Defender la cultura o cómo salir del
laberinto neoliberal
Por Pablo Carro*, Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2024.
Desde que se presentó el proyecto de ley ómnibus, mucho se discute sobre el financiamiento de la cultura. Debate que llegó incluso a los medios concentrados de nuestro país.
Sin embargo, buena parte de la discusión que propone La Libertad Avanza gira en torno a algunos lugares comunes que resulta imprescindible desarticular si de verdad queremos tener un debate serio sobre el estado de la cultura en nuestro país. Podrían sintetizarse en cuatro argumentos combinados: 1) Que en los institutos de cultura hay control ideológico sobre lo que se produce y que por lo mismo hay falta de transparencia en la asignación (discrecional) de recursos; 2) Que los recursos asignados no llegan a sus destinatarios y se pierden en una maraña burocrática elefantiásica e ineficiente; 3) Que en un país con los niveles de pobreza que tiene la Argentina es un despropósito destinar recursos a la cultura (no hay plata, reza el mantra); 4) Que es necesario centralizar los recursos para garantizar “libertad, transparencia, eficiencia y progreso”, según lo expresado por el secretario de cultura Leandro Cifelli en la defensa del proyecto en comisiones. Estos argumentos son falsos.
En primer lugar, contra el argumento de la manipulación política y la discrecionalidad vale decir lo siguiente.
El Instituto Nacional de Teatro (INT) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu) tienen sus consejos o asambleas federales integrados por los responsables de cada una de las provincias y de CABA (es decir, expresan la diversidad federal de cada uno de sus gobiernos). En los últimos años sus planes de acción y balances económicos fueron aprobados por unanimidad y no existe una sola denuncia por mal funcionamiento o incorrecta distribución de los recursos. En el caso de Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), además de la representación jurisdiccional, incorpora distintos representantes sectoriales de la industria audiovisual. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) es una junta representativa compuesta por 24 miembros, fundamental para otorgar carácter federal a las actividades que desarrolla. Las bibliotecas son dirigidas por comisiones integradas por distintos agrupamientos sociales y forman parte de la vida comunitaria en cada localidad. Es decir, de conjunto, estos son organismos federales que definen sus propias políticas. El gobierno nacional no tiene ni voz ni voto. En todo caso, es el Congreso Nacional el que cada año aprueba las asignaciones que les corresponden por ley a cada organismo.
En segundo lugar, contra el argumento de la ineficiencia burocrática elijo tres ejemplos.
Ninguno de los 30 trabajadores del Inamu tiene relación de dependencia con el Estado. La inversión en fomento a la música demuestra ser altamente eficiente, ya que cada peso destinado a proyectos se multiplica por tres. En términos generales, el Inamu financia aproximadamente el 25 o 30% de un proyecto artístico, mientras que el resto es aportado por los propios artistas autogestionados. Ni la Asamblea Federal, ni los Consejos Regionales (80 representantes de Asociaciones de todo el país) cobran por su colaboración. Existe un amplio consenso entre los referentes musicales más importantes del país, aún sin ser beneficiarios, de que el Inamu es la herramienta más adecuada para fomentar la actividad musical independiente en el país. Es lo que hubieran querido para sí al inicio de sus carreras profesionales.
Con el INT ocurre algo similar. El proyecto de ley es un ataque directo al Teatro Independiente. Al eliminar el instituto, elimina sus atribuciones. Por ejemplo, otorgar beneficios a la actividad teatral, administrar recursos, aplicar sanciones, representar al teatro en el ámbito internacional, financiar el mantenimiento de salas de teatro, crear delegaciones regionales, entre otras. También implica la eliminación del descuento del 50% en pasajes para actores, artistas y técnicos de compañías de teatro y de variedades argentinas, vía empresas estatales de transporte. Pero no sólo se elimina el INT, sino que se deroga la ley nacional de teatro, lo que afecta las regulaciones laborales que establece, indicando que no se impondrán cupos o condiciones específicas de trabajo para las actividades respaldadas por la misma. El proyecto nos priva de la posibilidad de contar con más de 500 salas de teatro distribuidas en todo el territorio nacional, del fomento a la producción y exhibición del teatro como expresión de nuestra cultura. Especialmente en aquellas regiones donde resulta dificultoso generar eventos artísticos con fines comerciales.
En el caso del Incaa, se trata del fomento a una de las industrias audiovisuales más importantes de Latinoamérica. La contribución del sector audiovisual alcanza al 3,1 % del empleo de la economía nacional. Si se consideran sus efectos directos, indirectos e inducidos, el sector audiovisual representa el 5,2 % del total de la economía argentina. Y acá el dato central, cada peso del fomento a esta industria se multiplica por siete. Esto tiene que ver con el encadenamiento productivo (hotelería, gastronomía, etc.) y la multiplicación de puestos de trabajo que genera. Decir, que el Incaa está sobredimensionado es una burrada, si tomamos en cuenta las tareas que realiza. Dentro de este instituto funciona una de las escuelas de cine más importantes de Latinoamérica, la Enerc. El Incaa tiene un papel clave en el ordenamiento del mercado de trabajo. No entrega subsidios sin previa certificación del cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo de cada sector; es decir, garantiza trabajo registrado y de calidad. Sin hablar de las tareas de inspección que permiten controlar que en las pantallas argentinas exista producción nacional, estrenos, etc. Y todavía no hemos dicho una sola palabra sobre la importancia simbólica de esta industria para la reafirmación de nuestra identidad nacional. En el cine nos vemos y reconocemos. Allí están nuestras historias, contadas por nuestros directores, interpretadas por nuestros artistas, en nuestros entornos naturales. El aporte a la memoria regional y nacional es insustituible y clave desde el punto de vista de nuestra soberanía. El cine argentino es marca país.
En tercer lugar, contra el argumento que dice no hay plata es importante resaltar que los fondos para la cultura en nuestro país no salen de las arcas del estado ni de los impuestos nacionales que pagan todos los que habitan nuestro suelo. Los institutos culturales se financian con lo que se conoce como “asignaciones específicas” para la cultura.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o ley de medios), esa que nos quieren hacer creer que derogó por decreto Mauricio Macri, esa que también se ve impactada por el DNU de Javier Milei, distribuye por artículo 97 lo recaudado por gravámenes pagados por las empresas licenciatarias de radio y televisión (abiertas o por suscripción, sea por cable o satélite) de la siguiente manera: 25% para el Incaa; 10 % para el INT; 20 % para Radio y Televisión Argentina; 28 % para el actual Enacom, incluyendo los fondos el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual; 5 % para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; 10 % para proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios (Fomeca); 2 % para el Inamu.
La Conabip se financia con un impuesto a los juegos de azar. El proyecto de ley pretende derogar esa asignación presupuestaria y plantea que las bibliotecas populares dependerán de los subsidios otorgados por el Congreso Nacional. Para obtenerlos, deberán acreditar la necesidad social de los servicios en su zona, las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas y el esfuerzo realizado en la prestación de servicios. Vale destacar que en la actualidad son más de mil quinientas bibliotecas populares, todas constituidas como organizaciones no gubernamentales que funcionan en todo el país. No sólo promueven la lectura, sino que son ámbitos de apoyo escolar, acceso al uso de Internet, lugares de encuentro artístico, etc. Un sinsentido.
El caso del Fondo Nacional de las Artes (FNA) directamente no tiene ni pies ni cabeza. El FNA se financia con los recursos que vienen de lo que se conoce como “dominio público pagante”, es decir, los impuestos que se pagan en el mundo entero por los derechos de autor que generan las obras que tienen más de 70 años de antigüedad (que dejan de cobrar sus autores o herederos). El proyecto directamente elimina el FNA, lo que produce una intervención desregulatoria sobre un segmento clave de la cultura. Las artes promovidas y financiadas por el FNA son de gran interés comercial en la demanda internacional, por ende, constituyen una tentación de negocio para los privados, en detrimento del criterio federal de amplitud e inclusión que hasta hoy se ha sostenido. El FNA concede préstamos, otorga fondos de recuperación industrial y comercial, financia certámenes y exposiciones, subvenciona bibliotecas y museos, entre muchas otras actividades. El FNA es reconocido internacionalmente. Prestigiosos artistas e intelectuales de nuestro país han recibido premios y apoyo: Jorge Luis Borges (gran primer premio del FNA), Astor Piazzolla, Alejandra Pizarnik, Antonio Berni, Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo Favio, Emilio Petoruti. Nada dice el proyecto sobre el capital cultural tangible e intangible que administra ni de las donaciones que se le realizaron con destinos específicas y a solo efecto de utilidad del FNA, como la ex casa de Victoria Ocampo, entre otros. Hay coincidencia en los principales gestores de políticas culturales y artísticas que el FNA es útil y valioso.
El cuarto argumento es directamente falaz y engañoso. La “centralización” propuesta en nombre de la libertad, la transparencia, la eficiencia y el progreso, no es más que un “corset político” para estrangular la diversidad y el federalismo cultural porque se desarticula la cultura tal como la conocemos en la actualidad. Si a esto le agregamos los cambios que el proyecto le impone a la ley del libro o a la ley que regula a las sociedades de gestión colectiva de derechos, tenemos el combo completo. Sólo a título ilustrativo.
El proyecto propone la desregulación económica de la actividad editorial. La ley 25.542 actual, protege la bibliodiversidad y a los diferentes eslabones de la cadena de valor de producción, distribución y venta de libros. La modificación de esta ley implica la eliminación de las disposiciones que fijan de manera obligatoria un Precio Uniforme de Venta (PUV) al público o consumidor final. Se derogan las limitaciones y condiciones para los descuentos al PVP, tanto en ventas realizadas durante ferias o días especiales como en compras realizadas por instituciones públicas. Se elimina la lista de exenciones al PVP, como libros editados en número limitado, libros artísticos, libros antiguos y de colección, libros usados, libros fuera de catálogo, libros importados a precio de saldo, y ventas previas para costear la edición de un libro. Se derogan las multas y clausuras establecidas para las infracciones a la Ley, así como el destino específico del producto de las multas a la promoción de la lectura por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Con matices, todas las organizaciones de productores y vendedores de libros se manifestaron en contra de la derogación de la Ley del Libro 25.542. Dicha derogación haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles, como las editoriales y librerías independientes. Si se elimina el precio fijo, se beneficia directamente a las grandes superficies (librerías de cadena, supermercados, plataformas online), que pueden establecer precios por debajo del costo. Muchos de los países con las principales industrias editoriales tienen ley de precio fijo (España, Francia, Corea del Sur, entre otros).
Por su parte, el proyecto de ley ómnibus propone desregular la gestión colectiva de derechos de autores e intérpretes. Al desarmar el sistema actual, habilita a una descentralización desordenada que redundaría en una baja general de recaudación y distribución de los derechos de propiedad intelectual para el conjunto de creadores, artistas e intérpretes del país y sus provincias. Las negociaciones presuntamente individuales con grandes productoras y exhibidoras serían nefastas para los creadores e intérpretes, por las condiciones desiguales e impracticables, y dejarían desamparados al 99% de los autores e intérpretes argentinos. La afectación directa a las sociedades de gestión también jaquea a los servicios asistenciales que éstas brindan. Estos servicios funcionan como una redistribución de recursos y compensación para representados que usualmente no son los que más derechos generan, logrando así un ambiente más equitativo. El cobro y distribución de derechos de propiedad intelectual está reconocido como un derecho de propiedad y de carácter alimentario por la jurisprudencia argentina, no es un privilegio. Con este proyecto se perjudica a la persona natural, creadora o intérprete, la que genera el derecho en primer lugar y es el eslabón más débil de la cadena productiva.
Visto de conjunto, el proyecto en cuestión propone una suerte de genocidio cultural. Produce un desguace de los institutos de la cultura tal como han sido concebidos al calor de los consensos logrados a lo largo de los años en el Congreso Nacional por medio de normativas específicas. La Constitución Nacional establece en su art. 75 que es atribución del Congreso de la Nación “dictar leyes que protejan la identidad y la pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”. En este sentido, el proyecto de ley es abiertamente inconstitucional. Barre de un plumazo cuatro pilares sobre los que se asienta el desarrollo de nuestra cultura pública nacional: elimina su autonomía política, su autarquía financiera, su carácter federal y su prioridad puesta en la producción nacional frente a la creciente transnacionalización de las industrias culturales en el mundo entero.
No hay nada casual en este proyecto. Quienes lo redactaron saben muy bien lo que significa la cultura en tanto producción plural, abierta y libre de los condicionamientos que produce el mercado. Pero, por sobre todas las cosas, saben que en nuestra cultura están las herramientas que nos permitirán salir del laberinto en el que intentan encerrarnos la ultraderecha y sus políticas neoliberales.
* Diputado Nacional de UxP por la provincia de Córdoba. Autor del proyecto de ley que permitió prorrogar por 50 años las asignaciones específicas para la cultura.
FUENTE: Pagina 12
Rumbo a la estanflación
Por Eduardo Lucita*, Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2024.
Con las medidas adoptadas por el gobierno nacional el país se encamina a la estanflación tal como lo adelantó el presidente Milei. Con el agravante que lo hace en el marco de un economía global muy débil.
Con la obsesión de lograr un superávit fiscal primario de 2 puntos este 2024, el ministro Caputo dispuso un ajuste fiscal de 5,2% del PBI, este porcentual se lograría con una baja del gasto del 2,9% y un aumento de ingresos del 2,2%, (este ajuste es más fuerte que el que pedía el Fondo que, frente a un déficit primario de 3%, proponía llevarlo a cero en 2025). Al mismo tiempo dispuso una devaluación del 118% y un ajuste mensual (crawling peg) del tipo de cambio de 2% y liberó los precios de los bienes y servicios que se tranzan en el mercado interno.
El rol del Congreso
En el esquema del ministro el aumento de los ingresos se logra mediante la reposición de derechos de exportación sobre sectores no agropecuarios (el 20% de estas ventas se podrán liquidar en el CCL) y el impuesto a las ganancias a la 4ta. Categoría, más la suba del impuesto PAIS a las importaciones y retenciones a las exportaciones. La reducción de gastos se logra con la prórroga del Presupuesto 2023, así se licuan los pasivos del Estado (salarios públicos, deudas con proveedores, jubilaciones y pensiones), más la derogación de la ley que impone la movilidad jubilatoria. Algunas de estas medidas incluidas en la llamada Ley Ómnibus requerirán de la aprobación del Congreso. De ahí que el ministro Caputo amenazara con que si no se aprueba esta ley el ajuste sobre gastos y tarifas sería mayor, y la responsabilidad recaería sobre los legisladores.
Adicionalmente el paquete de medidas reemplaza el SIRA por un nuevo sistema que no requerirá de la aprobación previa y la emisión de un bono (BOPREAL), que los importadores pueden suscribir en pesos, al vencimiento se liquidan en dólares, y con el pagar deudas con sus proveedores del exterior (es la primera vez que el Banco Central emite deuda en moneda extranjera, lo que puede ser un primer paso a la dolarización).
La buscada estanflación
La devaluación tuvo un traslado a precios inmediato (pass-through). La inflación en diciembre fue de 25.5% (29.7 en alimentos) cerrando el 2023 con un incremento de 211,4%, el más elevado índice desde 1990. Se esperan incrementos del orden del 18- 20% para enero y febrero cuando pesen los aumentos de las tarifas públicas (gas, electricidad, aguas, transporte). La duplicación del monto de la AUH y el incremento del 50% en la Tarjeta Alimentar no compensan los aumentos en la carestía de la vida.
La aceleración inflacionaria impactó rápidamente en salarios públicos, jubilaciones e ingresos populares, mientras que al bajar la tasa de interés se licuan también los fondos de los ahorristas. Todo se refleja en el menor consumo interno. Cae la actividad económica y la recesión esta a la orden del día. Diversas estimaciones indican que el PBI cayó en 2023 un 2.3% y proyectan para este año una nueva caída de entre el 2.5 y el 4%. Dos años consecutivos de caída del PBI desalientan totalmente la inversión arrastrando en la caída a la actividad del sector privado, profundizando la recesión lo que a su vez explica la reducción de las importaciones. La menor actividad pude hacer que la tasa de desocupación trepe al 8-9%.
Este año las exportaciones serán importantes, y puede registrarse un mayor ingreso de capitales financieros especulativos. Sumados no necesariamente puedan contrarrestar la caída, por lo que la economía tenderá a estancarse mientras la inflación está estimada en promedio en 250% para todo el año. No es otra cosa que la buscada estanflación, como lo anunciara oportunamente el presidente de la Nación.
Solución de mercado
El Banco Central está empeñado en absorber pesos del mercado y licuarlos vía la baja de la tasa de interés, mientras compra divisas para recomponer el balance del organismo. Pero siendo que la única herramienta disponible para acrecentar las reservas es el superávit comercial no solo necesita que crezcan las exportaciones, también que bajen las importaciones, por lo tanto menos consumo e inversión. Así la demanda interna que venía cayendo desde el último trimestres de 2023 aceleró ahora esa caída.
Toda la política de ajuste del gobierno está centrada en combatir la alta inflación con una solución de mercado por eso la recesión inducida. Esto es, la demanda caerá tanto que finalmente la empresas comenzaran a liquidar stocks y a bajar precios, es lo que paso en los últimos año con Cavallo y la inflación negativa.
Un mundo poco optimista
En su último informe Perspectivas de la Economía Mundial el BM marcó un horizonte poco optimista, afirmando que “Sin una corrección importante del rumbo, la década de los años 20 de este siglo pasará a la historia como una época de oportunidades desperdiciadas para la economía global”. Si bien señaló que “…la economía mundial está en mejor situación que hace un año, el riesgo de una recesión mundial ha disminuido, especialmente por la fortaleza de la economía de EEUU”, al mismo tiempo agregó, como tendencia contradictoria, “… que la desaceleración de la economía china es mayor a la esperada”.
Así el organismo proyecta que el crecimiento mundial continuará siendo débil, disminuirá al 2,4 % este año, será el tercero consecutivo de desaceleración. Las previsiones indican que las políticas monetarias, las condiciones crediticias restrictivas y el bajo nivel del comercio y la inversión mundiales incidirán en el crecimiento. Señala como principales dificultades el ahogo que significan las deudas para los países de medio y bajo desarrollo y las dificultades de la población pobre para acceder a los alimentos básicos. No menciona a nuestro país como ejemplo, pero es más que evidente.
Solo una certeza
En este contexto es difícil hacer proyecciones, si la situación que dejó el gobierno anterior ya era compleja el primer mes del gobierno Milei la complejizó aún más y profundizó la crisis. ¿Cuál será el piso de la recesión para que comience a operar la solución de mercado? ¿Cuánto impactará la caída de la actividad en la recaudación fiscal? Lograr que las licitaciones del BOPREAL resulten exitosas depende de una brecha cambiaria mínima del 40% ¿Si la brecha sigue creciendo forzará una nueva devaluación? ¿Una nueva devaluación relanzará la espiral inflacionaria? ¿Cómo será el flujo de divisas? ¿Cuanto impactará en la demanda de nuestros productos la desaceleración de la economía china y cuanto presionarán sobre los precios las buenas cosechas de Brasil, EEUU y nuestro país?
Nada es seguro. Solo que el conjunto de medidas constituyen un ataque en toda la línea al pueblo trabajador. La extraordinaria amplitud de la convocatoria de la CGT al paro general y concentración frente al Congreso nacional el próximo 24 reafirma esa certeza. Como también que el 2024 será un año de alta conflictividad social. De una fuerte disputa que se desenvolverá en el parlamento, en la justicia y en las calles. Una vez más la moneda sigue en el aire.
*integrante de EDI –Economistas de Izquierda-
Siguen las protestas contra el DNU
y las leyes que buscan arrasar con
todas las conquistas /Actos, asambleas,
movilizaciones en Rosario, Jujuy,
Paraná y AMBA
Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2024.
EN ROSARIO, militantes de la OLP-Resistir y Luchar realizaron asamblea para calentar motores de cara al paro general del 24 de enero contra las políticas reaccionarias de MIlei.
EN JUJUY, Asamblea preparando el paro general del 24/E. Habla la referenta de la OLP-Resistir y Luchar
EN PARANÁ, la Coordinadora por el Cambio Social junto con otras organizaciones, marcharon contra el DNU y en adhesión al paro general del 24/E
EN MERLO (Gran Buenos Aires)
Rumbo al 24 en y más allá: Gremios
y partidos de todo el mundo se suman
a la jornada de protestaArgentina.
Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2024.
La Confederaciones Sindical de las Américas y la Sindical Internacional adhieren al paro convocado por la CGT y además habrá actos de solidaridad desde diversas ciudades de Europa y América Latina.
“La CGT adoptó la decisión de cruzar los umbrales de lo estrictamente sindical para incorporar a esta batalla a otros sectores”, destacó el triunviro Héctor Daer este viernes al ratificar el paro de 12 horas que se convocó para el próximo miércoles 24 contra el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus, con la que el gobierno de Javier Milei busca desregular la economía y reestructurar la normativa del país para dirigir el ajuste.
La adhesión al paro ya fue manifestada por gremios, organizaciones y partidos de todo el arco obrero y popular e incluso la Confederaciones Sindical de las Américas (CSA) y Sindical Internacional (CSI) manifestaron hoy su respaldo a “la lucha del movimiento obrero en rechazo de las políticas económicas que impulsa el Gobierno”.
“Se observa con preocupación el ataque del presidente Javier Milei al Estado, lo que provoca un ajuste brutal que recae de forma dramática en la matriz social”, describió Daer este viernes en la histórica sede obrera de CGT de Azopardo al 800 durante encuentro organizado por Mesa Nacional del Deporte de la CGT, en la que participaron referentes de más de 40 organizaciones.
“El DNU ubica al sector en una situación dramática, porque plantea la inclusión de nuevas figuras como las sociedades anónimas deportivas”, marcó Daer sobre el caso particular de ese sector. Pero los respaldos al paro del 24, con movilización y concentración frente al Congreso, cuenta con respaldos de todos los sectores obreros y populares locales e internacionales.
En un encuentro virtual con la CSI y la CSA participaron referentes de organizaciones de derechos humanos y de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (Actrav) y varios movimientos sociales. “El encuentro tuvo como denominador común la expresión masiva de solidaridad hacia el movimiento obrero argentino”, anunció la CTA conducida por Hugo Yasky, que encabezó el encuentro en el que también participaron los secretarios generales Daer y Pablo Moyano (CGT) y Hugo Godoy (CTA-Autónoma).
El encuentro concluyó con el anuncio de una acción global para el 24 “en solidaridad con la clase trabajadora argentina”. Se realizarán actos de solidaridad con el movimiento obrero argentino y su lucha en París, Madrid, Valencia, Barcelona, Amsterdam, Bruselas, Ginebra, Roma, Berlín, Montevideo y Bogotá, entre otras ciudades, y se presentará “una carta ante las embajadas argentinas en todo el mundo”.
“La unidad, solidaridad, organización y lucha de los trabajadores y el pueblo posibilitará la derrota del ajuste, la criminalización de la protesta social, la vulneración de los derechos y la entrega de la Argentina”, aseguraron en el comunicado los sindicalistas de la CTA.
Gremios, organizaciones y la izquierda se preparán para acompañar el paro del 24
El Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara) realizó este viernes en el puerto de Mar del Plata un “banderazo” en defensa de la soberanía nacional y la Ley Federal de Pesca Marítima, y ratificó junto con otros gremios su rechazo a “la política económica”.
El acto se realizó esta mañana en el Monumento de los Pescadores, en la Escollera Sur del puerto marplatense.”Pretenden modificar la Ley Federal de Pesca Marítima 24.922″, denunció el titular del Siconara, Mariano Vilar, quien detalló que en el acto se distribuyeron más de 1.500 banderas argentinas sin inscripción política “en una clara defensa de la Patria”.
Para el dirigente, “la modificación de la Ley de Pesca que contempla el proyecto ‘Bases’ implica la entrega del mar argentino a las potencias pesqueras extranjeras y el debilitamiento del federalismo al disminuir las funciones y atribuciones del Consejo Federal Pesquero (CFP) y otorgar más poder de decisión al funcionario que designe el Gobierno”.
Por su parte, el gremio minero adhirió al paro y marcha del 24 en rechazo de las iniciativas económicas del Gobierno. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que a nivel nacional conduce Héctor Laplace, respaldó en un documento “la convocatoria de la CGT” ante “la situación económica y el intento del Ejecutivo de vulnerar los derechos”, y comunicó a sus seccionales que en “los lugares donde haya movilización hacia las plazas centrales de cada jurisdicción se respetará la huelga general de 12 horas.
En la sede de la CGT, Daer reunió el respaldo de más de 40 organizaciones del Deporte. “El DNU ubica al sector en una situación dramática, porque plantea la inclusión de nuevas figuras como las sociedades anónimas deportivas”, señalaron los dirigentes. Emiliano Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino (Fedua) añadió que “no se permitirá que el Gobierno se lleve puesta la historia de las organizaciones deportivas”.
Julio Brochero, secretario nacional de Deportes de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), dijo que el Gobierno “viene por todos los que integran la actividad deportiva”, a lo que Noemí Ruiz, secretaria de Género de la CGT, complementó: “El deporte mueve y aglutina varias de las conquistas sociales conseguidas, por lo que hay que defenderlo y promoverlo”.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también confirmó su adhesión al paro del 24 de enero “contra el DNU inconstitucional y la Ley Ómnibus frente al Congreso y en todo el país”. El martes, la UTEP realizó una jornada de asamblea y ollas populares en todos los distritos del país, para discutir y definir las reivindicaciones de cara al paro y movilización. Se desarrolló en todas las provincias del interior, y tuvo como epicentro el encuentro que se llevó a cabo en la mañana de este martes en la sede del Ministerio de Capital Humano.
Ayer, gobernadores, legisladores, gremialistas e intendentes de Unión por la Patria (UxP) hicieron un “relevamiento” de la situación económica tras la puesta en marcha de las primeras medidas del Gobierno del presidente Javier Milei y resolvieron “acompañar” la movilización que la CGT. “Las consecuencias de las políticas que se están implementando, más allá del rechazo a la ley y el decreto, se van a ver el 24”, confió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
En tanto, organizaciones sociales y sindicales lanzaron la “Multisectorial por la Defensa de la Soberanía Nacional” y publicaron un documento contra el “avasallamiento de derechos adquiridos y desregulaciones” incluidos en el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus. “Rechazamos estos mecanismos y exigimos, como plantea la Constitución Nacional, se rindan cuentas como traidores a la Patria”, expresaron.
Los partidos de izquierda reunidos en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) también anticiparon la adhesión y movilización para el 24. “No tiene racionalidad. Modificar esto depende de la movilización popular. El 24 espero que seamos muchos diciéndoles no a este combo del terror que nos propone Javier Milei”, confió el diputado Christian Castillo.
Paro nacional: la CGT define los
detalles de la movilización del 24
de enero
Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2024.
La central obrera analiza las alternativas con los sindicatos de cara a la manifestación. Cómo funcionará el transporte público el 24 de enero. El Gobierno ratificó que descontará el día de trabajo a los empleados estatales que se adhieran a la medida.
El paro nacional y la movilización al Congreso que se realizará el próximo miércoles 24 de enero va tomando forma en cuestiones organizativas en los diferentes gremios y el rechazo al DNU y a la ley ómnibus impulsada por Javier Milei promete ser contundente en las calles. Es por eso que en las últimas horas comenzaron a definirse algunos detalles de la marcha, que anticipan lo que será una importante demostración de convocatoria para muchos sindicatos y organizaciones.
Según se pudo saber, el acto central -del que se espera que hablen los líderes de la CGT Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano- será entre las 15 y las 16, y los trabajadores nucleados en los gremios de Camioneros, UOCRA, UPCN y SMATA, que son algunos de los sindicatos con mayor cantidad de afiliados, estarán al frente de la convocatoria en la Plaza de los Dos Congresos.
En ese sentido, se coordinará entre los colectivos una sola vía de ingreso de las columnas de manifestantes que será por la Avenida de Mayo, camino al Palacio Legislativo, con el objetivo de generar un mayor impacto visual a la masiva movilización y para que no se dispersen quienes asistan al acto.
Si bien entre este fin de semana se seguirán ultimando detalles en reuniones vía zoom, se espera que el lunes a las 14 se terminen de definir otras cuestiones organizativas para aclarar aún más el panorama de cara a lo que se espera sea una multitudinaria movilización al Congreso.
Cómo funcionará el transporte público el 24 de enero
- Colectivos: Según el comunicado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los colectivos operarán con normalidad hasta las 19. Posteriormente, se acoplarán al paro a nivel nacional hasta la medianoche. Es importante tener en cuenta que esta medida busca garantizar la movilización al Congreso durante la protesta.
- Trenes: El sindicato ferroviario informó que los trenes de pasajeros funcionarán desde la medianoche hasta las 19, asegurando así el transporte para la movilización al Congreso. Sin embargo, los servicios de cargas se interrumpirán entre las 12 y las 00.
- Subtes: El servicio de subtes en la ciudad de Buenos Aires también se verá afectado, suspendiendo su funcionamiento desde las 19 hasta la medianoche.
- Vuelos: El plenario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) determinó la paralización total del transporte entre las 12 y las 24 del miércoles. Esto incluye a los gremios del sector aeronáutico, afectando los vuelos y aeropuertos a nivel nacional.
El Gobierno anticipó que descontará el día a trabajadores que adhieran al paro
El vocero presidencial confirmó la decisión del Gobierno de descontarle el día de trabajo a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro general convocado para el próximo miércoles 24 de enero.
“Se ha tomado la decisión de descontar el día a todos los empleados estatales nacionales que se adhieran a esta medida”, dijo Manuel Adorni, y argumentó que “el salario es una contraprestación” y que “el que no trabaja, no cobra”.
El vocero de Javier Milei dijo también que el Gobierno sigue “esperando argumentos para el paro” programado por la CGT y que, a su criterio, “no termina de quedar claro” el motivo de la medida de fuerza.
Además estimó que “no existe razón para el paro o, al menos, las explicaciones de los porqués son casi infantiles”. “No los entendemos. En cuanto a términos jurídicos, llegado al caso habrá novedades sobre el punto en cuestión”, remarcó Adorni.
Envio:RL
El presidente Javier Milei firmó esta tarde el decreto que prorroga el plazo de las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, tal como venía reclamando la oposición durante el tratamiento de la ley ómnibus en el plenario de comisiones de la Cámara de Diutados.
Por otra parte, el primer mandatario aprovechó el decreto para corregir el error de no haber incluido el nombre de la Ley "Bases" en el temario de la convocatoria fechada el 22 de diciembre. Como podía costarle caro en términos reglamentarios, el artículo 2º del decreto emitido hoy aclara que debe entenderse que "el punto 1) del Anexo" refería al Proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
Además, incluyó en el decreto de prórroga el proyecto para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio "Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos". Las acciones las llevarán a cabo la Prefectura Naval y miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos, en abril próximo.
También se incorporaron un proyecto de ley que sustituye el capítulo referido a Defensa Nacional de la ley ómnibus y una modificación al Código Penal y la Ley contra el lavado de activos.
Daniel Scioli no puede negar que Guillermo Francos es un buen amigo. El ministro del Interior resolvió designar al embajador en Brasil como su segundo, a cargo de una supersecretaría que concentre Turismo, Deportes y Medio Ambiente.
Scioli tiene buena relación con el presidente Milei y no son pocos los que le advirtieron a Francos que es un riesgo tener a un político tan resiliente y voraz como Scioli de segundo. "No pasa nada, Daniel es mi amigo", los cortó en seco el ministro del Interior.
Scioli que estuvo muy cerca de ser el candidato a presidente del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ahora se asume como un cuadro convencido del gobierno libertario y celebra públicamente su incorporación a "Las fuerzas del cielo".
Su capacidad para capitalizar políticamente zonas blandas de la gestión como Turismo y Deportes, en un contexto de ajuste ya la demostró durante el gobierno de Eduardo Duhalde donde en medio de la devaluación y la pesificación asimétrica, logró ser uno de los funcionarios con mejor imagen, al punto que terminó como vice de Néstor Kirchner.
La Convención Nacional de la UCR se reunió de urgencia este viernes convocada por su presidente, Gastón Manes, y emitió un durísimo comunicado que en los hechos implica retirar a los legisladores radicales de la negociación de la ley ómnibus con el gobierno de Milei.
En el texto los radicales tratan a la iniciativa de Milei de "improvisada y poco democrática" y advierten que la UCR está en contra del "fondo y la forma" de la ley ómnibus.
"Comprendemos el momento dificilísimo que vive nuestro país, consecuencia del pésimo gobierno que concluyó en 2023, pero no queremos que estos se agraven a partir de iniciativas improvisadas y poco democráticas que quiere llevar adelante el nuevo gobierno", advierte el texto, que especifica que se oponen puntualmente a los trazos centrales de la iniciativa como "las facultades delegadas, la derogación de la fórmula jubilatoria, la suba de las retenciones a las economías regionales, las privatizaciones", entre otras.
La convención encargó además a sus diputados que elaboren un dictamen propio, "autónomo del proyecto" de ley ómnibus que envió Milei y "ligado a los propósitos e ideales del radicalismo".
La jugada va en la misma dirección que la definición que tomaron los legisladores cordobeses y los socialistas, tal como informó LPO. De esta manera, los planes del oficialismo se complican todavía más: sin el apoyo de los 34 radicales y los 8 integrantes de la bancada de Miguel Pichetto que eligieron la misma hoja de ruta, peligra la ley.
La reunión había sido organizada para que los dirigentes del partido radical tomaran conocimiento del avance de las negociaciones. Por eso, el jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, contó los detalles de las conversaciones que mantiene con el asesor libertario Santiago Caputo.
Como anticipó LPO, De Loredo está en una situación complicadísima porque por su creciente cercanía a Santiago Caputo empuja un acuerdo, que hasta ahora genera fuertes resistencias en el radicalismo.
De hecho, en la reunión habló el ex ministro y presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra, que asesora a la CGT en su estrategia judicial para bloquear el DNU, el otro gran instrumento que lanzó Milei.
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Fuente:Politicaonline
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