Argentina. ¿2024 o 1975?
Por Ailín Bullentini
Hay un dato que vuelve imposible esa comparación: los asesinatos y las desapariciones que por aquel año preludio de la última dictadura ya comenzaban a suceder con bastante asiduidad hoy no existen. Sin embargo, algunos flashes de nuestra realidad, de este enero primer mes de, acaso, el gobierno democrático más autoritario que vayamos a vivir, se miran en el espejo de aquella década bisagra en nuestra historia. Perdón, no te saludé, pero es que vengo rumiando hace días con esta cuestión. Buenos días.
Hubo dos episodios la semana pasada que a muches nos dejaron con la boca abierta. La irrupción de la Policía en una función de cine en Caballito, ciudad de Buenos Aires y en una asamblea de vecinos en Floresta.
Voy con la del cine: martes, 22.30/23, película “Wonka” 15 minutos de empezada, se prenden las luces de la sala 9 del Atlas Caballito. Lo que sigue es el relato de Claudio, un hombre que estaba viendo esa peli junto a su compañera y su hijo:
–Entra el personal del cine y dos policías con linternas. El empleado pide disculpas, la interrupción excedía su responsabilidad. Los policías con linternas en mano, comenzaron a revisar bajo las butacas y uno de ellos informa que se trataba de un ‘simulacro para nuestras seguridad’ de acuerdo con una resolución vigente a partir del 1º de enero. Y que se practicaría aleatoriamente en distintos cines.
Sí: canas haciendo una requisa en un cine, anunciando prácticas “aleatorias”. Claudio me siguió contando, estaba indignado. “Me recordó a la dictadura, ¿qué está pasando?”, se preguntaba sin poder creerlo en parte. Él reaccionó, su compañera también, algún que otro espectador se sumó. “Ante el sinsentido y la violencia de la situación la reacción fue decirle ‘esto lo hacen para meter miedo’ a lo que uno de los policías, que respondió que no era así y que cumplía orden de sus superiores. Se les planteó que no tenían derecho a cortar la película sin aviso previo, que cosas como esas retrotraían a la época de la dictadura. Cuando quiso aclarar que era su ‘trabajo’ se le recordó que ya no corría más la ‘obediencia debida’”, resumió.
La info empezó a circular a partir de una entrevista que el periodista Eduardo Fabregat realizó en la radio AM 530. Con el correr del día y el incremento de la difusión, sobre todo vía redes, apareció un comunicado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e información en off de la Policía porteña y la Justicia. Todas las partes explicaron que la irrupción de la fuerza en la sala de cine se debió a una amenaza de bomba en un shopping cercano y lograron interceptar la interpretación del episodio. Sin embargo, los espectadores no fueron desalojados ni recibieron ninguna información al respecto.
Entonces, ¿qué onda?
El miércoles reculó la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, en la discusión legislativa sobre la ley ómnibus de la que terminó quitando el artículo que planteaba que para reuniones callejeras de 3 personas o más había que avisar a las autoridades. Linda carnada metieron con ese artículo: si eso no pasó, ¿qué otras cosas vinculadas a la protesta social sí? Acá la coordinadora de Litigio del CELS, Agustina Lloret, resume un poco.
Como sea, el disfracesito de show woman a Pato le queda pintado, es una pantomima caminando.
En fin. El otro episodio fue más claro en los objetivos. Santiago Brunetto reconstruyó lo que vivieron vecinos y vecinas de la Comuna N°10 el martes a la noche, también, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires irrumpieron en una asamblea que estaban realizando en el barrio de Floresta para organizarse frente a las políticas del presidente Javier Milei. Denunciaron que los agentes les sacaron fotos y les pidieron información sobre la reunión que llevaban a cabo en una de las plazas del barrio.
Sospechas
La sospecha de que en cualquier momento el Gobierno nacional puede pegar el zarpazo y acabar con los juicios a los genocidas responsables de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura sobrevuela en este enero denso. ¿Sería posible?
El lunes pasado, y a raíz de la increpada que le pegaron vía La Nación ella y otres familiares de represores condenados, como la madre y la hermana de Alfredo Astiz, Cecilia Pando salió por radio a señalar directamente a Victoria Villarruel como la responsable de promesas incumplidas de libertad para represores. La vicepresidenta la desmintió.
Pando habla de situaciones “injustas”: prisiones preventivas de más de 20 años, domiciliarias rechazadas a represores de 100 años, rechazos de salidas transitorias. Todo mentira. Si el periodismo tuviera más presente las cifras que grafican el proceso de juzgamiento a genocidas, Pando se queda tecleando en el aire y se termina el asunto. Según el informe más actual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, solo 96 de los 674 genocidas detenidos por su responsabilidad en los horrores de la última dictadura cumple encierro en cárceles comunes.
Desmalezado el planteo, lo que queda es lo que vienen pidiendo desde que el Congreso declaró nulas las leyes de impunidad que les garantizaba la libertad de caminar impunes por las calles a pesar de ser asesinos de la peor calaña y la Corte Suprema su inconstitucionalidad: indulto o amnistía. ¿Es posible? Por lo pronto, Javier Milei, Villarruel y les suyes están abocadísimos a ver cómo hacen para que su DNU del infierno y su destructiva Ley ómnibus salgan victorioses del Congreso. Les está costando, ojalá no lo logren.
Mientras, los medios progenocidas siguen en su camino insistente de bregar por la libertad de sus “héroes”. Esta nota de Paulo Giacobbe para La Retaguardia es un buen análisis. Y Villarruel, en donde puede moverse, hace honor a sus orígenes. El jueves dejó en manos de Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Las últimas apariciones públicas de Rucci fueron para defender el acto negacionista de Villarruel en la Legislatura, en plena campaña electoral.
La milicocracia
Mientras tanto, Milei va llenando las áreas de Inteligencia con milicos retirados. Acá hay una reconstrucción sobre el tema. La semana pasada, además, se oficializó la designación de Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército, como segundo del ministro de Defensa, Luis Petri.
Recogí en la entrega pasada que al frente del Ejército Milei designó a Carlos Presti, hijo de un militar vinculados con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. En esta carta, la Asamblea Desobediente repudia ese nombramiento.
Esta semana, Petri puso en funciones a las nuevas autoridades militares, con un discurso que reitera la postura negacionista y relativizadora del genocidio de la última dictadura.
Otras noticias
A un paso: A Carlos Malatto, represor de San Juan que desde hace más de una década vive en Italia prófugo de la Justicia argentina, le llegó la hora. La Justicia de Roma fijó fecha para la audiencia preliminar preparatoria del juicio oral al que la Fiscalía solicitó se lo sometiera por 8 homicidios perpetrados durante el genocidio vernáculo.
Y a un paso, pero a la inversa, quedó la posibilidad de juzgar en Argentina al excapellán del Ejército Franco Reverberi Boschi, prófugo en Italia desde hace una década también. Luego de que la Justicia italiana y el gobierno local confirmaran la extradición del religioso acusado de visitar centros clandestinos de detención mendocinos durante la última dictadura, el ministro de Justicia italiano dio marcha atrás y rechazó habilitar la entrega del acusado para que la justicia argentina lo juzgue por crímenes de lesa humanidad. Vientos de cambio, que le dicen…
Impunidad biológica: El 9 de diciembre murió Emilio Méndez, uno de los dueños de la quinta en dónde durante la última dictadura estuvo secuestrado el abogado Carlos Moreno, asesinado luego. Por ese hecho, Emilio y su hermano Julio fueron condenados a nueve años de prisión y luego absueltos y estaban siendo juzgados en el debate por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Huerta y otros centros clandestinos del centro de la provincia de Buenos Aires.
Identificaciones: A pocos meses de que cesaran los trabajos de investigación en el Pozo de Vargas, la fosa común más grande de la última dictadura, el Equipo Argentino de Antropología Forense informó a familiares acerca de la identificación de los restos óseos de dos víctimas del genocidio. Ya son 117 los restos identificados en ese lugar.
España: La jueza María Servini no baja los brazos en su intención de procesar al exministro franquista Martín Villa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante aquella dictadura española. Servini ya había procesado a Villa, pero la Cámara deshizo esa decisión y le pidió a la magistrada que junte más información. Y en eso anda.
Hackeo: un usuario desconocido hackeó la cuenta de Abuelas de Plaza de Mayo de la red social X.
Agenda: falta todavía, pero la agencia Telam ya recuenta los juicios de lesa humanidad que retomarán ritmo en febrero, cuando la agenda judicial termine su feria estival.
Memoria
El martes 9 de enero hubiera cumplido 97 años Rodolfo Walsh. Rescato esta entrevista que les compas de Cítrica le hicieron hace algunos años a Lucila Pagliai, una de las cuatro periodistas que, junto a Lila Pastoriza, Carlos Aznarez y Rodolfo, pusieron a andar ANCLA, la Agencia de Noticias Clandestina durante la última dictadura.
* Ailín Bullentini. Docente y periodista especializada en lesa humanidad y crímenes de Estado.
Página12
Fuente:KaosenlaRed
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