Detuvieron a Pillín Bracamonte y Carlos Vergara, líder de la Uocra Rosario
Una sociedad edificada a fuerza de extorsiones
El jefe de la barra brava canaya y el gremialista de la construcción fueron apresados. Investigan una presunta asociación ilícita relacionada al cobro de un canon para realizar obras y con el negocio de entrega de viandas a los obreros.
Pillín Bracamonte y Carlos Vergara en el momento de los traslados. . Imagen: Sebastián GranataEl jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y el secretario general de la Uocra Rosario, Carlos Vergara, fueron detenidos ayer en el marco de una investigación por una presunta asociación ilícita que cometía amenazas y extorsiones. El negocio de la entrega de viandas en obras está en el nudo de la pesquisa. En especial construcciones de Villa Constitución y San Lorenzo. La investigación del fiscal Miguel Moreno, que derivó en los diez allanamientos realizados por la Agencia de Control Policial contra la organización bajo investigación formada por “Pillín” y Vergara, se inició por una deriva de otra causa por extorsiones. Curiosamente, hace un mes un tiratiros ligado a Los Monos, "Pupito" Avalle, invitó a la justicia a llamar a declarar a los dos referentes ahora presos durante una audiencia de juicio. En total, en los operativos fueron siete los detenidos. En la investigación se analiza el rol de Catering Gourmet, una empresa cuyo titular, Roberto Dutra, ya había exhibido lazos con el líder canalla.
El arresto de Bracamonte se efectivizó en su casa del country Los Álamos de Ibarlucea. En tanto, rato después, también fueron detenidos el secretario general de la Uocra Rosario, Vergara, y cinco delegados del gremio en las ciudades santafesinas de San Lorenzo y Villa Constitución.
Días atrás, el 15 de este mes, Vergara asistió a la presentación de las obras de remodelación del estadio Gigante de Arroyito, en el Salón Centenario del Gigante, adonde llegó acompañado por su custodio, el hijo del “Cabezón” Sergio Enrioti, un ex barrabrava “canalla” que fue asesinado a balazos por su pareja mientras dormía en su casa del barrio Casiano Casas, en el noroeste de Rosario, en la década del 90. Cuando el “Cabezón Sergio” apareció asesinado tenía entre sus ropas un cheque firmado por los dirigentes de Central de aquella época.
La investigación fue caratulada como asociación ilícita, extorsiones y amenazas, dijeron las fuentes. En los allanamientos realizados por efectivos de la Agencia de Control Policial se secuestraron réplicas de armas de fuego, una escopeta y cajas con dinero en efectivo.
La presunta asociación ilícita fue denunciada en las últimas horas por víctimas de extorsiones que estarían relacionadas al cobro de un canon para la realización de obras y al negocio de las viandas.
Los efectivos localizaron a Bracamonte en su casa ubicada en el barrio cerrado Los Álamos de Ibarlucea, la misma propiedad en la que había sido arrestado el 22 de junio de 2020 en una causa por lavado de dinero y asociación ilícita durante la pandemia de Covid-19. "Pillín" fue trasladado desde su casa a la sede de la Agencia de Control Policial. Cuando fue llevado de allí hacia el Order, que funciona dentro del complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800, alcanzó a decir algunas palabras a la prensa que lo aguardaba: "El fiscal Moreno es un vende humo, todavía no me terminó la causa anterior", tiró.
Bracamonte se refería a la causa por lavado de activos, instruida también por el fiscal Miguel Moreno, por la que fue detenido en junio de 2020. Cuando a "Pillín" le señalaron que ahora había sido apresado por asociación ilícita, soltó: "Qué bárbaro!". Y antes de que lo subieran al patrullero, afirmó: "El fiscal Moreno 'vende humo', todavía no me terminó la causa anterior".
En esa causa, el jefe de la barra brava “canalla” fue acusado de lavar activos en el marco de una presunta asociación ilícita que prestaba servicios de fabricación de indumentaria y de jardinería a Rosario Central, en la que también estaban vinculados algunos empleados del club, entre ellos el intendente del estadio Gigante de Arroyito.
Uno de los procedimientos realizados por esa causa en 2020, se desarrolló en la vivienda de Martín “Pitito” Martínez, el número dos de la barra brava “canalla”, quien quedó arrestado por el hallazgo de una pistola calibre .380, municiones, ropa del club auriazul, sacas para transporte de caudales vacías y un buzo y 40 pecheras de la Uocra, un hallazgo que llamó la atención de los investigadores.
El fiscal Moreno imputó entonces a “Pillín” por presunto lavado de activos a través de testaferros y sociedades comerciales por más de 38 millones de pesos.
Pero el 12 de noviembre de 2020 Bracamonte quedó en libertad luego del pago de una fianza de tres millones de pesos y prohibición de salir del país y concurrir a las sedes del club del barrio de Arroyito, normas impuestas por la camarista Georgina Depetris.
Sin embargo, en cada partido que Central juega de local, “Pillín” Bracamonte concurre al Gigante de Arroyito, donde recorre las veredas del estadio y del barrio a bordo de una moto tipo enduro de color blanco.
La audiencia imputativa contra “Pillín”, Vergara y otros cinco delegados de la Uocra se realizará la próxima semana, ya que el fiscal Moreno pidió la duplicidad de plazos por la gran cantidad de información que debe analizar.
Cabe destacar que la punta del ovillo de esta causa se gestó en octubre pasado, cuando imputaron a la presunta organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle –segunda línea de Los Monos que está preso en Ezeiza– le atribuyeron haber mandado a balear el 15 y 16 de julio pasado las sedes de la Uocra de Santa Fe y Rosario con el objetivo de obligarlos a entregar a su estructura delictiva el negocio de viandas para afiliados en aquellos lugares donde no participaba la gente de Bracamonte, según se ventiló.
En la audiencia en la que fue acusado por un cuerpo de nueve fiscales, no pasó desapercibido que Avalle pidiera la palabra para solicitar ante los jueces que citaran a declaración testimonial a Carlos Vergara y a Andrés Bracamonte.
Una de las informaciones que sobrevoló la imputación contra Avalle por esos atentados es que “Pupito” pretendía una devolución de favores, puesto que había conversaciones que fueron extraídas de celulares de miembros de su banda donde hablaban de que –por pedido de gente del gremio de la construcción– habían amenazado en reiteradas oportunidades a un secretario gremial para que renuncie a la Uocra.
Los procedimientos se llevaron adelante en calle Daniel Segundo al 1000 de Villa Constitución, Moreno al 700 y General López al 1100 de San Lorenzo, Pje Público al 2100 de Puerto General San Martín, Cabildo al 100 de Capitán Bermúdez, Chaco al 300 de Granadero Baigorria , Pje. 121 en Barrio Las Flores de Rosario, Juan Agustín Mazza al 1300 de Rosario y Corrientes al 6100 de Rosario.
En los mismos se secuestró documentación, dinero en efectivo, celulares y material de interés para la investigación. Se procedió además a la detención de 7 personas, los identificados como A.B., C.V., R.M.R., J.M.E., C.R.D., C.M.P., y H.M.
DESPEDIDA
Primeros contactos de Pullaro con futuros ministros nacionales
Un pulgar para arriba a los PPP
El gobernador electo dijo que si lo aprueba el Congreso y beneficia a Santa Fe apoyará el modelo de obra pública que propone Milei.
Tras reunirse con cuatro de los posibles ministros nacionales que asumirán el 10 de diciembre, entre ellos Guillermo Ferraro, que estará a cargo de obras publicas e infraestructura, el gobernador electo Maximiliano Pullaro confirmó la intención de de Javier Milei de avanzar hacia un sistema de obras públicas con participación de privados y adelantó que si el programa “viene bien” para Santa Fe, lo avalarán. En esa línea, el dirigente se refirió a las declaraciones de l presidente electo y apuntó contra el actual gobierno asegurando que la obra pública “prácticamente se paralizó a cero” en los últimos meses. “No sería justo que el próximo gobierno pague el costo de la paralización de una obra pública que ya está paralizada en la provincia”, evaluó. También se refirió al tema seguridad y adelantó su intención de conducir a las fuerzas federales en la provincia. Asimismo ratificó que Juntos por el Cambio tendrá un “acompañamiento institucional” a la gestión de Javier Milei, pero no serán cogobierno: “Nosotros tuvimos un programa de gobierno distinto”.
Esta semana Pullaro compartió una agenda de trabajo en Buenos Aires que incluyó encuentros con dirigentes que formarán parte del futuro gabinete nacional. Entre ellos Guillermo Ferraro, quien estará a cargo del Ministerio de Infraestructura; Guillermo Francos, que comandará el Ministerio del Interior; Mariano Cúneo Libarona, que asumirá en Justicia; y Patricia Bullrich, que retornará al Ministerio de Seguridad, a pesar de que no fue aún confirmada oficialmente y su nombre es parte de una negociación más amplia entre Milei y Mauricio Macri. A todos ellos Pullaro les llevó “una agenda sobre los principales temas” que tiene hoy la provincia de Santa Fe.
Al igual que en anteriores oportunidades, una de las preocupaciones que planteó Pullaro tiene que ver con la incertidumbre sobre obras públicas que tiene en marcha el gobierno nacional en territorio santafesino, pero principalmente un reclamo por el estado de las rutas nacionales. “Por la provincia de Santa Fe sale el 70% del cereal de la República Argentina. Nuestras rutas terminan teniendo tránsito interprovincial, internacional y nadie le paga eso a Santa Fe”, cuestionó.
Asimismo, el dirigente radical planteó su postura respecto a la hidrovía y consideró que la provincia “tiene que tener una incidencia muy importante” en el nuevo contrato de concesión, con el objetivo de discutir “un verdadero proyecto de desarrollo productivo” en la región. “La mayor parte del cereal y de la mercadería procesada salen de nuestros puertos. Por eso les compartimos nuestra mirada de la inversión que tienen que tener esos puertos”, expresó, y agregó: “Fue una reunión sumamente productiva en donde ellos nos contaron el modelo que tienen para llevar adelante sobre lo que es la administración portuaria y de la hidrovía, pero también sobre las rutas de la provincia de Santa Fe”.
En ese sentido, explicó que la intención del gobierno nacional es incentivar el modelo de contratación de participación público-privada (PPP), similar al implementado durante el gobierno de Mauricio Macri en materia de infraestructura. Es decir, el desarrollo de una obra por parte de una empresa, incluido el financiamiento, a cambio del usufructo a través de la concesión.
“Creemos que Argentina tiene que salir adelante y si el gobierno nacional viene con un plan que es aprobado por el Congreso y a Santa Fe le viene bien, por supuesto lo vamos a aprobar. Eso es el programa que plantea el gobierno nacional. Ellos ven rentabilidad en rutas nacionales y autopistas nacionales, y entienden que con fondos privados tranquilamente se podrían llevar adelante esas importantes obras”, evaluó.
Pullaro también aseguró que pidió a los futuros ministros por las obras que va a llevar adelante el gobierno nacional y le bajó el tono a las declaraciones de Javier Milei sobre la paralización de la obra pública en todo el país.
“Cuando se habla del corte de la obra pública yo quisiera preguntarle a todos si vieron avances en los últimos meses. Prácticamente se paralizó a cero la obra pública nacional. No sería justo que el próximo gobierno pague el costo de la paralización de una obra pública que ya está paralizada en la provincia de Santa Fe”, cuestionó. Y añadió: “Hemos sido completamente discriminados por el gobierno nacional, así que yo no voy a entrar en ese relato. Lo que plantearon es que en función de los recursos que vaya a tener el gobierno nacional iban a continuar con las obras que ya se habían comenzado”.
En cuanto a su reunión con Patricia Bullrich, el gobernador electo planteó revisar la conducción de las fuerzas federales, para lograr un despliegue operativo más eficiente amparado en los datos de inteligencia criminal. “Yo le pedí que pueda haber un comando operativo en conjunto, donde el gobernador de la provincia de Santa Fe y el Ministro de Seguridad puedan conducirlo. Por supuesto, tomaríamos la responsabilidad nosotros y sabríamos puntualmente qué está haciendo cada hombre y cada mujer de las fuerzas federales en el territorio de la provincia”, explicó.
Reunión con gobernadores
Pullaro también participó el martes de un nuevo encuentro con los gobernadores electos de Juntos por el Cambio, donde ratificaron su compromiso de un “acompañamiento responsable” a la gestión de Javier Milei, así como también la voluntad de llevar adelante “un trabajo en conjunto” con los legisladores del espacio en beneficio de cada una de las provincias. En esa línea, remarcó que el rol del espacio será el de oposición, por lo que se mostró en contra de que un dirigente de Juntos por el Cambio presida la Cámara de Diputados.
“Los diez gobernadores y la inmensa mayoría de los legisladores de Juntos por el Cambio plantean el acompañamiento institucional pero no un cogobierno. Tampoco creo que tengamos que estar en una línea sucesoria en la presidencia de la Cámara de Diputados”, expresó. “Nosotros tuvimos un programa de gobierno distinto”, añadió.
Por la tarde, Pullaro y el gobernador Omar Perotti concurrieron a la convocatoria del ministro de Economía, Sergio Massa, para escuchar la propuesta de compensación del descuento que sufrieron las provincias por medidas como la devolución del IVA y la reforma en Ganancias: “Es un porcentaje muy importante. Fue uno de los grandes pedidos que hicimos, porque esos descuentos a la provincia le significan un mes del sueldo de los empleados públicos. Fue una decisión política en medio de una campaña que arrastra las finanzas de todas las provincias”.
La sanción del Código Procesal Juvenil debe esperar
Una reforma que da marcha atrás
Asesores de menores de la provincia enviaron una nota a Diputados con críticas al proyecto, y la cámara baja no lo sancionó.
Por señalamientos, la Cámara decidió esperar para sancionar el Código Procesal Penal Juvenil. . Imagen: Prensa DiputadosLa Cámara de Diputados provincial congeló ayer la sanción del Código Procesal Juvenil tal como salió del Senado por "varias razones", entre las cuales tuvo peso una nota enviada por asesoras y asesores de menores de la provincia en la que manifestaron "profunda preocupación" por esta iniciativa, que consideraron "un retroceso". Las personas que sostienen la defensa de lxs acusados menores de 18 años plantearon que la "especialización" que tienen los operadores actuales en la materia "no se encontraría garantizada", y que la sanción del proyecto sería "un incumplimiento de mandatos internacionales a los que el Estado Argentino se comprometió". En ese sentido, cuestionaron como un "despropósito" la redistribución de cargos que conllevaría el traspaso de los asesores para desempeñarse en la Fiscalía, cuando se trata de funciones "opuestas y contradictorias". Al estar especializados en la temática, entienden que se "desconoce la vocación, formación y experiencia" que poseen en esa función.
La nota firmada por más de una docena de profesionales del área, aclara cuál es el rol de los asesores y asesoras de menores de Rosario y Santa Fe. "Son los funcionarios que a partir de la sanción de la ley 11.452, en 1996, ejercemos la defensa técnica de los adolescentes implicados en delitos penales, además de la función más específica del Asesor de Menores (función de garantía de los derechos en el proceso penal juvenil) que ejercen los Asesores de Menores en el resto de las jurisdicciones".
Las críticas se centraron en el artículo 67 del proyecto que dispone: "Los Asesores de Menores y los Secretarios Penales de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores pasarán a desempeñar funciones en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como fiscales adjuntos, requiriéndose en tales supuestos el acuerdo legislativo previsto en la ley 13.013. Se respetará la circunscripción del asiento territorial al que pertenecen y en ningún caso su remuneración podrá ser disminuida. Conservando la equiparación presupuestaria". Sin embargo, agrega que "los mencionados fiscales adjuntos pasarán a desempeñar las funciones en las unidades fiscales que determine el Fiscal Regional, en función de las necesidades y prioridades de cada fiscalía Regional, no desempeñándose necesariamente en el ámbito de la justicia penal juvenil".
Ante ello, consideran el "despropósito que significa modificar, a través de una redistribución de cargos, las funciones de un defensor en las de un fiscal, funciones claramente opuestas y contradictorias, desconociendo de este modo la vocación, la formación y la experiencia de aquellos funcionarios".
Por otro lado, cuestionaron que el traslado en carácter de fiscal adjunto "significa además una desjerarquización de la función, violándose de esta manera el art. 88 de la Constitución Provincial".
También lamentaron que "el proyecto de ley no garantiza de ningún modo el 'principio de especialidad' de la Justicia Penal Juvenil que es mandato Constitucional, por encontrarse así dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la cual nuestro estado adhirió". Y agregaron que "ello es así dado que al modificar los artículos 22 y 29 de la ley 13.013 el nuevo art. 22 establece al referirse a la facultad que le corresponde al Fiscal General de crear agencias o unidades fiscales especiales que 'se propenderá a la creación de unidades fiscales especializadas en materia juvenil" por lo que la especialización se encuentra supeditada a la voluntad del Fiscal General".
Sobre ese punto, agregan que el artículo 14 bis inciso 2 de la Constitución Nacional reza en relación a la especialidad que "la defensa de las personas menores de edad sometidas a proceso penal y el control de legalidad de las medidas que sobre ellos se dispongan, será ejercida por miembros del cuerpo de defensores que tengan conocimientos específicos en relación al sistema penal de menores de edad".
En rigor, plantearon que el proyecto "debería contemplar la obligación para la Magistratura, la Fiscalía y la Defensa de funcionarios especializados con especificidad y exclusividad".
En este sentido, señalaron lo establecido al respecto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño , el Comité de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humano, en relación a una "asistencia adecuada" en los casos con personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal. Y apuntaron a que se requiere de "profesionales con determinado perfil, experiencia y vocación para trabajar en forma interdisciplinaria".
Por ello, consideraron que con el proyecto "esta especialización no se encontraría garantizada, recordando además que contamos con un fuero "de Menores" específico y exclusivo con Fiscales, Defensores y Jueces especializados que son el recurso humano que debería formar parte de este sistema, conservando las funciones para las que reúnen el requisito de especialidad por su formación y experiencia".
Y cerraron: "La sanción de este proyecto significaría por tanto un retroceso y un incumplimiento de mandatos internacionales a los que el Estado Argentino se ha comprometido".
Carolina Leones declaró en el juicio por su esposo Eduardo Trasante
La intimidad de la escena del crimen
La esposa de Eduardo Trasante, Carolina Leones, declaró ayer en el juicio que se sigue a Alejo Leiva, Facundo López, Brian Alvarez y el condenado por narcotráfico Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, acusados haber comprado el auto usado por los sicarios que mataron al pastor evangélico y ex concejal el 14 de julio de 2020. Las órdenes las dio el Peruano, preso entonces en la cárcel de Piñero. Si bien los autores materiales no fueron identificados y se desconoce el motivo del ataque, los tres imputados afrontan un pedido de prisión perpetua como partícipes necesarios del asesinato.
Carolina contó ayer que habían llegado junto a Eduardo hacía minutos y estaban en la planta alta de su casa de pasillo, en San Nicolás al 3600, cambiando a la beba de ambos. “Buscamos al Edu. Venimos de parte de Caty”, le dijeron a la mujer cuando fue a atender. En plena pandemia, estaban acostumbrados a recibir pequeños grupos de gente a celebrar cultos religiosos. Y la mención a Caty, hija del pastor, animó a Carolina a entreabrir la puerta. Eso bastó para que dos hombres con armas entraran a la vivienda y mataran con dos tiros al pastor evangelista. “Entraron como si nada y se fueron como si nada”, contó la mujer.
Es la primera vez que se conocen detalles de lo que qué pasó adentro de la casa de Trasante cuando dos sicarios entraron y le dispararon sin decir más que su nombre. Hasta aquí se sabía lo que captaron las cámaras del barrio: en una secuencia de siete minutos, los atacantes pasaron en un Peugeot 308 robado días antes, lo estacionaron en un pasaje cercano y llegaron hasta la casa caminando. Después de matar a Trasante se fueron en ese auto, que apareció abandonado la madrugada siguiente en barrio Tablada.
“Fue terrible. No solamente por quién era Eduardo, mi compañero y papá de mis hijos, sino por la impotencia de ver los disparos, de ver la sangre y no poder hacer nada por él”, expresó Carolina en su declaración de tres horas ante los jueces Paola Acosta, Pablo Pinto e Ismael Manfrín. Ella fue testigo directa de lo que pasó esa tarde. Desde ese mismo día ingresó a un programa de protección de testigos. Vive con custodia y se tuvo que mudar con sus tres hijos lejos de Rosario.
Preocupante informe sobre gestión de residuos y contaminación
Un país sentado sobre una bomba de tiempo
La UBA y la UNR concluyeron en un dato grave: el 93% de las 400.000 empresas generadoras de residuos, incluidos los peligrosos, los descarta de manera incorrecta.
Más de 400 mil empresas en el país produjeron en un año alrededor de 18 millones de toneladas de residuos, entre peligrosos, no peligrosos y patogénicos, y casi el 93% se descartó de forma incorrecta. Un informe elaborado por la UBA y la UNR, da cuenta de la problemática.
En el último año se estima que en Argentina se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos de los cuales únicamente se trató el 7,1%, unas 1.293.820 toneladas. La alarmante cifra surge de un informe elaborado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, con datos del sector que aportan CATRIES (Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales) y CAITPA (Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental).
El Observatorio genera informes bimestrales y anuales desde el año 2021 a pedido de las Cámaras que se proponen, de este modo, arrojar luz sobre la situación en nuestro país en materia de gestión de residuos y contaminación ambiental. Se estima que en Argentina existen alrededor de 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, mientras que solo unas 33.983 firmas, el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado para tal fin.
De los datos obtenidos se concluye que casi el 93% de los residuos industriales no recibe el tratamiento adecuado, trayendo aparejados problemas ambientales y en la salud de las personas por contaminación de agua, tierra y aire. Esta problemática tiende a agravarse en el último tiempo, según advierten en ambas Cámaras.
De acuerdo con el informe anterior (mayo 2021 - abril 2022), de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción.
“El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas. Lo que genera entre otras cosas el calentamiento global que estamos viviendo", explicó la presidenta de CATRIES, Claudia Kalinec.
Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA, aseguró: “Es fundamental para nosotros sensibilizar acerca de lo relevante que es poder manejar de forma adecuada los residuos peligrosos en Argentina. Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio en la situación actual”.
Ser parte de la solución
El objetivo de las encuestas mensuales a las empresas asociadas a las cámaras para elaborar estos documentos, en el marco de un convenio con la UBA y la UNR, son el puntapié inicial para visibilizar la problemática ya que no hay casi datos oficiales del sector a nivel nacional.
Kalinec sostiene que "hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%". A la hora de reflexionar en torno a esta situación, la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental son dos factores clave.
"El Estado, a través de sus distintos organismos y áreas, es el encargado de renovar los permisos de todas las industrias, no solo las de nuestro rubro y son quienes deberían controlar el cumplimento de la normativa", señaló.
Por lo pronto, se está intentando avanzar con un proyecto para actualizar el valor de las multas, una iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y necesita ser tratada por la de Senadores antes de fin de año para que la iniciativa no pierda estado parlamentario. Se trata de la Ley 24.051 de residuos peligrosos que tiene más de 30 años desde su sanción y cuyos montos quedaron totalmente desactualizados, con un tope que hoy no pasa los $500.000, valor que no cumple el rol de desalentar la mala disposición de los residuos para las industrias, ya que no es significativo en la facturación de una pyme o gran empresa.
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