Juicio La Escuelita VIII.
El plan genocida también incluyó la actuación de la justicia
Se desarrolló la segunda audiencia del juicio La Escuelita VIII, que
contó con el planteo de la querella del Ceprodh patrocinantes de Inés Rigo y
Oscar Ragni, padres de Oscar Ragni, desaparecido de la región. Estuvieron
presentes en la sala las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle,
junto a estudiantes, organismos de DDHH, sindicatos y trabajadores.
Silvia CariatiLa Izquierda Diario-Redacción Neuquén @cariati_silvia
Durante la audiencia las abogadas del Ceprodh avanzaron con la lectura de la acusación de la querella, que representan Natalia Hormazabal y Mariana Derni a la familia Ragni, Inés Rigo de Ragni, Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle. Y a Oscar Ragni, quien es militante histórico en la región, por el caso de la desaparición de su hijo Oscar Ragni, el 23 de diciembre de 1976.
“Esperamos más de 10 años para llegar al juicio oral, estamos satisfechas de poder estar acusando a dos integrantes de la justicia federal, Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, que actuaron como juez y fiscal durante la dictadura”, dijo Natalia Hormazabal.
La abogada se refirió al desarrollo de la audiencia. “Vamos a avanzar con la lectura de la acusación de la querella, que va a consistir en mostrar que los funcionarios, en su rol de funcionarios no actuaron, cuando fueron presentadas denuncias de habeas corpus, y brindaron coberturas judiciales a cada uno de los crímenes que se cometieron. Mostrando de esta manera cual fue la actuación concreta de la cobertura judicial, permitiendo que el plan represivo se llevara adelante”.
Aclaró que “se trató de un rol específico que tenía la justicia federal en todo el país, no solo en la región. En este debate oral hay decenas de compañeras y compañeros que permanecen desaparecidos”.
También explicó cuál fue el rol de los funcionarios. “Daban un trámite meramente formal a las denuncias cuando las recibían, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo”.
En el caso de Duarte fue integrante del Ejército, que integró desde los 12 años, ya que fue parte del Liceo Militar, hay evidencia moral y espiritual al ejército, por lo cual estaban sustanciados con el plan. “No podían desconocer lo que estaba ocurriendo en todo el país, ni en la región”. En el caso del fiscal Ortiz, él fue funcionario judicial, fue secretario del juzgado federal, “es decir que sabía específicamente lo que ocurría allí”.
“Esta cobertura judicial consistió en una acción de decidir no investigar cada uno de estos hechos, y en muchos casos inclusive hasta cobrar costas a quienes presentaban estas denuncias de habeas corpus”, enfatizó la abogada querellante.
Los imputados estuvieron conectados vía remota. En la última audiencia la querella planteó la necesidad de que estén de manera presencial, según explicaron “no hay motivo por el cual no estén. En el día de ayer conocimos una resolución del tribunal en donde la jueza Marisi hizo lugar a nuestro planteo, pero por mayoría ganó el voto de los jueces Silva y Foglia, permitiendo que hoy estén por zoom, acompañados por integrantes de la defensa”.
Indagatorias
Llegado el momento de las indagatorias a los imputados, en donde hicieron uso de la palabra, tanto Duarte como Ortiz expresaron “que los hechos que ha expresado la querella no han ocurrido, o fueron cambiados o mutilados”. “No garanticé la impunidad para nadie”, expresó Duarte.
Ortiz a su turno dijo que “teníamos habeas corpus de detenidos que no estaban en ningún lado, en todo caso si yo cometí un error, fue sostenido por mi sucesor”.
Walter Pérez integrante de la APDH habló al finalizar la indagatoria del ex juez Duarte. “Tiene un nivel de cinismo vergonzoso, porque existe suficiente prueba, documentación y testimonios que los vamos a escuchar en el transcurso de las audiencias, que acreditan que fue cómplice del sistema represivo y del plan criminal que se aplicó en Río Negro y Neuquén.
“Hizo su defensa, pero a uno le genera reacciones fuertes que las tiene que contener”, aseguró Pérez.
En la segunda audiencia también estuvo Yazmin Muñoz Sad, secretaria adjunta de Aten capital, que habló sobre la importancia de la participación en los juicios. “Creemos en la pelea por la verdad histórica, porque son 30 mil contra el negacionismo. Es la forma de señalar a las y los compañeros de cada una de las escuelas que tenemos que construir con nuestros estudiantes un presente de lucha contra la impunidad. Para que realmente haya justicia para todos los familiares y las Madres de Plaza de Mayo que son un ejemplo histórico y tenemos que seguir sus pasos”.
“Debemos educar desde el aula en Derechos Humanos, en un contexto en donde se banaliza mucho con los discursos de odio que circulan en la campaña electoral con Milei. Los chicos querían participar, les pareció muy buena la actividad, ven en concreto la realidad actual es muy importante para posicionarse y defender sus derechos”, fueron las palabras de la docente Laura Opazo, que dicta Orientación y Ciencias Sociales, y concurrió a la audiencia con el curso de la escuela del Cpem 48 de Villa Ceferino.
Conclusión de la querella
Al finalizar la audiencia Mariana Derni, abogada querellante del Ceprodh expresó que “lo que pudimos escuchar es que hasta hoy continúa la impunidad, continúa el pacto de silencio. De los dos tuvimos que escuchar, incluso con sobrevivientes y familiares en la sala, que la responsabilidad es de los sobrevivientes y de los familiares de los desaparecidos”.
“En la audiencia del 17 de noviembre, esto probablemente sea contestado nada menos que por Inés Rigo, que va a declarar, ya que su hijo Oscar Ragni, aún sigue desaparecido. Tenía 21 años cuando lo secuestraron de su casa”, relató Derni.
“Lo que hoy vemos con esta audiencia a sala llena, es que más allá de estos discursos de este sostenimiento de la impunidad, son amplísimos los sectores de la comunidad que continúan con esta pelea por Memoria, verdad y justicia y que la vamos a llevar hasta el final”, finalizó.
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