Funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia
Santa Fe tiene su propia Ley de Inteligencia
El proyecto pasó primero por Diputados, donde cosechó 48 votos afirmativos y una sola abstención de Alejandra Rodenas y luego fue convertida en ley por el Senado.
En la última sesión del año, la Legislatura aprobó una ley clave para la política de seguridad que busca implementar el gobernador Maximiliano Pullaro: la Ley de Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito. De esa manera, el gobierno provincial le da un marco legal al trabajo de inteligencia criminal en el territorio provincial, convirtiéndo a Santa Fe en la primera jurisdicción del país en tener una ley de este tipo. El proyecto pasó primero por Diputados, donde cosechó 48 votos afirmativos y una sola abstención de Alejandra Rodenas y luego fue convertida en ley por el Senado.
En concreto, el denominado Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito busca “establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito”. En ese marco, detalla que abarcará la “producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública”.
El Sistema de Inteligencia funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe y estará integrado por tres áreas: la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE). El área de Inteligencia Criminal deberá producir conocimiento sobre fenómenos delictivos para elaborar con ello políticas de seguridad. Por su parte, la Dirección de Información Patrimonial gestionará información sobre fenómenos económicos delictivos y de lavado de activos; mientras que la CIOPE será la encargada de diseñar información para la definición de decisiones estratégicas, algunas de las cuales deriven o no en una investigación.
Por otro lado, la normativa habilita a que la actividad de producción de información, el personal afectado y las bases de datos de los organismos lleven la clasificación de seguridad que corresponda. En ese sentido, se establecen tres clasificaciones: Secreto (para información cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses vitales de la Provincia); Confidencial (aplicable a todo material cuyo conocimiento no autorizado pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de la Provincia, de una persona, empresa o institución); y, finalmente, Público (para documentación cuya divulgación no sea perjudicial y que por su índole permita prescindir de restricciones para su conocimiento).
En cuanto a las limitaciones impuestas por la propia Ley, se especifica que el Sistema tendrá prohibido la “obtención, producción y almacenamiento de datos de las personas por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, empresariales, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística”. Al mismo tiempo, la norma pone como limitación que “las personas que actúen en el marco de la presente ley no podrán realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas ni cumplir funciones policiales”. Por otro lado, especifica que cuando “sea necesario realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas, seguimientos fotográficos o filmográficos y espionaje acústico", deberá solicitarse autorización judicial.
En relación a las partidas presupuestarias, la iniciativa aprobada menciona que “serán públicas" aunque contempla que “podrán mantener carácter reservado” los fondos que sean necesarios para las actividades de inteligencia y “cuya publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas”. Por otro lado, la Legislatura tendrá la potestad de controlar la correcta aplicación de la Ley mediante una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento, compuesta por cinco diputados y cinco senadores “en la que estarán representados los diversos sectores políticos”.
CORONEL
Cámara Santafesina de Energías Renovables en alerta
Un negocio para pocas manos
"Es una ley que realmente firma la desaparición de las pymes del biodiesel", adviertió el sector sobre el proyecto de Milei.
Los representantes de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) se reunirán hoy viernes con autoridades del gobierno provincial para que intervenga “atento al riesgo” que implican las reformas que propone en el sector el proyecto de Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei. Sostienen que las modificaciones quitan la protección impositiva que rige sobre el sector y que la desregulación del mercado apunta a que las petroleras y mezcladores puedan producir su propio combustible, dejando en pocas manos el negocio de la energía en el país. “Es una ley que realmente firma la desaparición de las pymes del biodiesel, no solo de Santa Fe, sino de la Argentina”, aseguró Marcelo Kusznierz, integrante de Casfer, en diálogo con Rosario/12.
El encuentro surgió a través de una carta pública enviada por Casfer al gobernador Maximiliano Pullaro, donde las pymes elaboradoras de biocombustibles de la provincia manifestaban su preocupación por los cambios planteados dentro del paquete de leyes que el gobierno nacional envió al Congreso. La inquietud de la entidad tuvo rápida receptividad y este viernes mantendrán una reunión con las autoridades del Ministerio de Producción.
El proyecto nacional plantea la modificación de ocho artículos de la ley 27.640, donde se establece el marco regulatorio para la elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles y deroga otros diez artículos. Desde el sector entienden que estas modificaciones provocarían “un colapso” de las pymes dedicadas al biodiesel en la Argentina.
Según explicó Kusznierz, la iniciativa “libera el mercado de biodiesel” habilitando la importación del producto, libera el precio y elimina el porcentaje fijado para la protección del corte mínimo obligatorio; y habilita tanto a las grandes petroleras como a las mezcladoras a producir su propio combustible. A su vez, la medida también elimina la protección impositiva que rige sobre el biodiesel y el bioetanol respecto al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
“Con esas medidas se le estaría dando al lobby petrolero el negocio completo de la energía en la Argentina”, advirtió el empresario. “Lo que se hace es liberar las fuerzas del mercado sobre las pymes de la provincia de Santa Fe, y de la Argentina en general, dejando en manos de los grandes grupos concentrados, como son las aceiteras y las petroleras, tanto la producción como la compra y la venta”, agregó Kusznierz.
Para el dirigente, los cambios propuestos en la Ley Ómnibus de Milei van en contra del espíritu y los objetivos planteados por la ley vigente, como el ahorro de divisas, la industrialización de la ruralidad y la protección del medio ambiente. “Que se permita la importación de biodiesel con la escasez de dólares que hay es una cosa increíble, la industria del biodiesel se creó para ahorrar divisas porque en nuestra producción se paga en pesos y dejamos de importar gasoil con la sustitución de importaciones”, remarcó.
En la provincia de Santa Fe hay diez plantas elaboradoras de biocombustibles, la mayoría de ellas instaladas en comunidades pequeñas que motorizan las economías regionales: “Por eso nosotros hablamos del arraigo rural que traen estas plantas, que están lejos de los puertos. Eso es importante porque generan todo un movimiento económico. El sector pyme del biodiesel de Santa Fe le da trabajo y sustento a unas 2.500 familias”.
“Nosotros pedimos que esté el gobernador Pullaro para darle entidad al reclamo, porque es un problema muy grave para nosotros. Esto realmente nos deja fuera de toda competencia”, sostuvo Kusznierz. Y agregó: “Quieren modificar una ley que, si bien es perfectible, te permite trabajar. La incorporación de estos artículos realmente firman la desaparición de las pymes del biodiesel, no solo de Santa Fe, sino de la Argentina”. En ese sentido, el dirigente de Casfer remarcó que el biodiesel es “un combustible de transición” al que están apostando los principales socios comerciales del país. “Mientras que otros países están pensando en una agenda de aumento de corte, nosotros desacreditamos ese potencial y dejamos en manos del libre mercado una tecnología limpia que hay que proteger porque cuida al medio ambiente”, explicó.
Para Kusznierz, los biocombustibles son “un sector pujante” en el que el Estado no solo debe intervenir, sino también potenciar y proteger: “Es un ámbito donde se apuesta a la economía de la investigación y los nuevos desarrollos, que generan empleo y arraigo rural".
Desde Casfer esperan que diputados y senadores nacionales por Santa Fe tengan en cuenta la situación del sector en el tratamiento legislativo.
Gabinete ampliado
CREO se alínea con Pullaro
Gabinete productivo
Lanzaron el plan Aprender
Imputaciones por el crimen de Leoncio Bermúdez en el hospital Provincial
Matar un policía entraba en el pago
Fiscalía reveló la trama del frustrado rescate de un reo en el que mataron al uniformado. El rol del menor y el precio del encargo. Penitenciarios bajo la lupa.
La fiscal Gisela Paolicelli imputó ayer a tres personas por el crimen del policía Leoncio Bermúdez, ocurrido en medio del fallido intento de rescate de un preso que era atendido en el Hospital Provincial. La pesquisa señaló a Pablo Cristian Gastón Sosa de 22 años como quien ingresó al centro de salud para rescatar a Gabriel Lencina, y que al fallar en el intento, en la huida mató a tiros al policía. También fueron acusados los reclusos Joel Gabriel Ibarra y Lautaro Román Núñez –alojados en el pabellón 9 de Piñero–, por haber sido quienes planificaron el golpe, por el que ofrecieron un pago de 2 millones de pesos en caso de lograr el cometido. Todos quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, según resolvió la jueza Verónica Lamas González, que consideró como agravante que se trató de un crimen de odio, una calificación legal que habían pedido los abogados querellantes Nair Moreno, Nicholas Oviedo y Gabriel Sarla.
Los investigadores del asesinato ocurrido el 14 de noviembre creen, como expusieron ayer, que un adolescente de 15 años fue el encargado de reclutar a los demás partícipes del intento de rescate de Lencina, condenado por dos homicidios. También quedó bajo la lupa judicial el Servicio Penitenciario santafesino, ya que solo pasaron cinco minutos entre que un custodio del preso internado informó a sus superiores sobre el alta médica, hasta que un detenido en la cárcel de Piñero se contactó con el adolescente de 15 años para armar el plan de “rescate”.
Paolicelli imputó a Sosa como el autor material, mientras a Ibarra y Núñez también por homicidio agravado por promesa remuneratoria, al entender que fueron quienes avisaron al adolescente que el preso internado en el hospital tenía el alta. El reo Lencina está actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, donde cumple una condena unificada en 22 años y 2 meses de prisión por dos homicidios.
Según la investigación, el 13 de noviembre pasado alrededor de las 22, el preso, que estaba alojado en el pabellón 9 de esa cárcel, fue trasladado por el Servicio Penitenciario al Hospital Provincial con diagnóstico de tuberculosis.
Tras ser atendido, a las 2.45 de la madrugada del martes 14 se indicó su internación, y a las 18.43 el personal del Servicio Penitenciario a cargo de la custodia notificó a sus superiores vía WhatsApp que el interno “recibió el alta y solicita el correspondiente traslado de regreso a la Unidad Penitenciaria”, explicó la fiscal. Cinco minutos después, a las 18.48, otros dos detenidos en la cárcel de Piñero, identificados en la causa como Ibarra y Núñez, se comunicaron con teléfonos celulares, cuyo uso está prohibido en prisión, con un menor de 15 años para indicarle que convoque a personas con el fin de liberar a Lencina del hospital, antes del traslado de regreso a la cárcel.
Paolicelli detalló que para eso ofrecieron 2 millones de pesos, constancia que quedó registrada en conversaciones de la cuenta de Instagram del menor de 15 años, que está detenido a disposición de un Juzgado de Menores. El adolescente comenzó la tarea de reclutamiento de "mano de obra" para liberar a Lencina y en un mensaje le dijo a su interlocutor que había que “rescatar a uno de los jefes, que está en el hospital”.
“No hay que matar ni nada. Está todo arreglado. Dos millones de pesos pagaron y el jefe sale solo”, escribió el menor en el mensaje que la fiscal convirtió en evidencia durante la audiencia de ayer. Pero en otro mensaje en los que ofrecía “el trabajo”, escribió: “Hay que rescatar a uno de los jefes. Está en el hospital con un cobani”, y agregó que “hay que matar al cobani, lo que sea, pero hay que rescatar al jefe”.
De acuerdo con la acusación, finalmente el chico tomó un remis y pasó a buscar a otro menor, de 14 años y también a disposición de un Juzgado de Menores, y de camino subieron al vehículo a Pablo Sosa hasta llegar al hospital Provincial.
Condena para los conductores que mataron a David y Valentino Pizorno
De la bandera a cuadros a 12 años de cárcel
El tribunal aceptó la coautoría que planteó la fiscalía para los dos hombres que corrían la fatal picada, a pesar de que uno solo chocó el auto de las víctimas.
Cintia sintió ayer algo de alivio, a casi tres años del siniestro vial en el que perdió a su esposo y a su hijo de 8 años cuando dos conductores que corrían una picada embistieron el auto familiar. Los dos acusados fueron condenados ayer a la pena de 12 años de prisión y diez de inhabilitación para manejar. La mujer, sobreviviente de la colisión fatal, valoró el hecho "inédito" de que se haya sentenciado a ambos como coautores del delito, cuando uno fue el que impactó el coche en el que viajaban las víctimas. Se trata del primer caso en la provincia que tiene en cuenta la coautoría funcional. "Fueron muchos años, estoy agradecida a quienes nos acompañaron. Cargamos con mucho dolor. Siento algo de paz para Valen y para David. Hice todo por ellos dos, para que se haga justicia", dijo con la voz quebrada, y se esperanzó con que este tipo de procesos "sea un poco más ágil para las familias".
El tribunal integrado por Fernando Sosa, Rafael Coria y Paula Álvarez condenó por decisión mayoritaria a Germán Schoeller y Pablo Mancini, quienes llegaron a juicio acusados por correr la picada fatal que corrían la noche del 20 de marzo de 2021 cuando uno de ellos impactó contra el auto en el que viajaba la familia Pizorno, provocando la muerte de David y Valentino.
El tribunal los sentenció tras el juicio oral y público, al considerarlos coautores del delito de participación en prueba de velocidad o destreza sin la debida autorización de autoridad competente, en concurso real con homicidio simple y lesiones graves, hechos cometidos con dolo eventual -se representa el resultado como posible-.
Schoeller, de 39 años, y Mancini, de 38, enfrentaban pedidos de pena de 18 años de prisión, por parte de la Fiscalía; y 20, por parte de la querella.
En su acusación, los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Walter Jurado indicaron que los imputados condujeron sin accionar los frenos y sin respetar el semáforo en intermitente rojo, siendo el accionar -de los dos- determinante en la producción del siniestro vial y su resultado. "Esto se corre de la mera imprudencia. El dolo eventual se configura cuando una persona está ejerciendo una acción, se representa el resultado, continúa con la acción, siendo indiferente al daño o resultado que puede provocar", dijo la fiscal al inicio del debate, hace dos semanas. Además, la Fiscalía llevó a los dos acusados como coautores, "porque ambos tenían el dominio del hecho", pese a que solo el Sandero, que manejaba Schoeller, impactó con el auto de las víctimas.
Los fiscales llevaron pruebas de que la picada comenzó unos 300 o 400 metros antes del choque. Mancini manejaba por Avenida del Rosario a 134 kilómetros por hora un Citroën C4; mientras que Schoeller iba a 124, en un Renault Sandero cuando este último impactó contra el auto en el que viajaba la familia Pizorno en el cruce con Ayacucho. En el debate también se juzgan las lesiones físicas y psíquicas que sufrió Cintia Díaz y un acompañante del auto de Mancini.
Tras el fallo, el fiscal Jurado sostuvo que "lo que pidió la Fiscalía se dio, salvo el monto de la pena. Planteábamos la coautoría funcional de los conductores, de lo que no había antecedentes en la provincia", destacó. "Aún no tenemos los fundamentos del tribunal, que es donde veremos bien qué se analizó, pero estamos convencidos de que las pruebas que llevamos a juicio fueron contundentes". Además, indicó que el plazo de los 10 años de inhabilitación para manejar comienza a correr cuando los condenados recuperen la libertad, tras cumplir la pena de 12 años.
En tanto, el voto en disidencia fue del juez Sosa quien consideró que en ambos casos correspondía una pena de 14 años de prisión y 10 de inhabilitación.
ALVEAR
Los autos abandonados
El gobernador Pullaro recorrió en Alvear el galpón donde se resguardan los bienes secuestrados por diferentes causas judiciales. "Durante mi gestión como ministro de Seguridad del gobernador Miguel Lifschitz, realizábamos subastas de los bienes del narcotráfico y del crimen organizado, lo cual era muy importante. Lamentablemente, pueden ver el abandono de este lugar y el de los autos, algunos de alta gama, lo cual marca claramente el miedo y el terror que tenía el gobierno provincial anterior en la lucha contra el narcotráfico, que derivó en el aumento de la violencia, del crimen organizado, del delito y de muertes. Que en los últimos años no haya habido subastas de estos bienes y que muchos se hayan desvalorizado, tiene que ver con decisiones políticas”, aseguró.
El gobernador señaló que en el lugar “hay vehículos que están en muy buen estado, que prontamente van a ser recuperados, y se van a intentar subastar”, pero insistió en que “hay otros que estaban muy bien hace cuatro años atrás pero hoy están abandonados y van a tener que ser compactados".
Consultado sobre si algunos vehículos van a ser utilizados como patrulleros policiales, el titular del Ejecutivo indicó que “algunos van a ser destinados a las fuerzas de seguridad y en investigaciones por parte de nuestra policía y de fuerzas federales; otros, van a destinarse a oficiales superiores que lleven adelante funciones de control del servicio”.
Alejandra Rodenas
Argumentos de una abstención
1. Es necesario poner en valor que, aquellas sugerencias propuestas han sido ponderadas e incorporadas en el dictamen de la comisión interviniente. No es menor que un tema tan sensible y complejo como el que nos ocupa sea puesto en debate a través del proyecto de ley.
2. Por otra parte, no puedo dejar de compartir con todos y todas algunas consideraciones de índole técnica que entiendo deben ser expresadas para argumentar mi decisión de abstención sobre el proyecto.
I) Observo, con cierta preocupación que la estructura conceptual del proyecto es pretender hacer inteligencia para la prevención del delito.
Es necesario considerar que, el horizonte de la prevención del delito es amplísimo, es decir que involucra todas aquellas condiciones estructurales, culturales, temporales, espaciales, individuales, de mercados, criminales o no criminales, que pueden contribuir a que determinadas formas de criminalización sucedan.
Esto no solo expresa una cuestión semántica de la palabra prevención. Sino que es indispensable considerar su amplio espectro como concepto y como categoría: se puede citar a la prevención integral, la prevención situacional, la prevención social por mencionar algunas.
La prevención aborda todas estas variables: las que ocurren antes, durante y después de la comisión de los delitos. De ahí que hablar de inteligencia para la prevención del delito es abrir la puerta a hacer inteligencia sobre circunstancias equivocas sobre la trama social.
Por ende, la idea de prevención asi entendida pareciera no tener “recorte” alguno. Se puede recortar sociológicamente hablando donde se decide intervenir. Entonces, pensar en hacer inteligencia sobre un horizonte de prevención tiene un primer problema, que es justamente la ausencia de límites. Se puede hacer, en el marco de esta ley, inteligencia sobre absolutamente cualquier situación y persona.
II) Una segunda consideración no menos importante y vinculada a la prevención, es que se puede generar reserva y confidencialidad sobre muchísima información, que de otra manera sería pública. O sea, los datos con los que se hace prevención del delito es información que debería ser públicamente accesible, porque se trabaja, básicamente, con indicadores sociales, económicos, propios de la metodología de las ciencias sociales como lo mencionaba.
Ahora bien, si a ese tipo de monitoreo de datos se lo define como inteligencia, se puede generar reserva sobre un conjunto de datos o de información que debería ser de acceso público, y de ese modo se imposibilitan los controles. Se pueden tener los mejores mecanismos institucionales de contralor: la mejor comisión bicameral, una buena ley sobre el control del uso de los fondos reservados, pero si por otro lado no hay libre accesibilidad a la información bajo la excusa de que es inteligencia, de nada sirven los mecanismos institucionales de control.
Por todo esto entiendo que, cuando se propone un sistema de inteligencia criminal, se trabaja sobre un horizonte mucho más recortado, ajustado a un objeto de investigación. Es un horizonte donde hay sospechas de un hecho criminal o bien un hecho criminal en investigación. Este objeto circunscripto no es un concepto elástico y vago de producción de información o de inteligencia para la prevención del delito. Es concreto, con sospechas fundadas, con elementos e indicios sólidos y verosímiles.
III) Otro elemento presente, no menos preocupante, en esta iniciativa es que propone que cualquier investigación que quieran llevar adelante los fiscales, debe pasar previamente, por la jefatura de la PDI.
Para sintetizar se está generando un área dentro del Gobierno Provincial en cabeza del Poder Ejecutivo habilitado para hacer inteligencia sobre un “recorte” que podría ser arbitrario y producir reserva de cualquier clase de información y volverla inaccesible, y que obligaría que cualquier investigación criminal realizada por el MPA, sea de algún modo fiscalizada y burocratizada. Todo este recorrido, además, trae consigo un grave riesgo de filtraciones de información.
IV) Otro aspecto a considerar en términos generales, es la tensión que se genera con las disposiciones de la Ley Nacional de Inteligencia Nro. 25520 y su modificatoria Nro. 27126 al crear un sistema de inteligencia provincial.
Desde mi punto de vista se intenta purgar con la prohibición del artículo 4 toda una serie de actividades en las que se habilitan a los organismos y áreas operativas que la misma crean y que bien podrían estar reñidas con el estado de derecho, toda vez que podrían recolectar información de índole privada que afecte garantías constitucionales, esta actividad debe necesariamente estar supervisada por autoridad judicial, ya sea a través de los fiscales que dirigen las investigaciones criminales, o a través de los jueces según corresponda.
No se ve en el texto del proyecto de ley referencias que hagan intervenir a la Justicia para dichas investigaciones fuera de la del artículo 7, pero esos supuestos que taxativamente enumera este artículo no son los únicos que pueden tener "injerencia en derechos fundamentales".
La realidad es que nuestro régimen procesal penal establece que los fiscales son quienes dirigen las investigaciones, y esta ley, en caso de ser sancionada, otorga al Ministro de Justicia y Seguridad poderes de recopilación de la información a través de los órganos que de él dependen, lo cual entra en crisis o, por lo menos, se superpone con la labor de los fiscales.
Del texto del proyecto se ve que dichos órganos evalúan casi discrecionalmente si le dan o no intervención al Fiscal, especialmente en la última parte del primer párrafo del artículo 9.
En consecuencia, este proyecto autorizaría a realizar las investigaciones sobre hechos que discrecionalmente sean calificados por las autoridades políticas como posibles delitos, para posteriormente decidir si le dan intervención a la justicia o no.
Cuando en realidad la mecánica debería ser justamente a la inversa: si surge un hecho que pudiera ser tipificado como delito, inmediatamente debe hacerse intervenir a la justicia, de la que la policía es auxiliar, y a partir de allí la investigación pasa a ser dirigida por el funcionario judicial. Y esto no puede dejar de estar expresamente dispuesto en el proyecto, en cada artículo de creación de cada órgano, como así también en las misiones y funciones de los mismos.
La utilización de terminología que asocia la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información con la toma de decisiones supuestamente estratégicas en materia de seguridad, no exime de la posibilidad que da el cúmulo de atribuciones que el proyecto otorga a eventuales funcionarios políticos o de cualquier régimen escalafonario dependiente del Poder Ejecutivo, de incurrir en graves violaciones a derechos y garantías constitucionales, amén de que a la luz del análisis realizado, a mi criterio estaríamos en presencia de una clara intromisión del Poder Ejecutivo en atribuciones propias del Poder Judicial, de lo que emerge la posibilidad de que colisione con nuestras Constituciones Provincial y Nacional.
Las “tareas de inteligencia” y vaya connotación histórica de dicho término, podrían configurarse en un instrumento de disciplinamiento, figura que filosóficamente se denominó como panóptico, un gran “ojo” que todo lo ve y se constituye per se en un dispositivo de control y dominación. Un medio de observación, sin ser visto, para la obtención de ciudadanos normalizados y disciplinados.
El relato histórico sobre esta política pública, es particularmente complejo. Su funcionalidad política como dispositivo de persecución y extorsión política es materia de vasta bibliografía especializada. No podemos desconocer la complejidad de la materia que nos impone la necesidad de ser capaces de diseñar una ley que permita implementar un sistema de inteligencia, democratizarlo, transparentar y hacerlo eficaz para proteger los intereses de nuestra provincia sin vulnerar los intereses de los santafesinos.
El costo social, político e institucional que resultaría de iniciar un proceso al margen de grandes consensos en estos temas, en pos de un inmediatismo coyuntural, resultaría enorme y, por ello, pretendemos un debate profundo. Un debate que incluya a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a los ámbitos académicos especializados y centros de estudio sobre la materia, que preanuncie un avance en la calidad institucional de nuestra provincia.
Fuente:Rosario12
Golpe a la Patria
El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, sostuvo este jueves que “si ya
el DNU 70/2023 del presidente era grave, lo de la Ley Ómnibus directamente intenta
llevarse puesto al Poder Legislativo de la Nación”.
En ese sentido, el legislador subrayó que “quieren poner a un costado al Congreso para
gobernar por decreto y con la suma del poder público”. Y añadió: “Están pidiendo por
Ley cerrar el Congreso para hacer lo que se les antoje por los próximos cuatro años.
No es que cambian artículos. Arrasan con todos los derechos y le cambian la vida a la
gente a su gusto y piacere”.
Además, Lewandowski exhortó a que “desde todos los sectores políticos pongamos un
freno a esto”. “En lo que respecta a nuestra fuerza política, nos vamos a oponer a este
DNU y esta Ley ómnibus que mandaron y a las medidas que quieran mandar bajo esta
modalidad, en un paquete cerrado, sin posibilidad de un debate ni discusión democrática”.
También consideró que “esta vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder
Judicial en cada una de sus instancias van a tomar una postura muy clara en defensa de
la institucionalidad porque se están llevando puesta a la República”.
Por otro lado, Lewandowski se refirió a las reformas que establece el proyecto denominado
por el oficialismo como Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: “No
hay un solo artículo que beneficie a los sectores más postergados y de los trabajadores”.
Y remarcó: “Quieren manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que
son miles de millones de dólares que sirve para garantizar el pago de la jubilación, mientras
que destruyen la fórmula de actualización automática de los haberes”.
Finalmente, lamentó que “cada una de las medidas que están tomando son para una
Argentina de muy poquitos”. “Si seguimos por esta senda, los niveles de pobreza que hoy
ya son altos y en el poder adquisitivo con miles de trabajadores que no llegan a fin mes
se van a agravar exponencialmente en pocos meses”, concluyó.
Fuente:RedaccionRosario
Aprobaron el presupuesto y la ley tributaria que pidió Pullaro
Sendas normas fueron tratadas este jueves por las Cámaras
de Senadores y Diputados. "Hay que dar respuestas en salud, educación y seguridad y para eso se necesitan recursos",
justificaron los legisladores oficialistas
POR GUSTAVO SCHNIDRIG
La Legislatura santafesina sesionó este jueves en ambas cámaras para aprobar los
proyectos de Presupuesto y Reforma Tributaria solicitados por el gobernador
Maximiliano Pullaro.
En Diputados, sendas normas se aprobaron por 47 positivos y uno negativo. La
justificación estuvo a cargo de la diputada radical Jimena Senn, quien destacó la
redacción de "un presupuesto posible y que se pudo coordinar, por eso es importante
aprobarlo".
"Hay que dar respuestas en salud, educación y seguridad. Para eso se necesitan
recursos", explicó.
Lo mismo destacó respecto de la Ley Tributaria, que persigue "tres objetivos: sostener
la actividad pyme, no aumentar la carga y atenuar los efectos en la caída de algunos
tributos. Pese a contener aumentos, también incluye beneficios para los buenos
cumplidores".
Ximena Sola, del Pro, celebró que el proyecto incluya “beneficios para quienes
cumplan en tiempo y forma con los tributos”.
“No somos ingenuos y sabemos que hay aumentos para muchos sectores, pero
fuimos cuidadosos en proteger a los sectores productivos y vulnerables de nuestra
provincia”, agregó.
Asimismo el exministro y diputado peronista Walter Agosto detalló la “etapa de diálogo
y recepción” entre las autoridades salientes y electas. “Se fortaleció la institucionalidad
fiscal de la provincia”, rescató.
No obstante resaltó que el presupuesto “está desfasado producto de la inflación”.
Ambas normas contaron con el rechazo del diputado por el Frente Amplio por la
Soberanía, Carlos del Frade. “La verdadera importancia que se le da a los temas se
refleja en los números del presupuesto. Esta gestión destinará 12 centavos de cada
100 pesos en Ambiente, y 10 centavos en Género”, justificó.
También cuestionó que haya “solo 20 personas jurídicas que justifican ingresos por
8 billones de pesos anuales” y no pagan los tributos debidos. “El Estado está al servicio
de los capitales que extranjerizan la economía”, aseveró.
Quien también planteó algunos contrapuntos fue el legislador de Somos Vida,
Emiliano Peralta, quien votó a favor de sendas normas. “Este presupuesto no ideal
pero peor es tenerlo reconducido”, resaltó.
“No encontramos inversión en programas para mitigar el cambio climático”, agregó
como ejemplo. También justificó su desacuerdo al “aumento general en las cargas
tributarias”.
Volvió a perder estado parlamentario el proyecto de ley ESI en Santa Fe
El último intento había sido aprobado en Diputados el 10 de noviembre de 2022 y al no ser tratado en el Senado provincial
en la sesión de este jueves, volvió a perder estado parlamentario.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el 10 de noviembre de 2022 el proyecto
de ley para que se establezca una reglamentación y se garantice el acceso real de la
Educación Sexual Integral en las aulas de la provincia de Santa Fe. El proyecto ingresó
a la Cámara de Senadores y tenía como fecha límite de tratamiento diciembre de este
año. Finalmente, por tercera vez consecutiva -primero en 2018 y luego en 2020-, el
proyecto de ESI provincial perdió el estado parlamentario al no tratarse.
Desde 2008, al adherir a la Ley Nacional 26.150 aprobada en 2006, Santa Fe trabaja
con equipos de ESI provinciales. Por medio de esta norma se establece que las y los
estudiantes tienen el derecho a recibir Educación Sexual Integral en los establecimientos
educativos públicos, sean de gestión estatal o privada. Desde entonces, hace 17 años,
se busca que la provincia regule “el derecho de todos los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes a una ESI laica, con perspectiva de Derechos Humanos, género y diversidades
sexuales; en los establecimientos públicos, de gestión estatal, privada, cooperativa y
social, conforme a su desarrollo, atendiendo a su realidad sociocultural y a sus
necesidades, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional 26150 Programa Nacional
de Educación Sexual Integral”, según el texto del último proyecto presentado.
Esta última iniciativa había sido ingresada a la Cámara de Diputados en marzo de 2022
impulsada por la diputada socialista Gisel Mahmud y el diputado justicialista Leandro
Busatto y acompañada por legisladores y legisladoras de UCR Evolución, PJ, Ciudad
Futura, GEN y PS. El proyecto aprobado en noviembre de 2022 por esa Cámara fue
fruto del consenso que se había obtenido en 2020, al lograr la media sanción anterior.
Finalmente, este tercer proyecto tuvo el mismo destino.
La iniciativa proponía incorporar la Educación Sexual dentro de las propuestas
educativas; asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos,
confiables, actualizados y acorde a la edad de los estudiantes; fomentar actitudes
responsables y de cuidado ante la sexualidad; promover conductas sexuales seguras;
brindar herramientas para la salud sexual y reproductiva; prevenir embarazos no
deseados, disminuir la mortalidad materna por abortos inseguros y enfermedades de
transmisión sexual; entre otros objetivos propuestos en el documento.
Además, el último proyecto establecía la creación del Programa de Educación Sexual
Integral que tenga la tarea de "diseñar, implementar y evaluar las acciones de
Educación Sexual Integral" desarrolladas en el territorio santafesino y establece al
Ministerio de Educación y en el futuro de la Dirección Provincial de Educación Sexual
Integral como autoridad de aplicación.
El proyecto definía, también, que cada institución educativa debe incluir la ESI en su
proyecto institucional, adaptándola a la realidad sociocultural y a las necesidades de
sus estudiantes.
Farmacéuticos se movilizan y anuncian cierre masivo para este viernes
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) anticipó que este viernes
presentará un recurso de amparo ante la justicia para frenar la implementación del
decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del gobierno de Javier Milei por
considerar que “lleva a la destrucción a la profesión farmacéutica” y “pone en extrema
vulnerabilidad la salud de los argentinos”.
La presentación, según precisó el presidente de la entidad, Ricardo Pesenti, será
acompañada por una concentración frente al Palacio de Tribunales, en el centro
porteño, en tanto las farmacias cerrarán sus persianas durante una hora, a partir del
mediodía. Las críticas al DNU contemplan, entre otras cuestiones, la derogación a la
Ley que establece que los medicamentos denominados de venta libre y de
especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán
ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas.
“Esta no es una medida política; de hecho, muchos farmacéuticos votaron a este
gobierno. Sin embargo, creemos que hay desconocimiento de las consecuencias
graves que trae este DNU”, indicó Pesenti.
La presentación de la medida de amparo tendrá lugar este viernes a las 13,
acompañada de una concentración frente al Palacio de Tribunales, en el barrio
porteño de San Nicolás, junto al cese de actividades en farmacias a lo largo del país,
entre las 12 y las 13.
“Con el argumento falso de bajar el precio de los medicamentos, el DNU lleva a la
destrucción de la profesión farmacéutica, minando 20 artículos de la Ley 17.565 de
ejercicio profesional”, sostuvo la Confederación Farmacéutica en un comunicado.
Qué modifica el Decreto
El DNU 70/2023, mediante la modificación de la ley 17.565, elimina la exigencia de
que "los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas,
cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el
territorio de la Nación, en farmacias habilitadas".
También deja afuera el texto que especificaba que "los medicamentos denominados
de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos
o personas autorizadas para el expendio", indicó la COFA.
A su vez, la medida dictada por el Gobierno deja sin efecto lo que establecía la ley,
que determinaba que "la venta y despacho fuera de estos establecimientos se
considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas
por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal".
“También lleva al fin de las farmacias que están en los barrios más alejados, en los
pueblos, beneficiando a las cadenas que se concentran en los grandes centros urbanos”,
detalló COFA.
Además, advirtió que, con estas medidas, “los medicamentos no van a bajar de precio,
porque el precio lo fijan los laboratorios, no las farmacias”, pero “lo que sí va a suceder
es que se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos quitando controles
sanitarios sobre los medicamentos”.
“Si hay desvíos en la calidad, problemas de fabricación, adulteración o falsificación,
no va a haber forma de detectarlo oportunamente ni de retirar esos productos del
mercado”, destacó.
“Los farmacéuticos somos imprescindibles, sobre todo hoy, en un contexto de crisis
del sistema sanitario, cada vez con mayor demanda de atención. Brindamos servicios
fundamentales como el control de la presión, aplicación de vacunas, de inyectables,
curaciones, manejo de la medicación”, concluyó COFA.
Fuente:RosarioPlus
A la calle
Multitudinario acompañamiento
a las Madres de la Plaza 25 de Mayo contra
la autocracia de Milei
Gremios y organizaciones sociales se sumaron masivamente a la ronda de este jueves y
abrieron micrófono para que distintos colectivos expresaran su rechazo al decreto de necesidad y
urgencia y el proyecto de ley ómnibus por el que el presidente busca superpoderes inéditos en
democracia
28 de diciembre de 2023
Unas 2 mil personas se sumaron este jueves a la ronda de las Madres de la Plaza
25 de Mayo en una nueva muestra de respaldo a su histórica lucha y en otra
acción en rechazo rechazo del decreto de necesidad y urgencia número 70, publicado
el pasado 20 de diciembre para derogar, desarticular y modificar más de 300 leyes,
y el proyecto de ley ómnibus del gobierno del presidente Javier Milei, en el cual
directamente le pide al Congreso que apruebe su autoexclusión, confiriéndole
facultades legislativas en todo el espectro, una suma de poder inédita en 40 años
de democracia.
Gremios que integran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, como el
Sindicato de Prensa Rosario, docentes de Amsafé provincial y Amsafé Rosario,
estatales de ATE provincial y ATE Rosario, junto a organizaciones que integran el
Movimiento Sindical Rosarino como Luz y Fuerza, La Bancaria, el Sindicato de
Trabajadores Municipales, colmaron la plaza 25 de Mayo en una concentración en
la que también movilizaron la Corriente Clasista y Combativa, el Centro Cultural La
Toma, y organizaciones sociales y de la economía popular, además de los organismos
de derechos humanos.
La decisión de marchar junto a las Madres, símbolo de la resistencia a la dictadura y
de la búsqueda de memoria, verdad y justicia durante los 40 años de democracia no
fue casual: a medida que se va corriendo el velo y los distintos colectivos van
profundizando en detalle el decreto y el proyecto de ley aparecen sorpresas insólitas
como el uso de togas y martillo en los estrados judiciales hasta el renunciamiento
de la Argentina a su espacio marítimo exclusivo, abriendo la pesca a cualquier
potencia extranjera, o la eliminación del todavía insuficiente andamiaje de protección
ambiental. Organismos de derechos humanos advirtieron un intento de restaurar
la ley de Obediencia Debida, declarada insanablemente nula a nivel legislativo y
judicial, por lo que la coincidencia en distintos niveles apunta a que Milei busca
generar una autocracia, exactamente lo contrario que la libertad pregonada para
alzarse con la mayoría de los votos.
A ello se suma el asedio a través de la aplicación Mi Argentina, que se utilizó para la
vacunación durante la pandemia de coronavirus y amplió su uso a un acercamiento
entre el Estado y la ciudadanía: ahora, en mensajes dirigidos que aparecen en los
teléfonos de cada usuaria y usuario se advierte, tras un saludo personalizado, que
“cortar una calle, avenida o una ruta es un delito penado por la ley”. El mensaje,
difundido hacia millones, puntualiza: “Si va a ejercer el derecho a protestar, tenga
en cuenta que sólo lo puede hacer en lugares habilitados”. Y también remarca: “Si
lo obligan a marchar,
puede denunciar de manera anónima al 134”.
Los comentarios de lectores en todos los medios de comunicación que habilitan el
espacio para opinar se convirtieron ya en un cruce permanente entre quienes
defiende cada acción de gobierno, cualquiera sea la dirección en la que vaya, y
quienes en creciente número se muestran indignados por contenidos, pero más
aún por las formas. Pero entre la primera fracción sobresale una mayoritaria
presencia de perfiles de redes sociales carentes de fotografías o actividad personal
alguna: perfiles truchos que utilizan el anonimato para atacar con violencia, insultos
y descalificación a cualquier expresión crítica.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
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