Vamos Santa Fe, un nuevo espacio en el universo del PJ santafesino
Nombres que emergen en el reset del peronismo
Intendentes y presidentes comunales justicialistas se unieron en un espacio propio, y así empezaron a moverse. Quieren liderar la renovación del partido
Después de la derrota electoral y la salida del gobierno provincial que le había costado recuperar luego de 12 años y tres períodos, en el peronismo santafesino se activaron intentos de reconfiguración. Digirió lo más bravo de los 27 puntos que separaron la candidatura de Marcelo Lewandowski de la de Maximiliano Pullaro, y en los últimos días afloran señales.
Unos cuantos presidentes comunales e intendentes peronistas, más el convite transversal a instituciones de la comunidad, se constituyeron en Vamos Santa Fe, una corriente que procura vertebrar a una parte del justicialismo provincial con el argumento –nunca tan valioso como ahora– de que son la expresión más territorial de representatividad y gestión ejecutiva que le quedó al PJ. El contexto es una provincia, sus dos mayores ciudades y ambas cámaras legislativas controladas por el frente que lo desalojó del poder.
Esta nueva versión de aquel foro de intendentes justicialistas ya nutrió agenda con reuniones significativas con las que reclaman voz propia y reprochan el rumbo de los últimos años, tanto por la gestión de Omar Perotti como la del partido mismo.
Ya los atendió Pullaro, luego añadieron encuentros con legisladores provinciales, y los nacionales por Santa Fe, con el propósito de sumarse a la gesta de resistir el DNU y la ley ómnibus del presidente Javier Milei. Esta semana vino a Rosario uno de ellos, el intendente de Reconquista, Enri Vallejos, con un par de asuntos de gestión como pretexto, pero la finalidad de mostrarse en el sur luego de haber sido reelecto otra vez para encarar un tercer mandato en La Perla del Norte.
Pero no es el único. A este nuevo espacio lo integran otros intendentes que lograron permanecer de pie y firmes en sus territorios en medio del vendaval pullarista. Son Roly Santacroce en Funes, Jorge Berti en Villa Constitución, Pablo Corsalini en Pérez, Carlos De Grandi en Puerto General San Martín, y una estela de presidentes comunales que –aseguran– son "entre 60 y 70".
"Esta es una nueva expresión en el PJ que garantiza arraigo territorial legitimado por gestiones locales, y proximidad con la gente", dijo Esteban Ferri, presidente comunal de General Lagos.
"Nos define el hecho de estar acostumbrados al hacer, a gestionar, y no como un mero eslogan. Eso es lo que faltó en el proceso de gestión provincial de los últimos 4 años. Somos muy críticos de eso", cuestionó en alusión al trato que Perotti le dispensó al PJ luego de asumir en la Casa Gris. En este y en otros espacios del peronismo le reprochan al rafaelino "llegar y cortarse solo" sin apertura ni construcción política. "Dilapidó las expectativas con las que asumió, sobre todo en seguridad, primó el individualismo y no se propició una renovación dirigencial", agregó Ferri. "El PJ debe volver a representar el tejido social que hoy ya empezó a dañar el gobierno de Milei", exhortó, y abogó por abrir esta corriente en sentido transversal con representatividades no peronistas.
Vallejos, que el jueves anduvo por Rosario con algunas gestiones para su tercer mandato como intendente de Reconquista, el tercer conglomerado urbano de Santa Fe, valoró con naturalidad este armado como emergente en el PJ. "Hemos conformado un nuevo espacio entre presidentes comunales e intendentes, de cerca de 70 localidades que nos agrupamos por nuestras necesidades del trabajo territorial que tenemos en cada lugar. Hicimos un primer encuentro en Pérez, luego en Reconquista donde implementamos una metodología de planificación participativa, y diseñamos 9 líneas de trabajo específicas. Una la llevamos a cabo la semana pasada, que fue la reunión de la mesa directiva con un intendente y un presidente comunal del norte, otros del centro, otros del sur. Fuimos a dialogar con el gobernador Pullaro porque queremos trabajar desde una oposición responsable, acompañando los procesos y haciendo ver cuando hay alguna dificultad que merezca la atención", dijo con mesura.
Pero blanqueó que es intención declarada presentarse como opción en la elección del 12 de mayo para renovación de autoridades partidarias en toda la provincia.
En off the record un dirigente puso en duda tanto entusiasmo. "Quieren reposicionar a alguno de ellos quizás, pero creo que no tienen capacidad real de ir a la elección de manera autónoma. Un intendente no puede gestionar su ciudad y atender el partido. Ya lo hicieron con (el de Venado Tuerto, José Luis) Freire y fue un fracaso. Tienen que armar lista con mucha gente, y en Rosario ¿quién les va a armar? El único acuerdo que garantizó una lista fue el del movimiento Evita con La Corriente (rossismo). No tienen capacidad por sí solos", analizó la fuente.
Ricardo Olivera, como presidente del partido, saludó la iniciativa de los jefes municipales y comunales. Los recibió el jueves mismo ya como un sector concreto del PJ. Hablaron de "cómo ser oposición en esta etapa". "Lo primero a destacar es que lograron juntar al norte con el sur, y a los intendentes con los presidentes de Comuna. No es poco", valoró. Y lo alineó con lo que considera debe ser el rol actual del PJ en esta coyuntura: "Sea contra el DNU, con los inquilinos, o lo que sea, debemos acompañar las expresiones de la gente".
Otro de los nombres que se recortan en la geografía del peronismo santafesino es Roly Santacroce, también reelecto en Funes y con el 75% de los votos. "Antes que nada me gustaría escuchar autocrítica en nuestros dirigentes del partido a nivel provincial y nacional, y no lo he escuchado", fustigó. Diferenció la función de gobernante local en que "al gobernador y al presidente la gente los ve por televisión, a nosotros no, cara a cara". Y propuso la misión de "repensar el partido, con un proyecto nuevo, nuevo enfoque, porque la gente no vota más partidos sino personas".
"Quiero creer que todavía hay salida y que es por la política", marcó. "Lo pasado fue malo, y la gente votó algo sin saber qué era y resultó el abismo. Ese es nuestro desafío, ofrecer una mirada nueva, transformar junto con otros sectores, y defender la idea de un Estado eficiente y eficaz".
"Sí, hubo fortalezas y complicaciones también, porque entre otras cosas el gobernador (Perotti) no dio participación activa al apoyo partidario. Pero cuidado, hace falta autocrítica pero en unidad de acción, porque está en riesgo el concepto de Nación", advirtió Norma López, vicepresidenta del PJ provincial.
Como tal, consideró "muy positivo que se organicen en un espacio propio, pero ellos ya eran parte del partido. Hay que cuidar la territorialidad que tenemos, a quienes continúan en gestión, a nuestros legisladores y afiliados, pero en el PJ no sobra nadie. No hay que descartar la unidad. Necesitamos otro tipo de partido, sí, generar nuevas mayorías, y eso debe darse en unidad", cerró.
RECLUTANDO
El nuevo sistema y la deuda de las pymes industriales
Sin solución al ingreso de insumos
El sector de las pymes industriales santafesinas estima la deuda actual en tres mil millones de dólares. El cambio de la Sira.
Desde el sector industrial santafesino estiman que actualmente la deuda Pyme con el exterior alcanza los 3 mil millones de dólares. Se trata de empresas que accedieron a insumos o bienes finales con proveedores de afuera. Consideran que el Sistema Estadístico de Importaciones (Sedi), que viene a reemplazar a la Sira, por ahora es apenas un cambio burocrático que no soluciona el verdadero problema que tiene frenado el ingreso de insumos. Por otra parte, relativizan el lanzamiento del Bopreal, al considerar que su deuda no es con casas matrices (que podrían llegar a aceptarlo) sino con proveedores que de arranque, en muchos casos, mostraron su rechazo a esa posibilidad.
En este sentido, una de las posibilidades que tienen las pequeñas empresas para aprovechar esa herramienta del Banco Central, es tomar el título para colocarlo en el mercado secundario y acceder a divisas. El problema, según reconocieron, es que esa herramienta todavía cuenta con inconsistencias y en el caso de concretarse representa un costo más alto para el importador. De hecho, tras la primera licitación, el Ministerio de Economía reconoció que no tuvo la recepción esperada, ya que apenas hubo una demanda del 9% sobre lo ofrecido. La segunda licitación, que tuvo lugar en la semana, tampoco tuvo demasiado éxito y el nivel de adjudicación fue similar. Una fuente del sector financiero consultada por este medio, aseguró que en el mundo de las finanzas refieren al bono como “un perno”.
Descartada por ahora la posibilidad del Bopreal, referentes locales del sector industrial aguardan por una de las promesas del Banco Central, y tiene que ver con la puesta en marcha de un nuevo cronograma de pagos al exterior. Contempla la posibilidad de abonar el 25% de la mercadería cada 30 días hasta llegar a los 120 días para saldar la totalidad de una mercadería. Aún no se cumplieron los primeros 30 días, de manera que no lograron corroborar si esa será una manera efectiva de pagos al exterior.
En diálogo con El Ciudadano, el ex presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y titular de la fábrica de heladeras Briket, Roberto Lenzi, analizó el contexto económico y brindó detalles del impacto en la producción. Por el momento mantiene la cautela pero reconoce la preocupación por los problemas para traer productos de afuera y por lo que pueda ocurrir con la apertura importadora de bienes finales.
“El 60% de la materia prima es importada y no la conseguimos. Ya venimos con problemas desde el gobierno anterior y hoy el problema está en cómo girar los dólares. Tenemos buena relación con proveedores pero ya venimos con deudas desde hace tiempo y se pusieron más rígidos, por ahora no sabemos como vamos a destrabarlo”, deslizó.
Sedronar
Trabajo precarizado
Ley de reparación histórica post dictadura en Santa Fe
Sobrevivieron a la persecusión
Santa Fe es la primera provincia en contar con una ley de reparación histórica para la población travesti y trans
"Es una ley que viene a salvar y dignificar vidas", aseguraron integrantes de la comunidad travesti trans sobre la ley de reparación histórica post dictadura, sancionada en noviembre y promulgada en el Boletín Oficial de Santa Fe el 28 de diciembre pasado. Claudia María Naranjo, referente del colectivo travesti trans en San Lorenzo y la región, planteó que se trata de "una ley de chicas trans para la comunidad travesti trans". Su compañera referente de Santo Tomé y Santa Fe, Priscila Soledad Martínez, habló de la importancia de la reparación a la que se calcula que accederán unas 140 personas; y destacó la figura de Alejandra Ironici, militante y activista trans reconocida como una pionera dentro de la comunidad, que fue víctima de travesticidio en 2022, por lo que el colectivo venía "muy golpeado". Se espera que en los próximos meses haya novedades sobre la puesta en marcha.
Santa Fe es la primera provincia en contar con una ley de reparación histórica post dictadura para la población travesti y trans que sobrevivió a la persecución policial sistemática y a la violación de derechos humanos, ya en democracia, por la vigencia de un código de faltas que fue derogado recién en 2010. El último jueves de 2023 se dio a conocer la promulgación de la ley la ley 14.220.
El beneficio consiste en una "pensión mensual no contributiva" para la comunidad que sufrió el trato hostil estatal, que es "de carácter vitalicio, equivalente al doble del haber mínimo de la pensión vigente en Santa Fe". Alcanza a toda personas travesti-trans que acredite que entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio de 2010 haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de identidad de género", indica la norma.
El objetivo es resarcir a una población que padeció el acoso estatal de manos de la policía, pero ya en democracia. Entre los requisitos para acceder al beneficio, deben acreditar que habitaban en la provincia cuando fueron privadas de libertad. La pensión se tramitará ante la Caja de Pensiones Sociales, previa solicitud a la Dirección de Diversidad Sexual.
Claudia y Priscila recordaron cómo se gestó el proyecto que hoy es realidad, y destacaron que es una normativa de compañeras trans para la comunidad travesti trans. "Un grupo se juntó ante las necesidades del colectivo, porque pese a que se lograron muchos derechos y se dieron batallas, nuestro promedio de vida es de 35/40 años y hay chicas que están en un rango de edad por el que no entran en un cupo laboral ni en otros beneficios que vienen para próximas generaciones. Pensando en esto, sabiendo de la persecución que hubo al colectivo, pensamos en este proyecto de ley para salvar vidas, porque de eso se trata. Ahí comenzamos a trabajar con el abogado Matías Gómez. El proyecto es de chicas trans para la comunidad travesti trans, que no tiene que ver con un partido, sino que es un trabajo hermoso que hicimos, de mucha actividad, que no fue fácil, pero que se pudo dar", recordó Claudia sobre la iniciativa que comenzó a armarse hace dos años.
Por su parte, Priscila destacó la figura de Alejandra Ironici. "Al hablar de historia me parece importante recordarla porque fue un antes y un después en las conquistas de derechos para la comunidad LGBTIQ+ en Santa Fe. Y veníamos muy golpeadas por su travesticidio, además existía ya un antecedente de las compañeras reparadas en épocas de dictadura. Para nosotras nunca terminó esa dictadura. Seguíamos siendo perseguidas y encarceladas. El ente policial Moralidad Pública -además de distritos y comisarías que nos perseguían- se dedicaba a eso de lunes a lunes para maltratarnos, arrestarnos bajo los artículos contravencionales que fueron derogados en 2010. Muchas compañeras fueron violadas, maltratadas y otras aberraciones", relató sobre los años entre 1983 y 2010.
Claudia, agregó: "Nuestra prueba irrefutable es la persecución sistemática que hubo de la policía de Santa Fe hacia nuestras identidades. Para nosotras no hubo democracia sino hasta 2010, cuando se derogaron los artículos que como excusa usaban para poder meternos presas, para poder perseguirnos. La realidad era que terminábamos en la calle, no era una elección, era una última posibilidad de supervivencia", aseguró.
Frente a ello, con la ley como objetivo, se conformó la Mesa de Reparación Histórica Travesti Trans, que según detalló Priscila estaba conformada en Santa Fe, con Fabiana González como guía; y en Rosario, con Karla Ojeda. "Este proyecto es unilateral a cualquier color y tinte político. Fuimos compañeras que junto a un abogado nos reunimos por esta ley. Este proyecto está respaldado además por todas las caídas que tenemos de esos años, por aquellos artículos", aseguró. "Nos unimos para pensar el proyecto y armarlo. Más allá de lo simbólico del reconocimiento de que fuimos perseguidas y víctimas de un estado aún viviendo en democracia, porque para nosotras seguía siendo una dictadura; el proyecto tiene el valor simbólico del dinero, que no va a reparar el daño que hay en nuestros cuerpos y mentes, pero llega para dignificar nuestras vidas. Más allá de que Santa Fe siempre está a la vanguardia en la conquista de derechos, hay cupos laborales en los que las compañeras no pueden acceder por la edad, por los problemas de salud que tienen, por todos esos años de abandono".
En relación a los tiempos de concreción, Claudia señaló: "Entendemos que ahora está en marcha todo el tema administrativo y de reglamentación. Confío que próximamente vamos a tener noticias para que ya haya un formulario que podamos empezar a llenar, adjuntar todos los documentos. Esto tuvo que ver con un grupo amplio de toda la provincia. Hubo reuniones con chicas de Venado Tuerto, de Reconquista, Santa Fe, San Lorenzo, Rosario, Baigorria, y otras. La promulgación tiene que ver con que el Estado dé a conocer esto, para que, a quien le corresponda, pueda cobrar esta pensión. Entendemos que hay unas 140 personas que podrán acceder", dijo.
Al mismo tiempo, sostuvo: "En nuestras historias, a cada una se le truncó un proyecto de vida por todo lo que siempre decimos: el negarnos los derechos como estudiar, trabajar, poder ser. Eso tiene consecuencias en nuestras vidas y es el promedio de vida de 35 a 40 años. Tengo 49 y soy una sobreviviente a eso, pero en el camino quedaron muchas chicas, incluso en estos dos años de trabajo del proyecto", lamentó sobre la realidad que atraviesan.
Priscila agregó al respecto que "todas vivimos la desidia y el abandono del estado, expulsadas de nuestros hogares, en la marginalidad y siendo lo único el trabajo sexual y la calle. Esto es por las compañeras que pudieron pasar estos 35 años de expectativa de vida. Esto viene a darnos una vejez digna y merecida por tantos años de sufrimiento y de dolor", dijo la militante de 41 años, que recordó la pérdida de compañeras en el camino. Además, valoró el acompañamiento de "organizaciones sociales, feministas, el trabajo incansable de Pamela Rocchi, varones trans, mujeres trans, travas. Todas estuvimos", dijo.
Para Claudia, "estos son logros únicos en el país, que vienen de personas que trabajamos desde el amor, la lucha, que buscamos recuperar más derechos de los que nos negaron. Queremos que esta ley pueda ser adoptada por todas las provincias. Estamos muy esperanzadas en Santa Fe porque asumió como directora provincial de Diversidad Sexual, Pamela Rocchi, quien viene trabajando hace mucho tiempo, está muy comprometida con este proyecto, que tiene militancia, conoce el territorio y a las chicas", valoró.
"La mayoría vive en situación vulnerable, sin un lugar propio, sin muchas cosas, y yo sé que esta ley va a acomodar estas situaciones, que las chicas van a poder pagar su alquiler, comer. La situación está complicada en el país, estamos viviendo etapas difíciles, con gobiernos de derecha, pero confiamos en nuestra lucha, porque somos unas guerreras de toda la vida por nuestros derechos. Esto es esperanzador, para poder garantizarnos una vejez digna", planteó.
Al mismo tiempo, recordaron el precedente del archivo de la memoria y de las compañeras reparadas por hechos durante la dictadura, "también tuvo que ver con este proyecto que presentó la diputada Matilde Bruera" y que ahora es ley.
Fiebre hemorrágica: El gobierno hizo recomendaciones tras un caso fatal
La importancia de una vacuna
El conocido como “mal de los rastrojos” está afectando a una región del país que abarca al sur de la provincia de Santa Fe.
Tras conocerse el caso de un hombre oriundo de Funes que falleció por Fiebre Hemorrágica Argentina, desde el gobierno provincial recordaron las medidas de prevención de la enfermedad y la importancia de aplicarse la vacuna CANDID #1, la cual se encuentra disponible en hospitales y centros de salud de toda la provincia. El conocido como “mal de los rastrojos” está afectando a una región del país que abarca al sur de la provincia de Santa Fe, sur de Córdoba, el Norte de La Pampa y el Noroeste de Buenos Aires.
El viernes por la tarde se conoció la información de que un hombre de 42 años, residente en la localidad de Funes y que trabajaba en Cañada de Gómez, fue la primera víctima mortal del año de Fiebre Hemorrágica Argentina o Virus Junín, un arenavirus que transmiten los roedores y que afecta una extensa región de la Argentina, incluyendo el sur santafesino. A partir de este caso, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, insistió con la necesidad de aplicarse la vacuna CANDID #1, ya que aseguran que es la manera más eficaz de protegerse de una enfermedad que puede afectar principalmente a personas que trabajan, viven o visitan el campo o estuvieron en contacto con sitios invadidos por roedores del campo que eliminan el virus en su saliva y orina, contaminando el medio ambiente en el que viven.
En relación a la vacuna, explicaron que se encuentra en el Calendario Nacional y está disponible en los hospitales y centros de salud de todo el territorio nacional. Se requiere una dosis única para estar protegido y se la deben aplicar personas mayores de 15 años que no hayan sido vacunados anteriormente y que residan o desarrollen actividades en las zonas del área endémica. Por su parte, desde el área de salud provincial recordaron que no deben vacunarse personas gestantes, mujeres amamantando ni aquellos que estén cursando un cuadro febril agudo, se encuentren inmunosuprimidos o que reciban altas dosis de corticoides.
Teniendo en cuenta el escenario epidemiológico actualizado, desde el Ministerio explicaron que se sostiene la vacunación de rutina según las normas nacionales y se recomienda la vacunación intensiva priorizando la inmunización de la población que reside, circula o desarrolla actividades con riesgo de exposición en zonas rurales o semiurbanas de las zonas endémicas, como trabajadores rurales, transportistas; personas que trabajan en acopiadoras de cereales, molinos, actividades recreativas, trabajadores migrantes estacionales, entre otros.
Además de la vacunación, el Ministerio de Salud recomendó una serie de medidas de prevención complementarias: mantener una higiene cuidadosa, principalmente de las manos y cambio de ropas, cada vez que se hayan frecuentado zonas con roedores; no introducir tallos, hojas o granos en la boca; no acostarse sobre bolsas o en el suelo; comer y dormir en habitaciones limpias, usar calzado cerrado; mantener desmalezados los alrededores de la vivienda para evitar que las lauchas se acerquen a ella; disponer de lugares libres de maleza para los juegos de niños; no destruir la fauna depredadores de roedores, tales como lechuzas, lechuzones, chimangos y gatos.
En relación a los síntomas, desde la cartera sanitaria provincial explicaron que la Fiebre Hemorrágica Argentina puede comenzar con cuadro de fiebre, decaimiento y dolor de cabeza y luego pueden presentarse dolores musculares, de articulaciones, detrás de los ojos, mareos, náuseas y vómitos. Por tal motivo, destacaron que ante la aparición de cualquiera de estos síntomas es importante consultar al médico y/o dirigirse al centro de salud más cercano.
Fuente:Rosario12
La ley ómnibus "parte al medio la Argentina"
Mi-ley busca que el Congreso le apruebe la desarticulación del Estado antes de fin de mes, sin negociar y carente de fuerza propia. El tiempo le juega en contra. Primer traspié judicial por la “reforma” laboral.
El Gobierno de Javier Mi-ley pareciera jugar todas las fichas de su suerte política en los dos tableros que escogió para desplegar su estrategia ajustadora: el Congreso con la aprobación del proyecto de ley ómnibus que abarca cuanto se pueda abarcar; y el Poder Judicial como custodio de la legalidad del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), terreno en el que ya sufrió un traspié en el fuero laboral pero que busca enderezar llevando todos los planteos judiciales de inconstitucionalidad al más amistoso fuero Contencioso Administrativo, donde tiene la puerta entreabierta el juez Esteban Furnari. Mientras define cuestiones decisivas como si se muda o no a la residencia presidencial de Olivos con sus cuatro perros –atento a la dificultad para importar un material que se utiliza para fabricar los caniles–, Mi-ley quiere imprimirle la necesaria velocidad que requiere su plan de desarticulación del Estado y aguarda la venia del Parlamento antes de que termine enero. El paso del tiempo conspira contra su estrategia devastadora, porque comenzarán a materializarse las consecuencias de las políticas oficiales que, inevitablemente, serán negativas. El valor del combustible a 1.000 pesos el litro o el kilo de carne a 7.000 en apenas un mes, puede hacer trocar con el paso del tiempo la interpretación sobre el sistema de precios desde la idea de “sinceramiento” a la de “brutal ajuste” sobre los sectores populares y medios, víctimas principales del “sufrimiento” prometido. Si las “reformas” propiciadas por el Gobierno de Mauricio Macri y el presidente no se implementan en el corto plazo, el countdown del humor social jugará en su contra.
Partirla al medio
Con el objetivo de avanzar en el Congreso, donde el jueves 4 se conformaron las cinco comisiones en las que se analizará el proyecto de ley de minimización de la participación estatal en función del avance del mercado como regulador de las relaciones sociales y económicas, Milei se reunió con el puñado de legisladores que le responden directamente.
Al término de la reunión, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que el encuentro del presidente con diputados oficialistas “fue en línea con la estrategia legislativa en la mal llamada ley ómnibus” y sostuvo que el Gobierno tiene “plena confianza en que va haber novedades de aquí al 31 de enero”. Optimismo no le falta.
Entonces, Adorni sinceró el objetivo de la Casa Rosada: romper al país en dos pedazos, de magnitudes equilibradas. “Es un trámite legislativo muy complejo por la extensión de la ley, los intereses en juego y porque en definitiva parte al medio la Argentina”, dijo el vocero.
En el mundo que autopercibe, “por un lado está la vieja Argentina que privilegia a la casta que vive de una u otra forma del Estado, y del otro lado la que le abre la puerta a una Argentina totalmente distinta”, sostuvo.
En línea con la estrategia de rápido y duro, adelantó que “no está en los planes que haya (sesiones) extraordinarias en febrero” en el Congreso.
La agencia de noticias Télam consignó que un participante en la reunión que se desarrolló en el Salón Sur de Casa Rosada confirmó esa afirmación al asegurar que el objetivo es “tener la ley votada el 31 de enero”.
La Libertad Avanza (LLA), el partido con el que Mi-ley ganó las elecciones presidenciales, cuenta con 38 diputados nacionales y ocho senadores en el Parlamento nacional. Una escasa fuerza propia.
Esa debilidad legislativa lo obliga a coordinar con otros bloques y bancadas para conseguir un tratamiento favorable del DNU –que debe ser analizado por una comisión bicameral del Congreso, amén del tratamiento judicial del tema– y de los 12 temas planteados por la Presidencia de la Nación para las sesiones extraordinarias convocadas para enero.
La enormidad de temas que abarca el proyecto de ley que contiene 664 artículos sobre los más diversos ámbitos de la vida humana será, presumiblemente, materia negociable.
Varias voces del Congreso solicitaron que el Ejecutivo enviara varias leyes, por temas, para poder analizarlas de un mejor modo. No es la intención del Gobierno, que se juega a todo o nada en el paquete completo.
Pero, justamente, por la complejidad, cantidad y variedad de asuntos que aborda, es factible que la Casa Rosada negocie aspectos del proyecto en busca de los votos necesarios.
El vocero Adorni lo adelantó, a su manera, al referirse a las modificaciones a las regulaciones pesqueras, que prometen desempleo y extranjerización: “Estamos abiertos al diálogo y a discutir no sólo ese punto sino cualquier otro que pueda generar alguna controversia. Tenemos mucho expertise, pero como cualquier ser humano uno puede cometer alguna cuestión a corregirse”. No se nota.
Hasta el momento no se conocen públicamente el inicio de esas negociaciones, pero sí el carajeo del presidente a los diputados y senadores, a quienes en ocasiones trata –sin pruebas– de coimeros, y a quienes les dio la espalda en el discurso de apertura de su mandato, como claro símbolo de la importancia que le asigna al Congreso.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó el miércoles a esa estrategia al asegurar que el que se opone es extorsionador.
Pidió que dejen de “extorsionar a la gobernabilidad” del Presidente, y valoró el DNU y el proyecto de ley enviado al Congreso al que, con desprecio por la realidad, calificó como que “apuntan a la inversión y el orden para tener empleo”.
“No es lógico que el 24 (de enero) va a ser un mes de que haya comenzado el Gobierno y hacen un paro nacional. El país necesita trabajar, ordenarse y está cansado de la presión, de que las minorías vuelvan a estar rehenes de un grupo que estuvo bajo la alfombra durante cuatro años”, expresó Bullrich en referencia a las medidas de protestas que anunció la CGT contra la destrucción del sistema laboral.
Luego se sinceró: sostuvo que el proyecto de ley va en una “dirección de simplificación para las condiciones del capital en Argentina, que permitan bajar costos y apunta a la inversión y orden para tener empleo”. Bajar costo laboral, el viejo anhelo de las elites desde la irrupción del peronismo a mediados del siglo pasado.
Pero el proyecto no es parejo en cuanto a la “simplificación para las condiciones del capital”, porque hasta ahora las políticas oficiales benefician sólo a algunos sectores puntuales del capital, mientras que agreden a otros, como el industrial y particularmente las pymes. Sin mercado interno, poco vale que un monotributista pueda conchabar cinco “colaboradores” bajo la misma condición fiscal.
Con cautela
La Cámara Nacional del Trabajo dictó el miércoles 3 de enero una medida cautelar que suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU dictado por el Gobierno, ante lo cual la administración de Mi-ley anunció que apelará y pedirá que se declare la incompetencia de ese tribunal, para que el caso sea tratado en el amigable fuero Contencioso Administrativo Federal.
El tribunal de feria hizo lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había apelado una resolución de primera instancia, y dispuso el dictado de una medida cautelar hasta tanto se analice la cuestión de fondo vinculada al análisis de constitucionalidad de la reforma realizada mediante un DNU.
El Gobierno informó que la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del ex juez de la Corte Suprema Rodolfo Barra, “apelará la medida cautelar” de la Cámara “y pedirá la incompetencia de ese fuero”. En la segunda parte del enunciado se centra su mayor anhelo.
“El fallo contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país”, señaló el Gobierno en un comunicado, y sostuvo que “desoye el criterio que adoptaron los otros tribunales del país, tanto en la Ciudad (de Buenos Aires) como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos”. Así, aludió al fuero Contencioso Administrativo Federal, y en el caso particular al juez Esteban Furnari, que atrajo todas las presentaciones contra el DNU.
La CGT, por su parte, celebró “el fallo judicial contra el intento de reforma laboral propuesto por el Gobierno” a través del mega DNU y aseguró que “el movimiento obrero y los trabajadores no serán vencidos en tanto y en cuanto permanezcan unidos”.
La decisión de la Cámara fue adoptada con los votos de los magistrados José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que integran la sala de feria de la Cámara del Trabajo junto con la jueza Dora González, que postuló remitir la causa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
“No se evidenciaría objetivamente la «necesidad» de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera –hipotéticamente– intentar justificarse en las referencias genéricas a «un hecho demostrado», lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de «urgencia» para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo”, sostuvieron los jueces de la mayoría.
Destacaron además que “no se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide –en principio– considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema «excepcionalidad»”.
“En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (artículo 99 inciso 9 de la Constitución Nacional) y que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran (tramitación en comisiones de manera conjunta y mociones de preferencia o de tratamiento «sobre tablas»)”, recordaron.
El fallo también resalta la contradicción entre intentar modificar múltiples y variadas materias por decreto, mientras por otro lado el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias al Congreso para el tratamiento de la ley ómnibus.
El voto de la mayoría señala que “resulta, al respecto, insoslayable que mediante el Decreto 76/23 se ejerció esa facultad y se convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 26/12/23 y hasta el 31/1/24, a fin de tratar –entre muchísimos otros temas– la ratificación del DNyU 70/23”.
Un día después, el jueves 4, la Cámara dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del mega DNU, en esta ocasión ante un planteo de la CTA.
Los jueces resolvieron “disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo”.
En la primera parte del fallo, los jueces aceptaron intervenir ante el planteo de la CTA y rechazaron enviar la causa al fuero contencioso administrativo, que es aquel al que el gobierno nacional quiere llevar todos los planteos contra el DNU.
Contienda
La primera solicitud de amparo contra el DNU fue presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, de la que participa el economista Claudio Lozano, en el fuero contencioso administrativo. Allí cuestionó su constitucionalidad.
El escrito recayó en el juzgado de Esteban Furnari. El magistrado inscribió el reclamo en un registro de procesos colectivos, de modo tal que se acumulen en su despacho las presentaciones que siguieron a la de la ONG de Lozano.
Según publicó el periodista Horacio Verbitsky en el semanario digital El Cohete a la Luna, “en 2009, el juez federal Esteban Furnari autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal, del Grupo Clarín, que el Comité Federal de Radiodifusión había negado”.
Luego, “en 2016 intervino Oil Combustibles, del Grupo Indalo, lo cual lo condujo a su quiebra. En 2019 avaló que el gobierno de (Mauricio) Macri se negara a entregar la información sobre el trámite administrativo para solicitar el préstamo de 53.000 millones de dólares al FMI”.
Al igual que Furnari, el Gobierno desea que todos los reclamos sobre la inconstitucionalidad del decreto urgente y necesitado recaigan en ese juzgado.
Al anunciar la apelación que el Gobierno realizará al fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, el vocero Adorni sostuvo que las resoluciones al respecto las debe tomar “el juez natural”, es decir, el amigable Furnari.
De todos modos, será la Corte Suprema de Justicia quien termine resolviendo sobre la constitucionalidad del mega DNU, una vez que termine la feria de enero.
Centrar las expectativas en que el freno al desenfreno de Mi-ley lo establezca el Poder Judicial es como dormir al aire libre sin repelente estas noches de verano en el Litoral argentino, y pretender despertar sin ronchas.
Paralelamente a los procesos y tiempos judiciales, la “política” tiene llave en el Congreso para detener las “reformas” que el liberal-libertario quiere imprimirle a lo que queda de la Argentina, mientras conduce una monumental transferencia de ingresos desde los sectores de ingresos fijos al capital en nombre de “la libertad”.
La “calle” es la tercera pata del intríngulis que transita Mi-ley, quien no luce como una persona dispuesta al diálogo y la negociación sino al arbitrio y la autocracia. Las reacciones ofrecidas en tan poco tiempo de gobierno constituyen un dato elocuente de la profundidad del daño causado y por provocar. Su organización y la unificación de esas reacciones conforman el horizonte de garantía de un freno al desastre.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 06/01/24
Pullaro, de nuevo amenazado por bandas criminales
Con un mensaje dirigido a su familia que no trascendió, el gobernador cree que responde a los operativos en las cárceles y traslado de presos de alto perfil.
El gobernador Maximiliano Pullaro fue nuevamente amenazado como ya había ocurrido desde que asumió el mandato. Esta vez dejaron una nota amedrentando a su familia en una oficina pública que se presume que proviene de bandas criminales como reacción a operativos en las cárceles.
No trascendió qué decía el mensaje pero sí el propio Pullaro confirmó la acción intimidatoria: “Recibí una amenaza a mi familia”, dijo. "Vamos a seguir por este camino de pelear contra la delincuencia, vamos a seguir manteniendo a los presos de alto perfil en pabellones especiales, que es lo que más le molesta. Vamos a mejorar los niveles de violencia y seguridad”.
En la nota había una referencia a la “donación de órganos”. “No nos vamos a amedrentar”, agregó en la televisión. Vale recordar que ni bien asumió el nuevo gobierno puso en marcha el traslado de presos a cárceles y requisas en distintos pabellones incluso donde había presos de alto perfil. Eso derivó en una balacera contra el banco Macro en zona norte el 12 de diciembre y en un ataque a tiros contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
Fuente:RosarioPlus
A horas del tratamiento
Del Frade pide al gobierno provincial detalles del impacto que tendrá el
DNU en Santa Fe
Los efectos del DNU presidencial y la mencionada
ley ómnibus parecen penetrar fuerte en las provincias y Santa Fe no será excepción
8 de enero de 2024
Los efectos del DNU presidencial y la mencionada ley ómnibus parecen
penetrar fuerte en las provincias y Santa Fe no sería excepción. En este punto
se detuvo la mirada desde la Cámara de Diputados provincial y por eso el
legislador Carlos del Frade presentó una iniciativa para que el mismo Ejecutivo
santafesino informe si existen análisis sobre cómo afectará a trabajadoras que
podrían perder su puesto laboral como consecuencia de dicho DNU y también la
mencionada ley. Además se pide que se agregue en el informe si hay un cálculo
en torno a la disminución de los ingresos por coparticipación.
Coparticipación
Ahora bien, el Proyecto de Del Frade arrojó los siguientes datos: La
coparticipación federal de diciembre de 2023 tuvo una baja real interanual de
19,4% empujada por el reparto de ganancias, que se hundió 41,3% en términos
reales que totalizaron $1.928.010 millones.
Además la iniciativa detalla que al comparar el desempeño de diciembre
respecto a igual mes de años previos, midiendo las transferencias en moneda
constante, según Politikon Chaco, este mes se ubicó por debajo de del de 2021
(-19,2%), del de 2020 (-14,0%) y del de 2017 (-6,1%), aunque supera los niveles
de diciembre de 2019 (+2,2%) y de 2018 (+0,2%). Este año es la caída real record
Asimismo, en noviembre la baja real fue de 12,4% y, hasta entonces, era
la más severa en más de tres años, la peor desde julio del 2020 en plena
pandemia del Covid19.
Por otro lado, en diciembre se observa que las 24 jurisdicciones
cerraron con bajas de doble dígito, aunque con brechas: Los datos del
legislador puntualizó que la provincia de Buenos Aires tuvo el descenso más
moderado (- 13,3%), mientras que La Pampa se registró la caída más fuerte del
mes (-23,4%). Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa recibieron fondos
equivalentes a más de $100.000 por habitante en concepto de transferencias
automáticas, mientras que en La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Chaco se ubicaron
por encima de los $ 80.000 por persona. A su vez San Luis, San Juan, Santiago del
Estero, Jujuy y Entre Ríos recibieron un equivalente de entre $ 60.000 y $
63.000 por habitante. Le siguieron Río Negro, Co[1]rrientes y Salta con envíos
per cápita de entre $ 50.000 y $59.500. Algo más atrás quedaron Tucumán,
Misiones, Chubut, Santa Fe, Neuquén y Córdoba que captaron el equivalente per
cápita entre $ 40.000 y $ 49.900; y finalmente, Mendo[1]za, Buenos Aires y la
ciudad autónoma de Buenos Aires registraron menos de $ 40.000 por habitante,
con el agregado de que las dos últimos no llegan siquiera a $30.000.
“Además de estos datos sobre coparticipación”, indicó el diputado del
Frente Social y Popular (FSyP), “ es fundamental saber si ya existen cálculos
de las fuentes laborales que pueden perderse en el territorio provincial como
consecuencia de las medidas anunciadas y resumidas por el gobierno nacional en
el decreto 70 como también en la llamada ley omnibus”.
Ganancias
Hacia fines de septiembre del año pasado, el senado convirtió en ley la
reforma del Impuesto a las Ganancias impulsada por Sergio Massa que elevó el
piso a 15 salarios mínimos y eximió de la obligación tributaria a cerca de 800
mil contribuyentes. Por lo pronto, mientras en el Ejecutivo trabajan en los
cambios para dicho impuesto, mientras tanto la alícuota entró en un terreno de
negociaciones con las provincias
Es por eso que Del Frade agregó otro pedido y en este caso es para que
la cámara baja provincial declare su rechazo a “la extorsión” del gobierno
nacional que propone devolver la recaudación del impuesto a las ganancias a los
gobiernos provinciales a cambio del acompañamiento a la llamada ley ómnibus.
Si se aprobará la norma que propone el legislador, la cámara de
diputados “instará a profundizar el diálogo, la democracia y el respeto por las
instituciones de la República” y, en forma paralela,”alertará ante desviaciones
autoritarias que no tienen ninguna relación con la dificultosa construcción
colectiva del pueblo argentino de los últimos cuarenta años”.
Cabe indicar que el diputado del FSyP tomó como base para impulsar su
Proyecto en una información del diario “La Nación” que publicó en su edición
del viernes 29 de diciembre de 2023 que “Milei presiona a los gobernadores:
Repondrá ganancias sólo si los apoyan con la ley ómnibus”.
El texto de la nota firmada por el periodista Matías Moreno sostiene que
el presidente de la Nación quiere que “los mandatarios provinciales se
involucren en la tarea de ayudarlo a asegurar la gobernabilidad.
Según referencia el diario de tirada nacional: “Ellos tienen que hacer
su aporte y cumplir con su parte para que aprobemos la ley. Si nos ayudan con
la gobernabilidad, nosotros los ayudamos a ellos con ganancias”, resumen en la
cúpula del Gobierno.
“A partir de esta información es necesario advertir que semejante
propuesta constituye una extorsión a los gobiernos provinciales. De allí que es
fundamental rechazar esa exigencia y, en todo caso, recuperar para la soberanía
santafesina la potestad de cobrar ingresos brutos a las actividades de
exportación”, planteó Del Frade
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Aumentos de entre 350 y 700%
Gas: cuatro santafesinos en la audiencia pública para discutir las
tarifas
La
empresa distribuidora que actúa en la provincia estima los hogares pagarán $
2.700 y $ 5.000 adicionales, es decir sumados a las boletas actuales en promedio
y por mes.
Cuatro
santafesinos participarán este lunes 8 de la audiencia pública convocada por el
Enargas que busca reducir los subsidios a los servicios energéticos y
determinar un esquema de actualización tarifaria. El sector cooperativo de la
provincia de Santa Fe lleva a tres expositores, de los 124 que se han anotado
de todo el país y al defensor del Pueblo adjunto de Santa Fe, Jorge Henn.
El gobierno nacional dará un paso clave para aumentar
las tarifas del servicio de distribución de gas natural por redes, ante pedidos
de aumentos que van del 350 al 700% y que en el caso de Santa Fe la empresa
concesionaria calcula entre $ 2.700 y $ 5.000 adicionales, es decir sumados a
las boletas actuales en promedio y por mes.
Entre los santafesinos hablará en representación de la
Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Gas Natural, Obras y Servicios Públicos
y Asistenciales de Recreo Ltda, hablará Roberto Casal; del Ente Regional
Gasoducto Bombal-Bigand Asociación Cooperativa, Aníbal Orpianesi; y Ángel
Basso, de la Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos,
Asistenciales y Vivienda Setúbal Ltda. Se trata de entidades sin fines de lucro
que forman parte de Federación de Sub Distribuidores de Gas Natural por Redes
(Fesugas).
En tanto,
Henn lo hará entre una docena de funcionarios de otras defensorías a nivel
nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias de Buenos
Aires, Rio Negro, Formosa, San Luis y Chubut, así como de las ciudades de Río
Cuarto y San Carlos de Bariloche.
El funcionario provincial (cuyo pliego fue aprobado por
la Legislatura en noviembre de 2019) volverá a participar de estas instancias
de debate sobre tarifas en materia de distribución de gas. "Vamos a
decirles a las autoridades del Enargas y de Litoral Gas que si dan el visto
bueno a los aumentos que proponen, mucha gente en Santa Fe va a tener problemas
para pagar. Esto afectaría directamente a nuestro derecho a acceder a servicios
básicos como el gas. Pedimos que consideren estas dificultades y busquen
soluciones que no perjudiquen a tantas personas en nuestra provincia. Estamos
aquí para representar a la gente común y asegurarnos de que se tomen decisiones
justas para todos", advirtió Henn en un breve contacto con El Litoral.
El representante de la Defensoría provincial habló de la
necesidad de trasladar "un enérgico llamado a las autoridades nacionales
para advertir sobre las consecuencias inminentes de aprobar los aumentos
propuestos". Para Henn puede predecirse en el corto plazo "sin lugar
a dudas, la incapacidad de pago para un significativo número de usuarios,
afectando directamente sus derechos fundamentales de acceso a servicios
públicos esenciales".
"Nos
comprometemos -reiteró- a defender los intereses de la comunidad y a trabajar
en pro de soluciones equitativas que resguarden el acceso universal a servicios
esenciales en la provincia de Santa Fe.
La audiencia será virtual y comenzará a las 9 de este
lunes 8 con los discursos del secretario de Energía de la Nación, Eduardo
Rodríguez Chirillo y en representación del Ministerio de Economía de la Nación,
Martín Vauthier.
Hablarán como es habitual diez minutos los
representantes gubernamentales, de asociaciones de consumidores y
representantes de entidades de primero o segundo grado y los legisladores. Esta
vez se registraron apenas un diputado nacional por la provincia de Buenos
Aires, Juan Marino (del Partido Piquetero y de Unidad Piquetera-Frente de
Todos); un diputado provincial de Mendoza, José Luis Ramón; y una legisladora
porteña, María de las Mercedes Trimarchi del Frente de Izquierda. A esa nómina
se suman tres concejales de distintas localidades bonaerenses. Entre los
oradores, lo hará el ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires,.
Gabriel Katopodis, que tuvo a su cargo ese ministerio durante el anterior
gobierno de Alberto Fernández.
Temario
La convocatoria de Energas
contempla 7 puntos para el temario: La adecuación transitoria de las tarifas
del servicio público de transporte de gas natural; Adecuación transitoria de
las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; Traslado a
tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la
Licencia de Distribución; Determinación de un índice de actualización mensual
para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del
servicio público de distribución de gas por redes.
También se considerarán el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por último la reversión del Gasoducto Norte
. ¿Actualizaciones mensuales?
En el marco de la emergencia energética y tras la
designación de Carlos Casares al frente del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), el organismo cerró la lista de expositores interesados en participar
de la audiencia pública virtual que se llevará a cabo el próximo lunes 8 de
enero.
En el encuentro, las distribuidoras y transportadoras
harán sus propuestas con el objetivo de acordar, entre otros puntos, una
actualización mensual tarifaria del servicio en todo el país.
Tras el vencimiento del plazo el miércoles por la noche,
el Enre se encuentra en el proceso de evaluación, teniendo en cuenta que solo
se admitirá un orador por persona jurídica (empresa prestataria, cámara,
municipio, entre otros).
La audiencia convocada por ENARGAS se desarrollará el
próximo lunes y será transmitida por YouTube. La convocatoria se formalizó a
través de la resolución 704 del 14 de diciembre de 2023 y se publicó al día
siguiente en un suplemento especial del Boletín Oficial. El encuentro no será vinculante.
A 10 años de su creación
Centralizar la Policía de Investigaciones, el desafío del Ministerio de
Seguridad y el MPA
En
un acto protocolar realizado en Rosario, el ministro Pablo Cococcioni anunció
que cambiará el paradigma sobre el trabajo de la mano policial de los fiscales.
“Nadie es más importante que el otro”, destacó la fiscal general, Cecilia
Vranicich.
Lunes 8.1.2024
Juliano Salierno
Este domingo por la mañana,
autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y
del Ministerio
Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, participaron de
un acto protocolar para celebrar los jóvenes diez años de creación de la
Policía de Investigaciones (PDI). La fuerza provincial, que cambió de nombre
por Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante la pasada gestión
peronista, vuelve a sus orígenes con un inmenso desafío por delante: centralizar
las tareas y directivas en cada una de las cinco regionales en las que se
divide la bota.
Así lo confirmó en un
comunicado de prensa el Gobierno de Maximiliano Pullaro,
que tuvo en la figura del ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni,
al encargado de bajar el mensaje institucional a los miembros de la fuerza
auxiliar del MPA.
“Es el momento de
pasar de un diseño descentralizado a un modelo más centralizado”, disparó el
funcionario cuya labor está apuntado a que “la PDI tenga mayor efectividad en
la lucha contra el delito”.
Balance
y ajustes
Por su parte, la Oficina de
Prensa y Difusión del MPA puso de resalto la palabra de la fiscal general María Cecilia
Vranicich, al destacar que “la PDI fue diseñada para trabajar
con el MPA, ambas instituciones fueron creadas como actores centrales de la
investigación penal preparatoria en el sistema acusatorio”; por lo que “no es
casualidad que la PDI esté cumpliendo 10 años, a un mes de que también se
cumpla el décimo aniversario de la implementación del nuevo sistema procesal
penal en la provincia”, enfatizó.
En la misma
línea, Cococcioni indicó que son “10 años de la creación de la PDI, que a su
vez es correlato de la puesta en marcha del nuevo Sistema Procesal Penal, que
nos rige en la provincia de Santa Fe”.
En medio de las palabras de conmemoración, el ministro
Cococcioni aprovechó para informar que en función de las nuevas políticas de
Estado en materia de persecución criminal, “estamos haciendo un balance y
emprendiendo una serie de ajustes tanto desde la Fiscalía General, como de la
conducción política de la PDI, para dar una mayor organicidad al trabajo
conjunto y lograr mayor efectividad en la lucha contra el delito”.
La
vieja PDI
Aunque no se refirió
explícitamente, los cambios en el MPA comenzaron la semana pasada, con la
aprobación de una parte del paquete de leyes enviado a la Legislatura, mediante
el cual se empoderó la figura de la Fiscalía General, que en palabras del propio
ministro de Gobierno, Fabián Bastia, dejó de ser “protocolar”
para inmiscuirse cada vez más en las estrategias de persecución criminal en
todo el territorio provincial, por sobre la territorialidad de los fiscales
regionales. Además, se autorizó la creación de 17 nuevos cargos de fiscales que
responderán directamente de la General.
La reforma
-parcial- de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación (N.º 13.013),
no culmina allí sino que tendrá próximos capítulos a partir de febrero, dado
que sólo se modificaron 11 de los 43 artículos propuestos por el Ejecutivo.
Aunque simbólica, una
avanzada similar tuvo el gobierno de Pullaro cuando a poco de haber asumido el
pasado 10 de diciembre, recuperó el nombre de la vieja PDI por sobre la sigla
AIC (Agencia de Investigación Criminal) impulsada por el ex ministro de
Seguridad, Marcelo Sain y creada por decreto del exgobernador Omar Perotti el
20 de diciembre de 2019, es decir, en la naciente gestión perotista que pronto
debió prescindir de los servicios del Dr. Sain.
Modelo
“centralizado”
A propósito, Cococcioni dejó
en claro el domingo conmemorativo que no fue un mero reemplazo de nombres, sino
que el cambio pretende ir más allá. “Es el momento de pasar de un diseño
descentralizado a un modelo más centralizado, que va a tener epicentro en las
cinco unidades de la PDI, que coinciden con las 5 regiones del MPA. En función
de eso se va pasar gradualmente a un esquema de trabajo por directivas formales,
y protocolos formalizados de investigación, y no tanto por instrucciones
directas de cada fiscal”.
Para
apuntalar esta última definición, la fiscal Vranicich señaló que “se impone un
trabajo conjunto y coordinado ya que el MPA y la PDI conforman un equipo con la
misma finalidad donde nadie es más importante que el otro”.
Por último, Cococcioni destacó que “hoy más que nunca es
necesario contar con información precisa y detallada y basada en trabajo de
campo fidedigno de qué es lo que está pasando con la criminalidad en el
territorio provincial”.
Fuente:ElLitoral
No hay comentarios:
Publicar un comentario