Pullaro contra las retenciones y la reimposición de Ganancias
La vía santafesina es gravar a los más ricos
El gobernador anunció que elaboran un proyecto para que el 10% de la población con mayor riqueza pague un nuevo gravámen.
El gobernador Maximiliano Pullaro lanzó una propuesta que lo diferencia en el panorama nacional: promueve que la Nación grave al "decil más rico" de la población en lugar de reimplantar el impuesto a las ganancias, que pagan los trabajadores. Lo dijo el viernes, en una entrevista con Alejandro Fantino. Ayer también se manifestó contra el aumento de las retenciones en la red social X. "Nosotros tenemos que generar un tributo que le cobre al decil más rico de la República Argentina y eso se pueda redistribuir. Que el 10% más rico de la República Argentina pague un tributo diferencial y que eso se pueda redistribuir. No estoy de acuerdo en que los trabajadores terminen pagando Ganancias", dijo el gobernador. Fuentes de la Casa Gris adelantaron que están trabajando en un proyecto que se conocerá en los primeros días de la semana entrante. Las variantes que analiza son la aplicación de un gravamen a la franja de más altos ingresos o hacerlo sobre los sectores de mayor patrimonio.
También ayer se manifestó contra las retenciones a través de la red social X. "No voy a acompañar el aumento de retenciones. El gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita", escribió en el principio de un largo twit, que siguió: "Estamos frente a un debate que puede cambiar el futuro del país, y queremos que el cambio sea para bien. Por eso tenemos que parar la pelota y tomarnos el tiempo necesario para discutir cada tema y cómo impacta en cada provincia y en cada sector. Las provincias productivas del interior queremos que al Gobierno le vaya bien, por eso es fundamental sostener el dialogo. A Santa Fe, el aumento de las retenciones la perjudica seriamente".
Como contrapartida de esas negativas -a restituir el impuesto a las Ganancias y al aumento de retenciones-, Pullaro sorprendió con la idea de un gravámen a las grandes fortunas. "Leía una nota que los 245 más ricos del mundo piden que se pueda gravar también la riqueza", dijo el gobernador santafesino en referencia a la nota presentada en Davos, en la entrevista con Fantino. El periodista le retrucó que era un proyecto kirchnerista. El mandatario santafesino se diferenció: "El kirchnerismo lo utiliza para sostener el populismo, en eso estoy en contra, pero si la plata va para financiar el déficit fiscal, que en definitiva te termina bajando la inflación, y esa baja de inflación te impacta en la mejora de la producción y vos ponés plata en desarrollo, en infraestructura, en puentes, en rutas, en energía, desde ya...".
Su equipo viene trabajando en una propuesta que deberá analizar el Congreso nacional, donde Maximiliano Pullaro tiene una sola diputada propia, Melina Giorgi. Desde el Partido Socialista, el diputado nacional Esteban Paulón (que ingresó por otra lista a la Cámara baja pero forma parte de la coalición de gobierno en la provincia de Santa Fe), mostró su apoyo, aunque todavía no accedió al borrador del proyecto. "A nosotros nos entusiasmó bastante. No conocemos el borrador, pero acompañamos esa iniciativa. Nos parece que en un momento de crisis, donde la enorme mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno implican un ajuste en los sectores populares, de ingresos fijos, asalariados y sectores de trabajo informal, que alguien esté pensando en una propuesta en la cual los sectores que más ganan hagan un esfuerzo significativo, nos parece una señal positiva y de justicia distributiva, esperaremos el proyecto en el Congreso", le dijo Paulón a Rosario/12.
Según publicó ayer el periodista Hernán Lascano en el diario La Capital, que tuvo acceso a las alternativas que se barajan, el proyecto que impulsa Pullaro tiene dos variantes. Uno es tomar el ingreso de las personas a partir de la mayor progresividad de la escala imponiendo la alícuota al contribuyente de ingresos muy elevados, no ya como una persona física sino como una persona jurídica, es decir, como una empresa.
La alternativa es gravar el patrimonio con un tratamiento diferencial en bienes personales a quienes superan determinada valuación. Para ello sostienen que el PBI per cápita puede ser un buen orientador. La última medición del Indec que es la del tercer trimestre de 2023 definió que el PBI per cápita en el país es 4.300.000 pesos. La estimación proyectada para el cuatro trimestre del año pasado daría 6 millones per cápita. La referencia para imponer el impuesto puede ser sobre las personas que superen diez o veinte veces en bienes personales esa referencia. Por ejemplo sobre los que tienen un patrimonio de 60 millones de pesos. O en la segunda opción 120 millones de pesos.
En la casa Gris consideran que restituir el impuesto a las ganancias -derogado hace cuatro meses por impulso del ex ministro de Economía Sergio Massa- implica castigar a trabajadores de clase media. Su planteo es que el ajuste no sea "contra los trabajadores, ni los sectores de menores ingresos".
Abogados laboralistas de Rosario impugnan el DNU
Medidas para un gran retroceso
Indemnizaciones, trabajo no registrado, derecho a huelga, convenios colectivos, son aspectos de un avance inconstitucional.
El sector del trabajo está en la mira de Milei. Tanto el decreto de necesidad y urgencia (DNU), como la ley ómnibus enviada al Congreso, buscan imponer reformas sustanciales a los derechos laborales, que se traducen en una permisividad al empleo no registrado, modificaciones perjudiciales en el régimen indemnizatorio y ataques contra la organización sindical. Y eso acompañado de una limitación del derecho a huelga: ante las respuestas de los trabajadores, que este miércoles 24 van a un paro nacional, el gobierno amenaza con descontar los días y habilitó un teléfono para denunciar supuestos “aprietes” de los sindicatos. Desde el derecho laboral advierten que se busca crear un mercado de trabajo “flexible” a favor de la patronal y que se trata del “retroceso más violento” en contra de los trabajadores. Rosario/12 dialogó con los abogados laboralistas Jorge Elías, Sebastián Serrano Alou y Jorge Elizondo para profundizar en las reformas laborales que busca imponer el gobierno nacional. "Tanto el DNU como la ley ómnibus amenazan con la existencia misma de la democracia”, expresó Elizondo.
Eliminación de multas por mala registración, modificaciones al régimen de contratos de trabajo, elevación del período de prueba, reformas en las indemnizaciones. El DNU de Milei busca reformar por completo el mundo de las relaciones laborales como se conoce hasta el momento. Una avanzada tan brusca que los gremios y las centrales obreras buscan frenarla denunciando su inconstitucionalidad. La Cámara Nacional de Apelaciones falló a favor de la presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por el momento su vigencia quedó suspendida, a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, el DNU juega en tándem con la ley ómnibus, que pone en juego su ratificación.
Para Jorge Elías, las intenciones del gobierno deben analizarse en el contexto del objeto que persiguen: avanzar hacia la eliminación del derecho laboral. Entre los aspectos que mayor preocupación le generan aparece la “permisividad del empleo en negro” que se impone con esta reforma. “Básicamente se invita a los empleadores a que puedan tener gente en negro sin correr ningún riesgo de reclamo de sus empleados”, expresó. Al mismo tiempo que cuestionó la posibilidad de que las empresas puedan pagar los juicios laborales en cuotas: “Es un plan Ahora 12 para indemnizaciones”.
El abogado laboralista también apuntó que se busca desligar la relación laboral encubierta entre los monotributistas y sus empleadores, e incluso se avanza con la figura del “trabajador independiente”, donde un empleador puede tener hasta cinco personas trabajando bajo su tutela sin ninguna relación de dependencia. En ese sentido, consideró que esas modificaciones tienen un objetivo de máxima: modificar los convenios colectivos de trabajo y avanzar hacia el sistema que rige en el rubro de la construcción, donde en lugar del régimen indemnizatorio se manejan con un “fondo de cese laboral”.
“No solo se desvaloriza la indemnización, sino que significa un desamparo total para el trabajador que no tiene protección contra el despido y carece de posibilidades de abrir la boca para pedir que le paguen”, expresó y agregó: “Este es un primer paso y viene apoyado por algunos sectores empresarios que lo ven muy ventajoso. Pero en realidad va a traer otras complicaciones, porque va a aumentar la pobreza y provocar efectos recesivos que implican trabajos de menor calidad, salarios más bajos y menos consumo. Nunca hubo un retroceso tan violento en ninguno de los gobiernos que recortó derechos”.
En una misma línea, Sebastián Serrano Alou sostuvo que las medidas del gobierno buscan “de todas las maneras posibles el no registro”, eliminando las responsabilidades del empleador incumplidor. Sin embargo, a los trabajadores que se encuentren registrados también se les busca recortar derechos por dos vías. Por un lado en términos colectivos, avanzando contra los gremios y las acciones que promueven mejoras laborales. Pero también en términos individuales, dejando de lado el principio de irrenunciabilidad de derechos: “Cuando las partes pueden negociar si el empleador va a cumplir o no los derechos, y más en épocas donde hay necesidad de conseguir trabajo, van a contratar a quienes trabajen por menos salario y menos derechos. Si se pueden renunciar a los derechos fundamentales tenemos un problema”.
En ese sentido, el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, consideró que el DNU “va camino a ser declarado inconstitucional” y advirtió a la patronal “no comprar espejitos de colores” con las reformas. Asimismo, remarcó que ninguna de las normativas cambia nada en relación al sistema de accidentes y enfermedades de trabajo impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri. “Se asegura el negocio financiero de las ART. Empresas que funcionan como financieras cuando debieran cuidar la salud de las personas que trabajan. Es un negocio muy conveniente”, sostuvo.
Ante ese escenario, Serrano Alou se refirió a las acciones impulsadas por el gobierno por intentar desalentar la marcha convocada por la CGT el próximo miércoles y consideró que va en una misma línea con las reformas laborales que se buscan impulsar: “El gobierno se da cuenta que sus planes no son algo que funcione matemáticamente, porque del otro lado hay personas de carne y hueso que se organizan de manera colectiva. Como están viendo que no pueden parar el malestar popular quieren amedrentar y después sancionar injustamente para ver si en el futuro no se repiten. Me parece que se van a llevar una gran sorpresa con la convocatoria”.
En tanto, Jorge Elizondo consideró que se trata de “una ofensiva en toda la línea contra el derecho al trabajo”, que además busca disciplinar a los trabajadores intentando prohibir el derecho a huelga y la protesta social. “La idea es crear un mercado de trabajo flexible y eliminar todo tipo de obstáculos y regulaciones. Y es una idea concebida por el gran capital financiero e industrial en Argentina, que son los que ejercen realmente el poder”, expresó y añadió: “A la par de eso quieren prohibir el reclamo y estigmatizar a quienes participan en movilizaciones, identificándolos como si fuesen delincuentes”.
El abogado, que también es investigador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), analizó con preocupación todo lo que refiere a las indemnizaciones y señaló que son “la única defensa” que tienen los trabajadores contra los despidos arbitrarios. “Lo que se busca es reemplazar el sistema que tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo por un sistema similar al que existe en la industria de la construcción. Es decir, en lugar de acceder a una indemnización el trabajador cobra un depósito menor que debe hacer el empleador. El objetivo es contar con sindicatos que se presten a esto, pero hasta el momento la idea no entusiasma a nadie”, evaluó. “Hacer desaparecer la indemnización es modificar ilegalmente el artículo 14 bis de la Constitución nacional”, añadió.
Por último, cuestionó el anuncio del gobierno de descontar el día a los trabajadores que se sumen al paro del miércoles y la puesta en marcha de un número telefónico para denunciar presuntos “aprietes” para sumarse a la medida de fuerza. Considera que se trata de una embestida con un fin claro. “El objetivo final es ilegalizar el derecho de huelga. Y cuando los sindicatos lo ejercen es porque hay decisiones que amenazan ese y otros derechos”, analizó. “La movilización del 24 se justifica desde varias razones y tanto el DNU como la ley ómnibus amenazan con la existencia misma de la democracia”, aseguró.
El acceso al agua potable en los espacios públicos
La necesidad de tener bebederos
Un relevamiento de la Cátedra del Agua de la UNR detectó 77 dispositivos en parques y plazas, un número insuficiente.
El 19 de septiembre de 1887 se inauguró el servicio de agua potable en Rosario. La ciudad tenía 51 mil habitantes y el beneficio alcanzaba a unas 10 mil personas. Fue una de las primeras ciudades argentinas en tener agua potable. Eran tiempos de reformas y transformaciones culturales, en el que las ciudades se alejaban definitivamente de la figura del aguatero. Y, por unanimidad, caducaba definitivamente la imagen de la bañadera de lata y del lavabo portátil de loza o metal. Sin embargo, esta ciudad, una de las pioneras en agua potable en Argentina por décadas ha incurrido en abandonar otra agua, la los bebederos públicos (derecho de jarras de agua pública potable, libre y gratuita).
La población actual en Rosario es de 1.009.037 personas. Tenemos un problema estructural ambiental de inequidad social de varias décadas. Aún hoy, 120 mil personas no acceden integralmente al agua. Padecen de indigencia y pobreza de agua. La territorialidad urbana de la ciudad marca una heterogeneidad asimétrica y simultánea muy consolidada y deteriorante de vida. Estamos famélicos de consensos a los que no se acceden, por las tormentas de banalidades y narcisismos biográficos divorciados de lo colectivo. Porque hay una intimidad íntima que nos llega desde el pasado no querido, pero que nos atrapa: la desconfianza. Sin embargo, es la virtud de las necesidades la que nos demandan arribar a consensos: erradicar la pobreza e indigencia de agua y la falta de bebederos en las plazas, plazoletas y en los grandes espacios verdes. Nadie pide el paraíso ni la existencia naif. Pero, que en la urbanidad haya 120 mil personas que no accedan integralmente al agua es gravísimo. Y, que en Rosario, en sus aproximadamente 450 plazas, plazoletas, y en los 15 grandes espacios verdes haya solamente 77 bebederos es muy preocupante. Ambas situaciones son de lesa ambientalidad urbana. La ciudadanía, para poder gozar en igualdad y libertad social de los espacios públicos, necesita de la vigencia plena del derecho humano al agua. Las personas no deben ni pueden portar un monto económico para comprar otras bebidas ante la ausencia de bebederos. Estamos ante la presencia de una lesión al derecho a la vida pública.
Si los bebederos, derecho de jarras en la urbanidad, están ausentes y la gente no tiene dinero para otras bebidas, cómo hacen las familias, la infancia, la juventud, los deportistas, los que hacen actividades físicas, los que corren, los caminantes y las parejas ante semejante falta de agua comunitaria. En un país como el nuestro, con más del 300% de inflación góndola, con profunda recesión y ajuste en sueldos y jubilaciones, poder realizar los beneficios de la vida pública en los espacios verdes y secos públicos, requieren de una transformación de configuración cultural ambiental que es la de entender que acceder a lo público no debe ser mercantilizado. Caso contrario se produciría una regresión ambiental hacia la feudalización de la vida. Porque solamente el que tiene portación económica tendría pleno ejercicio de goce de lo público. La dirección de la Cátedra del Agua UNR y luego el CeIAgua UNR vienen, desde el 2011, bregando por equidad social y ambiental urbana al Estado de Rosario, ante una patología administracional de muchas décadas, consistente en la normalización de que en los espacios públicos no esté garantizado el derecho humano al agua potable, libre y gratuita por medio de bebederos. Aún la calle Recreativa, con aproximadamente 28 kilómetros, demuestra la insuficiencia de bebederos públicos.
En el año 2013 la dirección de la Cátedra del Agua UNR realizó un trabajo técnico con un relevamiento sobre 62 espacios públicos verdes y secos, y verificó que el 97% no tenía bebederos. El déficit hídrico ambiental público resultaba y resulta palmario. A partir del trabajo técnico y de gestión que hicimos desde la dirección, logramos que el Estado Municipal de Rosario en el período 2013-2014 se comprometiera a colocar 140 bebederos de agua (derecho de jarras de agua en espacios públicos). Colocaron 77, fue un positivo avance pero insuficiente para una ciudad de 1 millón de habitantes.
La mayoría de los bebederos están concentrados en la zona céntrica, el norte en mucho menor medida, y quedando el sur, sudoeste y oeste secundarizados. El déficit hídrico público es notable. Necesitamos que construyamos una cultura del Agua con equidad ambiental y social y que el Estado de Municipal de Rosario coloque bebederos en espacios públicos verdes y secos. En los grandes parques se requiere un bebedero de agua cada 200 metros. Ello responde a un promedio etario-espacio de personas de la infancia, de la juventud y de adultos mayores, en sus desplazamientos físicos que tienen que realizar para acceder al agua potable, libre y gratuita. Los espacios públicos verdes y secos deberían estar convocados a recibir amablemente a la ciudadanía. Encontrarse con el espacio comunitario es recordar que la sociedad armonizada, aún es la sociedad necesaria.
(*) Magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable, Especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable, Director de la Cátedra del Agua UNR, Director del Cent.Inter. del Agua UNR.
Se cumplen 20 años del femicidio de la dirigente de AMMAR Sandra Cabrera y sus compañeras la recuerdan con dos actos públicos
La huella imborrable de una dirigente social
La madrugada del 27 de enero de 2004, un disparo en la nuca terminó con la vida de Sandra Cabrera. Fue en Iriondo al 600, cerca de la terminal de ómnibus, en la zona donde ella trabajaba y militaba por los derechos de las trabajadoras sexuales. Este sábado se cumplen 20 años de su femicidio impune. Sandra es bandera de la lucha de sus compañeras, que sostienen desde entonces el reclamo de justicia y que no bajaron los brazos en las demandas que ella inició por todas, como secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) Rosario. El legado de esa referente "con un compromiso heroico" volverá a manifestarse en homenajes. Sus compañeras y quienes acompañaron la lucha durante todos estos años no dejaron de gritar que "a Sandra la mató la policía".
Sandra tenía 33 años y una hija de 8. Cuando la mataron, la figura de femicidio no estaba en agenda. Ella había denunciado que por su trabajo eran perseguidas, detenidas y extorsionadas por la policía. Incluso, pocos días antes, la dirigente sindical había denunciado la complicidad policial con el proxenetismo y la trata.
"Hemos seguido esa lucha, con más compañeras, y haciendo todo en relación al legado que ella dejó. Cada logro, cada actividad, cada viaje, encuentro de mujeres, siempre ella estuvo al lado mío, al lado de nosotras", aseguró Miryam Auyeros, referente de Ammar Rosario, que fue compañera de Sandra.
Liliana Leyes, de ATE Rosario, valoró que en estos 20 años, "se empoderaron fuertemente no solo en los grupos de las compañeras trabajadoras sexuales, sino también en el resto de las organizaciones que acompañamos esa lucha, ese proceso". Para Leyes, "son 20 años en los que hacemos un análisis positivo en relación al crecimiento de la lucha, las compañeras se pudieron empoderar, no estuvieron solas. Hoy siguen abrazadas, y mucho más que en ese momento, por cientos de colectivos de mujeres de sindicatos, de organizaciones sociales y políticas"; mientras que "en el plano negativo, ese poder de la policía sigue estando presente", lamentó.
Tras el crimen, sus compañeras no cesaron en el reclamo de justicia. La causa judicial tuvo un solo procesado, Diego Parvluczyk, quien era subjefe de la Policía Federal de Rosario y tuvo una relación con la víctima. Finalmente fue sobreseído en 2007, con el argumento de la falta de pruebas. Para la Justicia, los testimonios de las compañeras de Sandra, en el expediente, eran de "personas con actividades callejeras que transcurren sus madrugadas con un itinerario errante".
Leyes cuestionó que "sigue habiendo un poder policial enraizado con los negocios narcocriminales, que fueron parte de las denuncias que Sandra hizo en su momento. La explotación sexual de menores, la trata y esos negocios impulsados por poderes judiciales, políticos, policiales. Eso denunciaba ella, y por eso la asesinaron".
También Miryam reprochó la falta de justicia. "No nos tomaron en cuenta, ni las palabras de las compañeras". Y lamentó "la injusticia que sigue habiendo con compañeras golpeadas, que las llevan presas, en otras provincias". Por eso, recordó los derechos por los que siguen peleando: "Queremos tener los derechos de cualquier trabajador, a la salud, a una vivienda, que nos dejen trabajar, aportar, tener un monotributo, poder jubilarnos", enumeró. Y recordó que gracias a la organización de las compañeras, "muchas pudieron estudiar y algunas hasta están entrando a la facultad", pero lamentó que otras tantas "han quedado en el camino".
Además, habló de la "incertidumbre" frente al contexto político y social. "Recuerdo que en pandemia nos ayudábamos, nos unimos con otras organizaciones en ollas populares, articulando y repartiendo mercadería. Ahora estamos con ese tema. Ni hablar las compañeras que alquilan, que tienen que juntarse entre varias para alquilar o muchas que se están quedando en la calle. Se está achicando tanto el estado que está complicado", señaló.
Leyes habló de justicia social. "Siempre decimos que la justicia la hacemos entre todes, y creo que eso pasó también con el crimen de Sandra. Por eso decimos que hay una justicia social que hizo que en 20 años Sandra siga siendo bandera de lucha para muchas compañeras. Para nosotras fue heroico su compromiso. Como trabajadora sexual denunció la trata y la explotación. Eso no tiene olvido para las organizaciones".
La militancia de esa referente marcó un camino, por eso, en abril de 2010, cuando la Legislatura provincial sancionó la derogación de los tres artículos del Código de Faltas de la provincia, que estuvieron vigentes desde 1940, para que la Policía santafesina deje de perseguir y discriminar la actividad de las trabajadoras sexuales, sus compañeras le dedicaron el logro y gritaron su nombre en el recinto.
Para Miryam, cada año, para esta fecha, vuelven los recuerdos del día que la asesinaron "como si hubiera pasado ayer". Para mantener viva su memoria, invitó al acto homenaje que realizarán el sábado, desde las 19, en Córdoba 3650, en la plazoleta que lleva el nombre de Sandra, organizado por Ammar y la CTA de los trabajadores, en el que además habrá shows en vivo.
Otra actividad tendrá lugar con un Festival Homenaje en la plaza San Martín, al que invitan la Asociación Civil Compañeras de Sandra, junto a la Red por el reconocimiento del trabajo sexual y la CTA autónoma provincia de Santa Fe, desde las 18.
INQUILINOS
"Una indefensión total"
Una nueva asamblea de Inquilinos Agrupados Rosario definió participar activamente del paro nacional del próximo miércoles 24 de enero y de la movilización convocada a las 12hs en Plaza 25 de Mayo para marchar hasta el Monumento a la Bandera; exigir a los 19 diputados y diputadas nacionales de la provincia de Santa Fe que rechacen el DNU 70/2023 y que voten en contra de la Ley Ómnibus; solicitar al intendente de la ciudad Pablo Javkin y al gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro que lleven adelante una política de defensa y protección de los inquilinos e inquilinas frente a la gravísima situación que se vive.
Para Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, “el panorama para los inquilinos es gravísimo”. “Los que tienen que renovar contrato por estos días están en una situación de desesperación total, les pasan un valor que triplica o cuadriplica lo que venían pagando, en algunos casos con precios directamente en dólares, contratos por tres meses, seis o de un año con suerte, ajustes cada dos meses o tres, y donde se tienen que hacer cargo de todas las expensas o los impuestos”.
“El inquilino quedó en una situación de indefensión total; el DNU es la ley de la selva y el vale todo”. “Nunca vimos una situación tan límite y crítica como la que se está viviendo, lo que nada tiene que ver con la realidad de la que hablan las cámaras inmobiliarias y el gobierno”, agregó el referente.”
“Por eso, seguimos en estado de alerta y movilización, venimos de hacer un ruidazo inquilino histórico en la ciudad y vamos a participar activamente en el paro nacional del próximo miércoles 24”, afirmó Artola.
“Tenemos que estar en la calle, para hacer escuchar nuestra voz, en unidad con todos los sectores, exigiendo a los diputados y senadores nacionales que rechacen el DNU y la Ley Ómnibus en el Congreso, y también para que puedan avanzar en el Poder Judicial los recursos de amparo que declaren su inconstitucionalidad”, concluyó.
Fuente:Rosario12
Alquileres: ya se firman contratos a 6 meses y actualizaciones bimestrales
La derogación de la ley que regulaba el mercado de locaciones propició cambios drásticos, y también excesos por parte de propietarios e inmobiliarias que ahora son la parte fuerte en la negociación.
A 20 días de la entrada en vigencia del DNU 70/23, que entre otras cosas derogó la Ley de Alquileres, las inmobiliarias y propietarios rosarinos ya proponen contratos de lo más variados en cuanto al precio y al mecanismo de ajuste: van desde seis meses con actualizaciones bimestrales hasta dos años con actualizaciones semestrales, la mayoría regulados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y algunos en dólares.
Desde el 29 de diciembre los nuevos contratos de alquiler dejaron de tener un plazo mínimo legal (antes eran de tres años con una actualización semestral por Coeficiente de Variación Salarial), por lo que el precio, la moneda de pago y el mecanismo de ajuste quedaron liberados al común acuerdo entre inquilinos y propietarios. En Rosario ya se registran aumentos de hasta 300%.
“Vemos contratos de seis meses e intentos de prórrogas contractuales de tres meses, contratos de seis meses con actualización bimestral, anuales con actualización trimestral y también de dos años con actualizaciones trimestrales o semestrales, algunos en base al IPC y otros al Índice de Contratos de Locación (ICL)”, detalló a RosarioPlus Ariel D'Orazio, Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor.
Y sumó: “Al no haber marco jurídico se generan todo este tipo de distorsiones que afectan a los inquilinos e inquilinas, pero a largo plazo también perjudicarán a los pequeños propietarios en favor de la concentración del capital inmobiliario en las grandes ciudades. Vemos riesgo de morosidad y mucha preocupación por la falta de seguridad jurídica a favor de las familias que alquilan".
Libertad y disparate
Ante esta situación, Inquilinos Agrupados Rosario compartió una publicación detallando en primera persona los abusos que sufren aquellas personas que alquilan. "Hoy tuve que aceptar un 300% por 3 meses de prórroga para renovar y no tener que mudarme (mi contrato había vencido el 31/12)", escribió un usuario. “De 90 mil me aumentaron a 230 mil por seis meses y las expensas extraordinarias las vuelvo a pagar yo, antes eran solo las ordinarias”, sostuvo otro.
Además se multiplican las quejas de inquilinos por la intención de las inmobiliarias y propietarios de cobrar los alquileres en dólares. “No, gracias. Cobro mi sueldo en pesos. Qué lástima que se provechen de la situación. Espero que tengas casa propia y no tengas que alquilar con sueldo en pesos”, respondió el interesado según la captura del chat de Whatsapp publicado por Inquilinos Agrupados.
“Si la situación ya era difícil hoy es crítica, más para los inquilinos que por estos días tienen que renovar el contrato con aumentos de un 300 o 400 por ciento, cuando no en dólares, algo que hasta hace poco era algo exclusivo de algunas zonas. Además les hacen contratos por 3 meses, 6 meses o un año con suerte, con aumentos mensuales y se tienen que hacer cargo de la totalidad de las expensas. Es insostenible”, sostuvo Sebastián Artola en Si989, integrante de Inquilinos Agrupados.
Fuera de la ley
Asimismo, D'Orazio subrayó la “intención de muchas inmobiliarias y algunos propietarios de modificar lo pactado contractualmente con la Ley 27551 y la Ley 27737” y, en este sentido, recordó que “a pesar del DNU todos los contratos firmados bajo estas leyes no sufren ningún tipo de alteración y deben respetarse a rajatabla hasta su finalización”.
“A muchos les están queriendo aumentar el valor del alquiler por encima de lo pactado contractualmente y algunos se han animado a solicitar la devolución del inmueble o la interrupción del contrato, algo que no corresponde, aún si el DNU cobra plena vigencia”, cerró.
La Provincia y los docentes retoman las paritarias con cifras dispares
El Gobierno provincial convocará en los próximos días a los gremios que representan a los trabajadores docentes y estatales a retomar las paritarias para definir la política salarial, en una negociación que se presenta compleja debido a la disparidad de cifras que manejan de ambos lados.
Voceros oficiales indicaron que la convocatoria se efectivizará esta semana y, en el caso de los docentes, se tratará de la segunda reunión del año, en tanto que hasta el momento no hubo encuentros con los gremios de la administración central.
Por un lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) remarca que el promedio salarial del sector es de 250 mil pesos frente a una canasta básica de 609.392, según la Junta Interna de ATE del Indec, mientras que la Provincia señala que el año pasado tuvo una merma del 92% en sus ingresos.
Esas cifras anticipan un panorama complejo no sólo para discutir los salarios de este año, sino para cerrar la paritaria 2023, que en la provincia tiene vigente una cláusula de ajuste automático que, según los gremios, debe incluir un aumento del 84% con base a febrero del año pasado.
Esa pretensión choca con la postura oficial, expresada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien anticipó que la actualización de los salarios se dará "en función del crecimiento de los recursos provinciales".
Por su parte, Amsafé exigió "el cumplimiento del salario 2023 para discutir la base del salario 2024", a la vez que voceros gremiales expresaron su preocupación por la liquidación de haberes de los sueldos de enero, ya que hasta el momento no ha habido precisiones sobre el porcentaje de aumento que se les otorgará.
Otro de los factores que está sobre la mesa es la continuidad de trabajadores de distintos organismos que fueron cesanteados por el Gobierno provincial con el argumento que no llegaron a tomar posesión de los cargos durante el proceso de pase a planta permanente.
Se trata de 191 agentes cuya incorporación fue acordada en paritarias durante la gestión anterior y refrendada por la Legislatura provincial a través de un artículo de la Ley de Presupuesto, que fue votado, entre otros legisladores, por el gobernador Maximiliano Pullaro en su carácter de diputado provincial.
Además, otra prueba de la complejidad de la discusión fueron las repercusiones del primer encuentro paritario con los docentes, ya que mientras los maestros advirtieron que "no darán ni un paso atrás" en materia salarial, el ministro de Educación, José Goity basó su análisis en el hecho que su cartera gastó el 25% del dinero destinado a la masa salarial de diciembre en reemplazos.
El Gobierno había anticipado que iba a convocar a los docentes la semana pasada, tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, pero no hubo novedades pese a que el indicador fue publicado el lunes 15 de enero con una inflación del 27,9 en diciembre pasado y una variación del 215,4% en todo el año.
Fuente:RosarioPlus
"Somos la segunda provincia exportadora"
Pullaro advirtió que no acompañará la suba de retenciones de la Ley
Ómnibus
“Estamos frente a un debate que puede cambiar el
futuro del país, y queremos que el cambio sea para bien. Por eso tenemos que
parar la pelota y tomarnos el tiempo necesario para discutir cada tema",
escribió el jefe de la Casa Gris. Así sumó presión para que el gobierno abra el
proyecto por ejes
20 de enero de 2024
El gobernador Maximiliano Pullaro
sostuvo este sábado que no acompaña la suba de retenciones propuesta por el
gobierno nacional en la llamada “Ley Ómnibus”, y pidió que “la política se tome
un tiempo” para “discutir cada tema y cómo impacta en cada provincia y en cada
sector”. Con ese posicionamiento sumó presión a que el proyecto no se trate
como un todo, sino que abra por ejes.
“El gobierno acierta en terminar
con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerle un
pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país
necesita”, publicó Pullaro en su cuenta oficial de la red social X.
A un día de que la convención
nacional de la UCR se pronunciara contra “la forma y el fondo” del proyecto
oficial pomposamente titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de
los Argentinos”, el jefe de la Casa Gris advirtió: “Estamos frente a un debate
que puede cambiar el futuro del país, y queremos que el cambio sea para bien.
Por eso tenemos que parar la pelota y tomarnos el tiempo necesario para
discutir cada tema y cómo impacta en cada provincia y en cada sector. Las
provincias productivas del interior queremos que al gobierno le vaya bien, por
eso es fundamental sostener el dialogo”.
El gobernador hizo hincapié en
que, en el caso de Santa Fe, “el aumento de las retenciones la perjudica
seriamente”.
“Somos la segunda provincia
exportadora, 4 de cada 10 dólares que necesitamos para sacar al país del
atraso, los aportan los santafesinos. Necesitamos un apoyo fuerte a la
producción y a la industria que son los que generan empleo y nos van a dar las
herramientas para que el país despegue”, explicó Pullaro.
En esa línea argumentó que con el
aumento de retenciones que se propone en la Ley Ómnibus, el Estado “sólo
sumaría menos de 400 millones de dólares a lo que el gobierno nacional está
recaudando, pero con el riesgo de perder esos mercados vigentes y pasar a
recaudar cero”.
“Sumarle impuestos a la
producción es una posibilidad menos de inversión para generar empleo, sumar
valor agregado, incorporar tecnología. En definitiva, son menos oportunidades
para trabajar en la Argentina del futuro”, concluyó.
La postura de Pullaro se sumó a
la que hace días tomó su par de Córdoba, Martín Llaryora, quien también acusó
el mismo impacto: “No vamos a acompañar ningún aumento de retenciones”,
advirtió el mediterráneo, y reafirmó su predisposición para buscar otras alternativas.
Así laudó en favor del sector productivo interno de su provincia frente al
acompañamiento al gobierno de Javier Milei del ex gobernador Juan Schiaretti,
que se tradujo en la presencia de funcionarios cordobeses en distintas áreas
del Estado nacional. Sin romper lanzas, Llaryora definió: “Estamos dispuestos a
dialogar con el gobierno para ver de qué forma puede equilibrar económicamente
esta medida para no volver a cometer errores del pasado”.
La propuesta del Gobierno en lo
que respecta al capítulo de retenciones pretende una suba de la alícuota de
hasta el 15% a una serie de complejos exportadores a excepción de algunas
economías regionales que no pagarían este tributo, que según trascendió días
atrás, abarcarían unas 36 producciones. En las últimas negociaciones con el
sector amigable de la oposición, que abarca a diputados de sectores del PRO y
la UCR y legisladores agrupados en Innovación Federal y Hacemos Coalición
Federal. Esta última es la bancada que integran los dos diputados del Partido
Socialista, el ex subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe
Esteban Paulón y la ex intendenta de Rosario Mónica Fein, quien ya se pronunció
con en forma contraria al decreto de necesidad y urgencia 70/23 y también
contra la Ley Ómnibus si el gobierno de Javier Milei pretendía un tratamiento
“a todo o nada”, en convergencia con Pullaro.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Se debate en el Congreso
Santa Fe suma respaldo en contra de las retenciones
El
gobernador Pullaro, ministros, legisladores y entidades provinciales. El
mensaje es claro ante la iniciativa de Nación.
Domingo 21.1.2024
Gonzalo Zentner
En consonancia con lo expresado por redes sociales por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, parte de su gabinete, legisladores y entidades provinciales ligadas a la producción se oponen al incremento de las retenciones.
“A Santa Fe, el aumento de las retenciones la perjudica seriamente. Somos la 2da provincia exportadora, 4 de cada 10 dólares que necesitamos para sacar al país del atraso, los aportan los santafesinos. Necesitamos un apoyo fuerte a la producción y a la industria que son los que generan empleo y nos van a dar las herramientas para que el país despegue”, fue una de las expresiones del mandatario provincial en sus redes sociales.
En ese sentido, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, sostuvo: “Una posición clara y firme de nuestro Gobernador Pullaro cuando se pone en juego lo que es de los santafesinos. En este caso la producción, el agregado de valor, la inversión y el trabajo”.
Y explicó: “Hoy por cada $100 que aporta Santa Fe a la bolsa común nacional, vuelven menos de $60 a la economía provincial. Desde esa posición de legitimidad nos negamos a seguir aumentando ese desequilibrio”.
En sintonía, el ministro de Producción provincial, Gustavo Puccini, sumó: “Vamos a defender a los que producen y generan empleo. Las retenciones son impuestos dañinos y nos pueden dejar fuera de los mercados internacionales. Gestionaremos ante el gobierno nacional para encontrar una alternativa que solucione el déficit fiscal y cuide a los que producen”.
A su turno, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, declaró: “El país saldrá adelante con mayor producción y más exportaciones.
Un aumento de los derechos de exportación (DEX) sería un castigo al que produce y al que exporta”. Y aseguró el ex presidente de la Sociedad Rural local: “El campo argentino y las provincias llevan años de postergación por políticas en materia de DEX desafortunadas”.
Desde el senado provincial se escucharon voces coincidentes. Por el lado de Felipe Michlig (UCR - San Cristóbal), el legislador señaló: “Desde el Bloque de senadores de la UCR apoyamos la posición del gobernador Pullaro de ‘No acompañar el aumento de retenciones’, planteado en la Ley ómnibus ya que perjudica a los santafesinos y a la producción nacional”.
En ese sentido, Rodrigo Borla (UCR - San Justo) se expresó al decir: “Nos eligieron para gobernar Santa Fe, para defenderla. El campo y la producción agroindustrial son fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia. Necesitamos incentivarlo con inversiones, no con más impuestos. ¡Gracias gobernador Pullaro por su criterio y valentía!”.
Entidades de la producción
En otro tramo del mensaje enviado por Pullaro este sábado, el gobernador afirmó: “Sumarle impuestos a la producción, es una posibilidad menos de inversión para generar empleo, sumar valor agregado, incorporar tecnología. En definitiva, son menos oportunidades para trabajar en la Argentina del futuro”.
Esos dichos fueron apoyados por entidades ligadas a la producción, la industria y el comercio de la provincia.
Desde la Bolsa de Comercio de Santa Fe dijeron que ratifican “su compromiso con la producción y acompaña al gobierno provincial en la defensa de la inversión y el trabajo, pilares fundamentales del desarrollo. Las retenciones son impuestos distorsivos que atentan contra el desarrollo de mercados profundos y transparentes”.
A su turno, la Bolsa de Comercio de Rosario salió a apoyar las definiciones del gobernador al sostener que: “el proyecto de aumento de retenciones tendrá un impacto muy negativo en la producción agroindustrial en general y en Santa Fe en particular”. Y agregaron: “Las medidas impulsadas a nivel nacional tendientes a ordenar las cuentas públicas,eliminando el déficit fiscal y la emisión monetaria,es el camino correcto.En el mismo sentido se enmarcan una serie de iniciativas que permitirán mejorar la competitividad del país en su conjunto”.
Mientras tanto, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) emitió un comunicado de expreso apoyo al gobierno provincial. “Comprendemos la necesidad de medidas de emergencia asociadas a la situación fiscal, pero el incremento de los DEX solo generarán caída de la producción y de las expo de mayor valor”, aseguraron.
“El potencial incremento de las retenciones a las manufacturas, que irían del 3,7% promedio al 15%, tendría un impacto negativo sobre las exportaciones santafesinas de mayor de valor agregado, poniendo en riesgo la generación de divisas que Argentina necesita”, sumaron.
Losada, también
Mientras comparte sus actividades en la provincia de Santa Fe, Carolina Losada también se expresó a favor de los dichos de Pullaro. “Siempre dijimos. Es con el campo. Las retenciones son un impuesto más a la producción”.
Y agregó la senadora nacional: “Mi provincia es la más perjudicada. Es la 2 exportadora del país. Todos queremos ordenar las cuentas, pero no podemos castigar a quien produce, exporta genera riqueza y trabajo”.
Fuente:ElLitoral
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