Santa Fe prepara una versión local del anunciado Patricia Bullrich
El protocolo antipiquete prendió también acá
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, reveló que la Casa Gris enviará un proyecto de ley para evitar los cortes de calles. "Si hay piquete, se va a desalojar", aseguró.
El protocolo antipiquetes que presentó la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, alentó imitaciones e imitadores. En Santa Fe, sin ir más lejos, donde ayer su colega provincial, Pablo Cococcioni, se entusiasmó y declaró: "Si hay piquete, se va a desalojar". Y aseguró que su jefe, el gobernador Maximiliano Pullaro, piensa así. "Nos expresó su firme postura de no tolerar en absoluto cualquier acción que obstaculice la vida democrática y la convivencia en sociedad", planteó el funcionario.
Como era de esperar, el anuncio provocó la reacción inmediata y opuesta a la advertencia. Distintos espacios políticos y gremiales en Rosario se alinearon con la convocatoria que lanzó el Polo Obrero al país y coincidieron en organizar para el próximo miércoles 20 una marcha de protesta en la calle y a través del microcentro de la ciudad. Y desde los barrios denunciaron ayer que el gobierno nacional interrumpió la entrega de alimentos a comedores comunitarios y ollas populares. "Quieren apagar el fuego con nafta", definió Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa de Rosario.
La medida que Bullrich anunció este jueves habilita a las fuerzas federales y también al Servicio Penitenciario Federal a reprimir toda protesta social que bloquee la circulación de manera parcial o total. Y promueve que los gobiernos provinciales adhieran a este protocolo. El paquete incluye requisas de vehículos y personas, y quita de asistencia a personas que, siendo beneficiarias de alguna clase de ayuda económica, sea reconocida participando de un reclamo popular. Asimismo, depara acciones para el caso de que haya niños en la manifestación, algo inherente de estas expresiones colectivas en las que mujeres –jefas de hogar o no– participan de manera auténtica.
La idea prendió en la Casa Gris. Ayer Cococcioni reveló por Radio 2 que el gobierno provincial está elaborando un proyecto similar al de Bullrich y que enviará a Legislatura en los próximos días. De todos modos, también asumió que bajo la Ley de Emergencia en Seguridad que anteayer la mayoría oficialista sancionó de manera exprés la Provincia bien puede aplicar el protocolo Bullrich por orden ministerial.
“La posición y la orden del gobernador Maximiliano Pullaro es no tener la más mínima tolerancia hacia acciones que signifiquen una obstrucción a la vida democrática y en sociedad", enfatizó el ministro. El proyecto que preparan apunta a empoderar con fuerza de ley y apoyo político a la Policía santafesina, para que enfrente la protesta social.
El choque será el miércoles. En Rosario, la convocatoria está prevista para las 16.30 en plaza San Martín. Y las organizaciones de base, gremiales y políticas que participarán irán de a pie y por la calle hasta el Monumento a la Bandera para hacer valer el derecho a la protesta y repudiar la doble pinza del gobierno, de ajustar y reprimir.
"El gobierno anuncia este protocolo porque saben que el ajuste que están ejecutando no pasa sin represión. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Se llenaron la boca en campaña diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, una mentira abierta porque lo están pagando los sectores populares, los jubilados y la clase media", lanzó ayer el referente del Frente de Izquierda, Octavio Crivaro.
En la misma línea se pronunció Delmonte. Al ser consultado opinó que "es el décimo protocolo en los sucesivos gobiernos con el que se plantea tapar el sol con una mano, y no van al fondo de los problemas. Necesitan poner contra la pared a todas las organizaciones sociales que han estado saliendo a la calle reclamando por el hambre", dijo. Asimismo, aseguró que la entrega de alimentos para las ollas populares y comedores (la CCC atiende 110 en Rosario y alrededores) por parte del Ministerio de Desarrollo Social esta semana se interrumpió.
"Este protocolo es parte del dispositivo político y económico para garantizar la brutal transferencia de ingresos de los sectores trabajadores y medios a los grupos concentrados. Y quieren apagar el fuego con nafta", avisó.
SUSPENSIÓN
La Legislatura aprobó parte del paquete de leyes en seguridad de Pullaro
El foco puesto en la seguridad
El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, celebró el acompañamiento de la Legislatura. Reparos de la oposición a la ley de narcomenudeo.
La Legislatura santafesina aprobó cuatro leyes en materia de seguridad a pedido del gobernador Maximiliano Pullaro que son parte de un paquete más amplio que se seguirá debatiendo la próxima semana. Se trata de la emergencia en seguridad pública, al emergencia hídrica, la adhesión a la ley nacional que desfederaliza la persecusión penal del narcomenudeo y la regulación de gastos reservados para investigaciones criminales complejas. Este viernes, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, celebró el avance legislativo: “La libertad de las personas va a ser cuidada por el Estado y vamos a liberar las calles del delito”. En tanto, algunos bloques de la oposición plantearon sus reparos a la ley de narcomenudeo. Sostienen que no está demostrado su funcionamiento y que generan “una caja inmensa de corrupción” en las fuerzas policiales.
A pocos días de su asunción, el gobernador consiguió que la Legislatura aprobase una parte del paquete de leyes con el acento puesto en materia de seguridad. En la sesión de este jueves, las Cámaras aprobaron la adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. La normativa, conocida popularmente como “ley de narcomenudeo”, permite a la Justicia y las fuerzas de seguridad provincial involucrarse en las investigaciones ligadas al narcomenudeo y avanzar en el desmantelamiento de los puntos de venta de drogas en pequeñas cantidades.
Durante la mañana del viernes, Bastía en conferencia de prensa en el hall de Casa de Gobierno, acompañado por legisladores del oficialismo, brindó detalles de la normativa. Allí el funcionario explicó que la ley permitirá actuar ante los vendedores “que tienen un bunker y actúan impunemente” porque la Justicia Federal está lejos. “A partir de ahora, todos esos actores que corrompen y destruyen a nuestros jóvenes y nuestra sociedad, van a poder ser perseguidos por la Justicia provincial. Y el tratamiento de las grandes bandas, y el narcotráfico, siguen en materia federal”, explicó.
En tanto, durante la sesión del jueves también se sancionó la ley de emergencia en seguridad, que permite sumar recursos al combate contra el delito, además de agilizar los procesos en un contexto complejo. “Con esto se va a poder realizar compras de equipamiento de vehículos y reparación de muchos que están con pequeños desperfectos”, comentó. Al mismo tiempo destacó que la normativa posibilita un “reordenamiento” de las fuerzas de seguridad con el objetivo de sumar policías a las tareas de patrullaje: “Los distintos cuerpos van a ser ordenados de tal manera que van a poder estar trabajando donde nosotros creemos que deben estar, que es en la calle”.
A su vez, la Legislatura avanzó con la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, que resguarda los derechos de los trabajadores en las cárceles. “Es un cambio de una ley del Proceso. Lo que pretende esto es una estructura moderna, mucho más ágil, que equipara a los hombres y a las mujeres. Era una ley de la dictadura la que estaba vigente”, recordó Bastía.
El cuarto proyecto que tuvo el visto bueno de los legisladores es la regulación de los gastos reservados para investigaciones criminales complejas, una iniciativa que busca que todos los gastos realizados por el gobierno provincial estén debidamente documentados. La iniciativa había sido aprobada en 2019, y luego vetada por el gobernador Omar Perotti. “Esto implica que, a partir de ahora, todos los gastos que se tengan para uso reservado deben ser controlados y en un momento oportuno deban ser rendidos”, explicó.
Dentro del paquete de leyes enviado por Pullaro a la Legislatura quedó pendiente para la próxima semana el tratamiento de normativas como el Fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación y las reformas al Código Procesal Penal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, así como también el tratamiento del juicio por jurados, entre otras.
Bloques opositores
En líneas generales, todos los bloques acompañaron las iniciativas elevadas a la Legislatura. La única normativa que tuvo sus reparos fue la ley de narcomenudeo, con algunas objeciones en la Cámara de Diputados. Allí legisladores del peronismo se abstuvieron de votarla, mientras que el Frente Social y Popular votó en contra.
En diálogo con Rosario/12, la diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti, señaló que la ley de narcomenudeo no tuvo resultados positivos en aquellos lugares donde se implementó. “Entendíamos que esto requería un mayor nivel de debate y análisis y que no están sobre la mesa los indicadores que, de manera taxativa, nos habiliten a pensar que esto va a tener éxito”, explicó. Hasta el momento la normativa se puso en marcha en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo aseguró que ya se encuentran trabajando en el análisis de las otras leyes enviadas y adelantó que la postura del espacio es dotar de herramientas al gobernador para perseguir el delito, pero sin que eso signifique “una carta blanca”. “Esto no implica tener una posición obstruccionista de las medidas, sino que vamos a definir caso por caso cómo nos posicionamos ante cada una de ellas”, manifestó.
En la misma línea, Fabián Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, sostuvo que en aquellas provincias donde adhirieron a la normativa se incrementó “la visión punitivista” del tema, sin demasiados resultados concretos. “Poco se ha avanzado en la captura y la disposición a la Justicia de los responsables del narcotráfico y la inclusión de distintas drogas ilícitas en el territorio de cada una de esas provincias”, expresó en diálogo con este medio.
“Generalmente los avances contra los pequeños comerciantes de estupefacientes atentan contra la propia investigación de las grandes organizaciones, porque queda una investigación fragmentada entre la Justicia federal y la provincia”, agregó.
Además, consideró que su puesta en marcha puede significar “una caja inmensa de corrupción” para las fuerzas policiales: “Hasta que no se depure la policía de la provincia de Santa Fe, y se corte con los nichos de corrupción, esto va a ser un gran negocio para la policía. En realidad va a ser un incremento de la tarifa que cobran para proteger a estas bandas que generalmente son narcopoliciales, justamente por la participación de miembros de la fuerza de seguridad en distintos ilícitos que cometen estas bandas”.
Pullaro y el ministro Ferraro repasaron proyectos de Nación en Santa Fe
Punteo de las obras en el limbo
Después de reunirse el jueves con Patricia Bullrich, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro continuó su raid en Buenos Aires con el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, con quien repasaron las obras en ejecución en el territorio provincial con fondos nacionales, de saneamiento, viales, hídricas, entre otras. Un capítulo aparte fue el pedido de información sobre cuál será la política nacional de subsidios al transporte y de energía. Hubo un gesto político que no pasó desapercibido: del encuentro también participó la diputada nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe Romina Diez.
Pullaro buscó en el encuentro darle un orden de prioridades a Ferraro sobre el interés que tiene Santa Fe con respecto a las obras en marcha y las que pueden proyectarse a futuro, independientemente de la forma de financiemto que elija la Casa Rosada.
Al salir, el santafesino que esas prioridades pasan por "llevar adelante el desarrollo de la infraestructura” con el objetivo de “que se pueda desarrollar plenamente la producción de la provincia”. “Tuvimos una agenda muy amplia, que fue desde obras de infraestructura, de saneamiento, viales, portuarias; y también desarrollo energético y de gas”, dijo.
Un tema central fue el futuro de la hidrovía del río Paraná. “El Gobierno nacional tiene la decisión de avanzar con la licitación. La hidrovía es fundamental para la provincia de Santa Fe, pero también para todo el desarrollo del interior de la República Argentina; y entendemos que debemos tener una participación fundamental, así como instituciones que trabajan y velan por el desarrollo productivo”.
“De los puertos ubicados en Santa Fe sale la mayor parte de las exportaciones del país. Santa Fe debe formar parte de la Mesa Nacional de Hidrovía. Pero no solo debemos tener un lugar como Provincia, también solicitamos la incorporación de las bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe”, concluyó Pullaro.
The Shocker
“Mientras los ‘Chicago boys’ han provisto una apariencia de respetabilidad técnica a los sueños de ‘laissez-faire’ y a la avidez política de la vieja oligarquía agraria y alta burguesía de monopolistas y especuladores financieros, los militares han aplicado la fuerza bruta requerida para alcanzar esos objetivos. Represión para las mayorías y ‘libertad económica’ para pequeños grupos privilegiados son en Chile dos caras de la misma moneda”. Orlando Letelier, agosto de 1976.
1. El término shock comenzó a circular de modo asiduo en las últimas semanas a propósito del discurso de Milei y el modo que tomaría la aplicación de las medidas económicas. El plan motosierra supuso un garrafal ajuste fiscal, con una monumental devaluación del peso del 118%, recorte del gasto público, liberalización de los combustibles, el transporte público, las tarifas de luz, agua y gas, apertura de las importaciones y aumento de retenciones a la industria, entre otras medidas. Para enmarcar estas medidas, el domingo anterior en su asunción afirmó: “No hay alternativa posible al ajuste, tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo”, palabras casi idénticas a las que Milton Friedman, una de las referencias teóricas del propio Milei, expresó en el diario chileno El Mercurio un 23 de marzo de 1975: “promover un tratamiento de shock para la economía chilena, la única medicina. Absolutamente. No hay otra. No hay otra solución de largo plazo”.
La idea de shock en tanto medidas económicas se encuentra asociado al ajuste fiscal, la pulverización de los salarios, a la brutal transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados del capital y un debilitamiento del Estado en tanto actor clave del desarrollo económico, de la expansión de derechos y productor de sentidos colectivos. Sin embargo, además de la dimensión económica, debemos reponer otras dos dimensiones que suelen estar ausentes o, en el mejor de los casos, una de ellas presente pero operando de manera accesoria, la otra sí casi por completo omitida en relación al shock. La primera refiere al aspecto represivo que acompaña a todas las medidas de shock, ya que no hay posibilidad de pensar en medidas tan descomunales de saqueo de la riqueza nacional sin el conflicto político y social que ello despierta. La segunda, a un aspecto cultural, la precariedad como modo de vida, “el no saber lo que va a venir como una virtud”.
2. Dos intervenciones públicas en los ’70 advirtieron este necesario matrimonio entre shock económico y políticas represivas. En primer lugar, Orlando Letelier, funcionario de la Unidad Popular chilena, perseguido, torturado y finalmente asesinado por el pinochetismo, decía en agosto de 1976 en el periódico The Nation en Washington: “…un sistema social en el cual la ‘libertad económica’ y el terror político coexisten sin interferirse” y más adelante, aludiendo a Milton Friedman, “…las teorías económicas que él defiende coinciden con una absoluta restricción de todo tipo de libertad democrática”. Unos pocos meses más adelante, el 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh hacía lo propio con el análisis de la dictadura cívico-militar argentina: “Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Ambas consideraciones ponen en evidencia el maridaje entre las medidas de shock económica y efectos regresivos de los ingresos con las políticas represivas.
El pasado jueves, la Ministra de Seguridad de Milei tuvo su primera intervención. Debemos lograr apreciar en su real magnitud lo que significa que en esta primera aparición pública ofreció los lineamientos para reprimir la protesta social. Quiero decir, de esta manera la seguridad queda comprendida en relación al disturbio y la obsesión por no interrumpir la circulación. ¿ La circulación de qué? ¿De personas? Sí, pero no en tanto sujetos de derecho, sujetos jurídicos, sino en tanto portadores de valor, en tanto mercancías. La obsesión es liberar el flujo del Capital, de ahí la relación entre orden, libertad y progreso. David Harvey decía que el Capital no es una cosa, sino un proceso que sólo existe en movimiento; cuando la circulación se detiene, el valor desaparece y todo el sistema corre el riesgo de venirse abajo. De este modo, tiene un gran valor simbólico y material que la primera definición de Seguridad de Bullrich refiera a los piquetes, los que cortan calles, los que protestan. “El que las hace las paga” desde luego que está dirigido al ladrón de poca monta, pero su definición primera estuvo asociada a la protesta social, quienes interrumpen la libre circulación de los factores económicos.
En conferencia de prensa Bullrich involucró a las cuatro fuerzas federales (Policía, Prefectura, Gendarmería y PSA) además del Servicio Penitenciario Federal dándole potestad para reprimir bloqueos de caminos, piquetes o protestas, instando a las fuerzas provinciales para que hagan lo propio en sus jurisdicciones.
Si el día anterior habían sucedido las balaceras en Rosario y las amenazas al gobernador Pullaro, para Bullrich siguió siendo prioritario dar un mensaje abierto en relación a la represión de la protesta social, no a un hecho de una gravedad institucional insólita y a uno de los acuciantes problemas en materia de seguridad que tiene como epicentro la ciudad de Rosario, como es el narcotráfico. La saturación de Rosario con fuerzas de seguridad quedó para después, lo prioritario fue ir contra la protesta.
Lo decía hace casi cincuenta años Letelier, estas medidas económicas tienen como correlato la restricción de las libertades democráticas y en la conferencia Bullrich explicó que parte del modus operandi de las fuerzas represivas debe ser vigilar para evitar una protesta antes de que ésta se produzca, algo que a todas luces resulta inconstitucional.
Bullrich termina la lectura del nuevo protocolo con lo siguiente: “Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garre”. En conferencia dirá “Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, confirmando la tríada conformada por orden, libertad económica y shock, contrarrestando las libertades políticas y democráticas. El vínculo con la dictadura no se encuentra sólo en el eslabón de la vicepresidencia, sino en las medidas económicas de shock y su amalgama con la política represiva. La carta de presentación de la flamante ministra de Seguridad fue hablarle directamente al Capital y garantizar la represión de aquellos sobre los que recaerán las consecuencias sociales calamitosas del shock.
3. Hace unos años, en 2017 escuchábamos azorados y no dejábamos de responder con cierto sarcasmo, las palabras del entonces Ministro de Educación Esteban Bullrich quien, en un foro internacional dijo: “hay que enseñar a nuestros hijos a vivir en la incertidumbre y disfrutarla, a qué no saber lo que va a venir no es un disvalor”.
También respondíamos con sorna los titulares de la prensa hegemónica, sobre la conveniencia de ser despedido, de no tener un laburo estable, etc. Lo comenzamos a llamar militando el ajuste y nos mofamos de ello. Sin embargo, al parecer no entendimos que lo que estaban haciendo, tanto Bullrich como esa prensa, no era una enunciación de principios o no era sólo eso. Estaban describiendo lo que ya ocurría en parte de la sociedad, a nivel de las relaciones laborales, pero también afectivas, institucionales.
La inestabilidad, la precarización se habían instalado como la regla y hasta como principio vital. La existencia de carreras laborales no resultaban ser atractivas y no seducían como proyecto de vida para una generación que experimentaba el cambio, los desafíos, la inseguridad laboral como parte constitutiva más que como problemas o disfuncionalidades a ser resueltas.
En un artículo del Banco Mundial del 30 de septiembre de 2015 titulado “Emprender está de moda en América Latina”, en una sección titulada “Buscar empleo vs. crear empleos”, se decía: “A diferencia de otras generaciones, son cada vez menos los jóvenes que esperan ser contratados por una empresa para comenzar su carrera laboral”. Se alentaba a la escritura de la biografía laboral por los propios involucrados parece señalar el documento, pero a ello se suma la importancia de construir una cultura del riesgo.
Quiero decir, el shock no refiere sólo a las medidas económicas adoptadas, sino también a cierto ethos que comienza a proliferar socialmente, nos encontramos con la proliferación de una mecánica de producción deliberada de crisis, ya que ese escenario es el que haría posible llevar adelante transformaciones que de otro modo, no se podrían hacer. Esta política no tiene el objetivo de resolver o atenuar las crisis, sino de producirla. Gobiernan no para resolver la crisis, sino a través y gracias a ella.
En la edición de 2018 de Le monde diplomatique, Alexandre Roig decía lo siguiente en referencia al gobierno de Cambiemos: “Por primera vez un gobierno induce una crisis profunda para cambiar un régimen de acumulación. En general las grandes transformaciones económicas fueron producto de ciclos donde se incrementaban progresivamente contradicciones estructurales. Estas fueron contradicciones provocadas por el gobierno para favorecer a los sectores más concentrados y rentísticos”. El neoliberalismo no asume la crisis como un elemento propio de la dinámica del Capital que lo reestructura y lo relanza o, al menos, no la piensa sólo de esa manera. La crisis aparece en un horizonte de mayor regularidad y constancia, no asociada a los ciclos económicos y se termina constituyendo en la plataforma a partir de la cual se conduce, se gobierna. Reitero, el neoliberalismo no gobierna con el fin de resolver crisis, sino que gobierna a través y gracias a ellas. El shock no es sólo un conjunto de medidas confiscatorias, es lo que le da nombre a una sociedad inestable, riesgosa, prepotente y antidemocrática.
Dicho todo esto, es un buen momento para volver a leer La doctrina del shock de Naomi Klein, éste debe ser hoy nuestro texto de cabecera.
*UNR-CONICET. Director del Centro de Investigaciones sobre Gubernamentalidad y Estado (CIGE).
Fuente:Rosario12
La motosierra Milei paraliza casi 200 obras públicas en Santa Fe
Hay en la provincia 189 proyectos en marcha que ahora, con el nuevo gobierno, quedarían interrumpidas por la decisión de sacarlas del presupuesto. Con ello, peligran unos 20.000 empleos del sector de la construcción. La lista de obras a caer, una por una.
El parate decretado por el Gobierno nacional sobre la obra pública impacta fuerte en la economía provincial, empezando por todo lo relacionado con el sector de la construcción, trabajadores incluidos. El anuncio del ministro de Economía Luis Caputo implica en Santa Fe que quedan en suspenso 189 proyectos de obra, algunas por empezar, otras en ejecución, que en su mayoría tenían plazo de finalización en este 2024. Según el ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación, todo eso suman contratos por 250 mil millones de pesos. Según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Rosario (CAC), peligran 20.000 empleos de obreros, profesionales y administrativos del sector.
En la CAC anticipan que esta decisión tendrá repercusiones negativas en el nivel de ocupación. Ya se han observado los primeros indicios, con los precios de los insumos aumentando entre un 25 y un 30%, según informaron las constructoras que recibieron las primeras listas de precios.
La construcción en Santa Fe emplea a casi 40.000 trabajadores, de los cuales la mitad está vinculada a contratos de obra pública. El aumento repentino en los precios de materiales básicos podría impactar seriamente en el empleo, como ya se ha observado con notificaciones de despidos en otras regiones, indicó a RosarioPlus.com el gerente de la CAC Rosario, Rubén Llenas.
La incertidumbre se cierne sobre la provincia, especialmente en el ámbito laboral. La falta de claridad sobre el futuro de estas obras públicas genera preocupación no solo entre los trabajadores del sector, sino también en la economía y el desarrollo de la región.
En este escenario, la actividad en Santa Fe depende en gran medida de las acciones que pueda emprender el gobierno de Maximiliano Pullaro. Llenas remarcó el compromiso del gobernador por mantener los contratos iniciados y desarrollar un plan de obras ambicioso, aunque las dudas persisten en cuanto al financiamiento ante posibles reducciones en transferencias desde el Gobierno Nacional y la caída en la recaudación de tributos coparticipables.
El impacto directo se hace evidente en Santa Fe, donde 189 obras en curso dependen de fondos nacionales. Desde el Acueducto Gran Rosario hasta la reparación de la barranca del Parque de España, estas obras, valuadas en $249.767 millones, se encuentran en una situación de incertidumbre.
A nivel municipal, predomina la cautela por ahora, a la espera de mayores precisiones desde el Gobierno central. Es que muchas de sus obras en curso tienen financiamiento mixto de los tres niveles de Estado. Es el caso de las urbanizaciones previstas en muchos barrios de la periferia. Como el caso de Villa Banana, que ya está casi concluido. Pero siguen Ludueña, Los Pumitas, San Martín Sur, barrio Toba, Tablada, y más.
Algunas obras en riesgo son de real envergadura y trascendencia, como el avance del Acueducto Gran Rosario, con la ampliación de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria, por parte del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento), o la finalización del Gasoducto Gran Rosario, costeado entre Provincia y Nación; rutas nacionales 33, 34, 11 y ex 34, por la Dirección Nacional de Vialidad. Lo mismo, la construcción del tercer carril en un tramo de la autopista Rosario - Buenos Aires, a cargo de Vialidad; o la reparación de la barranca desmoronada del Parque de España, por parte de la Dirección Nacional de Vías Navegables.
Lo que sigue es el resto de obras públicas en la provincia de Santa Fe con fondos nacionales, y entre paréntesis, los millones de pesos de presupuesto para cada una:
- Ampliación red cloacal zona oeste y centro (60 millones)
- Edificio anexo Facultad Odontología UNR (162)
- Remodelación vial Baigorria (432)
- Estación elevadora cloacal en B° 7 de Setiembre (41)
- Centros de Desarrollo Infantil en Arijón 647 y en Pérez (95)
- Autopista Ruta 9, Rosario Córdoba, acceso a Funes (475)
- Puesta en valor del Monumento a la Bandera, etapa II (1.464)
- Iluminación led en Ruta Nacional A-012 (99)
- Mantenimiento de corredores viales (3.584)
- Red colectora cloacal en G. Baigorria (99)
- Estabilización cascada A° Saladillo. Etapa II (2.776)
- Red colectora cloacal para cuenca centro y planta tratamiento (1.090)
- Nueva sede complejo agropecuario UNR en Casilda (592)
- Mantenimiento corredores viales en el Depto San Lorenzo (6.704)
Luego, cabe citar otras obras fuera del Gran Rosario pero de alto presupuesto:
- Segunda calzada en dos tramos de R.N. 34 (41.000)
- Rehabilitación RN 7 (2.927)
- Drenaje pluvial en Reconquista (1.777)
- Caminos portuarios y de producción en Pto. Gral. San Martín (541)
- Ampliación planta potabilizadora Santa Fe (11.180)
- Planta depuradora cloacal en Reconquista (3.564)
- Acueducto San Javier (94.081)
Sin descanso para las balas
Asesinaron a dos hombres: uno en Rosario y otro en Villa Gobernador
Gálvez
El primero de los hechos ocurrió en Buenos Aires y
Artigas de la localidad vecina. Falleció un muchacho de 17 años y hay otra
persona herida. En barrio Ludueña mataron a un hombre de 31 años de al menos
tres disparos
16 de diciembre de 2023
Violencia extrema en
Rosario y alrededores. En la noche del viernes dos jóvenes fueron atacados en
Villa Gobernador Gálvez, uno de ellos de 17 años falleció, el otro sobrevivió
con algunas heridas.
Dos jóvenes fueron atacados a tiros este viernes por la noche en
Villa Gobernador Gálvez y uno de ellos murió en el Hospital Gamen, donde
algunas personas provocaron roturas de vidrios. En Rosario, un hombre de 31
años fue ejecutado en barrio Ludueña.
Cerca de las 21.30 las víctimas estaban en en la vereda de
una chatarrería ubicada en Buenos Aires y Artigas cuando sujetos en moto
pasaron y dispararon.
Fueron llevados al Hospital Gamen de dicha localidad. Brandon
Vicente Fernández, de 17 años, murió al ingresar debido a que tenía varios
impactos de bala.
Según se conoció Nicolás Mauricio S. (29), la víctima que
sobrevivió, se había dirigido a hacer una compra a la chatarrería y se encontró
con Fernández en la vereda. Pocos después arreciaron los disparos. Nicolás
sufrió heridas en una mano y glúteos.
En barrio Ludueña, en Rosario, un hombre de 31 años fue
asesinado de al menos tres disparos. El hecho sucedió en República Dominicana
al 100 bis y la víctima fue identificada como Cristian Nahuel Brochero, de 31
años.
Las primeras informaciones señalan que sujetos se bajaron de un
vehículo y le dispararon. Fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente
Álvarez (Heca), pero llegó ya sin vida. Tenía heridas múltiples en abdomen e
ingle. En la escena la policía constató la presencia de cuatro vainas.
La fiscal de Homicidios Valeria Haurigot en trabajo conjunto con
personal de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones investiga
los hechos.
Se espera reunión con las provincias
Pullaro y una advertencia a Milei: “Voy a defender con uñas y dientes
los recursos”
El gobernador de Santa Fe quiere que se compense el
impacto negativo de la eliminación de Ganancias dispuesta por el Gobierno de
Alberto Fernández
16 de diciembre de 2023
El gobernador de Santa Fe,
Maximiliano Pullaro , aseguró que tiene “vocación de diálogo y
voluntad de acompañamiento” para las medidas que impulse el
presidente Javier Milei , aunque aclaró que va a “defender con uñas y
dientes los recursos” de la provincia.
El referente radical indicó que “es una gran posibilidad” que el
próximo martes el jefe de Estado reciba por primera vez a los 24 gobernadores,
pero señaló que “todavía no está 100% confirmado”.
“Es una posibilidad que vayamos los 24 gobernadores a escuchar
las medidas y a dialogar sobre las mismas”, explicó.
En declaraciones radiales, Pullaro remarcó cuál será uno de los
puntos que espera que se pongan sobre la mesa en el encuentro: “De qué manera
compensamos el impacto negativo que tuvo en las finanzas de las provincias lo
que fue eliminar el Impuesto a las Ganancias”.
“Nosotros hicimos las correcciones y los recortes que teníamos
que hacer”, aseguró el santafesino, quien se quejó de que eliminar el Impuesto
a las Ganancias “fue una medida electoralista” de parte del anterior ministro
de Economía, Sergio Massa.
Consultado sobre el paquete de iniciativas legislativas que
prevé enviar el Gobierno al Congreso en los próximos días, expresó: “Vamos a
evaluar las medidas que va a enviar el presidente Milei. Tenemos vocación de
diálogo y voluntad de acompañamiento, pero vamos a defender con uñas y dientes
los recursos que son para las provincias”.
Finalmente, al referirse a la compleja actualidad de Santa Fe en
materia de criminalidad, el gobernador radical manifestó: “Es una situación
difícil, pero que vamos a controlar: vamos a lograr que bajen los índices”.
Además, acerca de las balaceras y amenazas que recibió luego de
trasladar a presos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad, Pullaro
expresó: “Lo que vimos esta semana es una reacción a las medidas que tomamos”.
“Pero hubo una respuesta más fuerte del Estado, porque volvimos
a entrar a los pabellones de los que creíamos que habían provenido las
amenazas. Le mostramos a los delincuentes, a los sicarios y a los narcos que
cuando el Estado quiere y tiene definición política puede más que ellos”,
subrayó.
Y concluyó: “No me van a hacer retroceder en las políticas de
Seguridad. Vamos a ir a fondo contra el lavado de activos, la venta de drogas,
para que las cárceles se reordenen”.
Pasando el filtro
Sin herencias: Pullaro pone la lupa sobre el personal y los contratos de
la gestión de Perotti
El gobernador creó una comisión que revisará la
situación de cientos y hasta miles de agentes del Estado. Además suspendió toda
comisión de servicio de personal del Ejecutivo en otras áreas. Los ministerios
relevarán cada caso del último tramo de la gestión anterior, pero también más
allá
16 de diciembre de 2023
El gobernador Maximiliano
Pullaro dispuso revisar los nombramientos realizados por su inmediato
antecesor, Omar Perotti, en el último tramo de su gestión. El mandatario dejó
sin efecto todas las adscripciones o comisiones de servicio (subrogancias) de
agentes del Ejecutivo que deberán volver a sus puestos laborales originales, y
dejó en revisión pases a planta permanente, contratos y otras decisiones que se
resolvieron después del pasado 31 de agosto, como establece la ley nacional de
Responsabilidad Fiscal (25.917), a la que Santa Fe adhirió). De ese control se
encargará una comisión especial encabezada por el Ministerio de Economía, que
también revisará otros “actos y contratos” que estén fuera del período pero
“podrían presentar vicios de ilegitimidad susceptibles de afectar su validez,
por contravenir el régimen jurídico de derecho administrativo aplicable en cada
caso”.
Los decretos de Pullaro se firmaron el miércoles 13 y se
publicaron en el Boletín Oficial de este viernes 15,
aunque complementan la ley de Ministerios que aprobó la Legislatura antes de la
asunción en la Casa Gris. El artículo 35 de la norma dice: “Autorízase al Poder
Ejecutivo a revisar la asignación de funciones de mayor jerarquía, el
otorgamiento de suplementos, subrogancias, las promociones, los cambios,
transferencias o modificaciones escalafonarias, las categorizaciones, las
titularizaciones, las confirmaciones, los traslados y las designaciones en
planta provisoria o permanente, o pases a planta permanente otorgados a los
agentes de la Administración Pública Provincial, como también las
contrataciones de servicios personales –bajo cualquier modalidad o marco
normativo– a los efectos de verificar si fueron dispuestas conforme lo
establecido en la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal y/o cualquier otra
norma vigente, disponiendo la revocación en caso de que no se corresponda con
el principio de legalidad”.
El decreto 38 suspende “la ejecución de los gastos
administrativos y contratos” que “refieran a personas sin vinculación jurídica
de empleo público o contractual previa con la Administración Pública
Provincial” –no incluye a personal político de alto rango– a las que se les
dará tres días hábiles para referir su situación –“descargo”– tras lo cual cada
caso se informará a una comisión especial. Ese cuerpo estará integrada por el
titular de la Sindicatura General de la provincia (o por quien designe el
síndico), el fiscal de Estado (o quien designe en su lugar), la Secretaría
Legal y Téc
nica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, la
Subsecretaria de Recursos Humanos y Función Pública y la Secretaría de Recursos
Humanos y Función Pública, que será el área de coordinación.
La comisión, dice el decreto, “tendrá a su cargo la revisión de
los actos administrativos” que se hayan firmado en el último tramo del gobierno
anterior y “que dispongan designaciones de personal en carácter de personal
permanente; designaciones de personal en carácter de titulares en cargos
subrogados; otorgamientos de nuevos suplementos y contratación de servicios de
personal en carácter transitorio”. Las figuras pueden, así, encuadrar a
centenares e incluso miles de agentes, pero impone a los titulares de cada área
la tarea de evaluar “los casos en los que pueden proceder jurídicamente a la
rescisión unilateral de los contratos”, cuando “se verifique que no ha existido
efectiva prestación de servicios, existan incumplimientos de los términos
contractuales pactados o el plazo de vigencia del vínculo contractual se
superponga con el desempeño del contratado en funciones de carácter político”.
En cada cambio de gobierno, las autoridades entrantes ponen la
lupa sobre el personal que dejaron las autoridades salientes. Se trata de una
negociación política, cuyos resultados tienden a recaer sobre las situaciones
más evidentes tras el retiro del personal político que cumple tareas en cada
gestión. Pero la poda de Pullaro parece más profunda, aunque recuerda que así
lo hizo la anterior gestión: “Existen antecedentes de procedimientos
administrativos de revisión como el que aquí se instituye, el más reciente
establecido por el decreto 89/2019”, referencia a una decisión administrativa
tomada en el inicio de la gestión de Omar Perotti. Y suma que “corresponde
adoptar disposiciones que permitan conciliar los intereses legítimos de los
agentes estatales al desarrollo de su carrera administrativa, con la
orientación que cada gobierno quiera darle a su gestión, en el marco de las
atribuciones que le reconocen la Constitución provincial, la ley Orgánica de
Ministerios del Poder Ejecutivo dictada en su consecuencia y el programa de
gobierno que eligió la ciudadanía por medio del voto en las elecciones
generales”.
Con todo, a medida que el gobierno de Pullaro avance en el tema
tallarán los dos gremios del Estado, ATE y UPCN. Es que algunos de los trámites
que quedaron incluidos en la ley de Ministerios y en los decretos fueron
negociados con la conducciones sindicales, y se trataban de situaciones de
arrastre que databan de tiempos anteriores, que el gobierno de Perotti
regularizó.
Atención
Este domingo la EPE cortará el servicio en algunas zonas de Rosario para
realizar tareas de mantenimiento
Las obras se realizarán en la red de media tensión.
El servicio estará cortado de 8 a 14 hs en la zona comprendida por 9 de Julio,
Italia, Corrientes y Mendoza.
15 de diciembre de 2023
La Empresa
Provincial de la Energía informó que este domingo
17 de diciembre ejecutará tareas de reformas en la red de media tensión para
garantizar una mejora en el servicio. Con el fin de llevarlas a cabo, es
necesaria la suspensión del abastecimiento de
electricidad. Las obras se realizarán de 8 a 14 hs en
la zona comprendida por 9 de Julio, Italia,
Corrientes y Mendoza.
Las interrupciones se pueden visualizar en la web http://www.epe.santafe.gov.ar/reclamosweb/cortes.php?localidad=ROSARIO y
en el twitter oficial @epeoficial.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Cococcioni destacó las cuatro normas sancionadas
Lo que queda del paquete de leyes sobre seguridad ya no será a libro
cerrado en la Legislatura de Santa Fe
El
ministro de Justicia y Seguridad dijo que podrán actuar con medidas
contundentes y enérgicas en la venta minorista de droga. Subrayó la importancia
de la nueva orgánica del Servicio Penitenciario. Lo que resta en las cuatro
semanas antes del receso.
Sábado 16.12.2023
Mario Cáffaro
"El
proceso de diálogo ha permitido la sanción de cuatro leyes muy importantes y
estamos agradecidos por la escucha y el apoyo incondicional de las dos cámaras
legislativas" le dijo a El Litoral el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni,
al día después de la aprobación de la adhesión a la desfederalización del
narcomenudeo, emergencia en Seguridad, nuevo marco institucional para el
Servicio Penitenciario y el control de gastos reservados para investigaciones
criminales reservadas.
La gestión de Maximiliano Pullaro usó
la legítima mayoría parlamentaria que le concedió la ciudadanía para arrancar
con todo en materia legislativa y en temas que llevaban años de discusión y no
definición como la desfederalización de drogas. Habrá que retrotraerse a la
segunda gestión de Carlos Reutemann, cuando tuvo también amplia mayoría propia
en ambas cámaras, para comparar con lo ocurrido el jueves cuando, en poco más
de cinco horas, mensajes que ingresaron por Mesa de Entradas de alguna de las
dos cámaras fue devuelto como ley a Casa de Gobierno.
El oficialismo legislativo necesitaba dar una respuesta contundente en una semana donde la reacción de sectores vinculados a la violencia y al tráfico de drogas no se hizo esperar cuando la gestión intentó poner orden en la cárcel de Piñero. La reacción fue nada más ni nada menos que amenazar de muerte al gobernador Pullaro y a su familia.
Abroquelados, los diferentes bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe trajinaron pasillos, hablaron con la oposición para votar la mayor cantidad de leyes posibles a libro cerrado. Deben ser muy pocos de los 67 legisladores presentes -faltaron el senador Osvaldo Sosa y el diputado Omar Perotti- que leyeron los extensos textos votados ingresados en rato antes. Es más, en las reuniones previas en Casa de Gobierno hubo borradores donde incluso se sugirieron algunos cambios especialmente en la norma referida a la emergencia en Seguridad. En el caso de Diputados todavía no conformó las comisiones, instancia clave para la relectura de los textos.
Todo parece indicar que el jueves próximo, cuando las cámaras avancen con otros proyectos de seguridad, habrá dictámenes e incluso algunos cambios en los textos. En el propio oficialismo en la Cámara Baja se advirtió de la necesidad de corregir o discutir algunos artículos -no el fondo- de las diferentes leyes, especialmente la reforma a la ley 13.013 del Ministerio Público Fiscal. Todos los proyectos serán leyes, no parece haber dudas, pero aparece la necesidad de analizarlos uno por uno.
En el Senado -más allá del cambio de color político- volvió a primar la unanimidad a la hora de votar y por eso no todos los mensajes llegaron al recinto. En Diputados, los legisladores con experiencia manejaron la sesión que -para colmo- tuvo problemas en el audio interno que terminó afectando el sistema de votación electrónico. A legisladores que se estrenaban en la banca les costaba entender hasta la mecánica parlamentaria.
Cococcioni destacó la sanción definitiva de la ley que adhiere a la desfederalización del narcomenudeo. "La norma nos va a permitir atacar directamente, con medidas contundentes y enérgicas, la venta de droga minorista en los barrios, en nuestros territorios". En los hechos, antes de asumir como ministro tuvo innumerables reuniones con actores políticos, judiciales y policiales para precisar los alcances de la norma que sigue ofreciendo resistencias en el Poder Judicial. El Senado se pronunció en ocasiones en forma favorable a un tema que nunca había prosperado en Diputados. Fue la única ley que no tuvo unanimidad el jueves en la Cámara Baja.
El ministro le dijo a El Litoral que la sanción de la emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario "dota al Poder Ejecutivo de facultades de emergencia, de poderes de emergencia para, por un lado, poder realizar compras, contratar equipamiento, para fortalecer lo que es la infraestructura. Pero también de actuar con recursos para brindar la seguridad pública. Se faculta al Poder Ejecutivo a intervenir por vía reglamentaria en la reasignación de recursos policiales con el objetivo, fundamental, de poner toda la policía en calle, de fortalecer las investigaciones criminales y de reducir al mínimo o directamente bloquear o neutralizar la distracción de recursos policiales. Muchas veces están haciendo tareas administrativas, en el cuidado de presos y demás que no son propias de la función policial".
En cuanto a la nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario apuntó a cambiar el Decreto Ley del año 1978. "La nueva ley implica una modernización de la institución, la equiparación jerárquica entre varones y mujeres, la equiparación de distintas profesiones, y a mediano y largo plazo la creación de la carrera de técnico superior penitenciario para poder ascender al cuadro de oficiales. Es una herramienta fundamental para la profesionalización de la carrera penitenciaria a futuro", destacó el ministro.
Tanto Cococcioni como en el Senado se recordó que la ley de gastos reservados había votado tanto en Diputados como en Senadores favorablemente en 2019, pero había sido vetada por la gestión ejecutiva anterior a cargo de Omar Perotti.
En las próximas semanas se harán las discusiones para las normas que faltan. Cococcioni espera la sanción definitiva de una nueva Ley de Ejecución Penal "que va a regular particularmente un endurecimiento del régimen penitenciario, una restricción de lo que son las salidas transitorias, los requisitos para las libertades de reclusos condenados y, al mismo tiempo, se va a prever expresamente un régimen diferenciado para presos de alto perfil". Los otros proyectos apuntan a reformas a la ley del Ministerio Público de la Acusación, al Servicio de Defensa Penal y al Código Procesal Penal "que van a dar fundamentalmente más herramientas al Estado en la lucha contra el delito".
Caparelli
La concejal radical de la ciudad de Reconquista, Natalia Capparelli, renunció a la banca para pasar a desempeñarse como Fiscal de Estado adjunta de la provincia. Acompañará en la gestión a Domingo Rondina cuyo pliego como fiscal de Estado requiere acuerdo legislativo. El jueves, a las 14, se reunirá la Asamblea Legislativa para aprobar ese nombramiento.
Comisiones en Diputados
El socialista Pablo Farías será el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados y la radical Jimena Senn la de Presupuesto y Hacienda. La nominación se hará el jueves cuando se reúnan ambas comisiones, pero es la decisión acordada entre los bloques mayoritarios de Unidos para Cambiar Santa Fe.
En la última sesión, la Cámara de Diputados votó una resolución con los nombres de los integrantes de las distintas comisiones internas los cuales deberán nominar autoridades. El oficialismo tendrá mayoría en las principales comisiones internas.
Fuente:ElLitoral
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