Por Jesús Cabral, Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2024.
Los damnificados explicaron que la reparación que se hizo hasta el momento es precaria y que gran parte de los vecinos continúa sin el servicio.
La población isleña del Delta se movilizó este viernes a la mañana al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sito en la calles Suipacha 615 de la Ciudad de Buenos Aires, para exigir que intervenga ante la situación del corte de luz prolongado y exhorte a Edenor para que cumpla con su responsabilidad. Explican que la reparación que se hizo hasta el momento es precaria y que gran parte de los vecinos continúa sin el servicio, aseguran que el sistema se cae y que eso pone en riesgo sus artefactos eléctricos.
Todo comenzó el 17 de diciembre con la gran tormenta que afectó a gran parte del país y que produjo una catástrofe que tuvo un saldo de 13 muertos y 14 heridos en la ciudad de Bahía Blanca . Desde ese día los vecinos del Delta vienen reclamando una solución. La asamblea vecinal de la isla expresó nuevamente su solidaridad con las familias de Rubén Haita, quien falleció electrocutado en medio del río, también de Natanael Manke que sufrió graves quemaduras que le mutilaron parte del cuerpo y logró sobrevivir.
El Comité de Crisis Pasaron cincuenta días y “una parte importante de los isleños siguen sin luz, a otros vecinos se les cae a cada rato y en alta tensión se les queman los artefactos eléctricos. Todas las obras que han realizando hasta el momento lo han hecho con material usado, de descarte, con total inoperancia, poniendo en riesgo a los propios trabajadores, ya tenemos a un trabajador fallecido y otro mutilado por la electricidad”, denunció Daniel Bracamonte, miembro del Comité de Crisis, en diálogo con Tiempo .
Es por todo esto que decidieron ir a la fuente, “el problema es que el ENRE durante estos 50 días nunca apareció, no controló las obras de Edenor, nunca sancionó a esta empresa privada como corresponde”, señaló el hombre. Siguió recordando que “nosotros hicimos varias reuniones con la gerencia de Edenor, prometieron muchas cosas y no las cumplieron”.
También repasó que en la última audiencia “estuvo la provincia de Buenos Aires y los municipios de Tigre y San Fernando, la Defensoría del Consumidor y Edenor faltó a la cita, por lo tanto, como ellos no vienen a brindarnos una solución como corresponde, nosotros decidimos este viernes venir al ENRE”.
Llevarán un petitorio bien fundado «de cada cosa que decimos cuando hablamos de los materiales de mala calidad, tenemos las fotografías, también los testimonios de nuestros vecinos y solicitamos un plan de obra”, contó Bracamonte. Porque lo que hicieron, “es parchar el sistema eléctrico y por eso se cae, de hecho con el último viento fuerte que tuvimos ciento de personas se quedaron sin luz nuevamente”, agregó.
Reclamo por los daños ocasionados Es responsabilidad del ENRE como ente regulador “controlar e intimar a Edenor para que haga lo que tiene que hacer, aparte nos tiene que devolver en dinero todo el daño ocasionado, acá hay gente que perdió todo lo que tenía, en materiales y alimentos, porque hay personas que no pueden viajar desde el fondo de la isla todos los días para comprarle la leche a los chicos”, reclamó.
Es por todo esto que “algunos tuvieron que mudarse de sus casas y buscar un lugar en lo de sus familiares o donde los recibieron para poder vivir hasta que esto se solucione, porque la situación es insostenible”, describió Bracamonte. Todo esto produjo grandes daños “de carácter social, psicológico, material a todos los vecinos”, apuntó.
Los que tienen generadores de energía eléctrica “tuvieron que poner cientos de miles de pesos con los últimos aumentos de la nafta; nosotros luchamos hasta que logramos ganar el pasaje de lancha gratuito, porque la gente ya no tenía para cubrir ese gasto”, explicó el isleño.
Una situación de catástrofe en el Delta También dijo que lo que están viviendo “es una situación de catástrofe y hasta el día de hoy el ENRE no cometió ninguna acción para intervenir en el asunto, encima la página web que tiene, que es el lugar a donde nos mandan para que hagamos el reclamo, algunas veces funcionan y otras no. Ante un reclamo tan grave como este tendría que ser automática la respuesta”, se quejó Bracamonte.
Cuando uno pasa el reclamo por más de 15 días “es corte de luz prolongado y ellos tendrían que inmediatamente aplicarle la multa a Edenor y poner el dinero en la cuenta del usuario, no hay por qué hacer un trámite. Porque ellos tienen toda la información, todo esto muestra que el ENRE está protegiendo a esta empresa privada de energía eléctrica”, denunció.
Por eso este viernes se presentaron pacíficamente “con una delegación y algunos pobladores de la isla, nos atendieron a las 11:30 horas, hicimos una presentación -junto a otros vecinos y vecinas- muy bien fundada con abogados, porque queremos una respuesta de Edenor en carácter urgente”, reclamó el hombre.
La voz de una vecina Están sin luz desde la tormenta del 17 de diciembre del año pasado. “Por eso fuimos cometiendo distintas acciones, tanto para comunicar la situación a la comunidad isleña como así también para disputar con el Estado y la empresa Edenor”, contó Ana del Arroyo Gambado.
La asamblea de isla realizó “un relevamiento sobre quienes están sin luz, pero también estamos en estado de alerta ante otros derechos que están intentando vulnerar”, alertó. Como ser, “el aumento del 300% de los boletos isleños -que por el momento los tienen gratuitos- y estamos en riesgo de que deje de pasar AISA, que nos trae el agua potable, tampoco reparan los muelles públicos de las entradas de los arroyos que es lo que imposibilita a muchas personas poder ingresar”, detalló la mujer.
La gran mayoría de la población isleña “estuvimos 35 días sin luz, después fue volviendo de a poco, pero en la actualidad la 1º y 2º sección sigue sin el servicio y a otros se nos está yendo día por medio por los problemas de tensión de alta y baja, lo que pone en riesgo nuestros artefactos eléctricos”, explicó Andrea.
Sobre la intervención del Estado Respecto a las intervenciones del Estado provincial, municipal de Tigre a cargo de la 1º sección y San Fernando de la 2º y 3º sección; la vecina explicó: “San Fernando respondió rápido generando redes con los vecinos de la 2º sección. Porque cuando hablamos de que no tenemos luz, hablamos de que no tenemos agua, que las salitas de asistencia médica no funcionan y logramos que este municipio colabore en eso”.
En cuanto el municipio de Tigre “no colaboró con los vecinos, de hecho nos trató como meros consumidores y dejó de atendernos. La provincia llamó a una audiencia pública para poder mediar y el Estado nacional es un actor que está ausente en este conflicto”, aseguró Ana.
Lo que necesitan es que arreglen “la infraestructura como corresponde y que nos dejen de cobrar servicios que no usamos porque no funcionan, también exigimos que el costo no caiga sobre la población isleña”, se quejó Andrea. Es por todo esto, “que estamos en estado de alerta y movilización permanente, porque a nosotros las tarifas -de luz, internet y teléfono- nos siguen llegando, tanto de diciembre como de enero y ahora veremos qué pasa con las de febrero”, concluyó.
FUENTE: Tiempo Argentino
Recuerde su nombre: se llama Cristian Díaz y es un preso político por amor a Palestina Otra muestra del alineamiento internacional del gobierno de Milei / La novela del avión venezolano y su inminente traslado a EE.UU. Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2024.
Lleva más de un año y medio estacionado en Ezeiza y en los últimos días fue el centro de un nuevo episodio que incluyó a diplomáticos de Venezuela y Estados Unidos . Ahora, el avión Boeing 747-300 de la venezolana Emtrasur -retenido en el Aeropuerto Internacional desde junio de 2022- podría ser trasladado rumbo a los EE.UU., mientras Venezuela reclama que le sea devuelto.Una muestra más del alineamiento internacional del gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos.
La nave pertenece a la aerolínea venezolana. Se trata de un avión de carga fabricado en EE.UU. que Venezuela le compró a la iraní Mahan Air y que llegó a la Argentina transportando autopartes de Volkswagen. Estados Unidos sostiene que la venta de Mahan Air a la venezolana Conviasa (Emtrasur es la empresa carguera de Conviasa) violó el embargo dispuesto contra esa aerolínea e Irán (Washington los acusa de actividades terroristas) y, por eso, solicitó su decomiso.
La Justicia argentina inicialmente retuvo a la tripulación de la nave, integrada por quince venezolanos y cuatro iraníes. Tras investigar sus actividades, concluyó que no cometieron delito alguno, por lo que todos fueron liberados con falta de mérito. Pero, sobre el avión, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena , finalmente concedió el decomiso. Los rumores indican que sería trasladado en las próximas horas a territorio norteamericano.
La nave fue protagonista de un llamativo incidente el pasado lunes 5 de febrero. Ese día, mientras un funcionario del juzgado revisaba el estado del Boeing en el aeropuerto junto diplomáticos de EE.UU. y agentes del FBI, un diplomático venezolano, José Jesús Jatar Díaz , llegó acompañado por personal de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) y le tomó fotos al avión y a las personas que lo revisaban. Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se acercaron al lugar y mantuvieron demorado a Jatar Díaz. Según fuentes venezolanas, el diplomático fue sometido a “permanente amedrantamiento” y se le “impidió comunicarse por más de tres horas con la embajada para reportar la situación, una conducta hostil que viola la Convención de Viena”. De acuerdo con las mismas fuentes, “pretendían abrirle un expediente judicial, aún cuando el diplomático no violó ninguna norma ya que su acceso hasta esa área no hubiese sido posible sin compañía de los funcionarios de la Anac y los controles de la PSA”. Tras el incidente, el jueves pasado Jatar Díaz dejó el país.
¿Se avecina una catástrofe social? Por Raúl Dellatorre, Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2024.
Las urgencias económicas y los ataques del gobierno a usuarios del transporte y la salud. La respuesta de las instituciones políticas y organizaciones sociales y económicas. El cambio de centralidad en la discusión del modelo económico de una semana a la otra.
Hace exactamente una semana, todas las especulaciones pasaban por cómo iba a lograr el gobierno cosechar los votos para aprobar la ley ómnibus en Diputados con el menor deterioro posible. Aun con Milei moviéndose entre Mar del Plata y Jerusalén, el gobierno ocupaba el centro de la escena y se disponía a mover una pieza clave para consolidar su política económica: lograr la media sanción en la cámara baja. Una semana después, el panorama ha cambiado por completo . Milei sigue fuera del país, entre el Vaticano y Roma, pero ahora la centralidad la ocupan gobernadores, intendentes y hasta organizaciones gremiales empresarias y sindicales que empiezan a trabajar políticamente para conformar una representación capaz de intervenir en la discusión de políticas públicas. Todos ellos reconocen un mismo origen o impulso: fue el gobierno nacional el que, con sus políticas, los dañó en exceso y puso en movimiento a todas esas formas de representación que permanecían dormidas .
La crisis económica se agrava, con expresiones variadas pero convergentes. Cifras de caída del consumo, deterioro del salario, baja en la producción, aumentos desmedidos de productos o servicios tan esenciales como alimentos, medicamentos o seguros de salud (prepagas). El otro factor no menos importante de esta crisis es que el ministro de Economía la niega, la desconoce. Luis Caputo sorprendió esta semana con declaraciones en las que celebró que “la inflación está bajando” y que las cuentas públicas están alcanzando el “ansiado equilibrio” antes de lo pensado.
Y se trata de la misma semana en que el gobierno nacional quebró sus relaciones con una oposición dialoguista que se acercó a negociar el texto de una ley “votable” en el congreso y terminó acusada de traidora y corrupta luego de tener que retirar el proyecto de ley del recinto. A gobernadores e intendentes, el gobierno les tiró por la cabeza una quita de subsidios al transporte como represalia (“venganza”, lo calificaron un diputado nacional y un integrante del gobierno de Santa Fe) por no apoyar la ley, y además desplazó de sus cargos (secretaria de Minería y titular de Anses) a dos funcionarios ligados estrechamente a los gobiernos de Salta y de Córdoba , respectivamente.
Sin distinción de color político, la mayoría de gobernadores expresaron en duros términos su rechazo a la política de transporte del gobierno nacional y anticiparon que llevarán el asunto a instancia judicial. Intendentes de 22 importantes ciudades del interior unificaron su pronunciamiento en igual sentido, acusando al gobierno de intentar alcanzar el equilibrio por vía de arbitrariedades, de manera inequitativa y ahogando a las finanzas de las jurisdicciones afectadas.
La catástrofe que se avecina Desde la Federación Argentina de Municipios, que encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se lanzó en la tarde de este viernes un comunicado de alto contenido crítico. “Expresamos con alarma y extrema preocupación el camino anti federal y extorsivo que ha tomado el gobierno nacional. Argentina vive una dramática situación socioeconómica que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el presidente de la Nación y su ministro plenipotenciario de Economía. Ante el panorama inminente de mayor pobreza y altísima inflación, nos vemos en la obligación de alertar y exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que se avecina”.
Continúa el documento dando argumentos a esa perspectiva de que una catástrofe se avecina. “Hoy las jurisdicciones provinciales y municipales están siendo atacadas de forma inescrupulosa generando un impacto sin precedentes en la vida de cada ciudadano argentino”.
De inmediato, describe: “el gobierno nacional no envía alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milei. En este período la demanda en comedores y merenderos aumentó en un 30%, como consecuencia del aumento en el precio de la comida y la caída en los ingresos de la clase media y los sectores populares. Somos los municipios quienes estamos abasteciendo esta real necesidad y urgencia”.
En materia de Salud, subraya que “no están privatizando, más bien están decididos a estatizar los servicios sanitarios, ya que la gente que se “cae” de las prepagas van directo al sistema de salud pública”.
Advierte que “con la quita de subsidios a la educación, han tomado a las familias como rehenes, que ya no podrán afrontar los nuevos gastos en la educación privada y tendrán que migrar a la educación pública, donde no existe disponibilidad de vacantes suficientes”.
Agrega también referencias a las consecuencias de la paralización de la obra pública y al ya mencionado corte de transferencias a las provincias para el autotransporte de pasajeros. “Esta medida es contra millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse. Perjudica y destroza el tejido social y productivo del país, además de mutilar los servicios de transporte municipales que desaparecerán”, señala el comunicado de la federación de intendentes.
Este cuadro de situación ya se empieza a sentir en los territorios, tanto en el sector formal como en el trabajo informal, “empujando exponencialmente la demanda de asistencia”. Era de esperar que este acelerado agravamiento de la situación social provocara una respuesta política como hacía rato no se veía. Dirigentes políticos que plantean un diagnóstico contundente y sin vueltas, y exigen espacios de discusión para elaborar respuestas urgentes.
Pymes y sindicatos La maltratada “política” reclama volver a escena y en un papel protagónico. Así lo entendieron también sectores de la industria y la producción ubicados en el segmento más sensible o más expuesto ante golpes recesivos como el actual. Pymes, cooperativas, empresas familiares, de la economía popular y el asociativismo, y hasta emprendedores individuales, expresados en decenas de organizaciones diferentes, están buscando una nueva herramienta común de representación política “que actúe de manera protagónica en la discusión de la agenda pública”. Se proponen llegar a su concreción “en alianza con los trabajadores organizados”, es decir los sindicatos.
El primer paso, a poco de haber asumido Milei, con una macro devaluación y anuncios de desregulaciones, desmantelamiento de programas de promoción y de protección industrial, fue la constitución del Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), que aglutinó a entidades con trayectoria en el sector pyme con polos y federaciones del sector cooperativo, organizaciones de género (cámara de mujeres empresarias, Liderar Mujer), mutuales de trabajadores, uniones industriales locales, frentes productivos municipales, movimientos populares y organizaciones defensoras de clubes e instituciones barriales, entre muchos otros.
La organización fue creciendo y sumando entidades (Asamblea Pyme, IPA, ProTejer y muchas más), y en las últimas dos semanas empezó a jugar un papel relevante desde los posicionamiento ante organismos públicos y en la formulación de propuestyas integrales en materia de desarrollo industrial. Esta ultima semana le presentaron a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, el reclamo de que se habilite una sesión especial para exponer su postura frente al DNU 70/23.
“La derogación de las leyes de góndolas, compre nacional y del régimen de promoción industrial, sumada a las reformas en el Código Aduanero, impactan directamente en las Mipymes y cooperativas. Advertimos que de mantenerse estas circunstancias, vamos hacia una situación de destrucción irreversible de nuestras empresas pymes (…). si bien en los últimos años hemos sufrido un descenso en la tasa de surgimiento de pymes, hoy esa tendencia se ve agravada por la inflación, en el marco de una recesión profunda y no vemos la luz al final del túnel”, expresa la nota a la vicepresidenta.
Los une el espanto, pero además el deseo de recuperar un modelo inclusivo de desarrollo “con producción, trabajo y soberanía como ejes”.
FUENTE: Pagina 12
Milei está mal herido, pero redobla su ofensiva antipopular Por Sergio Ortiz*, Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2024.
A RESISTIR LOS NUEVOS AJUSTES Y REPRESIONES
LA SEMANA POLÍTICA
Aumentos enormes en el transporte, luz, nafta, servicios, etc.
EL 56
El gobierno Facho Fondomonetarista (FF) ha sufrido varias derrotas importantes en sus primeros dos meses de gestión. Por un lado están las que tuvieron lugar en la Cámara de Diputados. En una mirada superficial esta sería la más importante, pero ese campo de batalla estaba ligado, y en cierto modo, predeterminado, por el otro escenario, aún más decisivo, que fue la calle, con el paro general y la movilización multitudinaria del 24 de enero, las marchas callejeras del 20 de diciembre y los cacerolazos posteriores y un largo etcétera. Javier Milei quedó atrapado entre esos dos fuegos, el de Diputados y el de las movilizaciones de protesta. Un dato de color que ilustra ese descenso a un primer subsuelo del Infierno para el engreído que dice representar a las Fuerzas del Cielo son las encuestas que revelan que del 56 por ciento de los votos del balotaje del 19 de noviembre pasó a tener una imagen negativa de ese mismo porcentaje. No me gusta el juego, pero busqué en la Lotería y el 56 significa la Caída.
La derrota más visible y que aún ocupa buena parte de las pantallas y medios se dio en el Congreso con su “Ley Ómnibus”, de largo alias alberdiano, que llegó allí con 664 Artículos y debieron ser recortados a 383, dejando de lado en primera instancia todo el capítulo fiscal por las discordancias incluso de bancadas amigas. A duras penas y después de debates interminables consiguieron aprobar en general un texto tan cambiado que los diputados no sabían a ciencia cierta qué estaban votando. La victoria pírrica por 144 a 109 no los salvó luego de una derrota completa porque al cabo del cuarto intermedio entre el viernes 2 y el martes 6 de febrero el oficialismo terminó pidiendo mandar otra vez el proyecto a Comisiones. ¿Qué había pasado? Esas bancadas amigables objetaron varios incisos de los primeros seis artículos que se consideraron ese martes. Eso fortaleció a los bloques opositores que desde el primer día se habían opuesto al “Ómnibus”: Unión por la Patria y la izquierda, FITU. Ese día decisivo, sobre veinte votaciones, los de Milei y sus aliados del PRO y algunos más habían salido airosos en 12 pero perdidosos en 8. Y se venían asuntos claves: otras delegaciones de poderes al presidente, las privatizaciones de empresas públicas, el Régimen de favores impositivos a las grandes Inversores (RIGI) por 30 años, la toma de deuda externa a discreción del Ejecutivo y más entrega en hidrocarburos. El oficialismo había hecho concesiones, por caso la lista de empresas públicas a privatizar había bajado de las 41 originales a 36 y posteriormente a 27. De todos modos, cuando vieron que los números no les daban, los diputados facho libertarios mandaron el proyecto otra vez a Comisión. Ni siquiera todos ellos sabían que de ese modo estaban anulando la votación favorable en general ya obtenida. Entre otros el ministro del Interior, Guillermo Francos, no lo sabía. El Ómnibus se fue al desguace, como chatarra, porque ante semejante derrota el ausente Milei (estaba en Israel) no insistirá por esta vía ni por el lado de la consulta popular y mucho menos con un referéndum. Esto no significa que se cruzará de brazos. Hará más daño, con otras medidas de ajuste del gasto público como las que se pusieron en marcha con el aumento de tarifas del transporte y cese de los subsidios en CABA y sobre todo el Interior del país. Además de fascista, el tipo es vengativo.
AJUSTE Y REPRESIÓN
Durante el debate parlamentario hubo voces muy bien fundamentadas contra la letra y el sentido antipopular del proyecto. Las más contundentes vinieron de la bancada del FITU, con Myriam Bregman, Chipi Castillo y Romina del Plá, y de Unión por la Patria, con Germán Martínez, Julia Strada y los Moreau padre e hija, pero también de radicales como Facundo Manes y otros de los 109 que se plantaron contra la ley. Fueron las posiciones valiosas, en un plano muy superior al de los oportunistas como Miguel Pichetto, Rodrigo de Loredo, Carolina Píparo, Carlos Gutiérrez y otros, que votaron en general por el engendro y los dos últimos, con otros 58, luego lo hicieron en contra contra sus aspectos más aberrantes, en particular.
Ese giro de 60 diputados tuvo que ver con que gobernadores como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro habían pedido al gobierno nacional algunas concesiones a cambio de votar toda la ley. Desde la presidencia hubo acercamientos vía Francos pero al final no les dieron la coparticipación pedida para el Impuesto País ni se concretó aún la reimplantación del impuesto a los altos ingresos, coparticipable. Ante esa merma de ingresos, esos dos gobernadores, más Alfredo Cornejo (Mendoza) y otros se sintieron perjudicados y ninguneados por Milei y su círculo de poder. En consecuencia, bajaron línea a sus diputados para votar en contra de ciertos artículos de la ley, precipitando el traspié de LLA. Fue inédito: un gobierno entrante ve derrotada la primera ley que manda al Legislativo. El sentido y la letra del proyecto eran pésimos, muy lesivos a los intereses populares y la soberanía nacional. La forma como se condujo el gobierno FF también coadyuvó a ese resultado: no aisló a quien consideraba el enemigo principal, no buscó neutralizar a otros sectores y traccionar desde sus amigos del PRO a los vacilantes y amigables de otras bancadas.
Lo suyo fue una clase magistral de lo que no se debe hacer en política: pelearse contra todos al mismo tiempo, uniendo en su contra a enemigos, adversarios y amigos. Toda una lección que debería aprovechar la izquierda, para entender que, a diferencia de Milei, hay que formar un amplio Frente Antiimperialista y Antifascista. Sumar fuerzas e ir dirimiendo las diferencias mientras se pelea contra el enemigo facho fondomonetarista, de ajuste, primarización y extranjerización de la economía, y apoyado en la represión policial que juzgue necesaria y un plus también, por las dudas.
La clave del desbarranque gubernamental es el alevoso ajuste contra las mayorías. Ejemplo concreto: 50.000 comedores y merenderos sin recibir comida desde diciembre pasado por el ministerio de Sandra Pettovello. Otro caso evidente es la inflación del 25,5 por ciento de diciembre y se supone más del 20 para enero. Según la OCDE llegará al 250,6 por ciento en el corriente año, superando el 211 del 2023, con el agravante de que caería la economía un 2,3 por ciento del PBI (para el FMI sería del 2,5).
Si el ajuste explica lo básico del retroceso mileísta, también es importante el descrédito producido por la política ultra represiva personificada en Patricia Bullrich. No se trata sólo de su Protocolo Antipiquetes, bien denunciado por la legisladora Celeste Fierro (MST-FITU) y que al fin tiene un juez a cargo, Sebastián Casanello. Sobre todo es su aplicación práctica criminal, con una represión que dispara balas de goma a la cara de los manifestantes e hirió de gravedad en un ojo a Matías Aufieri, abogado de Derechos Humanos. Se golpeó e hirió a 30 periodistas, se llevó detenidas a cuatro mujeres que cantaban el Himno nacional en la vereda del Congreso, se arrojaron gases muy tóxicos a las caras y ojos de manifestantes, de legisladores como Alejandro Vilca y dirigentes sociales como Eduardo Belliboni. Las últimas propuestas de Bullrich son autorizar a que la policía dispare primero y pregunte después, con la doctrina Chocobar, y que se porten armas de fuego contra todas las manifestaciones. También habilitó a la fuerza de (In) Seguridad, Prefectura Naval, a adoptar su propio reglamento para usar armas largas en sus operativos, algo que no estaba habilitado desde tiempos de Sabina Fedreric.
Es un quinteto mortífero: Milei, jefe político; Luis Caputo, director del ajuste; Bullrich metiendo bala, gases y palos; la negacionista Victoria Villarruel en el banco de suplentes, esperando saltar al campo de juego. Y el FMI, desde Washington, dando órdenes de lo que deben hacer.
Brutal represión policial en Congreso.
LÍDER DESQUICIADO, SIONISTA Y AUSENTE
Ante la derrota política y legislativa, el presidente Milei mostró la hilacha de ser un pésimo dirigente político, al margen del contenido y valoración de sus políticas. En primer término porque calculó todo mal y estaba en Israel en los días en que acá se ponía a prueba y salía reprobado su proyecto de “Ómnibus”. Se supone que los líderes deben estar junto a los suyos cuando se trata de una batalla importante. Él estaba a miles de kilómetros.
Cuando algo sale mal, un dirigente debe examinar autocríticamente las decisiones adoptadas y hacer un mea culpa. Milei hizo todo lo contrario, calificó de traidores a quienes habían votado en forma adversa y publicó sus 60 apellidos, acusó de delincuentes y de mugre a los gobernadores, despidió a funcionarios que no habían tenido participación legislativa (casos Giordano y Royón) y se dedicó a insultar por las redes a todo el mundo, como el desquiciado y loco que muy probablemente es.
Desde Israel esos insultos, con ser muy poco políticos, no fueron lo peor, que por lejos fue su alineamiento sionista con el presidente Isaac Herzog, su genocida primer ministro Benjamín Netanyahu y grupos empresariales de la elite. Apoyó la campaña de terror de Israel contra los palestinos de Gaza y Cisjordania, en particular la invasión y bombardeos en esta última, que han causado ya 28.000 de muertes civiles. Como certificación de que avala ese genocidio reiteró que moverá la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, una ciudad que los sionistas consideran propia pero no lo juzga así la comunidad internacional, Argentina incluida. Adelantó que declarará “organización terrorista” a Hamas, bien en línea con Netanyahu, el verdadero terrorista de esta tragedia.
En ese punto relativo a Hamas, Milei coincide con el que fue su contendiente en el balotaje, Sergio Massa, de puntos de vista pro sionistas y pro estadounidenses. Nobleza obliga, Massa y su secretario de Transporte advirtieron en esa campaña que sacar los subsidios a colectivos y trenes “iba a llevar el boleto de colectivo de $60 a $700 y el de tren de $90 a $1.100″. El de colectivo en AMBA ya está en 270 pesos (aumentó 409 por ciento en un mes) y en Córdoba en 340, que podría aumentar a 1.100 debido a que el gobierno central eliminó el Fondo Compensador del Interior. En todo el país el boleto sería de 1.000 pesos (el intendente de Neuquén lo estimó en más de 2.000), que la gente no puede pagar, con ingresos pulverizados por la inflación y caída del empleo por el comienzo de la recesión. Quedó al desnudo que “el ajuste lo hará la casta” fue una estafa y mentira monumental. Lo paga el pueblo.
Milei estuvo a sus anchas en Israel, orando en el Muro de los Lamentos, reunido con genocidas como Netanyahu, bailando y llevado en andas por sionistas. Mañana y el lunes tendrá que moderarse en Roma, en ceremonias para santificar a Mama Antula y luego conversar con el Papa, al que antes demonizaba como el representante del Maligno en la Tierra. Más allá de algún retoque diplomático, el facho libertario seguirá su curso súper reaccionario hasta que le llegue su merecido Diciembre de 2001. Las largas siestas que se duermen la CGT y la cúpula de UxP hacen que ese final se demore.
La consecuencia suele ser elogiada como una virtud, pero depende para qué. Un ejemplo patético lo dio días atrás el genocida Jorge Olivera, alias “Carnicero de San Juan”, condenado a perpetua pero con arresto domiciliario, festejando sus 50 años de casado, con la momia de Palito Ortega cantando en su casa. El genocida y el cantante son consecuentes con sus historias de mierda. Con el gobierno actual, sobre todo con Villarruel, los videlistas aspiran a que los próximos festejos sean en libertad total y en algún estadio, o en algún cuartel, ¿por qué no?
Milei feliz con el genocida Benjamin Netanyahu.
La catástrofe social planificada de Javier Milei Por Pablo Gandolfo, Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2024.
No hay error ni mala praxis: Milei ejecuta conscientemente una catástrofe social por vía de una estanflación inducida. El poder económico busca desarmar el poder de veto parcial que, con debilidades y retrocesos, el pueblo argentino ha sabido conservar durante medio siglo.
En cada rincón de Argentina una conversación se repite millones de veces, en todas las ciudades y también en los pueblos, siempre acompañada de gestos de asombro: «compré esto y me salió tanto». La Confederación Argentina de la Mediana Empresa difundió esta semana que el índice de ventas minoristas se derrumbó un 28,5% en los dos meses de gobierno de Javier Milei. En alimentos la caída fue aún peor, del 37,1%, y en medicamentos, del 45,8%.
El Fondo Monetario Internacional cambió el signo a su previsión para el 2024 argentino, de un crecimiento proyectado del 2,8% del PBI a una caída del mismo número. ¿Cómo se explica un cambio tan grande? ¿Tan malos son los técnicos del Fondo? ¿Por qué el propio FMI, que apoyaba sin entusiasmo el programa que iba a permitir un crecimiento, ahora apoya con algarabía un programa tan lesivo? No es un error: de eso se trata el plan, un plan que favorece los intereses que el Fondo defiende, intereses que están en contra de los intereses del país.
En los últimos 60 días, los combustibles aumentaron más del 140%. El precio del litro de nafta cuesta veinte centavos de dólar más caro en Argentina que en Estados Unidos. Ese incremento no tiene como contrapartida un aumento análogo de los costos. Es una rentabilidad extraordinaria que se embolsan las petroleras, dinero que se saca del bolsillo de todos los que van a cargar un tanque para trasladarlo a las cuentas de las empresas de hidrocarburos.
La morosidad en el pago de expensas, un rubro que afecta principalmente a la mal llamada «clase media» (mayoritariamente clase trabajadora) se encuentra en niveles récord. Las tarjetas de crédito, cuya utilización crece cuando el salario no alcanza para llegar a fin de mes, fueron beneficiadas con la «liberalización» de los intereses punitorios, que llegan al 500%. Otra mano que entra en el mismo bolsillo y lo traslada ahora a las bóvedas de los bancos.
Detrás de uno de los hits del presidente paleolibertario —«no hay plata»— se escondía una verdad distinta: sus jefes creían que la plata estaba en las manos equivocadas. Desde entonces vagones rebosantes de dinero salen todos los días del bolsillo de los jubilados y de los cuentapropistas, de los trabajadores en blanco y de los informales y, aumentos de precios mediante, van a las cajas fuertes para luego continuar su viaje a las cuentas offshore de las empresas del agronegocio, la energía, los servicios públicos, las prepagas y muchas otras.
En números redondos, 4 millones de personas —sobre un total de 6— perciben la jubilación mínima. Al tipo de cambio oficial, hoy equivale a 123 dólares. Esa cifra alcanza para comprar 7 kilos de café o 5 litros de aceite de oliva. Si el jubilado en cuestión tuviera la mala idea de tener perro, su haber solo permitiría comprar 1,3 bolsas de 18 kilos de un alimento de primera calidad.
En medio de la catástrofe social que transita el país y que Milei procura agravar (no por error, sino por definiciones ideológicas funcionales al sector mas concentrado del capital), el alimento para los animales no parece ser el ejemplo más significativo. Sin embargo, lo es por un detalle: Argentina no produce alimentos para 400 millones de personas, como se suele repetir. Pero sí produce comida para animales, ya sea en forma de forrajes o como insumos para alimento balanceado. Los alimentos para mascotas son poco más que soja, maíz, trigo, arroz y harina de huesos. Todas cosas que el país produce más que lo que necesita, y otras que eran desperdicios a las que se le encontró una utilidad. Entonces, ¿por qué algo tan sencillo sale tan caro?
Desde que asumió el gobierno, y como parte de un paquete de medidas pro monopolios —no promercado—, Javier Milei derogó regulaciones que limitaban las exportaciones de alimentos. Eso redunda en una menor oferta en el mercado nacional y en que las empresas puedan realizar el sueño eterno de la oligarquía terrateniente ahora reencarnada como «agronegocio» (la confluencia de los dueños de la tierra y del capital financiero internacional): alinear los precios nacionales con los internacionales. Se alinean los precios, no los salarios. Un alimento cuesta hoy en Buenos Aires lo mismo que en Madrid, pero los salarios alcanzan para comprar mucho menos.
El poder de compra de un trabajador argentino que cobra 400 euros compite «libremente» con el poder de compra de un trabajador francés que cobra 3500. ¿Quién de los dos se quedará con ese kilo de carne de las mejores vacas de la pampa? La apertura de exportaciones generó un récord en la producción de leche en polvo para ser vendida al exterior. Brindan quienes repiten el mantra acerca de lo bueno que es exportar. Exportar es bueno para quién se queda con esos dólares. Para el resto de los argentinos, la consecuencia es nefasta. La leche fluida, por ejemplo, no solo disminuyó su oferta sino que además aumentó su precio un 35% durante enero.
En alimentos y en petróleo, Argentina se autoabastece y tiene un excedente que se exporta. Alinear los precios nacionales con los internacionales no es una necesidad ni se trata del orden natural de las cosas, tal como pretenden los liberales de todas las cepas virósicas que contagian esa enfermedad intelectual. No utilizar esos dos vectores de competitividad en el marco de una estrategia de desarrollo nacional —es decir, alinear esos dos sectores con los precios internacionales en lugar de apalancarse en ellos para dotar de competitividad a otros— tiene como resultado necesario que una fracción creciente de la sociedad argentina sea estructuralmente marginalizada. Un proceso que registra una ampliación constante desde hace 47 años.
Para poder disfrutar de ese ordenamiento excluyente, el sector más beneficiado debe tomar medidas precautorias. Evitar que los pobres corten calles o, llegado al límite, salgan a robar. Necesitan que el Estado los asista, distribuya comida y que subsidie esto y aquello. Como esa asistencia tiene un costo, mas temprano que tarde pondrán el grito en el cielo: «¿Por qué alimentamos vagos?». Cuando el humor social, pacientemente trabajado por los medios de comunicación masivos como la gota que horada la piedra, llega a ese punto, crece el clamor para que la zanahoria sea reemplazada por el palo.
Allí radica la función política del actual gobierno: pegar y también matar, disciplinar, consolidar un 40% de exclusión y que las víctimas no se quejen, que no corten calles, que solo roben en los lugares permitidos por la policía. Esa es la utopía del capital concentrado nacional y extranjero: un 40% afuera y que no estorben, que permitan que el 1% que se beneficia de ese estado de situación tenga los menores contratiempos en el disfrute de sus riquezas.
Hasta hace dos meses atrás, las organizaciones sociales sabían que 1 millón de personas comían en comedores populares. Al día de hoy no hay cifras confirmadas pero tampoco dudas de que ese número creció mucho, al compás de la ejecución de la catástrofe social planificada. Desde que asumió Javier Milei, se cortó la entrega de alimentos para los comedores. Durante la semana pasada, los movimientos sociales en los que se organiza el sector que bordea la subsistencia fueron al Ministerio de Capital Humano (sí, todo es capital) para reclamar por los alimentos que no llegan a los comedores populares.
La ministra Sandra Petovello se apersonó en la puerta e hizo gala de la banalidad del mal. Como este plan necesita debilitar a las organizaciones para que no haya capacidad de resistencia, dijo que ya no atenderá colectivos sino individuos: «Chicos, los que tienen hambre vengan de a uno, que les voy a anotar el DNI». Ciclópea tarea para una ministra en un país donde la pobreza amenaza con alcanzar el 60%. El columnista de El cohete a la luna , Oscar Campana , se tomó la molestia de calcular el largo de esa fila y el tiempo que le llevaría atenderla: 11.275 kilómetros —la fila podría arrancar en Buenos Aires y terminaría en Vancouver, Canadá— y demandaría 684 años.
Para ilustrar el absurdo proferido, durante este lunes algunas organizaciones hicieron caso a la ministra. La hilera contabilizaba más de 3 kilómetros. Y por supuesto, no los atendió. Pero sí recibió a los representantes de una iglesia evangélica a la que otorgó 170 millones de pesos destinados a asistencia social. Lo que le importa no es entregar el dinero a colectivos o a individuos, sino usarlo para debilitar y desorganizar: que el dinero sirva para facilitar el ajuste. Entregarlo a organizaciones que hagan caridad pero no cuestionen el robo y el saqueo que su gobierno motoriza es considerado una buena forma de gastarlo.
El complemento de esta línea de acción es el despliegue represivo que realizó la ministra de seguridad Patricia Bullrich (que, entre sus muchas adicciones, incluye la de comprar juguetes caros y novedosos en Israel) en las afueras del Congreso mientras se trataba la ahora caída Ley Ómnibus. El Estado, que ya no gasta en zanahorias, ahora gasta en palos y balas de goma. Agustín Laje, un intelectual orgánico de este proyecto que podemos definir como fascismo de mercado —disfrutó de una beca para estudiar contraterrorismo en Washington—, lo enfatizó en un vivo por redes sociales:
Aplaudimos a cada policía que usó su escopeta, sus armas y balas de goma para impactar sobre la piel de estos delincuentes. Y los animamos a que sigan haciéndolo. Lo que merecen son balazos. Respaldemos a nuestra policía. Aplaudámoslos. Que usen sus balas de goma y que les revienten la piel a estos malditos golpistas.
Para tener éxito, Milei necesita calibrar de manera muy precisa el equilibrio de tres factores: la planificación del hambre, el grado de la respuesta represiva y el consenso social ante esa respuesta. En ello jugará su suerte en los próximos meses. La miseria masiva era un dato dado antes de la llegada de este gobierno; la gravedad de la crisis, también. El elenco actual apunta a multiplicarlo, y solo resta conocer su alcance. Esa miseria necesita una grado de represión, y la represión necesita también un grado de consenso. En esos dos factores la incógnita es grande.
¿Cuánta represión? ¿De qué tipo? ¿Cual es el mecanismo efectivo para el ejercicio de la violencia? ¿Solo a través de las fuerzas de seguridad? ¿O acaso hay plafón para poner en marcha un mecanismo protofascista a partir de bandas civiles como sugirió Mauricio Macri? ¿Esas bandas, si fuera posible crearlas, en qué sector social se apoyarían? ¿Conviene aplicar una represión preventiva, un show como el montado por Bullrich durante tres días de la semana pasada, para atemorizar y evitar así que una movilización escale? ¿En qué momento esa represión se puede volver contraproducente y multiplicarla? En medio de estas preguntas, no parece casual que el blanco privilegiado de los balazos de goma en Plaza Congreso hayan sido 32 periodistas. ¿Acaso la ministra Bullrich ordenó dispararles directamente?
Uno de los campos de batalla de esa lucha se da en la franja social que se ubica entre los dos extremos, en especial en los grandes centros urbanos: aquellos que objetivamente son perjudicados por este plan de gobierno pero que, permeados por la acción paciente de los aparatos ideológicos de la clase dominante, asumieron como propios los valores, las concepciones, las ideas y toda una cosmovisión que produce una subjetividad desalineada con el lugar objetivo que ocupan en la sociedad.
La precondición necesaria para que este experimento depredatorio tuviera lugar es una suerte de lobotomía social lograda a partir de una utilización bien planificada de los medios de comunicación masiva y las redes sociales. Allí radica el elemento consensual del ajuste y la represión, el otro gran interrogante que condiciona la estabilidad del gobierno y del proyecto oligárquico-estadounidense. Este límite a su viabilidad se producirá cuando la panza choque con la cabeza, y el interrogante es cuánto tiempo le llevará al estómago reencausar un cerebro desalineado.
Mientras Javier Milei visita Israel, la mejor escuela de fascismo que se consigue en este tiempo, su mentor mediático Alejandro Fantino, realizó su aporte al operativo de relegitimación de las Fuerzas Armadas realizando una inusual entrevista al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier Xavier Julián Isaac. Más significativo, la Vicepresidenta Victoria Villarruel agrega condimentos a la misma receta y no pierde oportunidad para visitar un cuartel.
¿Llegado el caso, será factible utilizar nuevamente a las Fuerzas Armadas para ejercer violencia en contra de la población a la que deben defender, tal como hicieron entre 1930 y 1976, y que los condujo a la ignominia, al desprecio social, al enjuiciamiento y a la cárcel? ¿Las Fuerzas Armadas volverán a hacer lo mismo y volverán a defender el derecho extranjero a saquearnos? ¿Privilegiarán nuevamente los intereses foráneos sobre los nacionales para garantizar que el perrito faldero de Elon Musk le entregue nuestro litio y nuestros satélites? ¿Empuñarán otra vez los fusiles en contra del pueblo y la nación que juraron defender? Para asegurarse de que así sea, Estados Unidos confirmó que enviará de visita al portaviones USS George Washington.
Las coordenadas para enfrentar esta contraofensiva están trazadas. La amplia unidad social que se verifica en estos días, que va desde el peronismo y la CGT hasta las izquierdas en todas sus variantes, es condición necesaria para que la capacidad de veto parcial del pueblo argentino hacia los planes del capital concentrado continúe ejerciendo su poder. El mantenimiento y fortalecimiento de esa amplia unidad tendrá dos condiciones: en primer lugar, la existencia de diálogo sincero y voluntad política por parte de los actores centrales de la oposición; en segundo lugar, dejar de lado cualquier vicio vanguardista, reflejo que suele empañar las acciones de la izquierda.
A su vez, si la unidad social es condición necesaria para la defensiva, la unidad política es imprescindible para trascender las limitaciones que hemos arrastrado durante estas cinco décadas. Mientras no la logremos, aunque podamos construir la capacidad para limitar el saqueo, no tendremos la fuerza suficiente para revertirlo. Y este tipo de unidad necesita de un balance y una autocrítica de lo realizado hasta ahora por parte de todos. Mientras primen el posibilismo de un lado y el vanguardismo del otro, no habrá avance posible.
Muy a su pesar, Javier Milei podría llegar a ser el encargado de abrirnos la puerta hacia una nueva oportunidad histórica. Este tipo de ocasiones no se presentan todos los días, y cuando se las deja pasar sobreviene un largo período de aletargamiento. De la resistencia a las políticas ultraderechistas del nuevo gobierno deberá nacer también el germen de una construcción alternativa.
FUENTE: Jacobin
Envio:RL
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