50 años de la
Triple A. Liliana Mazea: “Se
tienen que abrir los archivos del Estado para sancionar a los responsables”
A 50 años del primer atentado que se adjudicó la banda paraestatal
Triple A, entrevistamos a Liliana Mazea, abogada querellante de delitos de lesa
humanidad y en causa Triple A, como también defensora de presos políticos,
miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
Martes 21 de noviembre
A 50 años del primer atentado que se adjudicó la banda paraestatal Triple A, entrevistamos a Liliana Mazea, abogada querellante de delitos de lesa humanidad y en causa Triple A, como también defensora de presos políticos, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
Andrea Robles: ¿Cuándo se inicia la causa Triple A?
Liliana Mazea [LM:] El proceso denominado Triple A se inició cuando José López Rega se va de nuestro país, en julio de 1975, por denuncia del Dr. Radrizani Goñi para que se investigue la participación de Rodolfo Almirón, Juan Ramon Morales, Jorge Héctor Conti, Miguel Ángel Rovira y Julio Yessi como integrantes del comando general de la Triple A, todos vinculados al Ministerio de Bienestar Social. Las pruebas fueron encontradas a partir de una denuncia donde se encontró armamentos y publicidad en las oficinas de la revista "El Caudillo", y el testimonio de Salvador Paino que organizó por orden de López Rega a la Triple A. El encuentro del armamento en el Ministerio de Bienestar Social y el posible pago por su compra en una cuenta a nombre de María Estela Martínez. Sin embargo y sin motivo, el 7-5-81, el fiscal Strassera archiva la causa.
El segundo tramo va de abril de 1983 al 26 de julio de 1989, que fallece López Rega. La investigación ahora se orientaba también al grupo Aníbal Gordon (Rufo, Paladino). Se producen los procesamientos de Paino, Morales y López Rega. Al cerrarse la instrucción y en período de prueba, fallece López Rega y se archivan las actuaciones a la espera de las capturas solicitadas.
El tercer período es a partir del 2 de febrero de 2006, cuando se incorporan a la investigación los secuestros y homicidios de Laguzzi, Banfi y Latrónica, ya que los homicidios de Silvio Frondizi, Ortega Peña y otros, como el atentado contra Solari Yrigoyen ya estaban incluidos. La localización de Almirón en España, la detención de Morales es donde resurge la causa en diciembre de 2006. Con el procesamiento de estos y el pronunciamiento de delitos de lesa humanidad del 26 de diciembre de 2006 por Oyarbide comienza la última parte de la causa. Los familiares, organizaciones de DDHH –como la Asociación de Ex detenidos-desaparecidos, la Liga por los Derechos del Hombre, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)– y partidos de izquierda –el PC, el PTS, el MST, IS, PL y abogados especializados en causas de lesa humanidad como Myriam Bregman, con gran esfuerzo, aportamos pruebas, testimonios y fuentes documentales.
El 17 de marzo de 2008 Cámara Federal confirma la declaración de delitos de lesa humanidad los crímenes Triple A. ¿A cuántas víctimas incluye esta causa? ¿Cuántas se estima que existen?
LM: Las querellas, al inicio de la tercera y actual etapa, entregó al Tribunal un listado con víctimas entre asesinados, desaparecidos y amenazados por esta organización criminal, donde el Fiscal consideró incluir 680 casos, donde aproximadamente la mitad fueron excluidas de este proceso. Algunos casos para ser tramitados en otra jurisdicción, otros con sobreseimiento provisional por no existir pruebas del accionar de esta banda y otros por estar tramitando en otro tribunal.
¿Quiénes son los imputados, de qué se los acusa y cuál es su situación actual?
LM: Los imputados iniciales fallecieron impunes como López Rega, Almirón, Rovira, Romeo, y Morales. Los que fueron procesados y fueron a juicio son Jorge Héctor Conti, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Rubén Arturo Pascuzzi y Norberto Cozzani. Se los acusó de integrar una asociación ilícita, delito autónomo y no vinculado a un caso o víctima determinada, y condenados a 4 años de prisión. En el caso de Pascuzzi y Yezzi fueron encontrados responsables de algunos secuestros y homicidios, que la Cámara de Apelaciones revirtió la sentencia en absolución. Estaban, asimismo, con prisión domiciliaria los procesados por al asesinato de Graciela Pane y de los padres de Victoria Montenegro.
La situación legal de Isabel Martínez de Perón en relación a su responsabilidad con estos crímenes. ¿Con qué argumentos se negó la extradición y cuál es la situación actual?
LM: Se solicita la extradición de María Estela Martínez en enero de 2007. No hubo abogados por parte del Estado argentino defendiendo la extradición, no hubo voluntad política de enjuiciarla. Se deniega la extradición por parte del Reino de España por existir en Argentina la Ley 23.062 del 19-7-84 que establece que los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión, y declara comprendida en las previsiones de la ley a la expresidenta María Estela Martínez de Perón. Esta norma no fue derogada. Agrega el Estado requerido que Isabel no fue incluida como integrante de esta asociación ilícita antes del 1er o 2do. período previo al archivo de las actuaciones, y que la declaración de lesa humanidad, entiende, es con relación a Almirón. Así se denegó la extradición y sigue su vida impune.
La mayoría de los testimonios involucran también a las patotas de la burocracia sindical. ¿Aparecen indicios de estas relaciones entre la AAA, CNU, CDO, patotas policiales, el gobernador Calabró y tantos otros?
LM: Sí. Pero tramitan en distintas jurisdicciones. Por ejemplo CNU, se realizó el juicio oral en Mar del Plata; en Bahía Blanca también se abrió la instrucción por el asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo, ocurrido el 3 de abril de 1975 en los pasillos del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur; y en otras localidades con distintas denominaciones se reabrieron y enjuiciaron a responsables de la Triple A. En estos días se inicia el llamado juicio “Villazo”, a 48 años de ocurrida la brutal represión por parte de la Triple A, el Ejército y fuerzas de seguridad, durante el gobierno de Isabel Perón, a la histórica lucha obrera conocida con el mismo nombre.
¿Qué diferencias legales existen en el tratamiento de las causas de lesa humanidad previas a la dictadura y las que son propiamente del período 76-83?
LM: Si, ambas causas son consideradas delitos de lesa humanidad, donde se vencieron los principios de prescripción, de cosa juzgada y de cuantas excepciones invocan las defensas de los genocidas. Formalmente deberían tener el mismo tratamiento, pero en ambos casos la justicia es lenta, y en esta causa se tardó dos años para que el fiscal promueva o desestime las denuncias, más de un año para que la Cámara confirme si eran o no delitos de lesa humanidad, además se formaron incidentes por cada caso aceptado y se volvió de cero a ratificar denuncia, hacer reconocimientos fotográficos, pedir legajos, etc. Recién el día 12 de julio de 2012, el Juzgado resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Conti, Villone, Yessi, Cozzani y Pascuzzi por considerarlos prima facie autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros Los genocidas tuvieron juicio oral y público que admite el nuevo código procesal, los terroristas paraestatales eligieron el viejo código que era escrito, para evitar el escarnio público.
¿Por qué los genocidas procesados son por su accionar en la dictadura y no en la previa?
LM: La antesala del genocidio, como se denominó a los crímenes cometidos por la Triple A, no tuvo la iniciativa ni voluntad política por parte de los poderes del Estado para motivar el juicio y condena a sus integrantes. A Almirón lo ubicaron en España los militantes exiliados, el impulso siguió con la militancia en nuestro país, más de 50 organizaciones o víctimas se presentaron a denunciar, asesinatos, amenazas y otros delitos. Estas presiones, sin embargo, no lograron motivar al poder político a evitar la impunidad.
¿Qué conclusión sacás de esta última apertura de la Causa?
LM: Como corolario, la insuficiencia en profundizar la investigación, el tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos, donde los testigos no pudieron reconocer a los autores directos, mostrándoles fotos antiguas, la falta de voluntad política en descubrir la verdad, no colaborar desde el Estado en alentar la extradición de María Estela Martínez de Perón, determinó que sólo el grupo duro de la Triple A estuviera condenada y en cárcel por asociación ilícita por menos de 3 años y medio, quedando las víctimas sin reparación por no haberse podido determinar a los autores directos de los crímenes, atento que no hay cadena de mandos en estos casos. Por lo que el juez instructor sobreseyó parcialmente, hasta que se encuentren nuevas pruebas, a todos los casos que tuvo en investigación, salvo 3 o 4 donde hubo reconocimientos efectivos, que hoy es la nada misma.
El Juez dijo, que López Rega “ha sido el autor mediato de estos hechos, aunque no hubiera ejecutado de mano propia los hechos que se le endilgan, tenía el dominio funcional de todos los hechos de quienes ejecutaron directamente las acciones criminales de la Triple A”, y como los autores directos no se reconocieron, la causa muere, como lo hizo el juez instructor. Sigue viva la impunidad. Se tienen que abrir los archivos del Estado para conocer la verdad y sancionar a los responsables.
Fuente:LaIzqierdaDiario
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