10.02.2012
el fiscal cuestionó con dureza la posición del juez otero sobre lo ocurrido en diciembre de 2010
Indoamericano: apelan sobreseimientos
El funcionario sostiene la teoría de que fueron disparos policiales los que causaron las muertes en la violenta
represión del predio. El magistrado había beneficiado a 33 oficiales de la Metropolitana, 12 de la Federal y a una jueza.
Por N.O.E
Los sobreseimientos masivos a favor de 33 oficiales de la Policía Metropolitana, 12 de la Federal y a la jueza penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires María Cristina Nazar por las dos muertes y los seis heridos del 7 de diciembre de 2010, durante la ocupación del Parque Indoamericano, dictados el lunes pasado por el juez de Instrucción Eliseo Otero, fueron apelados ayer por el fiscal Sandro Abraldes, quien sostiene la teoría de los disparos policiales como causantes de las pérdidas humanas.
Otero había sido inusualmente duro contra el fiscal, y la respuesta, si bien menos virulenta en los términos, fue igualmente pesada en las argumentaciones que revelan un ya inocultable enfrentamiento entre ambos.
Abraldes cuestionó que el juez Otero “ensaya, sin sustento probatorio alguno, posibles y aleatorios escenarios paralelos en los que las víctimas fueron heridas”, y repudió que posara sobre ellas sospechas de victimarios. “Es la propia resolución en crisis la que reconoce que la hipótesis allí sostenida, conforme a la cual los muertos y heridos producidos en el marco del desalojo del Parque Indoamericano reconocen su causa próxima en los disparos producidos por los civiles ocupantes, goza del mismo grado de posibilidad que la desarrollada por esta fiscalía al momento de solicitar las declaraciones indagatorias, según la cual se afirma la responsabilidad policial de una parte de los intervinientes en la ejecución del lanzamiento de los ocupantes del predio”, contrapuso el fiscal. “Aún en la línea de razonamiento del fallo el sobreseimiento es prematuro, por cuanto no se haya reunida la certeza negativa exigida para un pronunciamiento que cierre el proceso definitiva e irrevocablemente con relación a los imputados.”
La apelación repite, concretamente, que “a los miembros de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (D.O.E.M.) y la División Vigilancia Preventiva de la Policía Metropolitana se les endilgó el homicidio en agresión (por la muerte de Salgueiro) en concurso ideal con lesiones en agresión”. Por su parte, “a los directores policiales del desalojo, el concurso ideal de homicidios y lesiones imprudentes”. A la jueza María Cristina Nazar, “el concurso ideal de homicidios y lesiones imprudentes, que materialmente concurren con el delito de prevaricato”. Y finalmente “al personal de la Policía Federal Argentina, la figura de abuso de armas”.
Empinado sobre esa acusación, Abraldes descartó que las muertes y heridas se hubieran producido por la utilización de armas tumberas, cuya existencia no pudo dar por probada. Incluso restó trascendencia a la declaración de un testigo que dijo haberlas visto porque “las armas a las que refiere las habría visto tres días más tarde” de la ocupación del Parque. “También resulta cierto que refirió haber visto un arma el día 7 de diciembre de ese año, un pistolón (no un arma ‘tumbera’), que era portada por una persona que discutía con otra por un problema con un caballo”.
Ahora será la Cámara del Crimen la encargada de determinar si la causa por las muertes del Indoamericano se ha terminado o sigue adelante. Los camaristas Jorge Rimondi, Luis Bunge Campos y Alfredo Barbarosch tienen en sus manos una tarea pequeña (dirimir quién tiene razón, si el juez o el fiscal) y una gigante: asegurar que las víctimas de aquellos hechos del 7 de diciembre de 2010 no queden sin justicia.
Fuente:TiempoArgentino

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