El gobierno provincial bloqueó el ingreso a planta a 187 trabajadores
Santa Fe a tono con el mensaje del ajuste
El Ejecutivo rechazó la incorporación, por acuerdo paritario, de empleados que venían precarizados desde un año antes.
El gobierno provincial hizo caer en decretos sucesivos de esta semana 187 incorporaciones de trabajadores a planta permanente que habían sido acordadas en diciembre pasado por acuerdo paritario entre el mismo Estado y los sindicatos de estatales ATE y Upcn. Se cumplió así, y en mayor número, la poda presupuestaria en materia de recursos humanos que hasta ayer la Casa Gris había anticipado para el área del ex ministerio, ahora Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Los y las trabajadoras que se quedan sin empleo son 24 de esa cartera, y también 130 del Ministerio de Educación, 6 del Ministerio de Producción, y 27 del Enerfe, la sociedad anónima del Estado provincial a cargo de operar y ampliar el sistema de gasoductos en Santa Fe. Enfrente, ATE repudió el carácter de la medida y anticipó que habrá réplica gremial y jurídica para voltear los decretos. "Quieren ponerse en onda con la motosierra", fustigó el secretario general del sindicato, Jorge Hoffman. También rechazó la medida el ex ministro de Trabajo que rubricó los pases a planta, José Manuel Pusineri.
Lo que en el Ejecutivo le llaman "desvinculaciones", en el gremio estatal –que ya trabaja en la apelación judicial de estos decretos– lo consideran "cesantías", lisas y llanas, y –además– ilegales.
La purga desatada con los decretos 12, 13, 22 y 23, además de la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y equipo, se gestó desde una "comisión revisora" a cargo de escrutar los pases a planta que la administración Perotti había dispuesto el 6 de diciembre, en acuerdo paritario con el gremio. Así, aconsejó dejar sin efecto las designaciones en esos ministerios, establecidas por los decretos 2868/23 y 2893/23 para Educación, y el 2873/23 para Género. La revisión de esas incorporaciones y la recomendación de suprimirlas tienen la firma del Fiscal de Estado, Domingo Rondina. Los decretos consecuentes que sellaron la caída de esas contrataciones están firmadas por Pullaro, y por los ministros José Goity y María Victoria Tejeda, respectivamente.
La argumentación esgrimida por los revisores estriba en que los y las trabajadoras "no tomaron posesión del cargo, en consecuencia no se los puede considerar aún como planta permanente". Y además, consideran inválida tales incorporaciones porque no contaron con la firma del ministro de Economía de entonces, Walter Agosto.
Para el caso de las agentes despedidas en el área de Género, alegaron que "no tenían vínculo previo con la Provincia, en tanto habían ingresado en el marco de un convenio con la Universidad de Rafaela, por lo cual no les correspondería el pase a planta". En este caso puntual, que se trate de un convenio con la universidad de la ciudad de Perotti generó suspicacias.
Con los 27 trabajadores de Enerfe, la comisión revisora aplicó el mismo criterio, aunque discutible: alegó que esos no tenían vínculo laboral previo con Provincia porque habían sido contratados por ese organismo cuya forma jurídica es una Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria). En resumen, es la Provincia, replican los afectados.
Consultado Hoffman por Rosario/12, el dirigente estatal soltó su indignación. "Lo del Ejecutivo es una barbaridad. Todos estos compañeros reúnen las condiciones acordadas en paritarias. Entraron (a trabajar) antes de diciembre de 2022, no están encuadrados dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal", indicó.
Con eso se refirió a la norma que impide al Poder Ejecutivo a incorporar personal en los 6 meses previos al final de su mandato, "salvo obligaciones contraídas antes de esa fecha". Por lo tanto, Hoffman dedujo: "Ambos requisitos se cumplieron, sólo les faltó la toma de posesión que este gobierno les niega, y así los deja cesantes. Quieren ponerse en onda con la motosierra (declamada por el presidente Javier Milei). Varios ministros no les gusta para nada esta decisión, pero... obediencia debida", protestó el titular de ATE.
La toma de posesión del cargo es un requisito, y ahí estriba lo que los trabajadores consideraron una trampa adrede del gobierno. A las 24 personas que integraban los equipos Ley Micaela y Masculinidades por la Igualdad les comunicaron el 12 de enero "de manera informal" que debían dejar de concurrir al lugar de trabajo. De esa manera, la posesión del cargo no se cumplió, y por lo tanto, habilitó la desvinculación.
El ex ministro Pusineri, por su parte, ratificó "la legalidad de lo actuado". Dijo que los pases a planta estuvieron contemplados en la Ley de Presupuesto 2023 que votaron incluso legisladores que hoy componen el oficialismo del frente Unidos. "Las paritarias se celebraron y ejecutaron en función de ello y en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los decretos no fueron objetados por Tribunal de Cuentas de la Provincia", remarcó Pusineri.
El ex funcionario señaló que los fundamentos de la purga "no superan la base de legalidad sobre la que se asientan los actos administrativos dictados por nuestra gestión". Y advirtió que de esta manera Pullaro expone al Estado provincial a cuestionamientos en el marco de las obligaciones contraídas durante una negociación colectiva refrendada por la Organización Internacional del Trabajo.
El Consejo Directivo de ATE anticipó reacciones de índole gremial y judicial. Reprocha que "el propio Poder Ejecutivo que debió dar la toma de posesión es quien argumenta que ese es el motivo principal de las cesantías". Por lo cual, apunta el sindicato a que el Ejecutivo "vulnera el derecho a la estabilidad del empleo público y cuestiona un acuerdo paritario que dio el marco legal a estos pases a planta. Acuerdo paritario que tuvo su respaldo en la Ley de Presupuesto 2023 que autorizó a crear los cargos necesarios para el pase a planta permanente de Contratados con anterioridad al 15 de diciembre de 2022".
El comunicado de ATE convalida la revisión de lo actuado, pero no la manera. "Es inadmisible poner un manto de sospecha sobre los/as trabajadores/as que pasaron a planta y que en su mayoría son del sector de Salud. Son quienes nos cuidaron, vacunaron y atendieron a nuestras familias durante la pandemia y hoy están cubriendo cargos esenciales en el sistema de salud. El Poder Ejecutivo no tiene necesidad de solicitar esa información a cada trabajador/a. Cuenta con ella en los sistemas de Recursos Humanos de cada ministerio", expuso.
El tironeo parece que recién empieza.
GATILLEROS
Vandalizaron el memorial que recuerda a seis estudiantes asesinados en dictadura
Repudiable ataque a la memoria
Es un recordatorio las víctimas de la Masacre de Ayolas y Cafferata, donde asesinaron a estudiantes universitarios en 1977
El memorial que recuerda a las víctimas de la Masacre de Ayolas y Cafferata, donde fueron asesinados seis estudiantes universitarios en 1977, apareció esta semana incendiado, lo que configura un grave acto intimidatorio hacia la Memoria, Verdad y Justicia. El ataque, que fue advertido por vecinos de la zona al ver el espacio quemado, se produce a tan solo tres meses de que se descubrieran los restos de una de las jóvenes asesinadas en el cementerio La Piedad, hallados en una tumba NN.
Vecinos de barrio Bella Vista se sorprendieron esta semana al encontrar que un espacio dedicado al recuerdo de víctimas del Terrorismo de Estado sufrió un preocupante atentado. El memorial que contenía el nombre de las personas asesinadas fue prácticamente borrado intencionalmente mediante el uso de fuego. En el lugar solo quedó en pie una plaqueta en el que se puede leer: “1977 – 2008 Memorial Urbano DDHH FAYPD UNR”.
En 2008 el Área de Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura de la UNR inauguró el memorial que consiste con pequeñas losetas que contienen los nombres de seis estudiantes fusilados el 23 de enero de 1977 cuando militaban en la Corriente Universitaria por la Revolución Socialista (CURS). El lugar elegido fue en la esquina de la ex calle Ayolas (hoy Uruguay) y Cafferata, donde fueron trasladados, luego de ser torturados, para asesinarlos en una persecución y enfrentamiento fraguados por los represores para ocultar la masacre.
Se trata del segundo homenaje a las víctimas de la causa conocida como Feced III, ya que el primero se encuentra frente al ex Servicio de Informaciones de la policía provincial que comandaba Agustín Feced, en San Lorenzo y Dorrego, donde estuvieron retenidos Héctor Luis Fluxá (20) y su pareja Silvia Lidia Somoza (21), Mónica Cristina Woelflin (24), Nadia Doria (33), Gladys Beatriz Hiriburu (20) y su compañero Luis Enrique Ulmansky (24), quienes fueron secuestrados en distintos lugares de la ciudad el 20 de enero de 1977, entre horas de la madrugada y de la siesta, y con ellos otro hombre joven, Hugo Elías, que pudo escapar. Luego de ser torturados y asesinados, fueron sepultados como NN en el cementerio La Piedad.
Para sumar más indignación al preocupante ataque, se da a tan solo tres meses de que el Juzgado Federal N° 4 de Rosario informara que los restos hallados en una tumba NN del cementerio La Piedad corresponden a Woelflin, la última víctima que pudo ser identificada y su cuerpo devuelto a su familia gracias a un trabajo de investigación llevado a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) en esa necrópolis bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas de violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte.
Por el momento no se conocen datos precisos del atentado ni la identidad de los responsables. El hecho trascendió a partir de la denuncia de vecinos que informaron a Rosario/12 sobre lo ocurrido y enviaron fotos de cómo quedó el memorial luego de ser incendiado.
El PJ Rosario reaccionó por la amenaza de descuentos
Se calienta la previa del paro
Desde el Partido Justicialista de Rosario salieron al cruce de las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que el gobierno nacional descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro nacional convocado por la CGT para el 24 de enero.
Uno de los que salió a enfrentar el posicionamiento del Ejecutivo Nacional fue el Secretario Gremial del PJ Rosario, Sergio Rivolta, quien en primera instancia la consideró “una medida amenazante” que rechazar y repudian desde el partido a nivel local.
“Una vez más este gobierno pretende amedrentar a los trabajadores y trabajadoras con mensajes amenazantes y más allá de esta triste postura el pueblo trabajador ya decidió sumarse al paro del 24 consustanciado con las organizaciones sindicales”, indicó Rivolta en representación del sector gremial del PJ local.
Tanto la CGT como las dos CTA ratificaron el paro con movilización el próximo 24 de enero en rechazo al DNU y Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Rivolta planteó: “No va a haber amenaza que valga y estamos convencidos y seguros que este próximo 24 de enero el paro va a ser masivo”
Por último, el también secretario adjunto del gremio bancario local manifestó: “Las movilizaciones tanto en Capital Federal como en las distintas provincias y ciudades del interior del país será con mucha cantidad de trabajadores y trabajadoras esperando que los diputados que dicen representar a los intereses del pueblo voten como corresponda y no avalen el DNU y la ley omnibus”.
En tanto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comunicó ayer la adhesión al paro del 24 de enero convocado por la CGT, contra el DNU y la ley ómnibus impulsados por Javier Milei. La decisión del gremio es que los colectivos funcionen normalmente en todo el país hasta las 19, cuando adherirán a la medida de fuerza hasta las 00. "Los derechos de los trabajadores no se negocian", dice la nota que lleva la firma del secretario general, Roberto Fernández.
La decisión de la UTA va en la misma sintonía que la de Unión de Trabajadores del Transporte, Togística y Servicios (Ugatt), que decidió garantizar la movilidad del transporte público desde las 00 hasta las 19 del 24 de enero, “con el objeto de facilitar la posibilidad de concentrar y desconcentrar a todo el pueblo de nuestra patria que quiera expresarse, haciendo uso del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, dados los atropellos disfrazados de DNU y ley ómnibus que viene llevando adelante este adolescente gobierno”.
Electrocutado en una fábrica
Clausuraron el lugar
Como consecuencia de la muerte por electrocución de Sergio Ezequiel Peralta, de 25 años, en el interior de un galpón donde funcionaba una fábrica de bolsas, el fiscal de Homicidios Culposos Walter Jurado ordenó la clausura del lugar, que no tenía habilitación municipal. Además, dejó demorado al responsable del establecimiento, a quien se le formó causa por homicidio culposo.
Todo era conmoción ayer por la mañana en el local de Moreno al 3700. Desde Fiscalía se indicó que era un empleado de una fábrica de residuos, que trabajaba en el turno de 22 a 6 am. Al llegar un empleado del lugar en horas de la mañana encontró al joven sin vida, en el lugar de trabajo.
Además de las medidas de rigor, se convocó a personal de la empresa de energía EPE para una inspección del lugar y revisión de las conexiones. Por su parte, la Fiscalía solicitó la clausura del lugar.
En relación al dueño del galpón, identificado como M. M., indicaron que se encuentra demorado para realizar el fichaje correspondiente, analizar informe de antecedentes, y porque se le formará causa por el delito de Homicidio culposo.
Organizaciones sociales denuncian al gobierno nacional
Ollas populares en pie de lucha
Los comedores dan cada vez más raciones con menos recursos y sus responsables no tienen interlocutores en la Nación.
Distintas organizaciones sociales de Rosario realizaron cien ollas populares a lo largo y ancho de la ciudad para denunciar la suspensión de la asistencia alimentaria por parte del gobierno nacional y visibilizar el trabajo cada vez más arduo de los comedores barriales para garantizar un plato de comida a quienes menos tienen. Eduardo Del Monte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), señaló que la organización reparte alrededor de 10 mil bolsones alimentarios en Rosario y sostienen unos 112 comedores. “Hay una parte de la ciudad que come gracias a que puede encontrar un plato de comida en las ollas que sostienen las compañeras”, recalcó. Al reclamo también se sumaron distintos sectores del Movimiento Sindical Rosarino, en la previa del paro del 24 de enero, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y que tendrá su réplica en la ciudad. “Esto es una forma de extorsión oficial para los que menos tienen”, cuestionó Antonio Ratner, titular del Sindicato de Municipales de Rosario, respecto a la falta de envío de los módulos alimentarios.
Las convocatorias comenzaron a las 10 de la mañana con ollas populares instaladas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de sumarse a una jornada de protesta nacional. El acto central tuvo lugar a las 12 del mediodía en la esquina de Sarmiento y Rioja, donde funciona la sede local de Anses. Allí distintas organizaciones sociales improvisaron un comedor popular en pleno centro rosarino para intentar visibilizar la situación de angustia que se vive en los barrios y los esfuerzos cada vez mayores que se realizan para poder brindar un plato de comida caliente a las familias que más lo necesitan. “El hambre crece. Necesitamos respuestas, no represión”, fue el mensaje desplegado en la bandera central de la actividad.
Rosario/12 dialogó con algunas de las organizaciones que llevaron a adelante la jornada de protesta y con dirigentes que se sumaron a acompañar el reclamo. “La idea es mostrar el hambre que hay en la Argentina y en particular en Rosario, donde pasa toda la comida que se exporta. Y también mostrar el trabajo silencioso que hacemos en los barrios, sacándolo a las calles para que la gente se entere lo que hacemos”, explicó Del Monte. Asimismo, denunció la suspensión de la entrega de alimentos secos por parte del gobierno nacional y la falta de interlocutores a quién reclamar.
“La CCC sola reparte en Rosario 10 mil bolsones de comida y tenemos 112 comedores. En Rosario debe haber por lo menos 500 ollas populares de todas las organizaciones. Hay una parte de la ciudad que come gracias a que puede encontrar un plato de comida en las ollas que sostienen las compañeras”, expresó y agregó: “No se envió más comida. Ni para las fiestas ni ahora. Ni siquiera tenemos con quien hablar”.
En la misma línea, Nerea Hernández, cocinera de una de las ollas populares de la CCC que funciona en barrio La Cerámica, en el noroeste de la ciudad, aseguró que deben garantizar cada vez más raciones de comida con menos recursos. “Tenemos más de cien ollas populares y no nos alcanza. La mayoría de los comedores reciben a más 300 personas y hay algunos que tratan de cocinar todos los días y otros que lo hacen día por medio, porque no llegan. Pero las porciones van aumentando y no tenemos para darle a tanta gente”, sostuvo.
En ese marco aseguró que la situación “es mucho más crítica” que en otras oportunidades: “Ni en pandemia hemos pasado tanta necesidad como ahora. El gobierno nacional directamente no tiene trato con nosotros y dejaron de enviar partidas de alimentos a los comedores. Eso es grave. Y estamos en las calles para que se conozca esta situación”.
En tanto, Alejandro Vegas, de Tu Movimiento- Barrios de Pie, señaló que la situación económica impacta de lleno en los sectores que menos tienen. La agrupación cuenta con unos 80 centros comunitarios en toda la ciudad que dejaron de recibir ayuda del gobierno nacional y la asistencia alimentaria que brindan en los barrios corre peligro. “La mercadería de nación no llega desde noviembre. Inclusive este gobierno tenía para entregar los módulos navideños y no lo hicieron. Hoy no podemos darle de comer a la gente y cada vez más familias lo necesitan”.
El sector gremial
A la jornada se sumaron dirigentes políticos, como el diputado provincial Carlos Del Frade, así como también distintos espacios gremiales como la CTA Autónoma Rosario y distintos gremios que forman parte del Movimiento Sindical Rosarino. La jornada se da en la previa al paro general convocado por la CGT en todo el país y que genera mucha expectativa por ser el primer reclamo de la central obrera contra el gobierno de Javier Milei. La convocatoria tendrá como eje el rechazo a las medidas que el Ejecutivo busca impulsar a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus enviada al Congreso.
Al respecto, Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza, destacó la unión de distintos sectores de la comunidad para hacer frente a las medidas del gobierno nacional que vienen “perjudicando el bolsillo de los argentinos”. En ese sentido cuestionó la legitimidad del DNU: “No es la forma en que nosotros creemos que se tiene que manejar la democracia en la Argentina. Hay un avasallamiento sobre la independencia de los poderes, que busca concentrar facultades en detrimento de los otros dos poderes del Estado. Y eso no puede llegar a pasar”.
Y pronosticó una “masiva” movilización en la ciudad, acompañando el paro del próximo 24 de enero. “Hemos logrado conformar una multisectorial de sectores preocupados por el presente y el futuro de la Argentina que nos vamos a movilizar. Va a ser un paro contundente en Rosario y es una convocatoria a todos los ciudadanos que se sientan perjudicados por estas medidas para que también nos acompañen”, manifestó.
En tanto, Antonio Ratner, del gremio municipal de la ciudad, considero que la medida de fuerza del 24 “es el comienzo de un plan de lucha” que continuará hasta que el gobierno desista con las medidas que busca aprobar por DNU. Y destacó el movimiento de unidad que se está gestando en la ciudad: “A Rosario le hacía falta este proceso de unidad de todos los sectores. Por eso hoy estamos acá acompañando y el 24 nos vamos a concentrar todos en la plaza 25 de mayo, para que este decreto sea rechazado”.
En ese marco, aseguró que el reclamo por la suspensión en el envío de alimentos se sumará a la proclama de los gremios. “La falta de alimentos es una forma de extorsionar para que vos no puedas protestar. Es una extorsión oficial para los que menos tienen y más necesitan. Y contra esto hay que reaccionar, no hay otra posibilidad. Nos tienen que ver en la calle”, cuestionó.
Fuente:Rosario12
Paro nacional
La actividad contará con instancias de visibilización de la actual situación de las y los trabajadores del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) y el riesgo inminente que transita la institución a través de una conferencia de prensa. Se realizarán actividades y habrá un espacio de diálogo que permita poner en escena la situación de la salud pública, la falta de presupuestos, violencias en el territorio producto de la narcocriminalidad y políticas destinadas a las adolescencias y juventudes.
La psicóloga y miembro del equipo del DT Rosario Jésica Muñóz relató la situación que atraviesan: “No hay secretarios o secretarias asignados para la Sedronar entonces estamos acéfalos, no hay nadie. No hay nombres, sólo sabemos que pertenecemos al Ministerio de Salud. Es una situación angustiante más allá de nuestros puesto de trabajo porque peligra, además, el trabajo que realizamos con los pibes y pibas en el territorio”.
“Estamos en una zona muy castigada. No solamente por la pobreza sino por las condiciones de vida y tomada por el narcotráfico. Hace unas semanas hubo una balacera frente a nuestra institución, que es la comisaría 19. Nosotros trabajamos con consumos problemáticos en el territorio, desde un enfoque integral, de restitución de derechos en condiciones de vulnerabilidad y de extrema precarización que se encuentran los jóvenes”, indicó Muñóz en diálogo con el programa Poné la pava (Radio Rebelde Rosario).
Se trata de profesionales del campo de la salud mental dependientes de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) que ejercen sus funciones bajo la forma precarizada de “Beca Fondo Estímulo”, la cual tuvo caducidad el pasado 31 de diciembre del 2023 y no volvieron a tener respuestas sobre la continuidad. Actualmente están sosteniendo sus puestos con guardias mínimas en el marco de medidas de fuerzas que construyeron institucionalmente, con el sentido de dar a conocer su situación, como así también, la importancia de su labor. La institución es tripartita por lo tanto también tiene injerencia el estado provincial y municipal. De esta forma los trabajadores solicitan, mediante la medida de fuerza, la intervención de los tres niveles del Estado para un pronto compromiso y respuesta favorable.Las seccionales locales de las centrales obreras concentrarán el próximo miércoles 24 de enero, desde las 13, en el Monumento a la Bandera, en el marco del paro general contra DNU de Javier Milei. Hicieron un llamamiento a la “unidad del movimiento obrero”.
Luego de una reunión en la sede de la CGT Rosario, representantes sindicales definieron que se plegarán a la medida nacional del próximo miércoles con una concentración desde las 13 en el Monumento Nacional a la Bandera. Allí realizarán un acto con lectura de un documento.
En el cónclave de este miércoles en calle Córdoba 2061 –sede de la central obrera rosarina– hubo dirigentes de más de 60 gremios. Entre ellos la UOM, Garagistas, Sutracovi, Smata, Telefónicos, UPCN, Uocra, Obras Sanitarias, Tractor, Camioneros, Pasteleros. Telefónicos, Químicos.
La organización local emitió un comunicado reafirmando su rechazo al DNU 70/23 y aspectos de la llamada ley ómnibus que “van contra la soberanía del país, los derechos laborales, el derecho de libre expresión y protesta, el modelo sindical argentino y las prestaciones de salud y previsionales.
Desde la central obrera local se hizo un llamamiento a la “unidad del movimiento obrero”. Por eso, en el encuentro estuvo Gustavo Terés en representación de los gremios ATE, Coad, Amsafé, Prensa, todos nucleados en CTA. “Estamos padeciendo la ofensiva mayor en contra de los trabajadores desde la dictadura”, indicó el sindicalista, y añadió: “Este decreto afecta la vida de todas las personas y no nos olvidemos de los trabajadores no registrados, que también nos necesitan”.
Por CGT, el secretario general del gremio de estaciones de servicio (SOESGPyLA), Ismael Marcón, apuntó que “seguimos abiertos al diálogo y con nuevas reuniones para ir logrando la unidad de acción con todos los gremios posibles”.
Claudio Cesar, titular de los telefónicos de Rosario (Sitratel) y de la Federación Nacional (Fattel), dijo: “El enemigo común es uno solo y los trabajadores no podemos estar divididos”, en relación a lograr la unidad gremial.
Por su parte, Silvio Barrionuevo, secretario general de Obras Sanitarias Rosario, adhirió a la concentración en el Monumento pero agregando que se parta con una gran movilización desde la sede de CGT. Asimismo, Jorge Juárez de Pasteleros también abogó por la unidad del movimiento obrero.
ABRAZO SOLIDARIO Y “VECINAZO”
La Cámara de la Construcción de Santa Fe le solicitó una serie de acciones al gobierno provincial ante la paralización de la obra pública, entre ellas una actualización de los contratos y disminuir los tiempos de los pagos, ya que esta semana se están cancelando obligaciones de octubre pasado.
En ese sentido, la titular de la Cámara, Verónica Eizmendi, pidió “mayor celeridad en los ajustes de costos, volver a aplicar el índice provisorio del Indec durante el mes de ejecución de la obra, porque si no las empresas tienen que absorber un mes de costos que con una inflación del 30 por ciento es imposible; y el pago a 30 días”.
Mediante un comunicado, la empresaria planteó que la obra pública provincial está paralizada, salvo las que “son una prioridad, como por ejemplo las hídricas”, a lo que sumó que no se están ejecutando las del orden nacional.
Eizmendi contó que ya hubo reuniones con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, “con el área de seguimientos, en busca de soluciones a estos temas, principalmente cómo solucionar las deudas, cómo llegar a un nuevo valor de la obra para que se pueda ejecutar y cómo reiniciarlas y continuarlas”.
“En muchas obras al día de hoy están comenzando a abonar el mes de octubre, pero los contratos se han deteriorado y necesitan una renegociación, porque no se puede continuar tal cual están y es lo que ha provocado la paralización de obras provinciales, ya sea las que se realizan con fondos provinciales como las que se hacen con fondos nacionales, que son las que peor se encuentran”, añadió.
Además, planteó que se debe “llegar a un consenso entre las empresas y el Gobierno en una instancia de trabajo conjunto que seguramente se realizará pidiendo la neutralidad de las obras, esto quiere decir que se paren por un tiempo determinado para luego retomarse cuando todo esté solucionado, para evitar otra vez las moras o multas”.
Sobre las obras públicas provinciales, Eizmendi dijo que “la mayoría está frenada, excepto aquellas que son una prioridad, como por ejemplo las hídricas, como la construcción o renovación de las defensas”.
“Lo que hemos pedido en las últimas reuniones por nuestra parte es tener 45 días para que las empresas puedan estudiar sus obras, y así llevarle a los responsables de cada una de las reparticiones los pedidos necesarios para poder encaminarlas y llegar a un acuerdo entre las partes”, concluyó.
Fuente: TélamLa actividad contará con instancias de visibilización de la actual situación de las y los trabajadores del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) y el riesgo inminente que transita la institución a través de una conferencia de prensa. Se realizarán actividades y habrá un espacio de diálogo que permita poner en escena la situación de la salud pública, la falta de presupuestos, violencias en el territorio producto de la narcocriminalidad y políticas destinadas a las adolescencias y juventudes.
La psicóloga y miembro del equipo del DT Rosario Jésica Muñóz relató la situación que atraviesan: “No hay secretarios o secretarias asignados para la Sedronar entonces estamos acéfalos, no hay nadie. No hay nombres, sólo sabemos que pertenecemos al Ministerio de Salud. Es una situación angustiante más allá de nuestros puesto de trabajo porque peligra, además, el trabajo que realizamos con los pibes y pibas en el territorio”.
“Estamos en una zona muy castigada. No solamente por la pobreza sino por las condiciones de vida y tomada por el narcotráfico. Hace unas semanas hubo una balacera frente a nuestra institución, que es la comisaría 19. Nosotros trabajamos con consumos problemáticos en el territorio, desde un enfoque integral, de restitución de derechos en condiciones de vulnerabilidad y de extrema precarización que se encuentran los jóvenes”, indicó Muñóz en diálogo con el programa Poné la pava (Radio Rebelde Rosario).
Se trata de profesionales del campo de la salud mental dependientes de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) que ejercen sus funciones bajo la forma precarizada de “Beca Fondo Estímulo”, la cual tuvo caducidad el pasado 31 de diciembre del 2023 y no volvieron a tener respuestas sobre la continuidad. Actualmente están sosteniendo sus puestos con guardias mínimas en el marco de medidas de fuerzas que construyeron institucionalmente, con el sentido de dar a conocer su situación, como así también, la importancia de su labor. La institución es tripartita por lo tanto también tiene injerencia el estado provincial y municipal. De esta forma los trabajadores solicitan, mediante la medida de fuerza, la intervención de los tres niveles del Estado para un pronto compromiso y respuesta favorable.
Reclamo de la Cámara de la Construcción
La Cámara de la Construcción de Santa Fe le solicitó una serie de acciones al gobierno provincial ante la paralización de la obra pública, entre ellas una actualización de los contratos y disminuir los tiempos de los pagos, ya que esta semana se están cancelando obligaciones de octubre pasado.
En ese sentido, la titular de la Cámara, Verónica Eizmendi, pidió “mayor celeridad en los ajustes de costos, volver a aplicar el índice provisorio del Indec durante el mes de ejecución de la obra, porque si no las empresas tienen que absorber un mes de costos que con una inflación del 30 por ciento es imposible; y el pago a 30 días”.
Mediante un comunicado, la empresaria planteó que la obra pública provincial está paralizada, salvo las que “son una prioridad, como por ejemplo las hídricas”, a lo que sumó que no se están ejecutando las del orden nacional.
Eizmendi contó que ya hubo reuniones con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, “con el área de seguimientos, en busca de soluciones a estos temas, principalmente cómo solucionar las deudas, cómo llegar a un nuevo valor de la obra para que se pueda ejecutar y cómo reiniciarlas y continuarlas”.
“En muchas obras al día de hoy están comenzando a abonar el mes de octubre, pero los contratos se han deteriorado y necesitan una renegociación, porque no se puede continuar tal cual están y es lo que ha provocado la paralización de obras provinciales, ya sea las que se realizan con fondos provinciales como las que se hacen con fondos nacionales, que son las que peor se encuentran”, añadió.
Además, planteó que se debe “llegar a un consenso entre las empresas y el Gobierno en una instancia de trabajo conjunto que seguramente se realizará pidiendo la neutralidad de las obras, esto quiere decir que se paren por un tiempo determinado para luego retomarse cuando todo esté solucionado, para evitar otra vez las moras o multas”.
Sobre las obras públicas provinciales, Eizmendi dijo que “la mayoría está frenada, excepto aquellas que son una prioridad, como por ejemplo las hídricas, como la construcción o renovación de las defensas”.
“Lo que hemos pedido en las últimas reuniones por nuestra parte es tener 45 días para que las empresas puedan estudiar sus obras, y así llevarle a los responsables de cLa reunión gremial en la sede de la CGT Rosario.ada una de las reparticiones los pedidos necesarios para poder encaminarlas y llegar a un acuerdo entre las partes”, concluyó.
Fuente: Télam
Fuente:RedaccionRosario
Pullaro presentaba un plan contra la violencia barrial cuando una protesta lo cortó
El plan se llama Intervención Barrial Focalizada (IBF). Intervienen distintas agencias de Provincia y Municipalidad para abordar las problemáticas relacionadas al delito y la violencia. Pullaro se retiró en medio de la explicación cuando irrumpieron trabajadores estatales en protesta por la caída de los pases a planta permanente.
El gobernador Maximiliano Pullaro anunció este jueves el programa Intervención Barrial Focalizada (IBF) mediante la firma de un convenio con la Municipalidad y el Ministerio Público de la Acusación. Pese a que estaba previsto el diálogo con la prensa, el mandatario debió retirarse a los pocos minutos de finalizado el acto por una protesta de trabajadores estatales al interior de Gobernación.
En el breve diálogo con la prensa, Pullaro subrayó que “la investigación federal llegaba siempre muy tarde” en los casos de venta de droga para menudeo “y cuando llegaba, ya había víctimas de consumo problemático”. “Las autoridades, en muchos casos, no tenían las herramientas para poder intervenir. Hoy tenemos la posibilidad de que esto sea inmediato”, sumó.
“Cuando hay un punto de venta de droga y es certificado por la Justicia, inmediatamente se puede intervenir, detener a las personas y derrumbar el lugar. Entendemos que la impunidad va a empezar a bajar”, cerró el gobernador ante la irrupción repentina de un grupo de trabajadores que irrumpió en el hall de Gobernación con carteles y una bandera.
“Traslados, Pase ya; Basta de despidos en las áreas de género y diversidad; Cumplimiento del acta paritaria y reincorporación de las y los trabajadores ya; 24 trabajadores despedidos; Basta de ajustes y recortes en políticas públicas y derechos; Pullaro=Milei”, rezaban las pancartas que exhibió el grupo de personas identificado con ATE, y que expresó así su rechazo a los decretos del Ejecutivo que frenó 187 incorporaciones a planta permanente que habían sido acordadadas en negociación paritaria de diciembre pasado.
Con respecto al IBF, desde Provincia explicaron que "contempla la articulación de acciones y actividades tendientes a la prevención del delito y la disminución de la violencia, interviniendo de manera focalizada en las dinámicas que actúan como factores determinantes en la concentración de las áreas urbanas socialmente vulnerables”.
Paro el 24: CGT y CTA convocan a protestar en el Monumento
Las dos centrales obreras convocan el miércoles a las 13 al Monumento para manifestarse contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus que impone el gobierno nacional. Hoy definen también los gremios del Movimiento Sindical Rosario y la Multisectorial
Varios referentes sindicales enrolados en la CGT Rosario, más la representación de gremios estatales y docentes alineados en la CTA, acordaron concentrar en una sola convocatoria el próximo miércoles 24 desde las 13, en el Monumento a la Bandera, para hacer visible el descontento popular en medio de la jornada de paro nacional dispuesta por las centrales obreras.
En la reunión de este miércoles, en la sede cegetista de Córdoba al 2000, los dirigentes empezaron a consensuar un documento de rechazo al DNU 70/23 y aspectos de la llamada ley Ómnibus que “van contra la soberanía del país, los derechos laborales, el derecho de libre expresión y protesta, el modelo sindical argentino y las prestaciones de salud y previsionales”.
Las reuniones continuarán en los próximos días. Se espera que para este jueves otra rama del gremialismo rosarino, el Movimiento Sindical Rosario, y la Multisectorial contera el DNU y la Ley Ómnibus, expresen desde el Concejo Municipal su forma de convocatoria. Fuentes consultadas por RosarioPlus.com adelantaron que también allí la voluntad era de unificar la protesta y convocar a una única manifestación popular.
En la reunión de ayer estuvieron representantes de varios sindicatos como UOM, Garagistas, Sutracovi, Smata, Telefónicos, UPCN, Uocra, Obras Sanitarias, Tractor, Camioneros, Pasteleros. Telefónicos, Químicos.
En tanto, en representación de los gremios ATE, Coad, Amsafé, y Prensa, nucleados en CTA estuvo Gustavo Terés. “Estamos padeciendo la ofensiva mayor en contra de los trabajadores desde la dictadura, este decreto afecta la vida de todas las personas y no nos olvidemos de los trabajadores no registrados, que también nos necesitan”, señaló Terés.
Por CGT, Ismael Marcón, Secretario General de gremios de Estaciones de Servicio dijo: “Seguimos abierto al diálogo y con nuevas reuniones para ir logrando la unidad de acción con todos los gremios posibles”, convocando a otros sindicatos a sumarse a la convocatoria al Monumento.
Claudio César, de los Telefónicos (Sitratel) apuntó: “El enemigo común es uno solo y los trabajadores no podemos estar divididos”.
Por su parte, Silvio Barrionuevo, secretario general de Obras Sanitarias Rosario adhirió a la concentración en el Monumento pero agregando que se parta con una gran movilización desde la sede de CGT
Los estatales preparan reacción "gremial y judicial" contra la Provincia
Desde ATE rechazan el bloqueo del pase a planta permanente para 187 trabajadores y trabajadoras de Educación, Género, Producción y el Enerfe. También un ministro de Perotti repudió los decretos de Pullaro para dejar cesantes esas contrataciones acordadas en paritaria.
Las desvinculaciones de personal resueltas por el Ejecutivo provincial resultaron 187 en total, luego de que este miércoles se conocieran primero 154. A las 24 trabajadoras de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad que iban a acceder a planta permanente del Estado, y a otros 130 del Ministerio de Educación, se sumaron 6 del Ministerio de Producción y 27 de Enerfe (sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado provincial, abocada a operar y ampliar el gasoducto en Santa Fe).
Se trata de empleados y empleadas que se desempeñaban desde antes de 2022, a los que la gestión de Omar Perotti dispuso el 6 de diciembre pasar a planta permanente, según acuerdo en paritarias con los sindicatos ATE y UPCN. Una comisión revisora encomendada por la administración de Maximiliano Pullaro recomendó dar marcha atrás con aquellas incorporaciones y bloqueó la medida.
La réplica gremial llegó enseguida. "Lo del Ejecutivo es una barbaridad. Todos estos compañeros reúnen las condiciones acordadas en paritarias. Entraron (a trabajar) antes de diciembre de 2022, no están encuadrados dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal", indicó el titular de ATE Santa Fe, Jorge Hoffman, en diálogo con RosarioPlus.com.
Con eso se refirió a la norma que impide al Poder Ejecutivo a incorporar personal en los 6 meses previos al final de su mandato, "salvo obligaciones contraídas antes de esa fecha". Por lo tanto, Hoffman dedujo: "Ambos requisitos se cumplieron, sólo les faltó la toma de posesión que este gobierno les niega, y así los deja cesantes. Quieren ponerse en onda con la motosierra (declamada por el presidente Javier Milei). Varios ministros no les gusta para nada esta decisión, pero... obediencia debida", protestó el titular de ATE.
La toma de posesión del cargo es un requisito, y ahí estriba lo que los trabajadores consideraron una trampa adrede del gobierno. A las 24 personas que integraban los equipos Ley Micaela y Masculinidades por la Igualdad les comunicaron el 12 de enero "de manera informal" que debían dejar de concurrir al lugar de trabajo. De esa manera, la posesión del cargo no se cumplió, y por lo tanto, habilitó la desvinculación.
El ex ministro de trabajo en el gobierno anterior, Juan Manuel Pusineri, por su parte, ratificó "la legalidad de lo actuado" y defendió la legitimidad de esas incorporaciones como un derecho laboral. Dijo que los pases a planta estuvieron contemplados en la Ley de Presupuesto 2023 que votaron incluso legisladores que hoy componen el oficialismo del frente Unidos.
"Las paritarias se celebraron y ejecutaron en función de ello y en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los decretos no fueron objetados por Tribunal de Cuentas de la Provincia", remarcó Pusineri.
El ex funcionario señaló que los fundamentos de la purga "no superan la base de legalidad sobre la que se asientan los actos administrativos dictados por nuestra gestión". Y advirtió que de esta manera Pullaro expone al Estado provincial a cuestionamientos en el marco de las obligaciones contraídas durante una negociación colectiva refrendada por la Organización Internacional del Trabajo.
El Consejo Directivo de ATE anticipó reacciones de índole gremial y judicial. Reprocha que "el propio Poder Ejecutivo que debió dar la toma de posesión es quien argumenta que ese es el motivo principal de las cesantías". Por lo cual, apunta el sindicato a que el Ejecutivo "vulnera el derecho a la estabilidad del empleo público y cuestiona un acuerdo paritario que dio el marco legal a estos pases a planta. Acuerdo paritario que tuvo su respaldo en la Ley de Presupuesto 2023 que autorizó a crear los cargos necesarios para el pase a planta permanente de Contratados con anterioridad al 15 de diciembre de 2022".
El comunicado de ATE convalida la revisión de lo actuado, pero no la manera. "Es inadmisible poner un manto de sospecha sobre los/as trabajadores/as que pasaron a planta y que en su mayoría son del sector de Salud. Son quienes nos cuidaron, vacunaron y atendieron a nuestras familias durante la pandemia y hoy están cubriendo cargos esenciales en el sistema de salud. El Poder Ejecutivo no tiene necesidad de solicitar esa información a cada trabajador/a. Cuenta con ella en los sistemas de Recursos Humanos de cada ministerio", expuso.
Fuente:RosarioPlus
Una medida de fuerza a medias
Paro de la CGT: al final la UTA confirmó que el 24 de enero habrá
servicio de colectivo hasta las 19
El sindicato, adherido a la central obrera,
solamente se acoplará a la medida de fuerza del próximo miércoles desde las 19
hasta las 00
17 de enero de 2024
Los colectivos dejarán de circular desde las 19 hs
La Unión Tranviarios Automor (UTA) comunicó que adhiere al paro que la
Confederación General del Trabajo (CGT) realizará el próximo miércoles 24 de
enero. De acuerdo a lo que precisaron desde el gremio, los servicios de
colectivos funcionarán con normalidad hasta las 19 en todas las provincias del
país.
La UTA Rosario también informó que adhiere a la medida de fuerza con la
modalidad dispuesta a nivel nacional.
Según detallaron en el comunicado que difundieron este
miércoles, no brindarán servicio desde las 19 del miércoles y hasta la hora
cero del jueves.
“Los derechos de los trabajadores no se negocian”, expresaron en un
escrito.
La medida de fuerza fue convocada por la CGT como respuesta al decreto
70/2023 y a la Ley Ómnibus que el oficialismo intenta aprobar en el Congreso.
Siguen sin respuestas de Sedronar
Convocan a un abrazo solidario al Dispositivo Territorial Comunitario
del barrio Triángulo
Quienes sostienen la atención a casi 400 personas
en situación de vulnerabilidad mostrarán cómo trabajan en reclamo por la
continuidad del espacio. Desde el gobierno provincial advirtieron que “no se
han retirado”
17 de enero de 2024
Este jueves integrantes de las instituciones de la salud, educación y
organizaciones sociales de barrio Triángulo realizarán la jornada de lucha
“Vecinazo en defensa del DTC (Dispositivo Territorial Comunitario) – Punto de
encuentro del oeste”. Incluirá un abrazo solidario al espacio donde desde 2014
se brinda atención a casi 400 personas de entre 14 y 30 años por consumos
problemáticos y otras vulnerabilidades. Es que a fines del 2023 se terminaron
los contratos de la mayoría de sus trabajadores. “La situación sigue siendo muy
crítica. Al día de la fecha no tenemos respuesta de nuestra continuidad
laboral, lo que significa que el destino de la institución es incierto”,
explicaron a través de un comunicado.
Trabajadores de Sedronar piden la continuidad del espacio
para personas en extrema vulnerabilidad
La convocatoria de este jueves prevé mostrar todas las actividades que
venían siendo sostenidas por el grupo de trabajadores. Entre otras, taller de
boxeo, un espacio de sexualidad integral, un espacio de escucha para
familiares, cine, capacitación en oficio de manicura y estética, panadería,
expresión corporal y yoga para mujeres, un aula radial usada para que muchas
personas puedan concluir sus estudios primarios y un taller de rap. Con
excepción de los tratamientos individuales, las entrevistas de ingreso y las
situaciones de crisis, quienes trabajan en DTC han tenido que suspender
todas estas actividades.
En busca de un
Estado presente
El grupo de trabajadores solicitaron a los tres niveles del Estado
compromiso y respuesta a su reclamo para garantizar la atención. En diálogo
con El Ciudadano, el nuevo secretario de la Agencia de
Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento integral de las Adicciones
(Aprecod) de Santa Fe, Luciano Sciarra explicó: “Estamos en permanente
comunicación con los trabajadores. De hecho, el DTC hoy todavía está abierto
por la provincia. No tenemos la seguridad de que no se vayan a renovar los
contratos. Está todo abierto y apostamos a que siga en funcionamiento y mejore.
La provincia no se ha retirado”.
Sciarra informó que la provincia costea aportes alimentarios y cubre la
contratación de dos personas en el DTC, mientras que la Municipalidad de
Rosario, quien ofrece el espacio como parte de tu red de cuidado, aportó en
2014 el edificio, una de las tantas propiedades del Legado Deliot.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Se conocieron cuatro decretos
Cruces políticos ante las revocatorias de pases a planta del final de la
gestión de Perotti
Involucran
a 191 agentes que estaban con contratos. Pusineri reivindicó la legalidad de
las actuaciones hoy objetadas. En los considerandos se afirma que en ningún
caso hubo toma de posesión de los cargos.
En Casa Gris se asegura que la restricción de pases no alcanzará a personal de salud ni de educación, con tareas en aulas o en conducción de establecimientos. Crédito: Mauricio Garín
Jueves 18.1.2024
Mario Cáffaro
"Sostenemos
la legalidad de lo actuado. La habilitación correspondiente la proporcionó la
Ley de Presupuesto 2023 votada por los distintos bloques legislativos, incluso
de los que hoy están gobernando", afirmó el ex ministro de Trabajo de la
provincia, Juan Manuel Pusineri, al conocerse la decisión del
gobierno provincial de dejar sin efecto cuatro decretos de la última semana del
gobierno de Omar Perotti con
pases a planta de agentes.
Son cuatro los decretos conocidos con
objeciones a otros tantos decretos de la gestión anterior y que comprende a 191
agentes que -de acuerdo a la actual administración- no deben pasar a planta
permanente del Estado santafesino.
Las observaciones apuntan a
24 pases en el ex Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad; 134 del
ministerio de Educación; 6 del entonces ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología y 27 en la Empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM.
Cuatro
decretos
Así el decreto
0012 deja de lado 24 designaciones de personal de la Universidad Nacional
de Rafaela que cumplían funciones de capacitación sobre el programa Micaela en
territorios. "Ese personal no tenía ningún vínculo jurídico previo con el
Estado provincial que permita su inclusión en los términos del Decreto
0641/23" se expresa en los fundamentos.
Por el decreto
0013, se dejan sin validez el pase a planta de 134 personas al
Ministerio de Educación contenidas en sendos decretos del 6 y 7 de diciembre
último. "Ninguno de los agentes incluidos en las normas de referencia ha
tomado posesión de los cargos respectivos", dice en parte de los
considerandos. Se trata de personas que prestaban servicios en programas del
Ministerio de Educación de la Nación en la provincia, la mayoría financiados
por el gobierno central en tareas administrativas en Santa Fe.
En el caso del decreto 0022, alcanza a 6 personas provenientes de un acuerdo entre el ex ministerio de Producción y la fundación Potenciar por el cual ésta entidad formaba equipos de asistencia local. El contrato aclaraba que las partes manifestaban que el acuerdo "de manera alguna incorpora al profesional como empleado de la Fundación" por lo tanto no existe vínculo jurídico previo estas personas y la Administración Pública provincial.
Por último, el decreto
0023 contempla el caso 27 personas que cesaron su vínculo como contratados
de la Empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables Sapem.
Gestión
anterior
Pusineri destacó la validez
de las designaciones en las carteras de Igualdad y de Educación. "La
habilitación correspondiente la proporcionó la Ley de Presupuesto 2023 votada
por los distintos bloques legislativos, incluso de los que hoy están
gobernando. Las paritarias se celebraron y ejecutaron en función de ello y en
cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal". El ex ministro de Trabajo
hizo notar que los decretos no fueron objetados por el Tribunal de Cuentas.
"Los fundamentos
expuestos para desvincular a trabajadores no logran superar la base de
legalidad sobre la que se asientan los actos administrativos dictados por
nuestra gestión. Es más, en sus fundamentos se sostiene que no se trata de la
potestad autoanulatoria del Estado con lo que es evidente que no está en juego
la legitimidad de aquellos actos, que se ajustan a la normativa y materializan
obligaciones contraídas en el marco de la negociación colectiva, que se
encuentra inscripta por la O.I.T dentro de los principios fundamentales del
trabajo de reconocimiento efectivo para los Estados" le señaló a El
Litoral.
Comisión
revisora
En los cuatro decretos
actuales firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro y los responsables
actuales de las áreas: Victoria Tejeda, José Goity, Gustavo Puccini y Lisandro Enrico, se parte del dictamen de
la comisión creada por el gobernador el 13 de diciembre para revisar las
designaciones de los últimos meses de la gestión de Perotti.
Coinciden los
cuatro decretos en que no se dio aún la efectiva toma de posesión de los 191
agentes por lo que "no está perfeccionada la relación de empleo
público" y que en varios de ellos falta la firma del ministro de Economía
(Walter Agosto).
"Son acuerdos derivados
de la paritaria de marzo del año pasado" acotó Pusineri. "Son
trámites culminados en diciembre de acuerdos de principios de año" acotó.
Son 5.400 los casos de
pases a planta que están siendo analizados bajos los alcances de la comisión
creada por Pullaro el 13 de diciembre bajo el decreto 0038/23. Los cuatro
decretos conocidos en las últimas horas alcanzan a 191 personas que todavía no
habían hecho la respectiva toma de posesión del cargo. En Casa Gris se asegura
que la restricción de pases no alcanzará a personal de salud ni en el caso de
educación de personal con tareas en aulas o en conducción de establecimientos.
Pero también se reveló que se conocerán nuevas revocatorias según el consejo de
la Comisión.
Fuente:ElLitoral
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