En la mañana del martes, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informaron que el paro general para rechazar las políticas del gobierno libertario "será por 24 horas" y desafiaron la advertencia del Gobierno por el descuento del día a los empleados que no se presenten a trabajar.

Además, frente al protocolo antipiquete para movilizaciones, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, cruzó a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el reglamento.

Horas después, durante la tarde del mismo martes, Aguiar denunció que “un helicóptero de la Policía Federal está sobrevolando sobre nuestro sindicato ATE en la Capital Federal”. 

X de Rodolfo Aguiar

Y al compartir el video que muestra el helicóptero, aseguró que desde el gobierno “intentan infundir miedo y temor a niveles insospechados”.

“No hay dudas que a esta altura se están vulnerando todas las garantías constitucionales. Cuesta creerlo. Se parece mucho a una dictadura”, remarcó el dirigente.

Fuente:DiarioRegistrado


Movimiento indígena en Argentina, 

frente al decretazo y DNU de la ultra

derecha

Por Noelia Carrazana- Mink´a Comunicación /Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024.

Desde el 20 de diciembre el movimiento indígena está en estado de alerta y movilización a raíz de las primeras medidas de corte inconstitucional que el gobierno del ultraderechista Javier Milei ha lanzado. En paralelo al debate que se va sucediendo en el Congreso de la Nación, donde no existe representación indigena, las comunidades a lo largo del territorio se organizan para debatir las modificaciones que afectará a su forma de vida y arman estrategias judiciales y acciones de formación.

Esta semana estuvieron presentes dos referentes indígenas en una reunión informativa para la sociedad civil respecto de temas ambientales del Bloque de Diputados de Unión por la Patria. Lourdes Albornoz, trabajadora social perteneciente a la nación diaguita quien forma parte de la organización Tejido de Profesionales Indígenas y que vive en la provincia de Tucumán, Comunidad El Mollar. También participó Orlando Carriqueo, el Werken (vocero) y autoridad política de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Rio Negro.
Anteriormente, el miércoles 17 de enero Raúl Sajama, de origen Kolla, integrante de la Comunidad Indígena Angosto El Perchel cercano a Tilcara en Jujuy, quien fue parte del Malón de la Paz participó durante la quinta reunión informativa del Plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General donde se encuentra en debate la llamada Ley Ómnibus (más de 600 artículos).

El 12 de enero la abogada quechua Aymara Choque también del Tejido de Profesionales Indigenas participó en una reunión informativa del Bloque UxP por los temas de género y diversidad sexual donde estuvieron algunas representantes del movimiento feminista. Allí la abogada indigena denunció varias situaciones de desalojos violentos en las provincias de Tucuman, Rio Negro y persecución y criminalización de miembros de comunidades indígenas desde Jujuy hasta Los Toldos en la provincia de Buenos Aires (Comunidad Epu Lafken- usurpación de sede comunitaria).
Argentina es un país federal integrado por 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una población total cercana a los 45 millones de personas. Según estimaciones de organizaciones indígenas, habría cerca de 2 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios. (Censo Población 2023- Sin datos de pueblos originarios aún). En lo que respecta a los pueblos originarios las leyes que afectan directamente en el DNU es la Ley contra la Extranjerización de la Tierra, y en el proyecto de la Ley Ómnibus, se modifican la Ley de Protección de Bosques, Ley de Glaciares, Ley de Control de Quemas, Ley de Pesca, Ley de comercialización de fertilizantes y agroquímicos, Leyes Mineras, entre otras.
Actualmente, el 5,23% de las tierras del país está en manos de extranjeros. Se trata de 12.520.826 hectáreas, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR- 2013). A pesar de la voracidad del capital transnacional ninguna provincia argentina supera el 15% que establece la Ley. Aunque hay excepciones como Lago Escondido, que pertenece al magnate Joe Lewis.

Por otro lado, hasta ahora la Ley de Manejo del Fuego establece que las tierras quemadas no podrán venderse, lotear o urbanizarse por 30 o 60 años hasta garantizar su recuperación. Sin Ley de Tierras Rurales podría quedar vía libre para las quemas de los territorios. Respecto de la Minería sin control, en el mega decreto se derogó leyes vinculadas a la actividad minera: la Ley N° 24.523 que creaba el Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 de creación del Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos.
“El 80% de la biodiversidad global está en resguardo de los pueblos indígenas, somos quienes ofrecemos la vida, por eso también queremos que nuestra palabra se tenga en cuenta para poder decidir”, exigió ayer la trabajadora social del pueblo diaguita el día de ayer ante el Bloque de UxP. Mientras que el Werken Mapuche Orlando Carriqueo indicó que: “la Ley Ómnibus afecta a la democracia, además de afectar a los derechos ambientales, afecta derechos laborales, de sindicalización, por lo cual entendemos que es inconstitucional. El extractivismo ya se viene desarrollando en nuestros territorios y esto afianza el proceso colonizador en todas nuestras comunidades, por lo que creo que no existe posibilidad en términos democráticos de aprobar esta ley, ya que violaría todos los preceptos constitucionales y quebraría el orden de la república”.
Por su parte, Raúl Sajama, el miércoles 17 de enero, ante los legisladores de la Cámara de Diputados manifestó: “El día 11 de enero nos reunimos muchas de las 400 comunidades de Jujuy, ha motivado esa reunión la grave situación institucional que está ocurriendo en el país en relación al DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus que están siendo tratados, de las cuales las comunidades indígenas presentes solicitamos a ambas cámaras el rechazo total de ambas leyes, fundamentamos esa solicitud por cuanto la modificación viola el Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071, ya que no se ha realizado la consulta indigena que obliga la actual ley vigente”.
También fue enfático al explicar que las leyes y normas de la Ley Ómnibus seguramente van a afectar y dificultar, cuando no impedirán, el relevamiento territorial que se realiza bajo la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas “tradicionalmente por comunidades indígenas originarias” y que sirve de base a los reclamos de la mayoría de las comunidades indígenas. El dirigente indicó que la modificación de la Ley de protección a los glaciares pondría en peligro el agua dulce poniendo en peligro la vida de las personas y también de plantas y animales ante potenciales actividades de las empresas mineras.
El shock, la sobreinformación y las fake news son los principios que manejan desde la campaña electoral de Miei y su gestión presidencial. Esta confusión planificada es funcional al Poder Ejecutivo Nacional, manifestó Veronica Azpiroz Cleñan politóloga e integrante de la comunidad mapuche Epu Lafken de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
Desde la organización Tejido de Profesionales Indígenas han realizado talleres destinados a comunidades indígenas de todo el país para explicar el alcance y efecto negativo que tiene la vigencia del DNU desde el 31 de diciembre y ordenar la estrategia judicial. Esta organización tiene como horizonte el poder presentar un recurso judicial en conjunto con otras comunidades indígenas, pero siendo los propios integrantes de comunidades quienes puedan elaborar las presentaciones judiciales, para dejar de lado los patrocinios o los modos clientelares que muchas veces existen con los sectores más vulnerables.
Hasta el momento se han presentado tres recursos de amparo por parte de abogados no indígenas que patrocinan a tres comunidades: de San Juan, (Huarpe) Rio Negro (mapuche) y Buenos Aires (mapuche). En este orden Azpiroz Cleñan alienta la conformación de fuerza propia indígena tanto sea para la estrategia judicial como para la representación política. En sus palabras: “salir del paternalismo progresista, o de la mirada hippie o trotskista sobre lo indígena es una tarea que hemos asumido como organización. Ya estamos bastante grandecitos como para que una ONG o abogada/o no indígena hable en nombre nuestro, quiera interpretarnos o busque su minuto de gloria, utilizando la causa indígena para hacerse su lugarcito en los medios de comunicación. La colonialidad del poder hay que romperla justo ahora, cuando está en plena crisis todo el sistema político argentino.”


Sigue la ola de despidos que afecta

doblemente a sectores populares: 

ahora le toca a ANSES

Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024.

COMUNICADO

El Gobierno Nacional despide a cientos de trabajadores de ANSES perjudicando a miles de vecinos de La Matanza. Se cierra el Anses en Ciudad Evita por falta de personal que atienda la inmensa demanda de los vecinos Matanceros.
Ante la gravedad de la situación no se están entregando nuevos turnos para iniciar tramites de jubilaciones y pensiones.
Se bloquearon los sistemas y acceso al sistema ANSES, con lo cual es imposible atender a las demandas de los ciudadanos.
El Anses de González Catán, cierra sus puertas, dejando sin respuesta a más de 2 millones de vecinos de la Matanza, de los cuales 900.000 se ven directamente afectados por esta medida.
Estos despidos arbitrarios y cierres de oficinas completas del ANSES, ponen en Jaque la seguridad Social y la atención primaria de millones, afectando directamente a los más vulnerables; Niños, ancianos, mujeres y desocupados son directamente desamparados por el gobierno Nacional, dejándolos a la deriva, en este marco crítico donde el hambre abunda y las soluciones son escasas.
Desde La Matanza repudiamos estás medidas injustificadas e innecesarias.
El Anses es del Pueblo y para el pueblo.
Defendamos el Anses
No a los despidos!



Se internacionaliza la protesta de 

este 24 de enero

Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza, Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024.

A menos de dos meses de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, el 24 de enero se realiza la primera jornada nacional de protesta en ese país sudamericano. Realidad doblemente sorprendente porque esta reacción popular se da a corto plazo, sin respetar la “tregua política” de los 100 días que habitualmente se les concede a los nuevos gobernantes. Adicionalmente, porque cuenta con el apoyo de decenas de convocatorias programadas tanto en Europa como en América Latina, todas ellas portadoras de una contundente solidaridad internacional contra el Gobierno de Milei.

De Ciudad de México, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Montevideo a París, Ginebra y Berna, así en como Roma, Barcelona, Toulouse, Lisboa, Bruselas, Londres, Ámsterdam, numerosos grupos de argentinos residentes en el exterior convocan a manifestaciones locales, un verdadero aluvión solidario con la protesta en Argentina.


“Intento de golpe institucional” 

Los promotores fundamentan la jornada de solidaridad en diversos documentos públicos: “El gobierno de extrema derecha y ultraliberal de Javier Milei, con su voluntad de imponer de manera autoritaria y anticonstitucional un mega-decreto (Decreto de Necesidad y Urgencia – DNU) de 336 artículos y un mega-proyecto de ley (“Ley Ómnibus”) de 664 artículos, ataca de manera frontal los derechos y las conquistas sociales adquiridos por el pueblo argentino a lo largo de su historia”. Tal es el argumento de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos de Francia (ACAF) en una declaración pública suscrita también por una veintena de actores de primer nivel del mundo sociopolítico francés. La misma considera que las iniciativas del nuevo gobierno argentino representan “un verdadero abuso de poder … que afectará profundamente a la mayoría del pueblo argentino y sus instituciones”. 

Por su parte, las principales organizaciones sindicales francesas reunidas en la Intersindical creen que el poder ejecutivo argentino pretende que se le otorguen “competencias propias del funcionamiento del Parlamento durante la totalidad de su mandato de 4 años”. Y concluyen que Argentina está experimentando así un “intento de golpe institucional”, como lo señalan en su declaración, a la cual adhirieron la Federación Internacional de los Derechos Humanos y los partidos Francia Insumisa, Comunista, Socialista, Los Verdes, el de los Trabajadores y el Nuevo Anticapitalista, así como otras muy diversas asociaciones solidarias (https://www.acafasamblea.com/post/democracia-en-peligro-manifestaci%C3%B3n-en-francia-en-apoyo-a-la-huelga-general-del-24-de-enero).

“Es una convocatoria muy importante, nutrida, variada y diversa. El miércoles haremos la manifestación principal frente mismo a la Embajada argentina, lugar de Paris bien conocido y emblemático ya que durante la dictadura se realizaban allí permanentes movilizaciones”, explica Laura Argüelles, copresidenta de la ACAF. 

Los organizadores esperan varios centenares de manifestantes y la participación de 15 oradores del mundo sindical y político, así como una fuerte presencia de argentinos residentes. “Se siente en estas últimas semanas un resurgir del movimiento de solidaridad con Argentina. Muchos están viendo en la figura de Milei la representación de un proyecto peligroso que atenta contra el Estado, los avances sociales y la equidad, y que sería también nefasto en Francia y en Europa”, sostiene Argüelles. 

Políticas mortíferas y represivas de Milei

La Unión Sindical Suiza (USS), que con sus 20 sindicatos miembros y 370.000 afiliados constituye la central más importante del país, coincide con sus pares francesas y subraya que el proyecto impuesto hoy en Argentina “pretende desmantelar los servicios públicos y la protección social introduciendo una austeridad que devastará el modelo social argentino y los derechos e intereses de las y los trabajadores”. 

En un mensaje de solidaridad dirigido a las tres centrales argentinas que convocan la protesta del 24 de enero, la USS expresa su más profunda “preocupación por esta ofensiva contra las conquistas de varias décadas, resultado de luchas sociales y sindicales en Argentina”. Y manifiesta su solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de Argentina, y en particular el “apoyo incondicional con el proceso de lucha emprendido para enfrentar las políticas mortíferas de Milei y su gobierno” (https://www.uss.ch/actualite).

En lunes 22, las dos grandes centrales sindicales italianas, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL)), anunciaron que el miércoles 24 convocan a una manifestación en Roma frente a la Embajada de Argentina en solidaridad con la jornada de movilización en el país sudamericano. 

Ambas organizaciones señalan que “el maxi decreto de emergencia (del Gobierno de Milei) tiende a cambiar la estructura económica e institucional del país, delegando en el mercado la regulación de las relaciones económicas y sociales”. Y subrayan su preocupación por las políticas “que pretenden criminalizar la protesta social y limitar severamente la libertad de expresión, con medidas no conocidas desde los tiempos de la dictadura” (https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/politiche-internazionali/cgil-e-uil-mercoledi-24-gennaio-in-piazza-a-roma-al-fianco-dei-sindacati-argentini-contro-le-misure-del-governo-milei-a2y82kys).

“Acciones de solidaridad en todo el mundo”: tal fue la decisión que las 80 organizaciones de África, Asia, América Latina y Europa que conforman la Confederación de las Américas (CSA) tomaron mediante una conversación en línea el 18 de enero. Esta regional forma parte de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la cual cuenta una con 180 millones de afiliados en 162 países y que el 21 de enero expresó su apoyo a la protesta en Argentina. Luc Triangle, su secretario general, afirmó que “la democracia no reside en el solo hecho de votar, sino también en la protección de los valores, las libertades y los derechos, que son todos los elementos esenciales para el movimiento sindical, actualmente amenazado en Argentina”. Triangle agregó: “Las acciones del Gobierno de Milei tienden a recrear los días sombríos de la dictadura y exigen una respuesta fuerte y unida de parte del movimiento sindical internacional. Somos todos solidarios de las trabajadoras y los trabajadores en Argentina en su defensa de la justicia y la democracia” (https://www.ituc-csi.org/Argentine-la-CSI-appuie-l-initiative-syndicale?lang=en).

Pocas veces en la historia reciente de América Latina una jornada de protesta social en un país ha suscitado tanto interés y apoyo en el terreno internacional. Todo indica que a la agresividad del discurso y el proyecto del nuevo gobierno argentino le corresponde, en la misma proporción, una respuesta activa y unida de la solidaridad internacional. Nada es casual. La protesta del 24 de enero parece convertirse, también en el resto del mundo, en un espejo de realidades y temores locales. El experimento actual en Argentina también podría detonar una formidable muestra de repudio a nivel internacional.



Marcha atrás con el cierre del Fondo 

Nacional de las Artes y del Instituto 

Nacional del Teatro

Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024.

Tras las argumentaciones donde expusieron referentes de la cultura, enmarcados por protestas y manifestaciones en las calles de trabajadores del arte y la cultura, la Ley Bases ingresó al Congreso con reformas en una “nueva versión”.

El Gobierno envió al Congreso el texto reformado del proyecto de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” donde da marcha atrás a la derogación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional del Teatro (INT), entre otros puntos incluidos en el capítulo dedicado a la cultura, que se “rediseñó protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva”, según se explicó en los fundamentos de la iniciativa.

Tras el plenario de comisiones de Diputados, donde expusieron referentes de la cultura, enmarcados por protestas y manifestaciones en las calles de trabajadores del arte y la cultura, la Ley Bases ingresó al Congreso con varias reformas: una “nueva versión” que “ha sabido recoger muchos de los puntos de la discusión”, donde “la diferencia no es solo cuantitativa (se pasa de un proyecto con 664 artículos a uno de 523) sino cualitativa”, aclara la introducción del texto.

El nuevo texto -que incorpora gran parte del debate público” pero “mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario” y “fortalecimiento de la educación y la cultura”- plantea que el FNA pase a funcionar con directores ad-honorem y un límite de gastos del 20% de sus ingresos; que se reforme la categorización de filmes nacionales, restricciones financieras para el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Biblioteca Populares (Conabip).

“Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado (…) es sano escuchar, corregir, aprender”, dice el documento que incorpora medidas específicas para garantizar que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) promocione al cine nacional y mantenga intactos los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.

En cuanto al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares CONABIP, “en pos de una gestión más eficiente”, se establecen restricciones de gastos para el INAMU y la CONABIP. Limitar también los egresos al 20% de los ingresos de estas instituciones busca garantizar una utilización eficaz de los recursos disponibles, evitando excesos administrativos y priorizando el respaldo directo a la música y las bibliotecas populares.

Sobre el Instituto Nacional del Teatro, el proyecto propone la absorción de las funciones del INT por la Secretaría de Cultura, señalando un enfoque en la eficiencia administrativa. Sin embargo, esta decisión también abre la posibilidad de que el Instituto quede más supeditado a los vaivenes políticos, planteando desafíos adicionales para su funcionamiento futuro.


El plenario de comisiones que está analizando la iniciativa del Ejecutivo. /Foto: Alejandro Santa Cruz.

Las nuevas modificaciones al proyecto de ley reflejan una estrategia más cautelosa, donde se buscan reformas significativas sin descuidar la protección de instituciones fundamentales, pero que mantiene el espíritu de achicar el Estado. La propuesta se adapta a la complejidad del sector cultural argentino, reconociendo la necesidad de cambios, pero asegurando que estos no comprometan la estabilidad y la misión esencial de las instituciones culturales del país.

Entrando más en el orden preciso de los cambios, el proyecto redefine la categorización de películas nacionales. Ahora, se considerarán aquellas producidas por ciudadanos argentinos o con domicilio legal en el país, con participación predominante de equipos locales. Se introducen definiciones específicas para películas de corto y largo metraje, proporcionando claridad a la industria.

Además, se impone la obligatoriedad de obtener un certificado de exhibición del INCAA para todas las películas que deseen proyectarse, independientemente de su origen. Esta medida, acompañada por la exigencia de un certificado de libre deuda, refuerza los controles administrativos.

El cambio significativo de derogar un inciso en particular busca promover apertura y diversidad en la producción cinematográfica. Se establece un límite del 20% para los gastos internos del INCAA, equilibrando la eficiencia administrativa con la necesidad de recursos para el desarrollo del sector.

El compromiso del INCAA de subsidiar tanto películas de largometraje nacional como coproducciones se detalla con lineamientos específicos. Se incorpora un artículo que establece normas para reconocer la inversión al coproductor argentino en coproducciones internacionales, fomentando la colaboración global.

Numerosos artículos de la Ley N° 17.741 (Texto ordenado 2001) son derogados, marcando un cambio profundo en la regulación de la cinematografía argentina.

Se incorpora también un artículo que limita los egresos de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) al 20% de los recursos recibidos. Múltiples leyes y artículos de la Ley N° 26.522 son derogados, marcando un enfoque más restrictivo en los gastos de CONABIP y una transformación significativa en la regulación de los medios audiovisuales.

Adicionalmente, el proyecto incorpora ajustes para salvaguardar recursos y adaptarse a la realidad política. Se reducen las modificaciones propuestas para el INCAA, manteniendo la asignación específica y preservando los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.

Las restricciones financieras se aplican al INAMU y la CONABIP, limitando sus gastos al 20% de los ingresos. El Instituto Nacional del Teatro experimenta una fusión de funciones con la Secretaría de Cultura, buscando eficiencia, aunque planteando desafíos políticos.

Estos cambios en el proyecto mantienen el espíritu inicial de la propuesta, con algunas concesiones a raíz de las resistencias de los sectores de la cultura. La propuesta intenta tranquilizar al sector, reconociendo la necesidad de cambios, pero asegurando que estos no afecten la misión esencial de la Ley de Bases, conocida como Ley Ómnibus. El impacto real dependerá de la implementación eficaz y la adaptación de los diversos sectores involucrados en la cultura argentina.

FUENTE: telam


Barrios de Pie realiza una nueva 

marcha de las ollas vacías frente a 

la residencia presidencial de Olivos

Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024.

Los comedores populares elaboran 10 millones de platos por día, sostienen desde los movimientos sociales, y desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Ministerio de Capital Humano no está entregándoles alimento. 

“Debe ser un error de coordinación”, se desentendió ayer Milei. En la previa del paro con movilización de mañana, la agrupación Somos Barrios de Pie realiza una vigilia frente a la residencia presidencial de Olivos para recordarle el alimento falta en los barrios: “Milei compadre/la olla está que arde/bajá los alimentos/que los pibes tienen hambre”.

“Es la quinta ronda de las ollas vacías que realizamos. Ante el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el protocolo antipiquete, pensamos en la ronda de las ollas vacías como herramienta de resistencia para visibilizar nuestros reclamos”, contó Norma Morales, referente se Somos Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP.

“No al hambre de las niñeces ni de los abuelos”, “el hambre no espera”, dicen los carteles entre las ollas de las cocineras comunitarias, que esperan que la ministra Sandra Pettovello escuche el reclamo por aumento y ampliación de los alimentos destinados a los comedores.

“Seguimos esperando que la ministra o el presidente Milei nos reciban. La situación de los comedores es alarmante, y muy parecida a la época de la pandemia“, alertó Morales. 

Las organizaciones barriales presentaron durante el gobierno de Alberto Fernández un proyecto de ley para que se reconozca el trabajo de las cocineras comunitarias, pero nunca se sancionó y llegaron a la gestión de la ultraderecha sin reconocimiento. “Pedimos armar una mesa de trabajo en la que podamos explicar la gravedad de la situación y que se tomen medidas para empezar a paliar las deficiencias en alimentos que ya se están registrando”, exigió la secretaria adjunta de la UTEP.

En tanto Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie, sumó que es necesaria la “urgente” respuesta de las autoridades frente a “esta emergencia alimentaria que está sufriendo una buena parte de los argentinos y las argentinas”.
“En vísperas del paro general del 24, haremos un acampe frente a la quinta para exigirle al Presidente que se haga cargo de lo que esta sucediendo, nos atienda y ofrezca soluciones ante esta situación alarmante”, insistió.



Inflación y recesión para domesticar

a la sociedad

Por Julio Gambina, Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024.

Milei dice que, si se repite en enero del 2024 la inflación del 25,5% de diciembre 2023, será todo un éxito, del mismo modo que en diciembre señalaba que todo índice menor a 30% de inflación sería un logro y demostración del éxito de la política económica de Caputo, el ajustador.

Es un mensaje que interviene en la subjetividad, desde una política comunicacional que continúa disputando consenso social al ajuste y a la reestructuración regresiva de la economía, el estado y la sociedad en la Argentina, base de su accionar para mostrarle el rumbo al capitalismo mundial, que es lo que pretendió enseñar en su discurso en Davos.

Dicen que el discurso al establishment en Davos no fue el adecuado, porque no indujo a los empresarios asistentes a invertir en el país, que es lo que haría falta. Se equivocan, lo que Milei pretende es marcar el rumbo futuro del país, de la región y del mundo capitalista en crisis.

Milei se siente convocado por la divinidad a resolver los males civilizatorios y convencido que está que el capitalismo es la solución, convoca a la liberalización más absoluta. Es un abanderado de la crítica al Estado, de allí su anarquismo capitalista. Todo al libre comercio, la libertad de mercado y la competencia libre de regulaciones estatales.

No se equivocó de mensaje en Davos, e incluso, lo critican por auto plagiarse de discursos previos, cuando en realidad, lo que Milei sostiene es su ortodoxia liberal.

Podemos y debemos criticar la inconsistencia del pensamiento de Milei y de la escuela austríaca, pero no debemos subestimar su prédica propagandística que lo ungió al frente del gobierno. Ahora pretende consolidar su prédica, no solo en la Argentina.

La lógica liberalizadora se impuso desde 1973 con el ensayo “neoliberal” transformado en hegemónico desde los 80 del siglo pasado, convalidado por las dos grandes potencias del imperialismo global, Gran Bretaña y EEUU.

Es un proceso histórico puesto en duda con la crisis del 2007/09, por lo que el propio capitalismo busca rumbo en esta tercera década del siglo XXI. Hay variadas respuestas para superar la crisis y entre ellas, desde Davos se viene diciendo “barajar y dar de nuevo”, mensaje contenido en el “reseteo del capitalismo”. El FMI aludió a un nuevo “contrato social” en boca de la segunda a bordo, Gita Gopinath.

Milei aporta en este debate y se posiciona desde una derecha no nacionalista, con pretensión universalista.

Las derechas en boga, sean Trump, Bolsonaro, Meloni o Le Pen se presentan nacionalistas, proteccionistas, muy diferente del aperturismo y liberal a ultranza del presidente de Argentina. Es un mensaje para el capitalismo.

El mensaje requiere del consenso social y está claro que el primer objetivo se logró electoralmente, con el 30% de octubre, ampliando con votos prestados en noviembre y que ahora intenta consolidar.

Ampliar consenso es el objetivo y para ello la comunicación y la instalación que todos los problemas devienen de la historia centenaria, es decir, de la democracia liberal realmente existente en el país desde la Ley Sáenz Peña (1912) y los gobiernos electos desde 1916 bajo hegemonía radical y peronista. Un diagnóstico que involucra a las dictaduras entre 1930 y 1983, incluso al gobierno de Mauricio Macri.

Milei pretende inaugurar un nuevo ciclo político en la Argentina y pretende marcar el rumbo al mundo, como Pinochet desde 1973. A medio siglo de la instauración como ensayo del neoliberalismo se pretende instalar una liberalización a ultranza, lo que demanda consenso político.

Para ese consenso se instala el miedo a la hiperinflación, mientras se acude a la recesión para mostrar éxito en el combate a la inflación. La política del poder ejecutivo está clara e interviene con presión sobre los otros poderes del Estado. En ese narco se inscriben las concesiones a la ley ómnibus que se presentó para dictamen en las sesiones extraordinarias.

La réplica está en la movilización y organización social que tiene en el paro del 24 de enero un punto importante para definir quién vence a quien, si la estrategia de consenso en el ajuste o la resistencia y búsqueda de alternativas que tengan en el centro la satisfacción de las necesidades sociales.

FUENTE: Pagina 12


Corren peligro la libertad de expresión y 

de prensa

Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024

Detención a trabajadores de prensa, personas detenidas y amenazas por hacer publicaciones en redes sociales y ahora ataques contra FOMECA y la Defensoría del Público, son señales de avance contra estas libertades democráticas.

El Gobierno Nacional y sus aliados políticos avanzan cada día más contra la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país. En lo que va del mandato del gobierno de Milei y sus aliados macristas, cordobesistas y massistas, dos periodistas fueron detenidos, encarcelados e imputados cuando se encontraban trabajando, mientras otras dos personas están detenidas por tuitear y las amenazas contra organismos y fondos que garantizan la libertad de prensa y expresión se profundizan día a día, sin límite alguno.

En el mismo día que el Gobierno difundió entre los trabajadores del ex canal Diputados TV (ahora convertido en streaming) un manual que prohíbe el lenguaje exclusivo, las repreguntas y hasta comer caramelo detrás de cámaras, la ex titular del ENACOM durante el macrismo, Silvana Giudici, hoy devenida en militante mileísta, atacó la Defensoría del Público y el FOMECA, a través de su usuario en X.

Con datos falsos y tendenciosos, la ex funcionaria abogó por la disolución de la Defensoría y acusó al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual de gastar 2.028.505.145 (no se entiende de qué) en los últimos 3 años para “solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo, ONG’s de la ley de medios, radios originarias y org. militantes como el Hormiguero, Barricada, MTL, Centro Boliviano, Mapuches, Madres de Plazo de Mayo etc”.

Desde la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCyC) expresaron su repudio a los dichos de Giudici bajo el argumento que el FOMECA “es una política virtuosa, transparente, y auditada que fomenta la pluralidad de voces y contribuye a democratizar el sistema de medios a través de redistribuir los recursos que pagamos los mismos medios de comunicación (gravámenes y multas) para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”.

En la publicación compartida en sus redes, la CMCyC aclara que el fondo fue creado por Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “un proyecto debatido en cientos de foros, modificado en el mismo congreso nacional y ratificado en ámbitos judiciales”. Los cientos de medios cooperativos y comunitarios advierten que esta política no compite con el cine, ni con el teatro, ni con las bibliotecas populares, tal como insinuó la ex titular del ENACOM, que en 2018 contradecía su actual opinión.

“Es un intento de callar cientos de voces. Sin medios comunitarios no hay democracia. Además, repudiamos el intento de cierre de la Defensoría del Público, un organismo del Poder Legislativo que defiende la Libertad de Expresión y el derecho de las personas a estar informadas”, expresaron finalmente desde la CMCyC.

A su vez, desde la Coordinadora Nacional de Televisora Alternativas (CONTA) emitieron un comunicado donde desmienten a la ex funcionaria, a la que acusaron de mentir para “acallar voces y mostrar que la ultraderecha negocia un proyecto de ley ómnibus más retrógrado que el original”.

“La política pública del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), ejecutó $1.688.720.243 en 10 años de gestión, que se distribuyeron entre 692 entidades ganadoras a través de concursos analizados por jurados, tal como se detalla en el siguiente informe de gestión: (ver más adelante). Durante la presidencia de Giudici frente al ENACOM, esta política también se sostuvo, se implementó y se desarrolló”, acusaron desde CONTA.

A lo conan: entre bozales y jaulas

Por otra parte, podría interpretarse que el ataque de Giudici a la Defensoría del Público escondería un oportunismo político. En estos momentos, el nombrado organismo del Poder Legislativo que defiende la libertad de expresión y el derecho de las personas a estar informadas, recibió -y recibe- a diario distintas denuncias e informes que acusan la lesión al derecho a la información.

A su vez, otros hechos que marcan antecedentes puntuales son la detención, encarcelamiento y posterior imputación que sufrió nuestro redactor Rodrigo Savoretti hace un mes atrás, en el marco de una cobertura que realizaba del primer cacerolazo contra el Presidente Milei en la Ciudad de Córdoba, y la detención y encarcelamiento que sufrió en el hecho sucedido a posteriori en Buenos Aires el comunicador Martín Brunás mientras cubría una movilización contra la reforma laboral que impone el DNU.

Estas acciones represivas exhiben un retroceso democrático que lesiona la libertad de expresión y el ejercicio libre de la actividad de prensa,; situaciones que parecen ser -en el Gobierno de Milei y en el de sus aliados- una decisión política que avanza sin medias tintas, a contramano de la tan proclamada “libertad”.

Operativo policial por una movilización en Córdoba contra las políticas de ajuste de Javier Milei (21/12/2023) Foto: Julio Pereyra/Enfant Terrible

En otras latitudes pero en el mismo sentido, en la Provincia de Jujuy, hace veinte días hay dos personas privadas de su libertad y torturadas tan solo por escribir un tuit y compartir una publicación de Facebook, a los cuáles la Justicia de la Provincia les impusó un “bozal legal”, ya que no pueden nombrar ni acusar al ex Gobenador Gerardo Morales y su familia.

Esto último viene en coherencia con las peligrosas declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, donde días atrás advirtió la posibilidad de “penalizar” y multar a los usuarios de la red social de X que “acosen” al Presidente, tras ser tendencia en dicha red el hastag #MileiPitoChico.

Entonces, quizás habría que preguntarse: ¿Vamos a una Argentina con presos por tuitear? ¿Vamos a una Argentina con periodistas en cárceles comunes donde ni siquiera hoy en día están los genocidas acusados por delitos de lesa humanidad?

Y la respuesta es NO. Pues ya estamos en esa Argentina.

La libertad no avanza, retrocede y daña el derecho a la información y a ejercer libremente una opinión o el ejercicio de prensa.

Está en quienes ejercemos el periodismo de manera cooperativa, comunitaria, pública y digna, y en nuestras comunidades de lectores y suscriptores recuperar y seguir haciendo realidad la cada vez más lesionada pluralidad de voces.

Foto de portada: represión en Córdoba al primer cacerolazo contra las políticas de ajuste de Javier Milei (22/12/2023). Juan Cristian Castro/Enfant Terrible

FUENTE: Enfant Terrible



La resurrección castrense y el pacto

setentista

Por Pedro Alejandro Ivanoff / Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024.

Foto: El acuerdo Macri-Villarruel y el golpe interno. Indultos a genocidas en marcha. Derechos humanos amenazados. El retorno del Partido Militar y los fantasmas de los años de plomo. Informe exclusivo para TDP.

Nueva alianza a espaldas del león

En una reunión que se habría realizado en el Cumelén, el Country de Villa La Angostura, donde Macri vacaciona vitalicio, se concretó el pacto entre Mauricio Macri y la Vicepresidenta Victoria Villarruel. El expresidente le preguntó a la “dama de hierro” si ella estaría preparada para hacerse cargo si cayera Milei. La respuesta habría sido “Estoy en condiciones de garantizar la institucionalidad”. La ruptura de Victoria con el Presidente Javier Milei data del filo del ballotage, cuando ella lanza su propio logotipo electoral. El otoño podría ser clave para la caída de Milei, Villarruel está en primera línea de sucesión presidencial en este mismo período.

El Pacto de Cumelén entre el macrismo duro y el Partido Militar, existe y es cada vez más evidente: la vice nunca estuvo presente en los anuncios del DNU y la ley ómnibus y se despega visualmente de la cercanía a Milei. Macri, por supuesto, juega igual de los dos lados del mostrador.

La hipótesis de una conspiración interna en el gobierno libertario fue abonada por Juan Grabois y reafirmada por varios dirigentes de la izquierda. El apoyo de Macri incluye el guiño y apoyo para el indulto a los militares genocidas condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad, tema central en la agenda revindicacionista de Villarruel.

Comandante devaluado purgando cúpulas

La limpieza que realizó el presidente Milei, pasando a veintitrés de cincuenta generales a retiro (incluidos siete almirantes navales y cinco brigadieres aéreos), a través de cuatro decretos el 30 de diciembre, marcó una depuración que desplazó a dos promociones enteras: la 116 y la 117. Una limpieza que es la más grande de los últimos veinte años y que causó un gran malestar en los círculos castrenses.

Tanto Milei como Villarruel coinciden en colocar a militares de confianza en espacios relevantes de áreas sensibles. La Agencia General de Inteligencia, AFI, y el Ministerio de Defensa, tienen retirados del ejército, la armada y la fuerza aérea.

El brigadier (R) Jorge Jesús Antelo es el nuevo Secretario de Estrategia Nacional, cargo clave en la jefatura de gabinete. Antelo trabajó en el gobierno de Cambiemos como Director de Planeamiento y Estrategia y fue asesor del ex intendente Pro de Morón Ramiro Tagliaferro, exmarido de María Eugenia Vidal, ambos unidos por el interés común de la Séptima Brigada Aérea. Antelo y su DNI aparecen en uno de los cables filtrados por Wikileaks.

En Defensa, acompañan al Ministro Luis Petri, dos militares retirados: el Jefe de Gabinete, Teniente Coronel (R) Federico Guillermo Bécquer Fioretti, el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM) Claudio Pascualini. Éste impulsa la “memoria completa” y su suegro Athos Renés fue condenado a perpetua por la masacre de Margarita Belén. Pascualini fue Jefe del Ejército durante la administración macrista.

Patricia Bullrich colocó en el gabinete de Petri, a Marcelo Rozas Garay, que militó la salida justa a “Militares detenidos”. El brigadier Xavier Julián Isaac fue designado como jefe del Estado Mayor Conjunto, máximo organismo castrense del país. El General de Brigada Alberto Presti es el jefe del Ejército. El Brigadier Mayor Fernando Luis Mengo fue designado nuevo líder de la Fuerza Aérea y el Contraalmirante Carlos María Allievi dirigirá la Armada.

La Escuela Nacional de Inteligencia, ENI, estaría al mando de un Coronel Retirado cuya identidad es secreto de Estado.

Silvestre Sívori, el Señor 5, es un abogado macrista, nuevo jefe de la AFI, sigue echando a personal clasificados como kirchneristas, y otros cien más están en lista de espera. Y para reafirmar su autoridad, disolvió el cargo de señor 8, o sub interventor.

Bajo la fachada de reestructuración y profesionalización de las tres fuerzas, está la intención de alinearlas a la geopolítica estadounidense para la región, y preparar el terreno para operaciones represivas internas a mediano plazo.

Militares actuales, formados en democracia, están muy molestos con la idea del indulto porque atenta contra la imagen de las instituciones castrenses y según estas fuentes, también rechazan la idea de participar en seguridad interior ni lucha contra el narcotráfico ni terrorismo. Hay preocupación también por las posibles privatizaciones y venta de numerosos predios y bienes militares, como el Regimiento de Patricios en Palermo o algunas bases navales y aéreas.

Cerrojos oxidados, amnistía y el fantasma de Julio López

Ya no es un secreto que la ahora vicepresidenta tuvo y tiene ahora contactos con los abogados de varios militares genocidas, condenados por desapariciones forzadas, homicidios, robos de bebés, etc., aún no era vice cuando se reunió con al menos diez militares presos en la cárcel de Marcos Paz entre 2014 y 2016.

Avanza así la ingeniería judicial a través de un bufete de abogados, para mejorar mientras la situación procesal de varios de ellos, y se trabaja en la confección del indulto para una fecha ya establecida pero guardada bajo siete llaves. Preparan la solución legal para los militares detenidos, como corolario final a las leyes de punto final y obediencia debida, y la liberación inmediata de los genocidas. Esta excarcelación se basará en la elevada edad de los condenados (más de 70) la prescripción de las causas, y la necesidad de una reconciliación y olvido. Macri apoya totalmente esta medida.

A 47 años del golpe de estado cívico militar, ocho de cada diez genocidas gozan del beneficio de prisión domiciliaria, 1.506 permanecen aún en libertad, estando bajo investigación judicial, y aunque 717 represores continúan en prisión, el 77% tiene arresto domiciliario con dispositivo de monitoreo electrónico.

Algunos de los más importantes beneficiados serán el Capitán (R ) Alfredo Astiz, el Tte. Cnel (R ) Daniel Amelong y Jorge “el tigre” Acosta; como señal a ellos, el Cnel (R ) Horacio Losito (colega de armas en Malvinas con el padre de Villarruel, y que fue condenado a tres cadenas perpetuas por la Masacre de Margarita Belén), obtuvo la libertad condicional, junto a Rafael Julio Manuel Barreiro, condenado por crímenes en el Regimiento de Infantería 9; ambos fueron liberados por el Tribunal Federal de Corrientes.

Milei aprueba el indulto, pero no lo afirma públicamente para diferenciarse de su vice, aunque en este punto buscan lo mismo.

Julio López se atrevió a señalar ante un jurado, al genocida Miguel Etchecolatz en 2006, como el asesino de un matrimonio en un centro clandestino de detención, y en septiembre mismo, el día en que se conocía la sentencia del represor, López fue desaparecido para siempre, sin dejar pistas. El senil genocida tuvo allí poder residual para mandar a secuestrar a un testigo y desaparecerlo, en democracia. Ese fantasma sobrevuela ahora si liberan a 35 principales genocidas con el indulto: quién cuidará a los testigos y familiares de las víctimas, que los apuntaron en los juicios y condenas? El temor a la venganza castrense es un peligro real. Organismos de Derechos Humanos están muy alarmados por las consecuencias de un posible indulto. En un cuaderno de anotaciones del difunto Etchecolatz figuraba el teléfono de Villarruel y su teléfono celular, detalle estremecedor.

El huevo roto: la serpiente amarilla ya muerde

El eje neofacista libertario, que llegó al sillón de Rivadavia y al Congreso, amenaza con abrir las compuertas a genocidas y represoras de la última dictadura, envalentonando a la ultraderecha, jóvenes antipolítica identificados con todas las consignas reaccionarias, creando grupos violentos para reivindicar el pasado. No es una hipótesis, ya es una realidad en su primera etapa. La democracia está en peligro y la pregunta es si los dirigentes políticos están preparados para enfrentar decididamente este fenómeno o si la moderación y la cobardía allanarán el camino a la rendición nacional. La serpiente amarilla promete descendencia, una prole antidemocrática y peligrosa. Los próximos meses inclinarán la balanza. Ojalá no quedemos del lado vacío.

Fuente: Tribuna de Periodistas


¡Vamos a la huelga social!

Por Ariel Pennisi*, Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024.

 

¿Quién dijo que marchamos detrás de la CGT? ¿Acaso creen que desconocemos de qué tipo de burócratas se trata? Son esos mismos que las corporaciones y sus políticos de turno buscan cada vez que necesitan “arreglar”. Ellos tienen precio, nosotras y nosotros no. Que marchamos con quienes no atisbaron a parar durante el gobierno anterior. Lo sabemos. Que el gobierno anterior prolongó el desastre que dejaron Macri, Caputo, Sturzenegger, Dujovne, Prat Gay, Bullrich y los demás… está más que claro. Que la última versión del peronismo se consumió en la suma cero del poder… Que no quiso, no pudo, no le salió, pero da igual… Que quienes nos daban lecciones de pragmatismo fueron nuestra opción menos práctica… Que nos entregaron a la versión más disparatada de nuestros enemigos… Sí, sí, lo sabemos. ¿Por qué marchamos, entonces?

Ésta es una huelga social. No es un sector, ni una facción, ni un conglomerado de sindicatos y partidos, ni los productores, ni los y las vecinas, ni los independientes de siempre. Es una huelga social, abierta a todo el mundo. Nadie obligado, todas y todos invitados. ¿Pero qué es lo que pedimos? No un reclamo salarial, ni sectorial, ni un subsidio ni un impuesto más o un arancel menos. O todo eso, pero no solo. Invitamos desde nuestro deseo de vivir mejor. Por eso, en realidad, no pedimos nada en particular. ¿Frenar una ley oprobiosa y un DNU anticonstitucional? Por supuesto. Como punto de partida, como piso mínimo. Pedimos que no nos ataquen más aun, que no destruyan aún más nuestras condiciones de vida y, para colmo, pretendan restringir nuestras libertades y reprimirnos con fuerzas de seguridad a cargo de una gorila con navaja.

Pero es más que eso. No podemos seguir viviendo así, deseamos vivir mejor. ¿Qué significa mejor? Algo sabemos y algo no sabemos. Sabemos qué nos lastima, quiénes vuelven para quedarse con todo, qué historia se repite y cuál puede ser el desenlace trágico. Pero nos reservamos lo que no sabemos como una zona de exploración, como un deseo irrenunciable de vivir mejor, de encontrarnos en la calle, en los lugares de trabajo, en las plazas, en los rincones que sean… para pensar, deliberar, imaginar. Llamemos democracia a esa esa posibilidad. Pero esta vez tiene que ser participativa, no basta con indignarse, hay que tomar parte. ¡Hay cosas que no se piden, se toman! Lo gritamos cuando los “compañeros” reprimieron en Guernica. Ahora lo gritamos por todas y todos quienes necesitan tierras para vivir y comida buena y accesible. Pero queremos más. Que nadie subestime nuestro deseo.

Es una huelga social que funciona también como respuesta a una moral de pacotilla. Escuchamos a la casta que hoy gobierna, entre corporaciones canallas y políticos embusteros, culpar a un pueblo porque supuestamente “creyó que podía vivir por encima de sus posibilidades”. No podrían ser más soberbios… ¿Quién decide esas “posibilidades”? La respuesta es indelegable, hay que dirimirlo en las calles, en los lugares de trabajo, en los espacios educativos, en las instituciones de salud, en las ferias, en las plazas y en cada esquina. Escuchamos a pobres diablos aceptar que “pagábamos muy barata” la energía, el combustible, la salud… Hay quienes crédulos se repiten que “hay que sufrir ahora para estar mejor después”. ¿Pero no hace demasiado tiempo que sufrimos? ¿No nos repitieron una y mil veces esa cantinela? Y ahí vemos a los autores: terratenientes, patronales de todas las calañas, dirigentes que viven un rato a cada lado del mostrador, periodistas operadores de empresas mediáticas (es decir, de patronales y terratenientes), funcionarios del FMI… ¿Vamos a dejar que nos aleccionen los principales beneficiarios de esa moralina pedestre, de ese insulto a la inteligencia que se viste de discurso serio, de llamado a la “responsabilidad”?

El deseo de vivir mejor es también el rechazo absoluto de la servidumbre voluntaria. ¿Cómo es que tan sueltos de cuerpo nos viven diciendo que trabajamos poco, que vivimos del Estado, que nos la llevamos “de arriba”, que nos ajustemos a la meritocracia de la cual ellos mismos serían el parámetro? Esta huelga es un rechazo visceral a semejante insulto. Porque, finalmente, ¿qué es un insulto sino la ubicación del insultado en un lugar, una representación o un rol que le resulta totalmente ajeno y agresivo? No somos eso que dicen que somos. La realidad es más bien contraria a los prejuicios, los estigmas y los insultos que no dejan de lanzarnos. Trabajamos más de lo que deberíamos, cobramos menos de lo que nos merecemos, viajamos peor de lo que desearíamos y encima nos quieren aguar cada resquicio de fiesta que logramos darnos. No hay ningún “esfuerzo” extra que nos corresponda, es simplemente inaceptable que pretendan recortarnos lo que ya era poco, es obsceno que mientras nos insultan se repartan lo que, como mínimo, deberíamos discutir.

¿No es el petróleo que yace bajo nuestro suelo nuestra propiedad? ¿No son el agua dulce, los vientos, el clima, los minerales, los mares, nuestra propiedad? ¿No es acaso nuestra la fuerza, como lo son la inteligencia, la gracia, la empatía o la lengua misma lo que hace funcionar las cosas? Quienes hoy gobiernan no defienden la propiedad, más bien provocan el despojo de lo que nos corresponde. Lo que defienden son sus privilegios, que visten con el nombre genérico de “propiedad privada”. Y para colmo de calamidades, llaman “privilegios” a las migajas de los bienes comunes que nos corresponden. La huelga social debe ser un punto de partida. Lo que sigue es un estado de deliberación permanente, una conversación pública reproducida en toda parcela de nuestro país donde dos o más personas se reúnan con ese deseo (mal que les pese… saben que sus protocolos de seguridad deberán guardárselos en las entrañas podridas de donde vinieron). ¡Basta de esta mierda!

Hay que decir también… el presidente es un pobre tipo, su baja formación disfrazada con retazos de lecturas de autores insignificantes, su adolescencia tardía, su círculo caricaturesco… es prueba de lo devaluado que está el rol de presidente. Finalmente, los gobiernos pueden cada vez menos. Digamos que, si tuvieran alguna intención de comulgar con intereses populares o la ya desgastada imagen del “bien común”, no contarían por sí mismos con grandes chances. Pero también es cierto, que, así como no pueden gran cosa a la hora de provocar mejoras en las condiciones de vida de las mayorías, sí tienen capacidad de daño y vemos que en muy poco tiempo. Porque para el daño contra la trama social a la que detestan cuentan con el poder fáctico del capital. ¿Cuál es hoy la lógica del capital? La mayor ganancia o renta, en el menor plazo, con la menor regulación posible, con información privilegiada y todas las facilidades… y si no es dentro de la ley “fuera de la ley también vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente” (como se le oyó alguna vez al General en su versión más anticomunista). No podemos entregarles también la institucionalidad, no más, básicamente porque no cuentan con legitimidad.  

Usemos a la CGT, a los hipócritas que se callaron durante los últimos cuatro años, a los que se arrepintieron a medio camino. ¡Qué importa! La prioridad es nuestra huelga social, hay que parar el país, hay que parar la vida tal como pretenden vendérnosla. Es insoportable que una criminal de Estado a cargo del ministerio de seguridad por segunda vez (responsable de una desaparición y algunos asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad bajo su mando) pretenda aleccionarnos, es intolerable que empresarios que nunca cumplieron con el principio básico liberal de asumir riesgos nos hablen de “cultura del trabajo”, son repugnantes las fórmulas mal construidas que esputan medios de comunicación y redes sociales celebrando el vacío mismo. Son racistas, clasistas, fascistas, supremacistas… Ninguna libertad, ¡carajo!

La huelga social tenemos que hacerla porque amamos la vida, porque queremos vivir mejor, porque algo sabemos y algo no sabemos, pero no queremos delegar ni lo uno ni lo otro, porque nos toca apropiarnos de lo que ya era nuestro, de lo que descuidamos y de lo que nos expropiaron. Con nuestra propiedad, pero no solo, con el Estado, pero no solo, con los sindicatos, pero no solo, por nuestro poder adquisitivo, jubilaciones, programas sociales, salud, educación… pero no solo.

La huelga social no es un petitorio al gobierno. La huelga social no es un llamado a los dirigentes que nos trajeron hasta acá. ¡Cómo podría serlo! La huelga social es para nosotras y nosotros. Paramos para encontrarnos, paramos para pensar, paramos para cambiar de dirección, para disponernos de otra manera, para juntar fuerzas, para recomponernos anímicamente. ¡Por qué no invitar con afecto también a los cercanos que piensan diferente! Paramos para mirar al costado por si alguien necesita una mano… Tenemos que sostenernos entre nosotras y nosotros. Paramos por nuestra libertad, sí, una libertad que sólo es tal si se asume como un problema común. El que se quiere salvar solo, el que rezonga por los dólares, quienes aceptan sumisos la libertad de monopolios y corporaciones, confunden libertad con individualismo, con oportunismo o con privilegio. No es una cuestión de gustos ni de corrientes de pensamiento, nos hacen daño, nos atacan, hieren la única libertad posible, común y múltiple a la vez.

La huelga social nos permite organizarnos e imaginarnos de otro modo. Ley de tierras, ley de alimentos, ley de vivienda, leyes medioambientales, leyes laborales no patronales, incluso una renta básica universal e incondicionada… no son cosas para delegar. Apostemos a construir la cogestión de lo público, hagámonos cargo, con las herramientas con las que contamos y las que logremos inventar, con los actores posibles y los nuevos emergentes, con la organización existente y todo lo que la desborde, con las instituciones que nos tocará recuperar y las nuevas instituciones que completen la trama. Red inestable, pero deseante, democracia de tradición y participación popular para una democratización que aún desconocemos. ¡Vamos a la huelga social, nuestra huelga, por nuestra vida!      

……………………………………………………………..

*El autor es ensayista, docente e investigador (UNPAZ, UNA), codirector de Red Editorial, con Rubén Mira, miembro del IEF CTA A y del IPyPP, integrante del Grupo de Estudio de Problemas Sociales y Filosóficos IIGG-UBA. Autor de Nuevas instituciones (del común), coautor de La inteligencia artificial no piensa (el cerebro tampoco), con Miguel Benasayag, Del contrapoder a la complejidad, con Raúl Zibechi y Miguel Benasayag, El anarca (filosofía y política en Max Stirner), con Adrián Cangi; entre otros.

Fuente: Tiempo Argentino


Contra el DNU y la “ley ómnibus”: 

Este miércoles, paro nacional con 

movilización: Es la hora de 

autodefenderse como pueblo

Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2024.

Convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al DNU y a la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei, fue sumando adhesiones en las últimas semanas por lo que se espera una importante convocatoria.

Este miércoles 24 de enero se realiza el paro nacional y la movilización al Congreso convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo al DNU y a la ley ómnibus impulsada por Javier Milei. La medida fue sumando adhesiones, por lo que se espera será una importante demostración de convocatoria en las calles por parte de sindicatos y organizaciones.

La movilización será desde las 12 del mediodía frente al Congreso de la Nación. Sin embargo, durante toda la jornada, la huelga se sentirá de distintas formas por el cese de tareas en varios rubros y servicios, queestarán afectados de forma total o parcialmente.

Cómo funcionará el transporte público el 24 de enero

Colectivos

Según el comunicado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los colectivos operarán con normalidad hasta las 19Posteriormente, se acoplarán al paro a nivel nacional hasta la medianoche. Es importante tener en cuenta que esta medida busca garantizar la movilización al Congreso durante la protesta.

Trenes

El sindicato ferroviario informó que los trenes de pasajeros funcionarán desde la medianoche hasta las 19, asegurando así el transporte para la movilización al Congreso. Sin embargo, los servicios de cargas se interrumpirán entre las 12 y las 00.

Subtes

El servicio de subtes en la ciudad de Buenos Aires también se verá afectadosuspendiendo su funcionamiento desde las 19 hasta la medianoche.

Vuelos nacionales

El plenario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) determinó la paralización total del transporte aéreo entre las 12 y las 24 del miércoles. Esto incluye a los gremios del sector aeronáutico, afectando los vuelos y aeropuertos a nivel nacional.

Asimismo, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) confirmó también su adhesión al paro general, “durante todo el día 24 de enero, desde las 00 hasta las 24”, en respuesta al DNU 70/23 y la Ley Ómnibus.

Qué pasará con los teatros

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su amplia oferta teatral, con espectáculos y producciones de todo tipo y para todos los bolsillos. Este miércoles, sin embargo, la cartelera se pondrá en pausa, ya que gran cantidad de actores, productores y directores reprogramaron sus funciones para sumarse al paro y movilización al Congreso de este 24 de enero. 

Los gremios que se suman al paro nacional del 24 de enero

El paro nacional que incluirá la movilización al Congreso es convocado por la CGT y acompañado por distintas organizaciones como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. La CATT nuclea a los gremios de Unión FerroviariaUnión Tranviarios Automotor (UTA), TaxisCamionerosDragado y BalizamientoVialidad, peajes y aeronáuticos, por lo que el servicio terrestre y aéreo en todo el país se verá afectado. En tanto, la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), conocido como los “metrodelegados” también se sumará al reclamo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que es el gremio de los estatales, confirmó su presencia en la protesta, al igual que la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA). Así, se sumarán sindicatos como el SITraLab (Sindicato de Trabajadores de Laboratorios), el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales), el SOESGYPE (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento), el CISPREN (Círculo Sindical de Prensa) y el FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina), entre otros.

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo -quien respaldó la campaña de Javier Milei- confirmó que su gremio también adhiere al paro. La UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y La Bancaria confirmaron que se sumarán a la medida. UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y FATLyF (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza), entre otros gremios, anticiparon su participación en la huelga.

Uno de los últimos gremios en confirmar su adhesión fue la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), comandada por Armando Cavalieri, y una de las que cuenta con mayor cantidad de afiliados. “En contra de las medidas desmesuradas que el Gobierno Nacional quiere llevar adelante contra los trabajadores, nos movilizamos embanderados con la consigna: Aumento ya para los jubilados”, expresaron en un comunicado. 

Los 20 partidos políticos que integran Unión por la Patria mostraron su “respaldo total” al paro y manifestación. Así, el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Frente Grande, Nuevo Encuentro, el Partido Solidario, el de la Concertación FORJA, Kolina, el Partido de la Victoria y Compromiso Federal junto al Frente Patria Grande, el Partido Comunista, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, el Conservador Popular, el de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el Partido de la Victoria, el del Trabajo y del Pueblo, el del Trabajo y la Equidad, el Federal y el Intransigente adherirán a la medida de fuerza.

La internacionalización del paro nacional

Las Confederaciones Sindical de las Américas (CSA) y Sindical Internacional (CSI) y más de 100 organizaciones gremiales mundiales se solidarizaron de forma virtual con las tres centrales obreras argentinas (CGT y ambas CTA) y respaldaron “la lucha del movimiento obrero en rechazo de las políticas económicas que impulsa el Gobierno”.

Una de las centrales obreras que lanzó una convocatoria para el 24 de enero fue el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay, para movilizarse el miércoles frente a la sede diplomática argentina ubicada en Montevideo. Además, esa jornada se realizarán actos de solidaridad con el movimiento obrero argentino y su lucha en París, Madrid, Valencia, Barcelona, Amsterdam, Bruselas, Ginebra, Roma, Berlín y Bogotá, entre otras ciudades, y también ese día se presentará “una carta ante las embajadas argentinas en todo el mundo”.

Envio:RL