El inesperado director del Pami Rosario en la era de Javier Milei
Mayor cinismo era muy difícil conseguir
Designaron al frente de la obra social a un empresario gastronómico que en 2020 bromeó con que la mortalidad del coronavirus podía "reducir el déficit previsional"
La dinámica que el gobierno de Javier Milei y la atmósfera libertaria le imprimen desde hace un mes a la cotidianidad no cesa de deparar sorpresas. Ayer le tocó a Rosario, cuando trascendió que la persona designada para conducir la delegación local del Pami es alguien que, no solo que carece de experiencia en la materia sino que además llegó a bromear (o no) con que la letalidad del coronavirus en la pandemia podría servir para reducir el costo del sistema previsional por la muerte masiva de los jubilados y jubiladas. Se trata del empresario gastronómico Guido Carlos Orlandi, dueño de un restaurante, simpatizante de Milei y allegado a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez.
El nombramiento no es un rumor. Salió publicado ayer en el Boletín Oficial, y el ex diputado peronista Leandro Busatto se encargó de amplificarlo. "El gobierno nacional designó al frente del PAMI Rosario a alguien que consideraba que el coronavirus podía ser 'la solución al déficit en el sistema previsional argentino'. En manos de él está la salud de jubilados y jubiladas", escribió el ex legislador provincial en la red social X.
Atribuyen el nombramiento de este empresario a su cercanía con la diputada rosarina Romina Diez, pero hubo una versión que vislumbró la mano de Karina Milei en esa decisión. Ayer las redes sociales ardieron por esta revelación, y el sujeto en el ojo de tormenta demoró bastante en borrar aquel mensaje de odio.
La resolución del directorio de la obra social estatal de jubilados designó a Orlandi al frente de la Unidad de Gestión Local IX, a cargo de la Gerencia Operativa y Coordinación, para administrar la prestación de la obra social para los afiliados y afiliadas de Rosario.
El 10 de marzo de 2020, en los albores de la expansión del covid-19, previo a la implementación de la pandemia, Orlandi publicó en X: "El coronavirus importado de China puede ser la solución al déficit en el sistema previsional argentino... Ojo al piojo!"
Para el 24 de marzo de ese mismo año, anheló: "Que ironía hermosa que sería pasar el feriado del 24/3 con estado de sitio!".
Y durante toda la pandemia se mostró como un férreo y combativo opositor a las medidas de prevención y restricciones sanitarias que impedían el normal desarrollo de su actividad comercial.
Orlandi, de 38 años y fanático de Newell's Old Boys, es el dueño del resto bar The Club, coqueto local emplazado en la casona de Italia y Rioja. Libertario de la primera hora, cuando Milei pasó de ser un economista mediático a bizarro presidenciable, Orlandi brindó sin dudar su negocio gastronómico para los festejos de La Libertad Avanza cuando en la elección general lograron 3 bancas de diputados nacionales, y luego con el festejo mayor, el del balotaje.
Antes de The Club, Orlandi era el dueño del bar Queen's, que en 2020 cerró con un abultado endeudamiento y pedido de quiebra.
"Ya renunció @orlandi_guido?", se preguntó también en la red social X Martín Lucero, dirigente gremial de Sadop Rosario, entre las numerosas repercusiones que empezó a provocar la novedad. "Es inaceptable que esté en ese cargo. Dénle algo de lo que no dependa la vida y la salud de nuestros viejos. Ya que están tirando chapas para arriba como hacia 'la casta' por lo menos dénle algo que no se peligroso", propuso.
Una trabajadora y delegada del Pami comentó aún sorprendida por la elección del próximo jefe máximo: "¿Qué puede saber este muchacho que es un empresario de la noche para manejar un gigante como es el Pami?".
El arribo de este empresario gastronómico a la obra social de jubilados se dio en simultáneo con la designación de una ex funcionaria del macrismo, la abogada Jorgelina Ferreyra, a cargo del Pami Santa Fe, es decir, la Unidad de Gestión en la capital provincial. Ferreyra ya ocupó ese cargo entre 2017 y 2019. Luego fue candidata a senadora provincial por el departamento Las Colonias por el PRO, pero el año pasado se volcó a militar en La Libertad Avanza.
Esperan datos de la inflación santafesina para convocar a los docentes
Contando pesito por pesito para ofrecer
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó que la semana que viene convocarán a los docentes en el marco de la segunda reunión paritaria. La fecha concreta se difundirá tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia. "Ni bien tengamos el Índice de Precios al Consumidor de nuestra provincia, vamos a convocar automáticamente a los gremios para seguir charlando en el marco paritario", sostuvo Goity".
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de diciembre se conocerá el próximo lunes 15 de enero, un dato clave para conocer el porcentaje de inflación en la provincia de Santa Fe. “Ahí vamos a ver, en función de los recursos que disponemos, cuál es la mejor propuesta para el conjunto de los docentes”, agregó Goity en declaraciones a Aire de Santa Fe.
El gobierno de Santa Fe y los gremios docentes dieron inicio el pasado 4 de enero a la discusión paritaria 2024, en un encuentro llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. El inicio del diálogo estuvo marcado por el cruce de reclamos entre las partes: mientras los docentes quieren que, antes de empezar a discutir el salario del corriente año, se cumpla con los incrementos pactados el año pasado, el gobierno puso el foco en el gasto de recursos que representan los reemplazos.
Uno de los planteos que realizaron los gremios de Amsafé, Sadop, Amet y UDA en la mesa de trabajo tuvo que ver con el cumplimiento de la paritaria 2023 para poder avanzar en la discusión de 2024.
"Cumplir con la paritaria 2023 implica, en primer lugar, que se debe abonar la diferencia salarial producto de la inflación acumulada del año. Hasta el momento tenemos el dato de que fue el 21% en noviembre y todavía falta diciembre, así que va a ser un porcentaje elevado", expresó Alonso.
El otro punto que llevaron a reunión paritaria tiene que ver con la necesidad de ajustar los cronogramas de titularización. El gobierno estableció comenzar el ciclo lectivo el 26 de febrero y se tiene que ajustar para que los docentes que titularicen lo hagan en tiempo y forma antes de esa fecha. "Esto y todos los temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo lo hemos planteado en la mesa", detalló.
La inflación impacta con más fuerza en los jubilados
O se alimentan o toman remedios
Según un informe del Cesyac, una pareja de jubilados rosarina necesitó unos 294 mil pesos para afrentar los gastos básicos.
La inflación de los últimos meses impacta de lleno en todos los sectores de la sociedad, pero en los jubilados se siente con más fuerza. Según el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), los gastos básicos de consumo en el hogar para una pareja de jubilados rosarina fue de $294.159,26 en diciembre, una cifra muy por encima de la jubilación mínima. Para Emeterio Pastor, integrante de la Federación Regional de Asociación de Personas Adultas Mayores (Frapam), se trata de “una crisis insuperable”. Mientras que desde el Frente de Jubilados en Lucha (Frejel), la liberación de precios promueve que los jubilados sigan cayendo en la indigencia. “Hoy en día el jubilado compra los remedios o come. O directamente ni una cosa ni la otra”, sostuvo Carlos Abruzzo, en diálogo con Rosario/12.
Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló que la inflación de diciembre, la primera de la presidencia de Javier Milei, llegó al 25,5% con un acumulado anual de 211,4%. La suba en diciembre fue la más alta en los últimos 33 años, motorizada por el aumento en Bienes y servicios varios (32,7%), Salud (32,6%) y Transporte (31,7%). En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas (29,7%) fue la división con mayor incidencia en todas las regiones, con aumentos considerables en el precio de la carne y el pan.
Los números del Indec van en sintonía con la canasta básica de consumos para el hogar en jubilados, relevada por el Cesyac. Allí se desprende que una pareja de jubilados en Rosario necesitó $294.159,26 para cubrir la compra de productos de consumo masivo y el pago de los servicios básicos para el hogar. El número significó una variación del 16,94% respecto a noviembre y del 162,40% en relación a diciembre de 2022. En medio del ajuste que busca implementar el gobierno nacional, quienes cobren la mínima ($105.713) dependerán de bonos y refuerzos para hacer frente a los gastos básicos.
En los gastos de consumo masivo relevados por el organismo, la mayor participación la tienen los comestibles envasados (35%), seguidos por carnes (32,8%), frutas y verduras (13,1%), bebidas (11,8%) y productos de limpieza (7,3%). Mientras que en lo que respecta a servicios básicos para el hogar, los alquileres e impuestos se llevan gran parte de la fracción de la torta (58,4%), seguido por los servicios de la vivienda (23,7%), transporte (10%) y servicios para personas (8%).
La situación no es nueva para las organizaciones de jubilados de Rosario, que vienen advirtiendo el contexto crítico que vive el sector. “Creo que es una crisis insuperable. Yo cumplí 85 años, soy un jubilado que he vivido muchas situaciones, pero esto ya ha superado los límites en lo que hace a la subsistencia para los que somos los pasivos”, señaló Emeterio Pastor, integrante de Frapam y miembro ejecutivo de la junta consultora de la Defensoría del Adulto Mayor de Rosario. “Comprás los medicamentos y no comprás los alimentos. Es una sábana corta que ya no tiene parámetros para subsistir como jubilado”, aseguró.
En diálogo con este medio, Pastor comentó que día a día se incrementan las consultas en la Defensoría, en su mayoría vinculada a los aumentos desmedidos y las dificultades para hacer frente al contexto económico. “Permanentemente el defensor está recibiendo consultas junto al equipo de trabajo”, remarcó y añadió: “Hay jubilados que están trabajando y otros que dependían de los hijos. Pero ahora los hijos también están superados por esta abrupta inflación y no pueden colaborar con sus padres. Estamos en una rueda sin escapatoria”.
En ese marco, el dirigente comentó que Frapam está convocando a los distintos centros de jubilados para “pedir opinión en forma democrática” con intención de evaluar los pasos a seguir. “Queremos hacer una gestión de reclamo formal e institucional. Acá tienen que participar los municipios y la provincia. Y dar una voz de ayuda en esta situación para que se entienda que esto cada vez va ajustando más”, manifestó.
Por su parte, Abruzzo reconoció que la crisis en el sector no es nueva, aunque sí tiene variantes novedosas que agravan el contexto. “La liberación de precios, el aumento de las cosas y todo lo que eso arrastra nos hace más indigentes. Por más bono que te quieran dar, que no solucionan al problema del jubilado. Hoy en día el jubilado compra los remedios o come. O directamente ni una cosa ni la otra.”, sostuvo. “El sueldo que gana hoy un jubilado con la mínima no alcanza para nada”, remarcó el referente del Frejel, un espacio conformado por jubilados de distintos gremios de la ciudad.
En ese sentido, llamó a “la unidad de todos los jubilados” para sumarse a participar en un reclamo conjunto: “Esto no es un problema de los que nos organizamos, sino de todos. Y si realmente queremos hacer un reclamo necesitamos estar unidos para ser una gran fuerza. Incluso con los activos, que son los futuros jubilados, que tienen que estar dando el apoyo porque el derecho a la jubilación es de los trabajadores de hoy. Por eso nosotros también nos sumamos a apoyar cada reclamo de los activos”.
Por último, el dirigente remarcó que para gran parte de los jubilados la situación se hace insostenible: “Realmente no se puede vivir así. Es una angustia diaria despertarte sabiendo que después de haber aportado tantos años, hoy tengamos que padecer esto. Hoy estar jubilado es una condena”.
Actualizan intereses para impuestos provinciales
En línea con las otras tasas
Los intereses por pago fuera de término de tributos provinciales, se elevarán del 3% al 5,91% desde el próximo 1° de febrero, según lo dispuso el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, mediante Resolución 008 de ayer, que también incrementa las tasas para convenios de pago. “Resulta necesario adecuar al actual contexto económico las tasas de interés aplicables para los tributos de la provincia de Santa Fe, a fin de estimular la cancelación en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos, tasas, contribuciones y toda otra obligación fiscal”.
Así lo reseña en sus fundamentos la resolución, que pone la tasa de interés “en línea” con las que aplica la Afip en la actualidad para las obligaciones nacionales. La tasa vigente desde 2014 “era un incentivo al incumplimiento”, afirmaron fuentes de la cartera.
Ante una consulta, el economista Pablo Olivares ratificó la posición de mantener en la órbita del Estado los servicios públicos que prestan la Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas.
En cuanto a las nuevas disposiciones, para convenios de pago comunes, la resolución establece una tasa del 3% mensual hasta 6 cuotas, 3,5% mensual de 7 a 12 cuotas, 4% mensual en más de 12 cuotas y 7,37% mensual para deudas en gestión judicial. A su vez, la resolución faculta al titular de la Administración Provincial de Impuestos a “morigerar la tasa de interés a aplicar al plan de facilidades de pago acordado al concursado y/o fallido peticionante”.
Derribaron otro bunker y hubo dos nuevas amenazas
Escritos dedicados a Pullaro
Las pintadas contra el gobernador aparecieron en una escuela y un centro de salud. Un mujer amenazó tras el derribo de un bunker.
Fiscalía investiga dos nuevas amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro, que se conocieron ayer al mediodía. Una de ellas quedó escrita en el ingreso a la escuela técnica N° 466, de Rouillón al 1100; mientras que la otra fue plasmada en la pared lateral a la entrada del centro de salud de Teniente Agneta al 1400, a pocas cuadras del establecimiento educativo, y con el mismo contenido. Ambas se dieron a conocer casi en paralelo con la demolición de dos bunkers, realizadas entre la mañana y el mediodía de ayer, por parte del Ministerio se Seguridad y la Justicia provincial, en el marco de la nueva ley de Microtráfico. En una de las edificaciones, perteneciente a la organización delictiva de los Funes, una allegada fue demorada por increpar a los trabajadores, con un bebé en brazos. Desde Seguridad volvieron a remarcar que las intimidaciones tienen que ver con las acciones que está llevando a cabo el gobierno provincial en materia de seguridad.
Las nuevas amenazas se dieron en el marco de una semana agitada: el lunes, una nota intimidante dirigida al gobernado y su familia llegó a la Dirección de Migraciones. Esa misma tarde fue imputado por dos hechos de intimidación pública y amenazas cometidas en diciembre el preso de alto perfil Francisco Riquelme, y se indicó que a partir de las investigaciones de un hecho que quedó frustrado -que buscaba balear una escuela-, está investigado por las amenazas del lunes. Las de ayer, en tanto, mencionaban a Pullaro y una advertencia relacionada con las medidas que se tomaron últimamente en las cárceles. Se trata de decisiones que desde los primeros días de gestión generaron reacciones: hubo tres atentados a edificios de la ciudad, dos de ellos con mensajes amenazantes al gobernador. A ello se sumó que en el marco de la nueva ley de Narcomenudeo entre viernes y martes la Justicia ordenó, en dos audiencias, demoler seis puestos de venta de droga.
"Vinimos a ver las obras de gas que se estaban habilitando y me encuentro en la entrada con la pintada. Al principio de la semana, esto no estaba", dijo el director escuela técnica, en Radio2, en relación al mensaje amenazante que se analiza en el marco del traslado de presos “alto perfil" y tareas de control realizadas por la provincia en las unidades penitenciarias. Poco después, se dio aviso de que el mismo mensaje se dejó en el centro de salud ubicado a cinco cuadras de la escuela técnica.
Demoliciones
En la misma jornada, la Provincia derribó otros dos puesto de venta de drogas en el marco de la Ley de Narcomenudeo, que se sumaron al primero, demolido el miércoles, y que según se indicó pertenecía a la banda de Riquelme, el detenido en el penal de Marcos Paz sobre quien la Justicia y la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich ordenaron restricciones de visitas y comunicaciones. Es que las imputaciones que se le hicieron fueron por determinar hechos de violencia desde la cárcel de Ezeiza.
Las nuevas demoliciones tuvieron lugar en Ayacucho al 4300 y Biedma al 200. En el primer punto de venta, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, aclaró que el contenido de la normativa que rige desde el 29 de diciembre pasado “incluye la demolición, el derrumbe de las instalaciones, así como, en algunos casos, va a incluir el desalojo de las personas que están usurpando ese lugar para la venta”.
En ese marco, Cococcioni remarcó la importancia de la ley provincial contra el narcomenudeo, que fue enviada a la Legislatura por el gobernador Pullaro: “La ley, para su aplicación plena va a demandar nuevos recursos, mayores actividades de coordinación, transferencias presupuestarias que tienen que venir del gobierno nacional, y que ya se están reclamando, porque estas causas eran de jurisdicción nacional y ahora son provinciales”, sostuvo.
Según se indicó, el lugar ubicado en barrio Tablada pertenecía al clan Funes, cuyos integrantes están detenidos. "Esta instalación históricamente perteneció al clan Funes, aliado a Francisco Riquelme, y no era morada de ninguna persona. Es una propiedad que era allanada desde hace 20 años, donde se lo buscaba a su padre que era conocido en la zona por delitos de piratería del asfalto", recordó el fiscal Franco Carbone, que solicitó la medida ante la jueza Silvia Castelli. "Es emblemático este inmueble", agregó en relación al lugar que solo en los últimos 3 años tuvo unos 10 allanamientos. "Hubo cantidad de reportes por abusos de armas y muertes circundando este inmueble", agregó.
Luego de la conferencia de prensa en ese lugar, personal policial llevó en carácter de demorada a una mujer allegada a Alan Funes -preso por diferentes delitos- que se acercó con un bebé en brazos y según se pudo saber profirió amenazas a los obreros.
Fuente:Rosario12
Las bibliotecas populares podrían desaparecer si se aprueba la ley ómnibus
Las bibliotecas culturales son asociaciones sin fines de lucro que cumplen, desde hace décadas, una función social muy importante para los barrios rosarinos: brindar acceso a la cultura para todos por igual.
Los establecimientos que prestan esta labor fundamental para el desarrollo de la comunidad, y que escapa a la lógica del mercado, se encuentran en riesgo por la implementación del DNU 70/2023 y la posible aprobación de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentino".
“Sería la muerte de muchas de las bibliotecas populares”, lametó Analía Ruscica, integrante de la Asociacion de Bibliotecas Populares de Rosario, en referencia a la posible aprobación de la ley ómnibus que se debate en el Congreso de la Nación. “Tendríamos que elegir entre pagar la factura de luz o comprar libros, y eso va en contra de la calidad del fondo bibliográfico que tiene una biblioteca. La pérdida sería gravísima”, agregó.
En diálogo con Rosarioplus.com, la referente de la Biblioteca Popular Dr. Franzini Herrera comentó que "hay bibliotecas, en zonas muy complicadas, donde los socios no pueden pagar una cuota muy alta (el valor promedio es de 500 pesos)".
Rosario cuenta con 25 bibliotecas populares donde se atesoran más de 625 mil libros. En dichos establecimientos se realizan talleres (más de 200 en total), eventos cultulares y presentaciones de libros. Más de 400 personas colaboran de forma gratuita en las bibliotecas y los casi 13 mil socios aportan una mínima cuota para poder mantener las diferentes entidades. “Los fondos que se van generando son para invertir en el funcionamiento del lugar”, explicó Analía.
Las bibliotecas populares pueden sostener su funcionamiento gracias al aporte de sus asociados y los tres estamentos del Estado (Municipalidad, Provincia y Nación). Aunque los subsidios locales y provinciales están garantizados para este 2024, el aporte a nivel nacional, el más importante en fondos y capacitaciones, está en duda.
“Está frenado el funcionamiento de CONABIP”, indicó Ruscica, y adelantó: “Sabemos que hay personal, que hace años que trabajan ahí, al cual le hicieron firmar contrato por tres meses. No se sabe qué va a pasar con el organismo”.
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) es un organismo que fomenta el fortalecimiento de las Bibliotecas Populares como organizaciones de la sociedad civil e impulsa su valoración pública como espacios físicos y sociales relevantes para el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía.
CONABIP tiene como funciones orientar y ejecutar la política gubernamental, a través de un modelo de gestión asociado, que favorece la consolidación del carácter autónomo de este movimiento social único que tiene casi 1500 bibliotecas con más de 4 millones de usuarios y usuarias, 20 millones de libros, 30.000 voluntarios y voluntarias y 5 mil empleados que, a lo largo y a lo ancho del país, trabajan por el bien común desde 1870.
Además de la asistencia económica para gastos corrientes y proyectos edilicios o formativos, CONABIP brinda un beneficio especial para que las bibliotecas compren ejemplares en la Feria Internacional del Libro con un 50 por ciento de descuento. “Con este beneficio, podemos llevar dos libros de 15 mil pesos (valor promedio de un best seller) y pagar uno”, comentó la la referente de la Biblioteca Popular Dr. Franzini Herrera.
¿Cómo afectaría la “ley ómnibus” a las bibliotecas populares?
El proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentino", en el apartado quinto, deroga el Fondo Especial para las Bibliotecas Populares y le quita funcionamiento a la CONABIP.
Las consecuencias de la aprobación de la normativa sería la siguiente:
- CONABIP dejaría de acompañar y de sostener a las bibliotecas populares de todo el país.
- No se podrían comprar los libros que demanda la comunidad lectora de cada biblioteca.
- No se podrían sostener las tasas, impuestos y servicios que requiere el funcionamiento.
- No se podría acceder a programas de capacitación para sus miembros.
Sancor apuntó a trabajadores por pérdida millonaria y advirtió: “Quien trabaja, cobra”
La empresa láctea Sancor, con tres plantas industriales en Santa Fe, lanzó una advertencia al gremio del sector, con quien protagoniza un conflicto laboral desde hace varios meses que mantiene buena parte de la producción paralizada. “Quien trabaja, cobra”, deslizaron a través de un comunicado, en el que también detallaron que la medida de fuerza generó pérdidas por 4.500 millones de pesos.
La firma se manifestó de esta manera antes del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional el 26 de diciembre y anticipándose a nuevos bloqueos por parte de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra). En ese sentido, difundieron un comunicado en el que remarcaron los perjuicios económicos que y en el que lanzaron una contundente advertencia para los trabajadores que se adhieran a nuevos reclamos que paralicen la actividad.
Desde la compañía, expusieron las pérdidas económicas indicando que “la falta de elaboración, distribución y venta de productos durante el período comprendido entre el 18 de octubre al 22 de diciembre de 2023, concentrado en tres grandes conceptos, condujo a una pérdida que supera los 4.500 millones de pesos”.
Sancor sostuvo que el conflicto gremial se generó por reclamos salariales y se profundizó con la caída del fideicomiso de administración. Indicaron que Atilra los señaló como responsables del vencimiento de plazos acordados para la puesta en marcha del fideicomiso.
Respecto a los reclamos salariales, desde la firma remarcaron que en todo momento “la cooperativa realizó propuestas superadoras, las cuales nunca fueron consideradas por el gremio y ni siquiera trasladadas a los trabajadores, teniendo como única respuesta la negativa tajante de las autoridades gremiales”.
En ese sentido, recordaron que “en todo momento, SanCor señaló a sus empleados que, al retomar las tareas, se comenzaría a aplicar un cronograma de pagos que conduce a una rápida recuperación salarial” e informaron que “en el transcurso de esta semana, todos los trabajadores que desempeñaron sus tareas recibieron la suma de $250.000 comprometida en el plan”.
Ante la amenaza de una nueva paralización de las plantas, el comunicado señaló que “la Cooperativa depende de sus ingresos para cumplir con sus obligaciones, por lo cual tiene la firme determinación de aplicar fielmente el plan de pagos, siempre bajo la premisa de que 'quien trabaja, cobra'”.
Durante el fin de semana, los delegados sindicales publicaron un comunicado en el que pusieron en duda las condiciones sanitarias de las plantas. "En una empresa ruinosa, sin mantenimiento, ¿Quién asegura la inocuidad de los productos? Las y los trabajadores no queremos convertirnos en cómplices de la mafia responsable”
Frente a esto, desde la cooperativa láctea señalaron que “para tranquilidad de todos, la reconocida calidad de los productos SanCor tiene su fundamento en la materia prima de excelencia, en sus instalaciones tecnológicamente aptas, en procesos de elaboración certificados y en el profundo conocimiento de todas las personas que intervienen en la elaboración”.
Fuente:RosarioPlus
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