Vecinos de Nuevo Alberdi y Los Pumitas exigen que se siga urbanizando
Los barrios populares necesitan una respuesta
La incertidumbre por el desfinanciamiento del FISU y el freno en las obras activó asambleas en los barrios. Recurren a los gobiernos municipal y provincial.
Ante la incertidumbre por la desfinanciación de las obras de urbanización en los barrios populares que contempla la ley ómnibus de Javier Milei, los vecinos se organizan. En Nuevo Alberdi quedó pendiente la construcción de tres espacios públicos que ya fueron aprobados por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y restan finalizar los proyectos de extensión de la red de agua domiciliaria y la conexión de luz segura en la zona rural. Este viernes, los vecinos del lugar se reunieron en una asamblea y decidieron organizarse para exigir al gobierno municipal y provincial que garanticen su financiamiento y concreción. En Los Pumitas, el panorama es similar: el proyecto de urbanización integral quedó en etapa licitatoria, mientras que se avanzó con un 30% en las obras de mejoramiento previstas en la cancha de fútbol barrial, al Centro Comunitario Qadhuoqte, y la instalación de una plaza. Las organizaciones del barrio prevén realizar un festival cultural para poner en agenda la situación.
Como informó Rosario/12, el artículo 211 de la ley ómnibus plantea la eliminación de la asignación específica al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que consiste en el 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS, que grava la compra de divisas extranjeras. Con esa alícuota, sumado al 15% que se recaudó por única vez con el aporte extraordinario a las grandes fortunas, más recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, se financiaron obras de infraestructura en más de 1.300 barrios populares de todo el país. En la provincia de Santa Fe se iniciaron obras en 77 barrios que significaron una inversión de 38 mil millones de pesos, mientras que más de 20 mil mujeres accedieron a la asistencia económica que brinda el programa Mi Pieza para refaccionar y ampliar sus viviendas.
En Rosario, algunas obras iniciadas por la SISU llegaron a completarse, pero el grueso de los proyectos se encuentra en ejecución y la quita de recursos al FISU genera incertidumbre sobre su continuidad. En Nuevo Alberdi, al norte de la ciudad, el proceso de urbanización lleva más de tres años de trabajo a partir de un convenio firmado con la SISU, del que también participó Servicio Público de la Vivienda (SPV) de la Municipalidad como unidad ejecutora, y el gobierno provincial. “Fue un proceso participativo, donde el barrio definió cuáles eran las principales obras que tenían que realizarse, consiguió los fondos a través de la SISU y los puso a disposición para que el gobierno municipal lleve adelante las obras”, explicó Caren Tepp, concejala de Ciudad de Futura, el espacio que viene motorizando la urbanización del barrio.
En ese marco, se logró financiar las obras para la conexión de agua para todas las familias que viven en la zona urbana del barrio, pero quedó pendiente la extensión de la red hacia la zona rural y la conexión de luz segura en esa misma zona, dos proyectos que ya estaban avanzados. Al mismo tiempo, se avanzó con la licitación para la construcción de tres obras nuevas en el barrio: un espacio deportivo y de encuentro, con un predio ferial para los trabajadores de la economía popular; una reforma del ingreso al barrio, donde se prevé la construcción de senderos peatonales y luminaria pública; y un tercer sector que comprende un parque frutal, barrio adentro. Los tres sectores fueron elegidos por los vecinos por ser zonas inseguras. “Esas obras son derechos adquiridos por parte de los vecinos que no se están poniendo en marcha por decisión del gobierno nacional”, denunció la concejala.
Ante ese escenario, los vecinos se reunieron este viernes en una asamblea donde definieron un plan de acción. Ayelén Acevedo, vecina del lugar, comentó que los pasos a seguir tendrán dos vías. Por un lado, el diálogo “puerta a puerta” con la gente del barrio, para comentar la situación y sumar adhesiones a la lucha. Y por otro, un reclamo concreto a los gobiernos municipal y provincial para que garanticen los recursos para la concreción de las obras. No descartan la posibilidad de realizar marchas y movilizaciones por ese tema.
“Vamos a sentarnos a hablar con la Municipalidad, con la Provincia, y con quien tengamos que hacerlo. Estas obras ya estaban licitadas, pero si desaparece la SISU no se van a hacer. Queremos saber qué va a pasar con eso porque además los montos ya quedaron atrasados”, expresó y agregó: “Para nosotros urbanizar no es solo abrir una calle y traer agua, sino seguir con las problemáticas que tiene el barrio. En la asamblea se definió juntar firmas con los vecinos, para que nos apoyen en el reclamo y que estos espacios públicos se hagan. No es solo una plaza, son obras importantes”.
En la misma línea, Tepp insistió en que el proceso de urbanización debe continuar y llamó al gobierno local y provincial a garantizar los fondos “ya sea a partir de negociaciones con el gobierno nacional o generando otras vías de financiación” para su concreción: “Escuchamos al gobernador y al intendente preocupados por defender a los sectores del agro ante un posible aumento de las retenciones. Esperamos que también alcen la voz en favor de defender los recursos para los barrios populares que, en este contexto, tienen que ser la principal política de contención de las familias”.
Los Pumitas se organiza
En septiembre pasado se anunció de manera oficial un programa de urbanización integral de barrio Los Pumitas, en la zona oeste. Fue algunos meses después del asesinato de Máximo Jeréz, el chico de 11 años que quedó en medio de una balacera cuando salía de un cumpleaños. Su muerte generó conmoción entre los vecinos, que salieron a denunciar públicamente las tramas mafiosas que se tejían en la zona y desvalijaron la casa de los presuntos asesinos. Las escenas se televisaron en vivo para todo el país. La falta de una presencia virtuosa del Estado en el lugar también quedó en evidencia.
El anuncio contemplaba una inversión de 4 mil millones de pesos de la SISU y tenía como unidad ejecutora al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Santa Fe. Pero el proceso de licitación quedó a medias: los postulantes presentaron montos muy superiores al presupuesto asignado, por lo que el gobierno debía iniciar un diálogo con las empresas, pare reorganizar los precios. Con el final de la gestión eso quedó trunco, y ahora la pelota está en manos de las nuevas autoridades.
“Aún no pudimos reunirnos con el gobierno provincial, pero depende de ellos reactivarlos y obviamente del destino que tenga el FISU, que en la reorganización ministerial que está haciendo el gobierno nacional dejaría de depender del área de Desarrollo Social”, explicó Julia Irigoitia, concejala del Partido Justicialista, una de las dirigentes que viene impulsando los proyectos en la zona. “La provincia llegó a firmar el convenio con la SISU, pero no se realizó ningún desembolso ni se llegó a ejecutar un solo peso, porque no se terminó de resolver la cuestión licitatoria”, añadió.
No obstante, en paralelo a ese proyecto de urbanización general, distintas organizaciones, referentes barriales y dirigentes, presentaron un Proyecto de Obras Tempranas (POT) para reacondicionar de forma integral el Centro Comunitario Qadhuoqte, el mejoramiento de la cancha de fútbol del barrio, la instalación de una plaza en la zona y un reordenamiento de los servicios básicos en el lugar. “Ese POT lo teníamos presentado, aprobado y se llegó a ejecutar la primera parte, que es un 30% de la obra”, explicó la concejala del peronismo.
“Nosotros estamos terminando el primer tercio de la obra y no podemos avanzar si no nos hacen la reasignación del siguiente reembolso y la actualización de precios. Es una obra presupuestada a mayo del año pasado que empezó en octubre, con números que quedaron desfasados”, expresó Irigoitia. En ese sentido, se refirió a la importancia de que los gobiernos asuman el compromiso de continuar con los proyectos: “Está claro que si no es el Estado, ningún privado va a mirar estos sectores para invertir en infraestructura, porque no se volvería redituable esa inversión. Si no es con decisión política y organización comunitaria, nadie prioriza a los barrios populares en su agenda”.
Ante la incertidumbre que prima sobre la continuidad de las obras, los referentes barriales vienen llevando adelante asambleas donde definieron realizar un evento cultural el próximo 10 de febrero para presentar esa primera parte de las obras. La intención es poner el tema en la agenda pública y poder sumar adhesiones para pelear en conjunto por la continuidad de los proyectos. “Vamos a armar un documento y la idea es invitar a autoridades municipales y provinciales para que sepan qué es lo que se ejecutó, e inclinar un reclamo para que se sigan las obras”, explicó Oscar Talero, referente del Centro Comunitario Qadhuoqte.
Para el dirigente barrial, la concreción de las obras implicaría mejoras en los proyectos educativos y deportivos del barrio, que son necesarios en la zona. “Serviría para fortalecer un trabajo social activo para la comunidad, para los jóvenes que no terminaron la primaria y la secundaria, y con la canchita la idea es que los chicos puedan iniciarse en el deporte. Pero estamos en clave de espera. La SISU todavía no tiene directores y no se sabe si los va a tener. La incertidumbre es total”, evaluó.
SALARIAL
Rechazan la delegación de facultades
Con grave perjuicio para la provincia
Tras la decisión del gobierno nacional de retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus, las reacciones fueron diversas. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio van a apoyar el texto que delega facultades legislativas al presidente Javier Milei en nueve materias, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó sus objeciones. "Algunos podrán creer que postergar el debate sobre temas fiscales es un triunfo. Pero, en realidad, es una trampa", dijo el diputado nacional.
"Que el ajuste que tiene que venir no lo paguen ni la producción ni los que menos tienen'', dijo Pullaro. Y Martínez retrucó que "con la delegación de facultades, Milei podrá liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso perjudica en Santa Fe a 440 mil jubilados ANSES, abre interrogantes sobre jubilados futuros y pone en crisis a la Caja de Jubilaciones provincial (no transferida)".
Entre otros temas, como las transferencias a provincias y la intervención de organismos estratégicos, Martínez recordó que "el boleto de colectivo saldrá cada vez más caro".
En cuanto a las privatizaciones, apuntó que "Milei privatizará el Banco Nación, clave para la producción santafesina. Lo mismo, con Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán. Ya no habrá nuevas rutas de Aerolíneas. Y se desarticulará la red de fibra óptica (ARSAT)".
La posición de Martínez es que "Santa Fe se verá severamente perjudicada". "Que no nos engañen. Y que nadie se deje engañar. Cuánto más facultades delegadas tenga Milei, peor le va a ir a los santafesinos".
El viernes se reanuda la causa por la represión al Villazo
El juicio suma a otro acusado
El exjefe de Inteligencia Antonio Bossie, será incorporado en el proceso tras pericias sobre una supuesta incapacidad.
Este viernes retoma en los Tribunales Federales de Rosario el juicio por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa conocida como el Villazo, por hechos cometidos contra trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución, en la antesala de la última dictadura cívico militar. Durante la primera jornada de audiencias tras la feria judicial, se escuchará la acusación a Antonio Federico Bossie, exjefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás, que si bien estaba entre los imputados, intentó no ser juzgado a partir de un dictamen de incapacidad en otra causa; pero un nuevo examen arrojó que tiene capacidad para comprender de qué se lo acusa. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos creen que los testimonios de víctimas, sobrevivientes y familiares se extenderán durante todo el año.
En el debate se juzga a una veintena de imputados y se ventilan 69 hechos de homicidio, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita, cometidos contra 67 víctimas en el marco de la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo".
Si bien las audiencias testimoniales se están desarrollando en la ciudad de Villa Constitución, este viernes la cita será en Oroño 940, donde comenzó el juicio en noviembre pasado, por delitos cometidos hace más de 48 años, en la vecina localidad. "Desde que comenzó el debate se escucharon los testimonios sobre todo de quienes protagonizaron el Villazo y sufrieron luego, en carne propia, la represión de un año después, tras haber tenido el coraje de salir a luchar por sus derechos", resumió la abogada querellante de APDH, Julia Giordano.
Luego de la feria judicial, el tribunal integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci retomará esta semana las audiencias con la lectura de la acusación que hicieron el fiscal Adolfo Villatte y la querella de APDH sobre uno de los imputados. "La primera audiencia será para incorporar al proceso del juicio al acusado Bossie, que era miembro del Ejército, ya que había tenido un primer dictamen de supuesta incapacidad en otro juicio en San Nicolás, que se pretendió hacer valer en este juicio. Desde la parte acusadora solicitamos que se le haga un nuevo examen pericial sobre la capacidad psicológica para estar en el debate, y ese dictamen fue favorable en cuanto a que tenía la capacidad para comprender la acusación", señaló la querellante. "Hoy tenemos la posibilidad de contar con un acusado más, que por la responsabilidad que tenía fue parte de quienes tomaron las decisiones sobre los operativos represivos", detalló.
En tanto, el 5 de febrero se dará continuidad a las audiencias testimoniales en Villa Constitución. "Entendemos que va a llevar todo este año terminar con las declaraciones. Si llegaremos a tener sentencia o no, este mismo año, no lo sabemos aún", sostuvo.
Desde APDH siempre describieron que se trató de delitos contra la histórica lista Marrón que ganó las elecciones de la UOM Villa Constitución de 1974 y que los hechos cometidos "tuvieron como objetivo derrotar la lucha sindical de lxs trabajadorxs metalúrgicxs. El operativo 'Serpiente roja del Paraná' fue una prueba piloto del terrorismo de estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática".
Se trata de una causa en la que por primera vez se juzga a civiles (Roberto Pellegrini, exjefe de personal de Acindar y Ricardo Torralvo, era personal jerárquico de la empresa) que pertenecían a la empresa Acindar en la región por crímenes del terrorismo de estado, previos al 24 de marzo de 1976, por los sucesos ocurridos en Villa Constitución. En ese sentido, el expediente aborda, además la responsabilidad de un exjefe militar, 21 expolicías federales y un expolicía santafesino. De los 69 casos que se ventilan, 11 son homicidios calificados. Los otros delitos imputados son privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita.
La parte acusadora busca "acreditar que hubo un plan económico, teniendo en cuenta que el presidente del directorio de Acindar, en el momento de la cruenta represión de Villa Constitución, era (José Alfredo) Martínez de Hoz, quien luego del golpe de Estado pasó a ser ministro de Economía de la dictadura cívico militar", describió en su momento el abogado de APDH Federico Pagliero.
Giordano recordó que "llegar a juicio luego de una instrucción de 10 años fue una pelea de familiares, sobrevivientes y víctimas". Y agregó: "Habiendo pasado 20 años desde la reapertura de los juicio podemos decir que es un logro de construcción de la sociedad, como pueblo y con bases sólidas, que se sostengan". Al mismo tiempo, planteó que eso parece contradictorio con tener como vicepresidenta a Victoria Villarruel, que no acuerda con estos juicios. Sin embargo, no existe un reclamo social para que se terminen. Puede ser una contradicción más en el electorado de este gobierno. Sí tendrá implicancia lo que se decida en relación a las políticas de derechos humanos. Pero, no nos olvidemos que en muchos casos quienes venimos sosteniendo estas causas son las propias víctimas, familiares y organismos de derechos humanos como APDH que jamás claudicaron en esta lucha y que hemos construido y reclamado".
Alerta de la UOM por 280 puestos de trabajo en Vasalli
Gran incertidumbre en Firmat
Tras el cambio de dueños de la fábrica de cosechadoras Vassalli, hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo solicitada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Firmat, para citar a los nuevos propietarios. Concurrieron representantes de un estudio jurídico que no dieron precisiones sobre el futuro de los 280 trabajadores, y esto motivó que los representantes sindicales salieran con "más dudas".
“Nadie con poder suficiente de la empresa se apersonó a la audiencia”, apuntó Pablo Cerra, abogado del gremio y reveló que “en el descargo que presentaron de parte de la patronal tampoco dejan la certeza de que la transacción de las sesiones se haya concluido”, lo que indica que ni siquiera hay una definición en torno a los nombres de la nueva gerencia de la empresa. “Los trabajadores hoy tienen más dudas que ayer”. Infirió el abogado de la UOM
“Estamos muy preocupados porque no solamente nadie se presenta como nueva patronal, sino que mucho menos han presentado un plan de trabajo, un plan de negocio, un plan industrial donde genere seguridad laboral en el sentido de conservación de los puestos de trabajo para los trabajadores”, apuntó Cerra.
El sindicato de los metalúrgicos apuntó que se mantiene en estado de alerta por esta situación y revelaron que la cartera laboral de Pullaro fijó una nueva audiencia para el próximo 28 de febrero, donde esperan que asistan los nuevos integrantes del directorio de la empresa.
Fuente:Rosario12
Fila de camiones y colapso vial: vecinos de La Ribera reclaman la obra prometida
Los camiones con destino de puerto en el cordón Rosario complican la rutina de quienes habitan las adyacencias. Estos vecinos exigen que se retome la construcción de un atajo de 6 kilómetros, ya licitada pero nunca iniciada, que descomprimiría el tránsito pesado en la zona.
El gobierno provincial anticipó "una cosecha histórica" en todo el país y se espera la llegada de más de 2 millones de camiones a los puertos de Santa Fe. En este marco, vecinos de la Villa La Ribera, Timbúes, Andino y Oliveros ya advierten dificultades para circular por la ruta provincial Nº 91 y reclaman que se concreten la obra licitada bajo el gobierno de Omar Perotti para descomprimir el tránsito pesado.
Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro dijo que la "prioridad es que este flujo suceda de la manera más segura y ordenada, porque en gran medida de esto depende el ingreso de las divisas que el país necesita". En tanto, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, sostuvo que uno de los objetivos "será minimizar o disminuir los grandes congestionamientos y reducir los inconvenientes que esta situación ocasiona en los vecinos".
“Se acumulan centenares de camiones estacionados o circulando a paso de hombre esperando para poder ingresar al puerto y los vecinos optan por transitar por la banquina o por la mano contraria para poder sortear el obstáculo, con todos los riesgos, incomodidades y demoras que eso implica. Es un problema que tiene muchos años”, señaló en Sí 98.9 Cecilia, vecina de La Ribera.
Y sumó: “Hubo momentos en los que directamente no se podía pasar. Es una situación realmente insostenible, sobretodo porque estos camiones van hacia puertos privados como Cargill. Los dueños de estas multinacionales, quienes generan estos inconvenientes, no se hacen cargo y perjudican a los vecinos que vamos a trabajar. Sin embargo, para las rutas dicen que ‘no hay plata’".
Cabe señalar que la obra en cuestión -que ya fue licitada- consiste en un atajo que sortea los tramos urbanos de la ruta 91 y llega a la ruta nacional Nº 11. La longitud total de la conexión vial es de unos 6 kilómetros. “Es un tramo muy corto que beneficiaría a toda la población de estas localidades y también a los transportistas, que pasan días esperando en condiciones insalubres”, cerró la vecina.
Pullaro aprobó los cambios en la Ley ómnibus: "Saludamos esta medida”
El gobernador Maximiliano Pullaro celebró los cambios en la Ley ómnibus, que fueron anunciados este viernes por la tarde por el ministro de Economía Luis Caputo y afirmó: “Saludamos esta medida”.
"Lo había charlado con el ministro Francos, era una de las alternativas", indicó el titular de la Casa Gris, con respecto a la quita de los puntos que hacen referencia a blanqueo, moratoria, adelanto de bienes personales, retenciones, fórmula jubilatoria y Ganancias. “Eso nos va a permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas de la Nación y de las provincias”, señaló.
“De esa manera, el ajuste que tiene que venir en Argentina no lo paguen ni la producción ni los que menos tienen”, comentó Pullaro.
La suba de retenciones al agro era el punto de la ley sobre el que el gobernador santafesino había pronunciado completamente en desacuerdo por considerarlo "sumamente injusto" para la provincia.
Por úlitmo, el gobernador dijo: "Saludamos esta medida que toma el gobierno nacional y nos comprometemos, como lo hice con el ministro Francos, a trabajar juntos para encontrar la salida para Argentina. Ponemos nuestros equipos a disposición para encontrar los puntos intermedios".
Fuente:RosarioPlus
Modernización
EPE renueva su flota: incorpora más de 190 vehículos y compacta móviles
en desuso
La medida busca mejorar el servicio que se presta
en calle, disminuir la contaminación ambiental, optimizar el uso de los
espacios y aumentar la seguridad de los vecinos cercanos a los depósitos
27 de enero de 2024
Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio la la Empresa
Provincial de la Energía (EPE) -que depende de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Desarrollo Productivo_, anunció la incorporación de 193 vehículos
de distinto porte, al tiempo que identificó 338 automóviles que presentan un
nivel de deterioro que impide su uso y que serán vendidos o compactados.
La iniciativa se enmarca en los lineamientos que viene marcando la
gestión de Maximiliano Pullaro desde el inicio, que encaró un exhaustivo
análisis y recuperación del parque automotor, incorporando nuevas unidades en
los casos prioritarios para mejorar las prestaciones.
En esa línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini,
ratificó el compromiso de la gestión Pullaro con modernizar la EPE y brindar un
mejor servicio en todo el territorio provincial, fundamentalmente a los
sectores productivos. “Estamos en un proceso de ordenar las cuentas de la EPE,
una empresa que tenía un déficit importante proyectado a marzo. Y entregando
herramientas a las distintas sucursales para enfrentar las consecuencias que en
muchas localidades generan los temporales. Estos vehículos hace meses que están
parados para ser asignados; esto es parte de la desidia de un Gobierno que no
gestionó y que hoy estamos pagando las consecuencias”.
Modernización
La modernización de la flota contempla la incorporación de 193
automóviles, entre ellos 62 pickup 4×4 doble cabina, 27 pickup simple tracción
doble cabina para tareas de mantenimiento de redes de distribución primaria, 17
pickup 4×2 con hidroelevador, 8 autoelevadores, 6 camiones livianos con grúa
para el área de distribución y sucursales territoriales. También sumaron 3
pickup simple tracción y cabina simple, 11 camiones semipesados con grúa, 27
utilitarios para prestación de servicios y 30 para las distintas sucursales,
entre otros.
“El objetivo de modernizar la flota es atender las demandas y potenciar
la capacidad de respuesta de múltiples sectores de la empresa. Estas
incorporaciones se emplearán para las áreas de servicios, logística, tareas de
mantenimiento y sucursales territoriales.“ indicó por su parte el presidente de
directorio de la EPE, Hugo Marcucci.
Cementerio automotor
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se
refirió a los resultados del relevamiento del parque automotor de la empresa,
que arrojan un total de 338 móviles que serán dados de baja y luego vendidos o
compactados: “Estos vehículos han estado abandonados durante años y ya son
chatarra con fluidos, aceites, baterías con químicos y elementos altamente
nocivos para el ambiente. Lo que hacemos con esto es limpiar los predios,
aportar al ambiente, reducir costos de la EPE porque en muchos casos se
alquilan predios nuevos para tener vehículos y los otros predios están llenos
de chatarra”.
A su turno, la secretaria de Energía, Verónica Geese, añadió que “con
este diagnóstico y buscando una mayor eficiencia, la Provincia decidió
deshacerse de aquellas unidades que no pueden ser reparadas. De esta forma, se
logrará aprovechar mejor los espacios de la empresa, reducir la contaminación
de su almacenamiento y mejorar la seguridad pública de los vecinos que viven
cerca de los depósitos”.
La funcionaria detalló que la flota detectada contempla todo tipo de
vehículos: “Así como sucedió en cada ministerio, el relevamiento en la EPE
detectó un verdadero cementerio automotor: camiones, pickups, autos, grúas,
furgones livianos y medianos, acoplados y tractores que están fuera de
servicio”.
Geese recordó que la EPE tiene un déficit proyectado de 30 mil millones de
pesos a marzo: “Que el gobierno anterior no haya actualizado las tarifas, que
las haya “pisado” afectó a todos los santafesinos. Es momento de hacer un
diagnóstico sincero de la situación. No haber tomado decisiones fue una medida
populista vinculada a cuestiones electorales más que con criterios de
eficiencia”, completó.
Fuente:ElCiudadanoYLaRegion
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