08 de septiembre de 1976
Reprimen las huelgas de los trabajadores
Entró en vigencia la ley 21.400 por la cual el gobierno obligó a empleadores y trabajadores a la suspensión inmediata de medidas de acción directa durante el estado de sitio, alteración del orden público, emergencia económica o social e impuso sanciones a quienes las provocaran. Esto impidió a los trabajadores cesar total o parcialmente sus actividades y toda otra medida que significara la interrupción o disminución del ritmo laboral. Las sanciones establecidas para los trabajadores que no cumplieran la ley indicaban penas de prisión de 1 a 6 años. Si la instigación era pública, la pena asciendía a 10 años. El gobierno justificó esta ley con “la necesidad imperativa de contar con un instrumento idóneo para afrontar situaciones de extrema gravedad que comprometan la seguridad del Estado”. Aunque las automotrices no cesaron en sus luchas gremiales, las empresas obligaron a sus obreros a retornar a sus puestos de trabajo bajo extorsión.