Pullaro cuestionó los recursos para el pago de reemplazos docentes
“Nadie resiste con un 32% de ausentismo”
El gobernador se refirió a las negociaciones paritarias con los docentes. Balance del primer mes de gestión con el foco puesto en seguridad, educación y producción.
Seguridad, educación y producción. A un mes de iniciado su gobierno, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó los tres principales lineamientos sobre los cuales viene haciendo foco en la gestión. Mientras transcurre la mesa de negociación paritaria con los docentes, el mandatario apuntó contra al nivel ausentismo y los recursos que se van en pagar reemplazos: “Nadie resiste con un 32% de ausentismo, eso lo vamos a corregir”. También remarcó que recibieron una provincia con un déficit de 200 mil millones de pesos y acusó al gobierno de Omar Perotti de tener “una o dos masas salariales” desvalorizándose en cuentas a la vista del banco. Además se refirió al primer búnker derrumbado este jueves en Rosario, tras la aprobación de la Ley de Narcomenudeo en la provincia: “Nosotros no tomamos a esas personas como víctimas sino como delincuentes. Vamos a ir a fondo y van a pagar por el delito que cometieron”.
El mandatario provincial realizó este jueves un balance del primer mes de su gestión. Primero habló temprano en la Casa de Gobierno de Santa Fe, para luego trasladarse a Rosario donde participó de la presentación del programa “Sumergite en Acua-Verano”, en el Acuario del Río Paraná. En conferencia de prensa, Pullaro compartió con los medios locales un panorama de las principales medidas tomadas durante sus primeros días como gobernador, enfocadas en tres ejes: seguridad pública, educación y la defensa de los sectores productivos de la provincia.
En lo que refiere a materia de seguridad, Pullaro destacó que desde que inició su gestión hay “cinco veces más” móviles operativos en la calle, lo que generó una mayor cantidad de secuestro de armas de fuego por día. También remarcó la reanudación de las investigaciones criminales complejas y la determinación de controlar el servicio penitenciario y la cárcel para el control del crimen. “Creo que eso nos puede dar un importante avance, aunque todavía no estamos conformes con lo que es la gestión en materia seguridad”, evaluó.
En cuanto a la parte educativa, el gobernador aseguró que se tomaron “decisiones muy importantes” como la eliminación del sistema de avance continuo en algunas escuelas, que no contemplaba la repitencia. Al mismo tiempo, celebró que las negociaciones paritarias con los gremios docentes hayan comenzado la primera semana de enero, para tener un mayor margen de debate y evitar perder días de clases. Sin embargo, en declaraciones previas desde Santa Fe, Pullaro cuestionó los niveles de ausentismo y los recursos que destina la provincia en el pago de reemplazos, lo que podría tener repercusiones en la negociación con los gremios.
“Nadie resiste con un 32% de ausentismo, eso lo vamos a corregir. Porque del total, solo un 7% tiene carpetas médicas, hay un 25% que tenemos que ver el motivo por el que faltó”, sostuvo respecto a los números que dieron a conocer los equipos técnicos de la provincia. “El 25% de los recursos del Ministerio de Educación se fueron en pago de reemplazos. Sin estigmatizar al docente, es el sistema que hay que corregir. Porque si resolvemos eso podemos pagarle mucho más a los que trabajan y se esfuerzan. Desde ese lugar queremos discutir”, añadió.
Por otra parte, se refirió a la defensa del sector productivo santafesino, sobre todo a partir de las diversas instancias de diálogo con el gobierno nacional para revisar algunas medidas que iban en contra de los intereses de la provincia. Puntualmente focalizó en la modificación de las legislaciones que regulan en materia de biocombustibles, que generó el rechazo de los pequeños y medianos productores locales. “Fue una medida equivocada a nuestro criterio”, expresó y agregó: “El debate que puso la provincia de Santa Fe hizo que hoy tengamos una ley mucho mejor de la que teníamos”.
Finanzas
En su conferencia en Rosario, Pullaro también se refirió a los números de la provincia y aseguró que las cuentas “están muy mal”. Recordó que Santa Fe finalizó el 2023 con un déficit que ronda los 200 mil millones de pesos, lo que representa un 10% de los recursos que tenía la provincia para gastar en un año. A ese panorama se le suma la eliminación del impuesto a las ganancias por parte del gobierno nacional, que implica para Santa Fe dejar de percibir una masa salarial en concepto de coparticipación y al recorte de programas nacionales que representan unos 120 mil millones de pesos en transferencias de Nación.
“Comparativamente con las finanzas del año pasado, estamos alrededor de tres masas salariales para abajo. Con lo cual, la situación financiera de la provincia es sumamente compleja”, sostuvo el gobernador. “Nos encontramos con un gobierno que durante mucho tiempo dejó de gestionar. Con edificios públicos caídos y la infraestructura en muy mal estado de comisarias, hospitales y escuelas”, agregó.
En ese sentido, consideró que hubo recursos que deberían haberse volcado a infraestructura y que “se malgastaron” o bien “perdieron valor” a partir de decisiones tomadas en la gestión anterior. “Fue un gobierno que tuvo una o dos masas salariales en el banco perdiendo valor con una alta inflación. Ni siquiera con dineros en plazo fijo, sino con cuentas a la vista”, explicó y añadió: “Yo no lo tomo como algo de inoperancia. Digo que cuando tenés faltas de equipos y de gestión, no sabes hacia dónde ir”.
Tumbando bunkers
El gobernador además hizo mención a uno de los hechos de la jornada: el derrumbe del primer bunker en Rosario, luego de la aprobación en la Legislatura de la Ley de Narcomenudeo, que da competencia a la Justicia y las fuerzas de seguridad provinciales, para involucrarse en ese tipo de investigaciones, así como también avanzar en el desmantelamiento de los puntos de venta de drogas en pequeñas cantidades. En el balance de este jueves, Pullaro consideró que avanzar con el narcomenudeo no va a terminar con la problemática del narcotráfico, pero significa un avance en materia de seguridad.
“Ese delincuente que durante muchos años fue tomado como una víctima del sistema, o como un perejil, hoy para el Estado es un delincuente. Es una persona que está enfermando a las personas del barrio y que, en función de los consumos problemáticos que se generan a través de los puntos de venta de droga, se dan muchos delitos contra la propiedad. El robo de celulares y de carteras tiene que ver en muchas oportunidades con los consumos problemáticos que se generan ahí. Vamos a ir a fondo y van a pagar por el delito que cometieron”, evaluó.
Por último, consideró que en lo que va de gestión se modificaron las condiciones de detención de los presos de alto perfil, lo que le valió una serie de amenazas contra su figura. Y apuntó contra la gestión anterior por permitir que las organizaciones criminales “durante cuatro años hicieron lo que quisieron” en la cárcel. “Tenían visitas permanentemente, tenían PlayStation, ingresaban estupefacientes y desde allí organizaban todos los delitos”, aseguró. “Esto se terminó y esa reacción generó un impacto en las organizaciones criminales que me amenazaron a mí y a mi familia”, resaltó.
BANCO
Pullaro condicionó aumentos con el ausentismo docente
Tironeo salarial con chicanas
El gobierno insiste con un argumento que estigmatiza a los maestros frente a la sociedad. El gremio explica que es una falacia.
El gobierno provincial reiteró ayer su posición en la paritaria docente desde donde pretende resistir la actualización salarial que reclamará el gremio: un nivel de ausentismo de las maestras que le hace condicionar la política salarial. Y esta vez fue en boca del propio gobernador Maximiliano Pullaro, quien volvió sobre ese tópico que los sindicatos interpretan con alarma como la reinstalación del ítem de presentismo. Y la réplica vino contundente. Tanto desde Amsafé como desde Sadop, desmienten que los docentes en uso de licencia sean el 25% de la planta, tal como dijo el jefe del Ejecutivo. Lo acusan de tergiversar la realidad para formar opinión equivocada en la población para sacar rédito político en la negociación salarial. Y si no, empiezan a suponer que "quizás el gobierno quiere que la gente vaya a trabajar enferma, como ocurría cuando el presentismo estaba vigente y significaba descuentos de hasta el 40 por ciento del sueldo", respondieron los sindicatos santafesinos de la educación.
El gobernador echó nafta al fuego con sus declaraciones, que reforzaron la posición del Ejecutivo que ya el ministro de Educación, José Goity, definió la semana pasada, en la primera reunión de la paritaria.
Desde el arranque, el titular de la cartera educativa puso sobre la mesa de negociación que "por cada 100 pesos que pagamos de salario, 25 fueron a cubrir reemplazos. Es decir, que Santa Fe paga un 130% de masa salarial respecto de lo que necesitaría cubrir". Si bien aclaró que no considera que eso sea responsabilidad de los trabajadores, señaló que hay "más de 7000 docentes que no tienen carpetas médicas y eso es una responsabilidad nuestra y vamos a trabajar sobre eso, el control del ausentismo", avisó.
Y ayer Pullaro volvió sobre ese punto y lo relacionó directo con una limitación a la hora de planificar la actualización salarial del plantel docente.
"Nadie resiste con un 32% de ausentismo. El 25% de los recursos se usó para pagar reemplazos”, señaló ayer en rueda de prensa a la que convocó para desarrollar un balance de su primer mes de gestión en la Casa Gris.
Desde el ámbito gremial, lo interpretaron como una chicana fácil de desarmar.
"Es demasiado torpe el gobierno si quiere condicionar la discusión salarial con ese planteo. No quieren hablar de presentismo, sino de un incentivo para que los compañeros reduzcan la cantidad de licencias. Estamos en contra de ese planteo", señaló Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafé.
"Discutamos cómo está compuesto ese supuesto 30% de ausentismo. Porque adentro hay compañeros con enfermedades terminales, embarazos, accidentes laborales, licencias por enfermedad, producidas en parte por malas condiciones de trabajo, escuelas rurales con problemas oncológicos por la exposición a agrotóxicos", enumeró.
Y además, reemplazos propios de la dinámica del sistema educativo. "No dicen que también muchos reemplazan a compañeros y compañeras que asumen cargos directivos en las escuelas. Cada escuela de Santa Fe tiene 1 o 2 reemplazos por esta causa. Eso no es ausentismo, son suplencias normales. El gobierno manipula el dato", indicó Juncos.
En el mismo sentido replicó Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario, sindicato de los docentes de escuelas privadas. "Tiran el dato de que 100 mil millones de pesos se van en reemplazos, el 33% de la masa salarial, pero eso no es ausentismo. Ahí dentro hay un reemplazo de una docente que asumió como directora. Los cargos del Ministerio se sacan de las escuelas, y eso también se reemplaza. Entonces, el dato es tramposo, inflado", cargó.
"Si creemos que el problema para invertir en educación son los reemplazos, es no entender el sistema educativo y estamos en un problema grave. Es lindo tener una escuela por pueblo, pero si entramos en la ecuación de cuál es viable y cuál no, se cierra y ahí sí, será el modelo Milei al palo", advirtió Lucero.
"Los climas de época pasan y nosotros vamos a seguir estando acá. No es el primer gobierno de derecha que nos toca. Luego cambia el viento y los gobernantes cambian de opinión. Estos hacían bandera por haber suprimido el presentismo docente con Binner. No se puede ser progresista ayer, y hoy ser de derecha. Es el viejo sueño de los gobiernos de disciplinar a los gremios. El presentismo para el docente es mala palabra, porque implicó que la gente iba a trabajar enferma, o dejaba a sus hijos enfermos en casa para no perder 30 o 40% del sueldo", disparó el titular de Sadop.
Juncos desafió entonces a que el Estado mejore el control. "Para todos esos casos que suponen, hay auditorías médicas. Mejoren la prevención y el control, el seguimiento, eso estaría bien para asegurarse de que no haya abusos. Pero ojo que hay licencias por derechos adquiridos: por embarazo, por estudiar una carrera universitaria. Si no, planteen directamente que de fondo quieren recortar derechos", apretó el dirigente de Amsafé.
La paritaria, en tanto, transita en estos días por discusiones de índole técnica. Todavía no llegaron al tironeo por el aumento salarial. Lo que sí antepusieron los sindicatos (también están UDA y Amet) es que se cumpla con la cláusula gatillo pendiente de la paritaria 2023. Estiman que por la inflación de diciembre y el acumulado de arrastre, debería aplicarse una actualización de 55% para el sueldo de enero, y de allí en adelante discutir la política salarial para 2024. Un round que empezará a librarse en la segunda quincena de enero. Y todavía faltará un mes para el 26 de febrero, fecha propuesta para el inicio del ciclo lectivo.
Tapas
Se vieron en Diputados
Titulares de taxi exigen control de las aplicaciones
Uber deja en la lona a tacheros
La protesta se realizó ayer, y restringió el servicio por la concentración de coches frente al Palacio de los Leones.
Titulares y choferes de taxis se manifestaron ayer en contra de las aplicaciones de transporte y la falta de controles por parte del municipio sobre el servicio ilegal de Uber. La protesta se realizó durante la mañana frente al Palacio de los Leones, por lo que el servicio se vio restringido durante el tiempo que duró la manifestación. Los reclamos del sector fueron escuchados por el secretario de Control municipal, Diego Herrera. Hoy habrá un nuevo encuentro con funcionarios del área, con la advertencia de que continúen las medidas de fuerza.
Desde las 9 hasta cerca del mediodía de ayer, distintas agrupaciones que nuclean tanto a peones como a dueños de licencias de taxis se congregaron frente a las puertas de la Municipalidad para expresar su rechazo los servicios alternativos de transporte que funcionan mediante aplicaciones ilegales y, principalmente, la escasez de controles a vehículos que funcionan bajo la modalidad de Uber. Desde el Palacio Municipal fueron recibidos por el secretario de Control del municipio, Diego Herrera, quien escuchó los reclamos de los choferes y titulares de taxis, cámaras de radiotaxis, administradores y mujeres taxistas, mientras que el sindicato de choferes no participó.
En contacto con los medios, Marcelo Díaz, titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), expresó: “Más allá de la situación económica que vive el país, que lo reconocemos, si no hay un control estricto, como había años atrás, donde se incautaban varios autos que trabajaban con aplicaciones ilegales, esto tiene poca vida y es una agonía”. Al mismo tiempo, advirtió que mientras estaban “en la reunión había siete Ubers dando vueltas por la zona, que tenían la aplicación abierta y estaban trabajando con total impunidad” y agregó que incautar “un Uber por día no alcanza”. Por eso, reclamó “que al menos se secuestren entre 10 y 15”.
En la misma línea, el representante taxista alertó que el servicio de Uber no está controlado ni monitoreado por el municipio, no tienen inspección técnica correspondiente y no se sabe quién trabaja: “No sabemos si es un delincuente, un violador o un drogadicto el que maneja". Además, criticó al jefe municipal por no tomar medidas al respecto: “Se lo venimos manifestando hace tiempo al intendente Pablo Javkin, pero tenemos falta de respuestas claras para erradicar esas aplicaciones que precarizan y que ponen en riesgo a la ciudadanía”, sostuvo Díaz.
Si bien Díaz destacó la predisposición del secretario Herrera, aclaró que la desesperación de los taxistas es enorme: “La gente está muy caliente, nerviosa, desesperada. Se están fundiendo las licencias nuevas que se entregaron. Prácticamente la mayoría de las mujeres taxistas que eran empleadas, ya no pueden pagar ni el canon municipal ni la cuota del auto. Todos esos administradores, gente que ponía en choferes y trataban de trabajar en los programas, que ofrecían un buen servicio, se van a caer. Todos se van a ir fundiendo a poco”, reflexionó.
La de ayer fue la primera medida de fuerza que toman en el año pero se suma a los reiterados reclamos contra Uber que tuvieron lugar el año pasado. Durante la jornada de hoy está previsto un nuevo encuentro entre los taxistas y funcionarios del área municipal. En ese marco, Díaz advirtió que, si no hay acuerdo o no se cumplen con los controles, los taxistas están decididos a continuar con las movilizaciones y concentraciones, con suspensión del servicio mientras dure la protesta.
Protesta de organizaciones sociales
Ollas para mostrar la urgencia del hambre
Bajo el lema “Un Rosario de hambre”, distintas organizaciones sociales realizarán el martes próximo una jornada de protesta nacional, que en Rosario tendrá su versión con la instalación de unas cien ollas populares en distintos puntos de la ciudad y de la región. El acto de cierre se realizará al mediodía frente a la sede local de Anses, en Rioja y Sarmiento. “Queremos que la gente vea el hambre que hay en Rosario y el trabajo que se hace en los barrios. Es un hambre que viene subiendo, porque empieza a tener hambre la gente que tiene laburo. A los que tienen empleo no les alcanza el salario y las changas se cortaron porque los sectores medios se quedaron sin excedente, y mucha gente está en la catástrofe de tener que alquilar después de la desregulación que estableció en DNU de Milei”, afirmó Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Rosario.
El dirigente social adelantó que “junto a organizaciones como Barrios de Pie y el Movimiento Evita, entre otras" se movilizarán "porque se ha cortado la ayuda alimentaria para los comedores desde Nación, que era el componente principal para el funcionamiento de los comedores, era algo que llegaba como bolsones o través de ayuda para las ollas populares”.
Delmonte subrayó la complejidad de la situación. "El hambre creció. Se aumentó el padrón de los comedores y también hay más ollas, porque se sumaron nuevos grupos. Y para mucha gente, los comedores en los barrios son parte de su estrategia de supervivencia. El principal aporte venía de Nación. Y las provincias y los municipios sumaban lo que faltaba de Nación. Ahora nos quedamos sin el aporte de Nación. Por eso le pedimos a las provincias que nos acompañen en este reclamo”.
Las organizaciones le pidieron al Ministerio de Capital Humano que “se restablezca la ayuda alimentaria que se suspendió, pero el problema es que no hay con quién dialogar. El 9 de enero se presentó un pedido de audiencia con la ministra Sandra Petovello y no obtuvimos respuesta. El otro problema es que el ministerio de Desarrollo Social está disuelto. Ahora es Capital Humano que absorbió Trabajo, Salud, Educación y no sabemos cómo van a resolver esto cuando lo alimentario es urgente”.
Sobre la jornada del martes, Delmonte adelantó que van a desplegar ollas populares en diferentes lugares visibles de la ciudad "para mostrar lo que hacemos en forma silenciosa en los barrios todos los días o semanas, según los insumos que tengamos". Y destacó que "muchos compañeros, con el plan Potenciar o sin nada, dan su esfuerzo pada dar de comer. Siempre hubo ollas populares en Rosario, pero durante la pandemia esto se multiplicó. Antes del Covid había 40 ollas y ahora hay 112”.
Con relación a la movida del martes, Delmonte estimó que “habrá unos cien puntos donde se instalarán las ollas para dar de comer a quien lo necesite, desde las 10 de la mañana hasta después del mediodía. Después se hará un cierre de jornada frente al local Anses de Rioja y Sarmiento, porque es parte del Ministerio de Capital Humano, donde se entregaría un petitorio”.
El representante de la CCC aclaró que la protesta del martes no incluirá cortes de calles. “Idea es visibilizar la problemática y estar en los principales avenidas”, sin cortes de tránsito.
Un búnker derribado y cinco por derribar por la Ley de Microtráfico
Atacan puestos de venta para pacificar barrios
"Es una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación", afirmó el ministro Pablo Coccocioni sobre la medida autorizada por la justicia provincial.
Al tiempo que ayer el gobierno provincial derribó en el oeste rosarino un primer búnker de drogas en el marco de la Ley provincial de Microtráfico, que rige hace dos semanas en Santa Fe; la Justicia provincial autorizó otras cinco demoliciones de puntos de venta de estupefacientes "históricos" de barrios de la ciudad, en el marco de la misma normativa. "Es una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta", dijo el ministro de Seguridad y Justicia santafesino, Pablo Coccocioni, sobre la demolición de ayer, que fue autorizada días atrás en una audiencia judicial. Por su parte, la titular provincial del Ministerio Público de la Acusación -que a partir de la normativa interviene en las causas de narcomenudeo-, María Cecilia Vranicich, agregó: "Para nosotros fue uno de los ejercicios prioritarios de la gestión". El fiscal Franco Carbone, en tanto, dio detalles de la medida de cese de estado antijurídico que permite derribar otros cinco puntos de venta de drogas.
Como parte de las primeras intervenciones en el marco de la ley de Microtráfico, en vigencia desde el 29 de diciembre pasado, ayer la provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó un "kiosco" ubicado en Riobamba 5000, vinculado a la causa del clan “Riquelme”, en relación a Francisco Riquelme, el preso del penal de Marcos Paz investigado por amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
El ministro Cococcioni, estuvo en el lugar, desde donde señaló: “A trece días de la entrada de vigencia de la ley provincial de Microtráfico, estamos teniendo una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta, más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía, en coordinación con la Policía de Investigaciones y demás fuerzas investigativas. Lo que esta ley permite es la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, la ley permite el derribo o demolición forzosa”, sostuvo. Y agregó: “Esta Ley pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y nos enfocamos en la desactivación del punto de venta en concreto. La justicia federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico; y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta”, dijo.
La medida fue solicitada días atrás por el fiscal Aníbal Vescovo y obtuvo autorización de la jueza María Chiabrera, junto con la imputación de ocho personas que habían sido detenidas por tenencia de estupefacientes para su comercialización.
Cococcioni sumó que se está “trabajando en un programa de intervenciones focalizadas para sostener la convivencia en el territorio; sostener la presencia policial disuasiva y evitar que la actividad ilícita vuelva a instalarse. Los vecinos pueden denunciar acciones irregulares o venta de droga en los Centros Territoriales de Denuncia o al propio MPA que incluso tiene una página web para hacer denuncia online”.
La fiscal general Vranicich, en tanto, apuntó a "aclarar que este búnker que ustedes ven precario, lo hemos priorizado porque es lo que técnicamente llamamos 'un mercado abierto de drogas' que genera violencia altamente lesiva”. Y en ese marco, fue contundente: “Este búnker fue generador de la muerte de una persona; y si damos una vuelta por el barrio vemos que hay una escuela primaria a unos pocos metros y otra escuela a tres cuadras, entonces claramente para nosotros fue uno de los ejercicios prioritarios de la gestión, que como lo dijo el ministro empezó hace 13 días con los mismos recursos”.
Inédito
Según detalló el fiscal Carbone, ayer se solicitó en una sola audiencia judicial el derribo de cinco instalaciones que calificó como "estructuras dispuestas para la venta de estupefacientes al menudeo". Se trata de una medida de cese de estado antijurídico que autorizó la jueza Silvia Castelli. Según indicó el fiscal se trata de medidas de carácter "inédito en la legislación nacional".
"Esto es una investigación proactiva que tiene que ver con las estándares de la nueva ley de Microtráfico. Esta es la primera consecuencia seria e importante para los barrios en los que tomamos intervención", dijo. El funcionario judicial indicó que se trata de lugares en Empalme Ludueña y Tablada. "Uno tiene que ver con "Fran" Riquelme, jefe de una asociación ilícita con más de 15 imputaciones y recientemente imputado por ataques a una comisaría y un hecho frustrado de amenazas contra el gobernador". También mencionó espacios "asociados a la familia Funes", dijo sobre otro clan conocido en las crónicas sobre la violencia extrema.
Carbone detalló que se llegó a esos lugares a partir de una "historización de diferentes incidencias y entrecruzamiento de información que brindó el Ministerio de Seguridad. Trabajamos insistentemente desde la Fiscalía, relacionando diferentes hechos, donde se probó la violencia altamente lesiva que circunda estos lugares donde se disputan espacios de poder, territorios, donde muchas veces encontramos muertes de personas que nada tienen que ver con esto, femicidios en contexto de violencia altamente lesiva, homicidios de niños en estos inmuebles donde solicitamos el derribo".
El fiscal lo dejó bien claro: "No son viviendas, y lo dejó bien claro la jueza. Éstas son instalaciones, no son morada de ninguna persona, puede haber ocasionalmente algún ocupante, pero no está residiendo, sino que está allí para vender droga", señaló.
En ese sentido, recordó que uno de los lugares es una casa de pasillo donde hubo un homicidio hace poco tiempo. "Eran tres instalaciones, pero tienen jacuzzy, comodidades, donde la lógica hoy de venta al menudeo está en vender en la vía pública, en la calle, o guardar la mercadería allí. Hicimos toda una historización sobre el destino espurio que este polirrubro delictivo termina regenteando"
En la audiencia se mencionaron los conflictos dentro de los barrios. "Claramente contextualizamos la violencia en estas edificaciones que afortunadamente, tras la decisión judicial, ya se pueden derribar". Y agregó: "Son lugares históricos, pertenecientes a determinadas familias o apellido del hampa, que hace muchos años pertenecen a ellos".
Según trascendió, se trata de dos edificaciones de Felipe Moré al 600 bis, y otras de Ayacucho al 4300, Biedma al 200 y Necochea e Ivanowski.
Amenazas
El mismo tiempo, la provincia dio a conocer ayer que la Policía de Investigaciones realizó una decena de allanamientos por narcomenudeo y amenazas al gobernador, el fin de semana pasado en Empalme y Ludueña. "A partir del análisis de los teléfonos celulares de los imputados Carlos Román Moreno y Tiziano Díaz surgió información de relevancia sobre la comercialización de drogas vinculadas al “clan Riquelme”, por lo que la Fiscalía, a cargo de Carbone, ordenó tareas de campo necesarias para identificar los búnkeres vinculados al grupo", indicaron sobre las detenciones de las que dio cuenta ayer el fiscal Carbone cuando dio detalles de la imputación a Riquelme. Como resultado del operativo se detuvo a cuatro personas (tres hombres y una mujer) y secuestraron 9 celulares, 3 armas de fuego, municiones y marihuana. Este jueves, indicaron, se realizó la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal.
Fuente:Rosario12
La Justicia ordenó derribar otros cinco kioscos de droga
Lo pidió Fiscalía Regional Rosario y y la jueza Castelli lo convalidó en una medida excepcional. Están en barrios Tablada, Ludueña y Empalme Graneros, y fueron señalados como epicentros de diversos hechos de violencia urbana.
La jueza penal Silvia Castelli, a instancias de la Fiscalía Regional Rosario, ordenó este jueves el derribo de 5 inmuebles en los que se vendían estupefacientes y propiciaron repetidos hechos de violencia, incluso de homicidios.
La medida, según el fiscal Franco Carbone, es “muy novedosa e inédita en la legislación a nivel nacional”, por cuanto una autoridad judicial dispone la desaparición física de un lugar sin que haya un delito concreto sino por el foco de violencia y criminalidad que representa. Se llama, en términos de técnica legal “una medida de cese antijurídico”.
Las construcciones que serán derribadas funcionaban como kioscos de droga y se encuentran en Ludueña y Empalme Graneros por un lado, y en el barrio Tablada por otro. Para los primeros, son bunkers vinculados a la organización criminal liderada por Francisco Riquelme, actualmente en prisión y que acaba de ser imputado por encargar una amenaza contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Para el caso de los bunkers de zona sur, remiten a la familia Funes.
“Si bien ya se hicieron otros derribos, esto es una investigación proactiva vinculado a los estándares de la nueva ley de microtráfico que entró en vigencia en los últimos días. Es la primera consecuencia importante para los barrios en los que intervinimos, dos muy conflictivos. Los inmuebles son simbólicos e importantes”, valoró el fiscal Carbone.
Los edificios a derribar están en Felipe Moré al 600 Bis, Ayacucho al 4300, Coronel Biedma al 200, y Necochea y Pje. Ivanowsky.
La medida es una derivación de la vigencia de la ley de narcomenudeo que habilita a la Justicia provincial a intervenir en casos de tráfico de drogas, antes exclusiva potestad de la Justicia Federal. Como esto hubo esta mañana una demolición de un bunker en barrio Villa Urquiza, Riobamba al 5000.
Carbone explicó que solicitó esta medida luego de entrecruzar información y relacionar diversos hechos de violencia urbana que tuvieron como epicentro esos bunkers referidos. “Se ha comprobado violencia altamente lesiva que circunda a estos lugares, con disputas de poder, territoriales, muchas veces muertes de personas ajenas a estas actividades criminales, o femicidios, o asesinatos de niños o menores. Por todo eso solicitamos el derribo de estos inmuebles que no son viviendas sino lugares de venta de droga”, concluyó.
La caída del poder adquisitivo durante el verano sería de dos dígitos
Según la consultora Ecolatina, entre la escalada de precios de diciembre y lo que sigue en enero, pero paritarias mediante, la retracción del salario perderá al menos 10 por ciento de poder de compra.
La inflación de diciembre fue de 25,5%, según informó el INDEC, y diferentes consultoras estiman que el IPC en enero volvería a rondar el 20%. Esta escalada en los precios no estaría acompañada por abruptos aumentos salariales, aunque muchos sindicatos busquen recomponer los ingresos mediante paritarias cortas.
Teniendo en cuenta este marco, Ecolatina realizó un estudio donde se concluyó que el poder adquisitivo de los asalariados registrados durante el verano tendrá una caída del 10%.
Según la consultora privada, “la inflación promediará 20% mensual entre diciembre y marzo, período para el cual prevemos que el salario real caiga en torno a 10%”.
“Dada la inflación esperada, para que el poder adquisitivo no se erosione en los próximos meses los salarios deberán correr al mismo ritmo. Si bien las ya aceitadas paritarias jugarán su papel, morigerando el deterioro del poder adquisitivo, salir ‘empatados’ de este proceso parece difícil: solamente el salto de la inflación en diciembre dejará perdidas del orden del 10% en términos reales”, resumieron desde la empresa.
En este contexto, desde la consultora señalaron que ante la aceleración inflacionaria “las demandas salariales no se hacen esperar” y que se estima una “combinación de paritarias bimestrales/trimestrales que buscarán ‘ganarle’ a los precios, con otras de ajustes mensuales -algunas virtualmente indexadas-, donde seguramente también proliferen las sumas fijas para compensar un alicaído poder de compra”.
Sin embargo, “todo esto no será suficiente, y el poder adquisitivo de mínima perderá un 10% de su valor durante el verano, por lo que el efecto de la recesión -y el ancla salarial- también jugará su papel en estos meses”.
Fuente:RosarioPlus
En defensa de la industria
Santa Fe y Chaco se unen para defender al sector algodonero
El ministro de Desarrollo Productivo de la
Provincia, Gustavo Pucccini, se reunió en Avellaneda con su par chaqueño.
“Trabajamos unidos para evitar que Nación aplique la suba de retenciones,
cualquier impuesto contra la producción nos pone en desventaja a nivel
internacional, perdiendo competitividad”, indicó.
12 de enero de 2024
Los ministros de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y de la Producción de Chaco, Hernán Halavacs, se reunieron con representantes del sector algodonero para trabajar en defensa de la industria ante la posible suba de retenciones prevista por el Gobierno nacional.
Además, durante el encuentro que se desarrolló en la empresa Dolbi S.A., de Avellaneda, en el departamento General Obligado, se planteó además la necesidad de la defensa de la industria de la maquinaria agrícola, que podría estar alcanzada por nuevos impuestos.
Puccini precisó que “junto a Hernán y entidades vinculadas a la producción de algodón, trabajamos unidos para evitar que Nación aplique la suba de retenciones, en una actividad que es clave para nuestro norte y la provincia de Chaco”, y detalló que “una retención del 15 % la pondría en desventaja frente a otros cultivos, provocaría una caída de la superficie del textil, conllevando una baja de la economía en las provincias productoras”.
Argentina exportó 177,10 millones de dólares en 2022, ubicándose en el puesto 15 entre los países exportadores del rubro. Los principales mercados son Vietnam, Pakistán y Turquía.
En ese contexto, Santa Fe cuenta con 5 empresas que envían su producción algodonera al mundo. En 2022, exportaron 20,7 millones de dólares, representando el 11.5% a nivel nacional.
Puccini alertó que “cualquier impuesto contra la producción nos pone en desventaja a nivel internacional, perdiendo competitividad y dejando a nuestras industrias al borde de la pérdida de esos mercados que tanto cuesta ganar”.
Con uñas y dientes
“Nos estamos reuniendo con todos los actores productivos para escucharlos y fijar agendas de trabajo. Le estamos pidiendo a cada sector datos concretos que nos permitan ir a Nación y pelear por los recursos que generamos y que nos corresponden. Con uñas y dientes, estamos defendiendo la agenda y las preocupaciones de los santafesinos en el plano nacional”, afirmó Puccini.
En este sentido, el titular de la cartera productiva señaló: “Queremos que al gobierno nacional le vaya bien, la gente lo necesita, pero la mejor forma de ayudar que tenemos, es con más producción. Santa Fe es el corazón productivo del país, por eso defender a su producción, es cuidar a los santafesinos”.
“Hoy estamos discutiendo el modelo de país que queremos. Santa Fe fue castigada por los gobiernos anteriores. Todos los días los santafesinos trabajamos y generamos recursos que no vuelven a nuestra provincia, que se quedan en el AMBA. Estas reglas de juego deben cambiar y tenemos la responsabilidad histórica de no mirar para otro lado, de plantearlo, pelearlo y lograrlo”, concluyó Puccini.
Luego del encuentro, los ministros Puccini y Havalacs recorrieron la planta desmotadora de algodón que pertenece a la Unión Agrícola de Avellaneda: “Acá están los fierros con los que Santa Fe le aporta dólares al país. Tenemos que ser conscientes de que las retenciones son un mal impuesto porque generan perjuicio en los mercados internacionales y además resienten la capacidad de las industrias de invertir en más tecnología, en innovación y en generar nuevos puestos de trabajo”.
Trabajo coordinado
De la mesa de trabajo, que convocaron Puccini y Halavacs, participaron los secretarios de Industria, Guillermo Beccani; de Comercio Exterior, Georgina Losada; y de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el representante del ministerio de Desarrollo Productivo en la Región Norte, Martín Ponticelli; y el director de Sanidad Animal, Facundo Méndez.
También estuvieron presentes el senador provincial por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; el diputado provincial Dionisio Scarpin; Alberto Buyatti de Corenosa; Augusto Gastaldo de Sociedad Rural; Mauro Suligoy de Enhebrando Metas; Moschen Dimas de Envoltorios Fardos; representantes de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera; desmontadores de Las Toscas, Villa Ocampo y Avellaneda; y directivos de Dolbi.
Dirigente gremial
Las amenazas al gobernador son “inadmisibles”, dijo Alberto Botto
El secretario general de Luz y Fuerza de Rosario
expresó respecto de las amenazas que “tales acciones son inadmisibles y nos
hemos solidarizado con el gobernador quien, desde el inicio de su gestión,
lleva adelante acciones para atenuar la ola delictiva"
Ante las amenazas de las que fue víctima el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario se solidarizó con el mandatario santafesino quien, como se sabe, debió trasladar a toda su familia fuera de Rosario por razones de seguridad.
El secretario general de Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, expresó respecto de las amenazas que “tales acciones son inadmisibles y nos hemos solidarizado con el gobernador, quien, desde el inicio de su gestión, lleva adelante acciones para atenuar la ola delictiva que desde hace tiempo afecta a la ciudad de Rosario y otras zonas de la provincia”.
“No solo nos solidarizamos ante esta lamentable circunstancia que toca al gobernador y demás miembros de su familia -expresó Botto- sino que acompañamos, como siempre hemos hecho, todas aquellas medidas que signifiquen vida digna y en paz para todas las personas”.
El dirigente gremial sostuvo asimismo que “deseamos vivir en democracia, robustecerla, pero en paz, sin situaciones de violencia que hacen vivir en el temor a los ciudadanos. La situación -sostuvo el dirigente sindical- es propicia para señalar que no queremos una situación en Argentina como la que están viviendo nuestros hermanos ecuatorianos en estos momentos, en donde las mafias han ganado las calles y se libra una guerra interna como bien lo han ratificado los gobernantes de ese país.
“Pero es imperativo -continuó Botto- decir con énfasis que la delincuencia tiene causas fundamentales y esas causas son la pobreza, la exclusión, la falta de adecuada educación, la indiferencia por valores y derechos que son fundamentales, las injusticias de todo tipo, y también un flagelo que afecta al mundo, pero que es más notorio en países en crisis o empobrecidos: el tráfico y consumo de drogas”.
“Es por eso -concluyó- que bregamos, junto a otras instituciones, por la unidad en el propósito de vida digna, paz y justicia para todos”.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Aportes que no llegan
Pullaro y el contexto económico nacional: "Es complicado pero vamos
a seguir adelante"
El
gobernador consideró un error cortar la obra pública de un día para el otro y
aseguró que va a buscar los recursos para continuar con los planes de la
provincia. Déficit y economía "anticíclica".
Jueves 11.1.2024
Nancy Balza
La
provincia de Santa Fe terminó el año con 200 mil millones de pesos de déficit y
un presupuesto de 1 billón 800 mil. "Es decir, más del 10 % de los
recursos que teníamos para gastar, más de una masa salarial. Si sumás que
tuvimos una masa salarial de déficit, que perdimos con el Impuesto a las
Ganancias (que se coparticipaba) y el impacto de los recortes que venía
haciendo Nación fundamentalmente para política educativa y salud pública, la
provincia no está bien financieramente", razonó el gobernador Maximiliano Pullaro este
jueves en Casa de Gobierno, en ocasión de hacer un balance de los primeros días
de gestión al frente de la provincia.
Son números a los que recurrió en varias ocasiones a lo
largo de las últimas semanas para explicar cuál es la situación del territorio
que gobierna desde el 10 de diciembre. Y cerró: "¿Lo vamos a corregir? Si.
¿Lloramos? No. Nos hacemos cargo pero es una situación donde la provincia de
Santa Fe está muy compleja".
- ¿Hasta qué
punto puede condicionar los planes de la provincia este contexto nacional?-,
quiso saber El Litoral.
- Vamos a seguir adelante y a
utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance. Dos cosas sobre
eso: en una economía que pretende achicarse, donde se suplanta la obra pública
y no vienen recursos de Nación, vamos a aplicar una economía anticíclica. La
Legislatura nos permite vender la mitad de los bonos que tenemos para obra
pública.
Hay 40 mil trabajadores que
viven en la provincia de Santa Fe de la obra publica provincial y nacional, por
lo cual, a nuestro criterio, sería un error cortarla de un día para el otro,
porque es gente que quedaría sin trabajo y nos llevaría a una recesión mayor y
a que el Estado tenga que intervenir desde otros lugares.
Entendemos los planes del
Presidente (Javier) Milei pero
nuestros planes también van a seguir adelante. No estamos bien financieramente
pero hicimos nuestros aportes: achicamos nuestra estructura política y de 18
ministerios y secretarías de la gestión anterior bajamos a 11; estamos
achicando todos los gastos del gobierno provincial, de los ministros,
secretarios, directores y, por supuesto, vamos a lograr herramientas que nos
permitan continuar adelante.
Programas
sin definiciones
Respecto del impacto que
tiene la inflación, por un lado, y los aportes que se dejaron de recibir por el
otro, hablaron también las ministras de Salud, Silvia Ciancio,
y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.
Fue en una charla informal con los medios, antes de la conferencia de prensa
que ofreció Pullaro. Pero que permitió conocer, de primera mano, algunos
efectos directos de los recortes.
En el caso del programa
Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad que perciben pensiones no
contributivas, "no estamos recibiendo los fondos y esto impacta en
provisión de medicamentos de alto costo que está sosteniendo el Ministerio de
Salud".
Por estos días se están
buscando respuestas para conocer qué va a pasar con este y otros programas
(Remediar, drogas oncológicas, Redes) que tienen financiamiento muy importante
de Nación pero del que no se tiene precisiones. "Mientras tanto, el
gobierno de Pullaro está dando respuesta".
Discapacidad
pasó, con esta nueva gestión, al área de Inclusión y Desarrollo Humano que
lidera Tejeda. Este jueves la funcionaria reveló que aún no tenía precisiones
sobre la manera en que seguirían las gestiones con una repartición que, a nivel
nacional, no está ubicada ni en el organigrama de Salud ni en Capital Humano.
Son más de 40 mil millones de pesos los involucrados en programas nacionales "que están cortados y los estamos sosteniendo nosotros. Es mucho para una provincia que terminó con déficit", resumió e gobernador
A esto Ciancio sumó el ejemplo
concreto de un paciente con hemofilia que recibe medicación a través del
Programa Incluir y cuyo costo (alto) cubrió el Ministerio "porque no hubo
respuesta ni por si ni por no, y si el paciente no recibe esa medicación, corre
riesgo de vida".
Situación
"compleja"
La misma "situación de
complejidad" describió el ministro de Economía, Pablo Olivares, siempre en
un marco de diálogo informal. Aún sin precisiones por parte del gobierno
nacional, "las perspectivas son de una interrupción bastante importante en
esa transferencia no automática, más allá de la priorización de la asistencia
alimentaria a menores. El resto de transferencias no automáticas podrían estar
sufriendo afectaciones".
"Esto no implica que no
asistamos a cada punto del territorio provincial", aclaró. Aunque,
obviamente, esta situación nos obliga a redoblar esfuerzos y a poner más el
foco en la eficiencia en el gasto: significa que con el mismo peso pueda
impactar más lo que hagamos".
Fuente:ElLitoral
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