alumnos se encontraban ya adentro de la institución, por eso las autoridades pusieron en marcha un protocolo de resguardo, en el patio de atrás del establecimiento.
En declaraciones a la prensa, Brilloni aclaró que se trató de una gresca desatada entre las personas detenidas en el lugar, que no pudo ser controlada en primera instancia por los efectivos policiales, y por eso dieron aviso a Infantería, que efectuó una serie de disparos con postas de goma para disuadir la situación “sin que esto produjera lesión a ninguno de los internos ni de los policías”.
Pero los disturbios en la comisaría, que no terminaron teniendo mayores consecuencias, dan cuenta de una problemática de fondo preocupante: la falta de lugar en el sistema carcelario santafesino. “En este momento en la comisaria tenemos 48 internos en un lugar para 12. Con lo cual, la convivencia no es una tarea sencilla”, expresó Brilloni y agregó: “Y tenemos un promedio de cuatro o cinco policías que custodian a todos los detenidos en la comisaría 15”.
Respecto a los motivos, el funcionario aseguró que no hubo un intento de fuga, sino que se dio una pelea “producto seguramente del estado de hacinamiento en que se encuentran los internos” en esa dependencia policial. “Es un común denominador en todas las comisarías y alcaldías de la provincia de santa fe”, reconoció el ministro.
Asimismo, Brilloni explicó que la solución sería trasladar a los internos de las distintas comisarías que, llegado el momento de la imputación, no deberían seguir alojados en las dependencias policiales. El problema que se presenta es que en las cárceles tampoco hay lugar. “Lamentablemente no tenemos solución”, consideró y agregó que el problema se agrava con la falta de personal abocado a su cuidado: “Afortunadamente tenemos Guardia de Infantería, Policía de Acción Táctica y Policía Comunitaria. Pero si tuviéramos que atender todos los problemas que tiene una comisaria con cuatro o cinco efectivos, aparte de cuidar a los internos, sería imposible”.
Denuncia pública
Esta semana la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado manifestando su preocupación por el tema y advirtiendo que la superpoblación “profundiza las pésimas condiciones materiales en las que se desarrolla la privación de la libertad”. Asimismo, consideraron que se están adoptando “medidas improvisadas que suponen la afectación de derechos de las personas privadas de libertad”, entre ellas, el alojamiento de personas en lugares transitorios, como puede ser una comisaría, de forma prolongada.
En el escrito también se señala que la sobrepoblación constituye “una violación a numerosos derechos humanos” para los internos. “Hemos advertido que los estándares mínimos sobre las condiciones de alojamiento en las prisiones y otros lugares de privación de la libertad no se vienen cumpliendo en las unidades penitenciarias de Santa Fe, como así también no se cumplen en las comisarías, siendo estos lugares no aptos para el alojamiento de personas sometidas a proceso penal”, sostiene el documento.
Los últimos datos publicados por el Observatorio de Seguridad Pública dan cuenta de una situación alarmante. El 2022 cerró con 9.350 personas detenidas en Santa Fe, de las cuales 8.261 permanecían en complejos penitenciarios, mientras que 1.089 estaban alojadas en sedes policiales. La tasa de detenidos en la provincia ascendió a 236 personas cada 100 mil habitantes, la más alta desde que se realiza el registro.
Pero el informe también marca que el año pasado finalizó con una superpoblación de 1.887 personas en las cárceles de la provincia de Santa Fe, lo que significa un exceso del 29,6% de la capacidad disponible. Y con situaciones verdaderamente preocupantes en cárceles como la cárcel de Coronda, donde el índice de superpoblación supera el 50%, o la cárcel de Piñero, donde el exceso es del 48,3%.
Sin embargo, el problema se agrava en las comisarías, donde el 2022 cerró con 356 personas detenidas de más, es decir, una superpoblación del 48,6%. En concreto, hay 1.089 personas detenidas en sedes policiales, cuando la capacidad de estos alojamientos transitorios apenas es de 733 plazas. Además, del universo de detenidos, la gran mayoría no cuenta con condena firme, lo que le impide acceder al régimen penitenciario.
Fuente:Rosario12
Protesta en sede de Gobernación
Las y los trabajadores del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe realizaron una protesta en la sede local de Gobernación para pedir pases a planta y mejores condiciones edilicias, entre otros reclamos. “Hasta que el Ministerio sea como lo soñamos”, remarcaron.
En el marco del conflicto en la cartera de Género provincial, trabajadores del área llevaron adelante este jueves una nueva jornada de protesta en Rosario, donde exigieron “la concreción de los traslados y pases a planta pendientes, la urgencia de mejores condiciones edilicias”.
“En estos días se desprendió nuevamente parte del techo/cielo raso y mampostería, seguimos en estado de hacinamiento, reutilizando el poco espacio disponible”, indicaron desde la Asamblea de Trabajadorxs del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad nucleados en ATE.
Entre los principales puntos, las y los laburantes del sector solicitaron “traslados definitivos de las y los agentes que prestan actualmente servicio en el Ministerio, y pertenecen a otras jurisdicciones (Salud, Desarrollo Social, Cultura, Educación); definición de la Estructura Funcional Operativa Ministerial y su correspondiente otorgamiento de subrogancias”.
Además, reclamaron “designaciones a Planta Permanente del personal con vinculaciones contractuales, según lo acordado en el Acta Paritaria vigente” y “condiciones dignas de trabajo: baños disponibles acorde a la cantidad de trabajadoras y trabajadores; desmoronamiento de techos en varios sectores de las oficinas, ambos reclamos están vigentes desde el inicio de la actual gestión”.
“En este octubre, a 40 años de la vuelta de la democracia y en un contexto de recrudecimiento de los discursos de odio, consideramos indispensable y urgente la profundización de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres y disidencias, como también de todas y todos los trabajadores”, señalaron.
Y ante la posibilidad de quitar del gabinete a este Ministerio por parte del próximo gobierno, afirmaron: “Destacamos la importancia de continuar con el Ministerio como tal, contando con su jerarquía, presupuesto y futuras políticas públicas. ¡Ni un paso atrás! ¡Hasta que el Ministerio sea como lo soñamos!”.
Fuente:RedaccionRosario
Entre 2019 y 2022 los accidentes en rutas provinciales bajaron un 18%
El subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, y la directora de la APSV, Antonela Cerutti, presentaron un balance de gestión y el informe de siniestralidad del período 2020-2023, divididos en dos ejes: los operativos de fiscalización y capacitaciones y campañas de concientización.
En la oportunidad, se destacó la disminución de víctimas fatales, de 522 en 2019 a 429 en 2022, lo que significó una reducción del 18%, aunque aclararon que “el único número admisible es 0”. Además, presentaron el eje educativo que desarrolla capacitaciones y campañas de concientización de manera territorial trabajando con todos los actores que circulan en la vía pública, promoviendo constantemente el valor y el cuidado de la vida.
Al respecto, Aymo afirmó que durante estos 4 años, se ha trabajado en concientizar a las personas que los accidentes de tránsito se pueden prevenir y que el único número aceptable de muertos y heridos graves es cero; y destacó la presencia de la Policía Vial en rutas y caminos de nuestra provincia, haciendo realidad un concepto que quisimos establecer desde el principio de la gestión que es que los controles salvan vidas”.
Por su parte, Cerutti recordó: “Cuando iniciamos la gestión, junto a Osvaldo Aymo, decidimos aumentar los controles de alcoholemia y los datos comparados entre 2019 y 2022 demuestran que hemos aumentado en un 1300% los controles. Este es un dato que las gestiones que asuman deben seguir superando, entendiendo que lo que se cuida es la vida”.
Además, la funcionaria afirmó que solo al 18% de las personas que circulan y se las fiscaliza se les labra un acta de infracción. "Todos los días decidimos si hacer las cosas bien o mal, es ahí cuando debemos priorizar la vida por sobre todas las cosas, sostuvo.
Participaron de la presentación los jefes y subjefes de las Bases Operativas Regionales (UOR) y la Brigada Motorizada, quienes fueron reconocidos por su labor diaria, compromiso y responsabilidad.
Además, estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Marcos Romero; el Jefe de Policía de la provincia, Martín García; el director y el subdirector de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, Daniel Borvachi y Jorge Quiroz, respectivamente.
Brilloni mostró 40 armas secuestradas por la policía en procedimientos recientes
Debajo de una gorra estilo inglés para proteger la calva, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, expuso este viernes a la prensa un lote de armas de fuego que fueron decomisadas en las últimas 48 horas en distintos procedimientos policiales. Y adelantó que hará esto un par de veces por semana, de aquí a lo que resta de la gestión.
“Quisimos mostrar esto y repetirlo tres veces por semana: juntar todo el material balístico y de armamento, para llevarlo al depósito judicial en el Centro de Justicia Penal y continuar con los procedimientos”, indicó el jefe político de la Policía de Santa Fe desde la jefatura de la Unidad Regional II.
Sobre una mesa custodiada por varios agentes armados, se exhibieron 40 revólveres, pistolas, escopetas, fusiles, de diversos calibres. “Estas armas que matan gente se han decomisado en los últimos dos días. El 90 por ciento de las víctimas de homicidio en Rosario lo son por disparos de arma de fuego. Con la policía de provincia de Santa Fe llevamos adelante un trabajo intenso de prevención e investigación y aquí el resultado”, planteó. Y remarcó que fue el resultado de “180 patrullas que se desplazan las 24 horas por los distintos precintos de Rosario”.
Según dijo, las armas incautadas proceden de operativos realizados en barrios Ludueña, Empalme, Larrea, Industrial, Las Flores, Tablada y Fisherton, este último durante la madrugada de este mismo viernes.
Fuente:RosarioPlus
Demandas laborales
Tras la caída del fideicomiso, SanCor está paralizada por un conflicto con el gremio Atilra
La cooperativa tuvo que desprenderse de 100.000 litros de leche del centro distribuidor ubicado en la localidad bonaerense de Don Torcuato, según se difundió en un video que circuló por redes sociales a través de cuentas no oficiales de la firma
21 de octubre de 2023
La planta santafesina de la cooperativa láctea SanCor permanece paralizada desde hace tres días y denunció “sorpresivas medidas de fuerza” de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra), cuyo secretario general dijo que la firma debe $3.000 millones de aportes laborales y apuntó al “interminable incumplimiento patronal”.
Tras la medida de fuerza lanzada por la entidad gremial el miércoles, el Ministerio de Trabajo nacional convocó a una reunión de conciliación el jueves, en la que no hubo acuerdo, dijeron fuentes oficiales.
El trasfondo del conflicto entre la cooperativa con sede en Sunchales y el sindicato del sector es la caída de un fideicomiso para el ingreso de capitales privados, cuya carta de intención se firmó en enero de 2022 y que nunca llegó a constituirse.
A través de un comunicado, SanCor informó que “las distintas dependencias se encuentran casi sin operaciones industriales, comerciales y administrativas como consecuencia de sorpresivas medidas de fuerza” de Atilra.
La cooperativa tuvo que desprenderse de 100.000 litros de leche del centro distribuidor ubicado en la localidad bonaerense de Don Torcuato, según se difundió en un video que circuló por redes sociales a través de cuentas no oficiales de la firma.
En el comunicado, Sancor recordó que “la Cooperativa lleva adelante un muy profundo proceso de reestructuración en toda su operatoria y organización, lo cual posibilitó una incipiente recuperación, llegando a un equilibrio en su actividad”.
Señaló que buscó alternativas para mejorar la reestructura y “se abrió a escuchar propuestas de negocios con actores económicos y/o empresas interesadas en participar de la actividad”, entre las cuales mantuvo “conversaciones con un grupo de personas de negocios que proponían la constitución de un fideicomiso de administración”.
“Pese a que transcurrieron más de dos años desde la firma de una ‘carta de intención’, no se cumplió ninguna de esas obligaciones por parte de los terceros”, sostuvo la cooperativa láctea.
En enero de 2022, una asamblea extraordinaria aprobó por unanimidad “la constitución del Fideicomiso de Administración SanCor Capital”, informó entonces la cooperativa.
El acuerdo contemplaba un plazo de 15 años de duración y la composición del fideicomiso “SanCor Capital” determinaba que cooperativa mantendría el 20% de las acciones, mientras el 80% restante quedará en manos de los inversores privados.
Fuentes del sector indicaron que el acuerdo estaba sujeto a un presunto crédito por U$S 60 millones por parte del Banco Nación, que finalmente no se concretó.
Sobre la medida de fuerza de Atilra, SanCor sostuvo que “la vehemencia y la fortaleza nunca pueden ser excusa para las amenazas personales, y en ese sentido, las autoridades de la Cooperativa invitan a que las principales autoridades del sindicato dialoguen en forma directa, sin intermediarios, y con las operaciones cotidianas normalizadas”.
Por su parte, el secretario general de Atilra, Héctor Ponce, cuestionó en una entrevista a un diario de Sunchales “el interminable incumplimiento patronal” de SanCor, y sostuvo que la cooperativa posee una deuda que alcanza los $3.000 millones de aportes no efectuados.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
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