Bolivia - Comunicado de la APG IG pidiendo el reemplazo del Fiscal General, así como comunicados de las organizaciones que han sufrido ataques racistas en Santa Cruz de la Sierra.
i) La APG IG hace público un comunicado ante la masacre de El Porvenir, el saqueo de la sede de organizaciones indígenas y pide que el Fiscal General sea reemplazado.
Comunicado
A la opinión pública nacional e internacional
Ante los graves sucesos ocurridos en la República de Bolivia, de los cuales destacamos los siguientes:
1) La masacre perpetrada el 11 de septiembre de 2008 en las cercanías del municipio de El Porvenir, a 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando, en la que han sido asesinados al menos 30 campesinos, según el reconocimiento oficial del Gobierno.
Según todos los testimonios recogidos, los presuntos autores de este acto de exterminio son sicarios organizados e instrumentalizados por las autoridades del Departamento de Pando.
2) El asalto, saqueo y destrucción de la sede de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CPESC, ocurridos el 11 de septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y denunciados públicamente por esta organización hermana en su comunicado de 14 de septiembre de 2008
3) El asalto y saqueo de la sede de la CIDOB, ocurrida el 11 de septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que dicha organización informa en un comunicado hecho público el 14 de septiembre de 2008
4) El asalto y saqueo de la sede de la organización Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), ocurrida el 9 de septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según recoge el comunicado público de dicha organización de 10 de septiembre de 2008
El Comité Ejecutivo de la APG IG y los Mburuvichas Zonales y Comunales, en uso de sus atribuciones legítimas y legales:
DECLARAN:
1) Expresamos nuestra solidaridad con todas las organizaciones indígenas de Santa Cruz de la Sierra afectadas por estos saqueos de clara finalidad racista.
2) Expresamos nuestra solidaridad con la víctimas de la masacre de El Porvenir, cuyos mandantes, organizadores y ejecutores materiales tuvieron la voluntad expresa de cometer un acto de exterminio con finalidad racista.
3) Ratificamos nuestro comunicado de fecha 1 de mayo de 2008 con relación a los hechos de Cuevo, en el que apoyábamos la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 25 de abril de 2008, que afirmaba que existen instrumentos internacionales que son parte del Derecho Internacional de Derechos Humanos de los que la República de Bolivia es parte y que, por lo tanto, están por encima de la propia Constitución Política del Estado y son de obligatoria aplicación por parte de jueces, fiscales y toda autoridad gubernamental, y nos referimos muy especialmente, pero no taxativamente, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, y al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También requeríamos al señor Presidente de la República para que se tomaran medidas específicas para que estos hechos no volvieran a ocurrir, haciéndonos eco de la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresamente recordaba al Estado boliviano "su obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición y para investigar y sancionar a los responsables, con estricto respeto a los derechos humanos".
4) Debemos constatar con profunda consternación que tanto los hechos de Cuevo como otros actos de violencia racista no fueron investigados de conformidad con las normas internacionales del debido proceso por parte del Fiscal General de la República, según la documentación judicial obrante en nuestro poder, y no nos consta se hayan adoptado medidas preventivas o cautelares para garantizar que estos hechos no volvieran a ocurrir, hasta el punto que, según surge de los hechos, ni siquiera la policía actuó preventivamente.
5) Insistimos en que el Fiscal General de la República debe actuar en concordancia con el artículo 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que tiene por título "Obligatoriedad" y según el cual "El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos fácticos para verificar su comisión".
6) Reiteramos nuestra solicitud a las autoridades judiciales y jurisdiccionales para que éstas procedan a la persecución penal de los responsables de estos hechos, considerando que si en la planificación de los mismos, como creemos, participaron autoridades que tienen la obligación de aplicar la legislación internacional y nacional, dado su carácter de funcionario público o de autoridad electa, éste debería ser un agravante en el análisis de su conducta y debería llevar a la suspensión preventiva de sus funciones hasta tanto en cuanto se investiguen y depuren sus responsabilidades.
7) Apoyamos expresamente la solicitud hecha por parte de la Organización Indígena Chiquitana en su comunicado de 12 de septiembre de 2008, en el que expresamente resuelve "CONMINAR al Presidente Evo Morales Ayma a cumplir con la Constitución y las leyes de la República, tratados y convenios Internacionales de protección a los derechos de los pueblos Indígenas; aplicando de manera inmediata medidas Constitucionales de conservación y preservación del orden público y, por ende, la protección inmediata de nuestros Territorios y Recursos Naturales. (Art.8 inc.a); Art. 111 de la CPE); ante las amenazas de grupos delincuenciales, violentos y fascistas que obedecen a las instrucciones de Rubén Costas y Branco Marincovick, fieles cachorros del Imperio Norteamericano que pretenden lograr con sus propósitos divisionistas luto y dolor en nuestras familias negando toda forma de institucionalidad al Estado Boliviano".
8) Solicitamos al señor Presidente de la República que adopte las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las sedes de las organizaciones indígenas, así como la integridad personal de sus dirigentes y activistas, dando las instrucciones necesarias para que se adopten planes preventivos de seguridad a estos efectos.
9) Consideramos que ha existido lenidad por parte del Fiscal General de la República y de los fiscales delegados que han investigado los diversos actos racistas y de violación grave a los derechos humanos y a los derechos indígenas; solicitamos al Señor Presidente de la República que tome todas las medidas necesarias para reemplazar en sus funciones a este alto funcionario y a todos aquéllos que sean responsables de no haber adoptado las medidas preventivas necesarias y suficientes para evitar este tipo de hechos.
Entre Ríos, a 15 de septiembre de 2008
Firman por el Directorio de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG IG)
Never Barrientos, Presidente
Florentino Zeballos, Vicepresidente
Fernando Cuellar, Responsable Producción
Benito Arce, Responsable Salud
Gregorio Barrientos, Responsable Educación
Zacarías Cuellar, Responsable de Infraestructura
Benildo Vaca, Responsable de Recursos Naturales
Plácido Rojas, Responsable Comunicación
Jorge Delfin, Responsable de Tierra y Territorio
Mburuvichas Zonales
Justino Molina, Mburuvicha Zonal, Zona 1
Celestino Virela, Mburuvicha Zonal, Zona 2
Fabián Cayo, Mburuvicha Zonal, Zona 3
ii) Asalto, saqueo y destrucción de la sede de los pueblos indígenas de Santa Cruz.
Denuncia pública
La directiva de la CPESC, que representa los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz, denuncia a la opinión pública nacional e internacional el asalto, saqueo y destrucción casi total de nuestra sede, ubicada en esta ciudad, a manos de funcionarios de la Prefectura del Departamento, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y vándalos contratados por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Alcaldía Municipal de Santa Cruz y el Prefecto del Departamento.
A las 12:30 del jueves 11 de septiembre de 2008, llegaron en varios vehículos y camionetas aproximadamente 40 jóvenes dirigidos por los señores Fernando Chiqueno, Carmelo Justiniano, Antonio Surubí, Amalio Siyé y otra mujer, en vehículos de la Prefectura del Departamento y la Alcaldía Municipal. Al grito de "autonomía departamental", derribaron el portón trasero de entrada de las oficinas de la organización y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. Saquearon computadoras, muebles, equipos de computación, equipos de grabación y musicales, ropas y enseres. Después con los documentos y los muebles hicieron una gran fogata incendiándolo todo. Una vez dentro del edificio, la noche del viernes 12, robaron las puertas, ventanas, protectores y destruyeron por completo todos los techos de las oficinas.
El asalto, saqueo y destrucción de nuestra oficina fue ejecutado por las mismas personas quienes horas antes se habían apoderado de las infraestructuras de nuestra organización nacional, CIDOB, que dista a 100 metros de la CPESC.
Quienes asaltaron nuestras oficinas son mandados y pagados por los traficantes de tierras, latifundistas y esclavizadores de hermanos indígenas y por el Prefecto, alcalde y comités cívicos, quienes se oponen a nuestra histórica demanda posicionada en la Nueva Constitución Política: LAS AUTONOMÍAS TERRITORIALES INDÍGENAS -SIN SUBORDINACIÓN A NINGÚN NIVEL AUTONÓMICO- que tiene carácter irrenunciable pues es la base de nuestra liberación como pueblos.
La CPESC es la organización de este departamento que de manera firme e inclaudicable ha mantenido los principios del movimiento indígena de Bolivia, cuestionando los sectores de poder y sus fuentes de explotación y acumulación desmedida de tierras en perjuicio de nuestros pueblos. Fue además quien denunció sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos de hermanas y hermanos campesinos, indígenas y sectores sociales urbanos. Planteó y liderizó la histórica "MARCHA POR ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LOS RECURSOS NATURALES" en 2002, cuando caminamos 37 días desde Santa Cruz hasta La Paz. Trabajó y presentó una propuesta ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y elaboró una propuesta consensuada con todos los sectores sociales de texto constitucional, recogido en gran medida por la Nueva Constitución Política del Estado, aprobada por la Asamblea el 9 de diciembre de 2007 en Oruro.
i) La APG IG hace público un comunicado ante la masacre de El Porvenir, el saqueo de la sede de organizaciones indígenas y pide que el Fiscal General sea reemplazado.
Comunicado
A la opinión pública nacional e internacional
Ante los graves sucesos ocurridos en la República de Bolivia, de los cuales destacamos los siguientes:
1) La masacre perpetrada el 11 de septiembre de 2008 en las cercanías del municipio de El Porvenir, a 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando, en la que han sido asesinados al menos 30 campesinos, según el reconocimiento oficial del Gobierno.
Según todos los testimonios recogidos, los presuntos autores de este acto de exterminio son sicarios organizados e instrumentalizados por las autoridades del Departamento de Pando.
2) El asalto, saqueo y destrucción de la sede de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CPESC, ocurridos el 11 de septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y denunciados públicamente por esta organización hermana en su comunicado de 14 de septiembre de 2008
3) El asalto y saqueo de la sede de la CIDOB, ocurrida el 11 de septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que dicha organización informa en un comunicado hecho público el 14 de septiembre de 2008
4) El asalto y saqueo de la sede de la organización Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), ocurrida el 9 de septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según recoge el comunicado público de dicha organización de 10 de septiembre de 2008
El Comité Ejecutivo de la APG IG y los Mburuvichas Zonales y Comunales, en uso de sus atribuciones legítimas y legales:
DECLARAN:
1) Expresamos nuestra solidaridad con todas las organizaciones indígenas de Santa Cruz de la Sierra afectadas por estos saqueos de clara finalidad racista.
2) Expresamos nuestra solidaridad con la víctimas de la masacre de El Porvenir, cuyos mandantes, organizadores y ejecutores materiales tuvieron la voluntad expresa de cometer un acto de exterminio con finalidad racista.
3) Ratificamos nuestro comunicado de fecha 1 de mayo de 2008 con relación a los hechos de Cuevo, en el que apoyábamos la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 25 de abril de 2008, que afirmaba que existen instrumentos internacionales que son parte del Derecho Internacional de Derechos Humanos de los que la República de Bolivia es parte y que, por lo tanto, están por encima de la propia Constitución Política del Estado y son de obligatoria aplicación por parte de jueces, fiscales y toda autoridad gubernamental, y nos referimos muy especialmente, pero no taxativamente, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, y al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También requeríamos al señor Presidente de la República para que se tomaran medidas específicas para que estos hechos no volvieran a ocurrir, haciéndonos eco de la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresamente recordaba al Estado boliviano "su obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición y para investigar y sancionar a los responsables, con estricto respeto a los derechos humanos".
4) Debemos constatar con profunda consternación que tanto los hechos de Cuevo como otros actos de violencia racista no fueron investigados de conformidad con las normas internacionales del debido proceso por parte del Fiscal General de la República, según la documentación judicial obrante en nuestro poder, y no nos consta se hayan adoptado medidas preventivas o cautelares para garantizar que estos hechos no volvieran a ocurrir, hasta el punto que, según surge de los hechos, ni siquiera la policía actuó preventivamente.
5) Insistimos en que el Fiscal General de la República debe actuar en concordancia con el artículo 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que tiene por título "Obligatoriedad" y según el cual "El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos fácticos para verificar su comisión".
6) Reiteramos nuestra solicitud a las autoridades judiciales y jurisdiccionales para que éstas procedan a la persecución penal de los responsables de estos hechos, considerando que si en la planificación de los mismos, como creemos, participaron autoridades que tienen la obligación de aplicar la legislación internacional y nacional, dado su carácter de funcionario público o de autoridad electa, éste debería ser un agravante en el análisis de su conducta y debería llevar a la suspensión preventiva de sus funciones hasta tanto en cuanto se investiguen y depuren sus responsabilidades.
7) Apoyamos expresamente la solicitud hecha por parte de la Organización Indígena Chiquitana en su comunicado de 12 de septiembre de 2008, en el que expresamente resuelve "CONMINAR al Presidente Evo Morales Ayma a cumplir con la Constitución y las leyes de la República, tratados y convenios Internacionales de protección a los derechos de los pueblos Indígenas; aplicando de manera inmediata medidas Constitucionales de conservación y preservación del orden público y, por ende, la protección inmediata de nuestros Territorios y Recursos Naturales. (Art.8 inc.a); Art. 111 de la CPE); ante las amenazas de grupos delincuenciales, violentos y fascistas que obedecen a las instrucciones de Rubén Costas y Branco Marincovick, fieles cachorros del Imperio Norteamericano que pretenden lograr con sus propósitos divisionistas luto y dolor en nuestras familias negando toda forma de institucionalidad al Estado Boliviano".
8) Solicitamos al señor Presidente de la República que adopte las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las sedes de las organizaciones indígenas, así como la integridad personal de sus dirigentes y activistas, dando las instrucciones necesarias para que se adopten planes preventivos de seguridad a estos efectos.
9) Consideramos que ha existido lenidad por parte del Fiscal General de la República y de los fiscales delegados que han investigado los diversos actos racistas y de violación grave a los derechos humanos y a los derechos indígenas; solicitamos al Señor Presidente de la República que tome todas las medidas necesarias para reemplazar en sus funciones a este alto funcionario y a todos aquéllos que sean responsables de no haber adoptado las medidas preventivas necesarias y suficientes para evitar este tipo de hechos.
Entre Ríos, a 15 de septiembre de 2008
Firman por el Directorio de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG IG)
Never Barrientos, Presidente
Florentino Zeballos, Vicepresidente
Fernando Cuellar, Responsable Producción
Benito Arce, Responsable Salud
Gregorio Barrientos, Responsable Educación
Zacarías Cuellar, Responsable de Infraestructura
Benildo Vaca, Responsable de Recursos Naturales
Plácido Rojas, Responsable Comunicación
Jorge Delfin, Responsable de Tierra y Territorio
Mburuvichas Zonales
Justino Molina, Mburuvicha Zonal, Zona 1
Celestino Virela, Mburuvicha Zonal, Zona 2
Fabián Cayo, Mburuvicha Zonal, Zona 3
ii) Asalto, saqueo y destrucción de la sede de los pueblos indígenas de Santa Cruz.
Denuncia pública
La directiva de la CPESC, que representa los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz, denuncia a la opinión pública nacional e internacional el asalto, saqueo y destrucción casi total de nuestra sede, ubicada en esta ciudad, a manos de funcionarios de la Prefectura del Departamento, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y vándalos contratados por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Alcaldía Municipal de Santa Cruz y el Prefecto del Departamento.
A las 12:30 del jueves 11 de septiembre de 2008, llegaron en varios vehículos y camionetas aproximadamente 40 jóvenes dirigidos por los señores Fernando Chiqueno, Carmelo Justiniano, Antonio Surubí, Amalio Siyé y otra mujer, en vehículos de la Prefectura del Departamento y la Alcaldía Municipal. Al grito de "autonomía departamental", derribaron el portón trasero de entrada de las oficinas de la organización y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. Saquearon computadoras, muebles, equipos de computación, equipos de grabación y musicales, ropas y enseres. Después con los documentos y los muebles hicieron una gran fogata incendiándolo todo. Una vez dentro del edificio, la noche del viernes 12, robaron las puertas, ventanas, protectores y destruyeron por completo todos los techos de las oficinas.
El asalto, saqueo y destrucción de nuestra oficina fue ejecutado por las mismas personas quienes horas antes se habían apoderado de las infraestructuras de nuestra organización nacional, CIDOB, que dista a 100 metros de la CPESC.
Quienes asaltaron nuestras oficinas son mandados y pagados por los traficantes de tierras, latifundistas y esclavizadores de hermanos indígenas y por el Prefecto, alcalde y comités cívicos, quienes se oponen a nuestra histórica demanda posicionada en la Nueva Constitución Política: LAS AUTONOMÍAS TERRITORIALES INDÍGENAS -SIN SUBORDINACIÓN A NINGÚN NIVEL AUTONÓMICO- que tiene carácter irrenunciable pues es la base de nuestra liberación como pueblos.
La CPESC es la organización de este departamento que de manera firme e inclaudicable ha mantenido los principios del movimiento indígena de Bolivia, cuestionando los sectores de poder y sus fuentes de explotación y acumulación desmedida de tierras en perjuicio de nuestros pueblos. Fue además quien denunció sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos de hermanas y hermanos campesinos, indígenas y sectores sociales urbanos. Planteó y liderizó la histórica "MARCHA POR ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LOS RECURSOS NATURALES" en 2002, cuando caminamos 37 días desde Santa Cruz hasta La Paz. Trabajó y presentó una propuesta ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y elaboró una propuesta consensuada con todos los sectores sociales de texto constitucional, recogido en gran medida por la Nueva Constitución Política del Estado, aprobada por la Asamblea el 9 de diciembre de 2007 en Oruro.
La sede de la CPESC, que tiene más de 20 años, fue construida con el esfuerzo de nuestros hermanos, la ayuda de la Cooperación Internacional y la donación de instituciones amigas, quienes siempre nos apoyaron y se había constituido un símbolo puesto que desde allí partieron varias marchas históricas de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia.
Frente a todos estos hechos vandálicos y violatorios de los derechos humanos de los pobladores del Oriente, particularmente indígenas, campesinos y urbanos que están sucediendo en toda nuestra región:
Denunciamos:
1. Al Prefecto del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, al Alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández y al Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, por ser autores intelectuales y financiadores de estos hechos vandálicos, propiciar la destrucción de nuestras oficinas y desplegar la persecución y amenazas de muerte contra nuestros dirigentes. Exigimos de parte de la Fiscalía del Distrito el inmediato enjuiciamiento y sanción de las mencionadas personas por ser los directos responsables de la ola de violencia desatada en nuestro Departamento.
2. A los señores Fernando Chiqueno, Carmelo Justiniano, Antonio Surubí, Amalio Siyé, por ser los autores materiales de estos actos reprochables y humillantes para el movimiento indígena de Bolivia y del mundo, para quienes exigimos su procesamiento penal, e inmediata detención preventiva por parte de la Fiscalía del Distrito y la Policía Nacional.
3. Un plan de apoderamiento del Departamento de Santa Cruz y la región del Oriente e instalación de un sistema racista, esclavista y separatista, que incluye la toma por la fuerza de las instituciones públicas en la región, la supresión de la libertad de expresión y organización y la creación de una supuesta base social ficticia, donde la CPESC y la CIDOB.
Declaramos
1. Que, la destrucción de nuestra casa no ha afectado nuestra convicción absoluta y total de que el enemigo está en vísperas de la derrota y que el movimiento indígena de Santa Cruz y Bolivia se prepara para luchar por sus demandas históricas, en el marco de la democracia, la tolerancia y el respeto a los Derechos Humanos.
2. Que el Estado Nacional debe tomar todos los recaudos para garantizar la vida y la seguridad de nuestros dirigentes, puesto que las autoridades regionales constitucionalmente responsables de ello, están involucradas directamente en la violación de nuestros derechos.
Resolvemos
1. Intimar a los usurpadores y destructores de nuestras oficinas la devolución inmediata de las mismas a la brevedad, para evitar cualquier afectación a las personas que se encuentren en él.
2. El estado de movilización general de todas nuestras comunidades para defender el Estado de Derecho en el Departamento y continuar la lucha por nuestras demandas históricas contenidas en la NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, aprobada en Oruro el 9 de diciembre de 2007, para lo cual se debe convocar el REFERÉNDUM DIRIMIDOR SOBRE LA TIERRA Y EL APROBATORIO FINAL DEL TEXTO CONSTITUCIONAL.
Santa Cruz de la Sierra, 14 de septiembre de 2008 Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CPESC
La sede de la CPESC, saqueada y destruida, tras el asalto:
iii) Asaltan y saquean la sede de la CIDOB.
Al Pueblo Boliviano, al Pueblo Cruceño, a la Comunidad Internacional
Los dirigentes indígenas de la CIDOB legítimamente elegida por las 11 organizaciones regionales en la Gran Asamblea de los Pueblos Indígenas, que representamos a los 34 pueblos que vivimos en el Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana en 7 departamentos de Bolivia denunciamos:
Las acciones de violencia generadas desde el día miércoles 10 de septiembre contra de nuestra casa grande (instalaciones) y la dirigencia de la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas, cometidos por ex dirigentes indígenas expulsados del movimiento indígena acompañados por grupos delincuenciales, que en franca actitud de violencia y avasallamiento, terminaron asaltando las instalaciones de nuestra casa grande de los indígenas, mancillando a compañeros, agrediéndonos y golpeándonos en nuestra propia casa.
Estos grupos vandálicos han agredido a mujeres dirigentes, a niños y niñas hijos de dirigentes, y han amenazado de muerte a los miembros de la Dirección Nacional.
Denunciamos a la opinión pública que entre la turba de violentos fueron identificados como cabecillas a José Urañavi, Carmelo Justiniano, Amalio Siye, Ignacio Urapuca y David Pérez, actuales funcionarios de la Prefectura de Santa Cruz.
Estos traidores del movimiento indígena con sus aliados vándalos buscan negar el derecho de nuestros pueblos a las autonomías indígenas, nuestra dirigencia está unida en la lucha por nuestros derechos como pueblos, y si bien han tomado nuestras instalaciones y nuestra casa, no son dirigentes de nuestro pueblo, pues todos sabemos que el papel que están jugando es de viles mercenarios.
Hacemos conocer que la dirigencia de la CIDOB se encuentra reunida desde la clandestinidad, desde donde estamos actuando legítimamente como los dirigentes y líderes del movimiento indígena, llamamos a nuestros pueblos a no dejarse confundir y ratificamos nuestra responsabilidad en la conducción de nuestras luchas.
Reiteramos nuestra vocación de vivir con paz y dignidad.
Responsabilizamos por estos actos al Prefecto de Santa Cruz y de la dirigencia Cívica, tanto del asalto de nuestras instituciones y de las amenazas a nuestros dirigentes.
Santa Cruz de la Sierra, 14 de septiembre de 2008
Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
iv) Denuncian el ataque a las sedes de organizaciones indígenas y piden la preservación del orden público.
Manifiesto del gran pueblo chiquitano
Los últimos acontecimientos violentos en contra de las Oficinas de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y el avasallamiento delincuencial de los esbirros del Comité Cívico de Santa Cruz y la Prefectura del Departamento encabezados por los extranjeros separatistas Rubén Costas y Branko Marincovick, han llegado a su límite de la tolerancia y hacen que el sentido de sobrevivencia y furia del Pueblo Chiquitano renazca para combatir a brazo partido por su Territorio, dignidad y Autonomía Indígena, ante la pretensión de los terratenientes de Santa Cruz, que en su frustración y desesperación de perder privilegios y grandes extensiones de tierras, buscan con ayuda de algunos medios de comunicación convulsionar el País, comprando la conciencia de algunos de nuestros hermanos con el afán de dividir nuestras organizaciones; utilizando a personas discapacitadas para enfrentarnos entre bolivianos y con ello atentar contra nuestros derechos plasmados en la Nueva Constitución Política del Estado.
Producto de estos vandálicos hechos producidos en contra de las Instalaciones del CIDOB y CPESC en la ciudad de Santa Cruz, la OICH (Organización Indigena Chiquitana), máxima organización matriz del Gran Pueblo Indígena Chiquitano, ha resuelto de manera decidida y militante los siguientes puntos:
PRIMERO.- RATIFICAR nuestra consecuencia y lucha inquebrantable para defender los resultados del proceso constituyente, el cual ha recogido nuestras demandas históricas en el nuevo texto constitucional construidos por los sectores sociales de Bolivia, ¡¡¡para que nunca más volvamos a ser esclavos, ni sirvientes de los grupos de oligarcas y terratenientes de Santa Cruz que hoy se encuentran desesperados y enloquecidos por mantener sus privilegios y enriquecimientos ilícitos producto del Contrabando, Narcotráfico y tráfico ilegal de tierras!!!
SEGUNDO.- CONMINAR al Presidente Evo Morales Ayma a cumplir con la Constitución y las leyes de la República, tratados y convenios Internacionales de protección a los derechos de los pueblos Indígenas; aplicando de manera inmediata medidas Constitucionales de conservación y preservación del orden público y, por ende, la protección inmediata de nuestros Territorios y Recursos Naturales. (Art.8 inc.a); Art. 111 de la CPE); ante las amenazas de grupos delincuenciales, violentos y fascistas que obedecen a las instrucciones de Rubén Costas y Branco Marincovick, fieles cachorros del Imperio Norteamericano que pretenden lograr con sus propósitos divisionistas luto y dolor en nuestras familias negando toda forma de institucionalidad al Estado Boliviano.
TERCERO.- CONVOCAR a todas las Centrales, Sub Centrales, Organizaciones de Base, dirigentes y hermanos habitantes de las comunidades del Gran Pueblo Chiquitano a estar alerta y si fuera necesario a resistir con valentía y consecuencia la posible ocupación y/o destrucción de nuestra Casa Grande donde funciona nuestra mayor Organización (OICH), principal valuarte e instrumento de lucha para la defensa de nuestros derechos y la preservación de nuestros Territorios y recursos naturales.
CUARTO.- DECLARAR y ratificar el estado de alerta, emergencia y vigilia, como pueblo indígena Chiquitano, hasta que el Gobierno nacional garantice con sus acciones la preservación del orden público en todo el territorio nacional; protegiendo nuestras organizaciones, nuestro territorio y recursos naturales, tomando las acciones legales para encarcelar a los separatistas y sediciosos del Comité Cívico y Prefectura de Santa Cruz.
QUINTO.- ADVERTIR a las “Autoridades” Cívicas y Prefecturales del departamento de Santa Cruz que los territorios indígenas titulados y en proceso de saneamiento más sus recursos naturales son intocables, irreversibles e imprescriptibles.
SEXTO.- TOMAR ACCIONES LEGALES para establecer las responsabilidades ante los saqueos, allanamientos, robo y destrucción de los bienes del Estado Boliviano, procesando en primera instancia a Rubén Costas y Branko Marinkovick y toda su “banda” delincuencial como responsables de delitos penales y sediciosos en contra del Pueblo Boliviano quienes al presente continúan impunemente atentando contra la integridad y existencia de nuestro País.
SEPTIMO.- EXPULSAR al Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg por la intromisión descarada en los asuntos internos de nuestro País, promoviendo el Separatismo e instigando las protestas violentas, siendo en el pasado un experto en alentar conflictos separatistas como lo hizo cuando se encontraba de embajador en el Estado de Bosnia durante la guerra separatista de los Balcanes, ocasionando miles y miles de muertos.
OCTAVO.- NOS SOLIDARIZAMOS con la lucha de todos nuestros hermanos Indígenas de nuestros País, que durante décadas han sido sometidos a formas de explotación y violación permanente de sus derechos sin ninguna protección por parte del Estado Boliviano y que hoy al igual que ayer vivimos nuevamente la intolerancia, el racismo y la violencia de grupos fascistas amparados en la Prefectura y el Comité Cívico de los Departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija.
NOVENO.- NOS SOLIDARIZAMOS con los heroicos compañeros campesinos asesinados por grupos fascistas en una emboscada en el Departamento de Pando; por lo que conminamos al Estado Boliviano a investigar y encarcelar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos que enlutan a las mayorías empobrecidas de nuestro País.
DECIMO.- CONVOCAMOS a todos los sectores sociales, que demuestran valentía y consecuencia en la defensa de nuestros derechos como sectores excluidos; a que se pronuncien por la defensa y continuidad del proceso de cambio que compromete a todo el Pueblo Boliviano.
Santa Cruz, Concepción, 12 de Septiembre de 2008 Organización Indígena Chiquitana
v) Asalto y saqueo del CEJIS de Santa Cruz.
La tarde de ayer, martes 9 de septiembre, un grupo de aproximadamente 50 vándalos ingresó por la fuerza, saqueó completamente e incendió las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en Santa Cruz de la Sierra, Oriente de Bolivia.
A las 18 horas llegaron a las puertas de la institución tres vehículos 4x4 más otros motorizados, de donde descendieron jóvenes armados de palos, cuchillos, petardos y piedras. Utilizaron uno de los vehículos para echar abajo el portón de entrada. Los cuatro policías que resguardaban el edificio huyeron por temor a represalias. Una vez adentro, los atacantes robaron y destruyeron lo que había en su interior. Rompieron vitrinas, ventanas, puertas, muebles, enseres, equipos de computación, archivos, documentación. Realizaron una gran pira en la calle, ante las puertas violentadas de la institución y la hicieron arder, igual que otras fogatas iniciadas dentro de las oficinas del CEJIS. Se ha perdido importantísima documentación de seguimiento de los procesos de titulación de tierras de los pueblos indígenas, investigaciones. También fue destruida y quemada en la calle, por lo menos un tercio de la biblioteca, reconocida a nivel nacional por su importante especialización en la temática indígena y agraria. No hubo daños a las personas debido a que el personal fue evacuado poco antes del ataque. Están bajo amenaza las oficinas del CEJIS de Trinidad y Riberalta, ambas del departamento de Beni, donde se están llevando adelante también acciones de violencia similares.
Las oficinas del CEJIS, así como su personal, fueron atacadas más de 15 veces en los últimos cinco años. En los últimos meses la institución sufrió dos ataques con bombas molotov (en noviembre 2007 y en agosto pasado). En sus 30 años de trabajo, el CEJIS ha acompañado jurídicamente a las organizaciones indígenas, campesinas y sin tierra en los procesos de titulación de sus tierras y territorios. Ha sido un aliado permanente de los movimientos sociales en la consecución jurídica de sus derechos en la legislación nacional, asesorado y acompañando el seguimiento de las organizaciones sociales a la Asamblea Constituyente. Esta labor ha implicado permanente riesgo en las personas y en las oficinas del CEJIS, amenazadas por los sectores de poder que históricamente controlaron la región del Oriente boliviano, quienes se sienten ahora amenazados por el avance en los derechos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Ayer fueron también asaltados y saqueados en la ciudad de Santa Cruz, además del CEJIS, las oficinas regionales de Impuestos Nacionales, Grandes Contribuyentes (GRACO), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Migraciones, el Canal 7 del Estado, la radio de la Red Patria Nueva, y otras oficinas en todo el Oriente boliviano. Esta cadena de agresiones forma parte de un plan que está en acción y sigue adelante hoy con el ataque a las organizaciones indígenas nacional y regional de Santa Cruz y campesinas con sede en esta ciudad, las radios populares -como Radio Alternativa, que funciona en la Casa de la Mujer- y otras organizaciones de Derechos Humanos, por cuenta de los mismos grupos que arremetieron contra el CEJIS.
El recrudecimiento de la violencia en todo el Oriente de Bolivia, que comenzó bajo la consigna de "una mejor redistribución de la renta petrolera para las regiones", ha cambiado por una toma de hecho de los departamentos de esta parte del país y una ola de persecución intolerante y racista a todos quienes ellos consideren sus "enemigos", ahora con la exigencia al Gobierno de Evo Morales de que reconozca una autonomía regional de ribetes separatistas, inaceptable para el grueso de la población.
Por todo lo expuesto:
1. Denunciamos el asalto y saqueo de nuestras oficinas en la ciudad de Santa Cruz, de parte de una turba organizada por las personas que están asolando esta ciudad.
2. Denunciamos que la vida y la seguridad de nuestro personal está en riesgo, ante el retiro del resguardo policial de la oficina y la falta total de seguridad en la ciudad para ciertos funcionarios, puesto que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no están actuando.
3. Denunciamos ante el cierre de los principales medios alternativos de comunicación y el deterioro de las líneas de telefonía de la empresa Entel, que las libertades de expresión y opinión en el departamento están restringidas y las oficinas del CEJIS están temporalmente cerradas.
4. Exigimos a la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz y la Policía Nacional, realice una pormenorizada investigación y sancione a los responsables, materiales e intelectuales de estos deplorables hechos, quienes están plenamente identificados por los medios de comunicación.
5. Exigimos al Estado boliviano otorgue las garantías para la vida e integridad personal de los funcionarios del CEJIS en Santa Cruz, Trinidad y Riberalta, y se ajuste a los convenios internacionales de Derechos Humanos a los que está suscrito.
Pedimos a todas las organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil solidarizarse por la situación que está viviendo Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra - BOLIVIA 10 de septiembre 2008
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
vi) La Asamblea Permanente de DDHH exige libertad de campesinos torturados y detenidos injustamente en Cobija.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) exigió este domingo la libertad inmediata de los campesinos, que luego de ser torturados por los paramilitares de la Prefectura de Pando, fueron encarcelados acusados de ser presuntos autores de los hechos de violencia en la localidad de Porvenir, ubicado a 30 kilómetros de Cobija.
El presidente de la APDHB, Rolando Villena, señaló que es injusto cómo actúa la justicia y la Policía, "acusa a las víctimas y protege a los masacradores".
Dijo que en el marco de la defensa, vigencia y promoción de derechos humanos, 22 instituciones expresaron su indignación ante la muerte de bolivianos y bolivianas, y el atropello a la dignidad de las personas.
Llamó al país a estrechar lazos para que estos hechos no se repitan, busque la tregua social y exigir a las autoridades del Estado, el Gobierno y prefecturas encontrar soluciones a través de la vía del diálogo y la concertación que ya se propuso con anterioridad.
El diálogo y la concertación eran los caminos para resolver las diferencias de intereses. Se preguntó ¿por qué razón, entonces, se ha provocado semejante destrozo y laceración a la Patria?, dijo Villena.
Después de la muerte de más de una decena de compatriotas pandinos, destrozos provocados en varios puntos del país, y la pérdida irreparable de la memoria documental de muchas instituciones, se impone el diálogo y los acuerdos pensando en el interés de la Nación antes que de particulares.
Para no dar el espalda a lo ocurrido y hacer viable el diálogo y la concertación, la APDHB exige: "Frenar el cese del acoso a los campesinos de Pando, que siguen siendo perseguidos por victimadores".
Además la libertad para los campesinos e indígenas detenidos en Cobija. Desmovilización de los grupos de choque que están generaron un clima de amedrentamiento generalizado.
Juicio a los responsables materiales e intelectuales de la emboscada a los campesinos de Pando. Juicio a responsables materiales e intelectuales de la destrucción de la propiedad estatal y privada.
Cese de las acciones de amedrentamiento contra las y los trabajadores de la información. Respeto a la labor de los organismos de ayuda humanitaria en los lugares de conflicto.
El presidente de la APDHB, Rolando Villena, insistió que no es posible que las víctimas que fueron llevados por quienes han participado en la masacre, sean acusados y llevados a la cárcel y no reciban asistencia médica a la múltiples heridas que tiene.
ALGUNOS DE LOS DETENIDOS
1.- Sergio Huaris Duri (36)
2.- Rolando Justo Roca (35)
3.- Andrés Bascotes Salazar (17)
4.- Humberto Tórrez Espinoza (38)
5.- David Castillo Villarroel (42)
6.- Félix Saavedra Ichilo (52)
7.- Adelina Rivas Beyuma (34)
8.- Willy Fernández Figueredo (27)
9.- Grover Castañeta Ramos (23)
10.- Widman Rocas Cayuma (38)
11.- Raúl Marcado Arredondo (43)
12.- Juanito Apaza Quispe (37)
13.- Romer Ramírez Mati (19)
14.- Modesto Espinoza Marigua (51).
[Fuente: cpdhCtes.-ABI, La Paz, 14sep08]
Al Pueblo Boliviano, al Pueblo Cruceño, a la Comunidad Internacional
Los dirigentes indígenas de la CIDOB legítimamente elegida por las 11 organizaciones regionales en la Gran Asamblea de los Pueblos Indígenas, que representamos a los 34 pueblos que vivimos en el Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana en 7 departamentos de Bolivia denunciamos:
Las acciones de violencia generadas desde el día miércoles 10 de septiembre contra de nuestra casa grande (instalaciones) y la dirigencia de la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas, cometidos por ex dirigentes indígenas expulsados del movimiento indígena acompañados por grupos delincuenciales, que en franca actitud de violencia y avasallamiento, terminaron asaltando las instalaciones de nuestra casa grande de los indígenas, mancillando a compañeros, agrediéndonos y golpeándonos en nuestra propia casa.
Estos grupos vandálicos han agredido a mujeres dirigentes, a niños y niñas hijos de dirigentes, y han amenazado de muerte a los miembros de la Dirección Nacional.
Denunciamos a la opinión pública que entre la turba de violentos fueron identificados como cabecillas a José Urañavi, Carmelo Justiniano, Amalio Siye, Ignacio Urapuca y David Pérez, actuales funcionarios de la Prefectura de Santa Cruz.
Estos traidores del movimiento indígena con sus aliados vándalos buscan negar el derecho de nuestros pueblos a las autonomías indígenas, nuestra dirigencia está unida en la lucha por nuestros derechos como pueblos, y si bien han tomado nuestras instalaciones y nuestra casa, no son dirigentes de nuestro pueblo, pues todos sabemos que el papel que están jugando es de viles mercenarios.
Hacemos conocer que la dirigencia de la CIDOB se encuentra reunida desde la clandestinidad, desde donde estamos actuando legítimamente como los dirigentes y líderes del movimiento indígena, llamamos a nuestros pueblos a no dejarse confundir y ratificamos nuestra responsabilidad en la conducción de nuestras luchas.
Reiteramos nuestra vocación de vivir con paz y dignidad.
Responsabilizamos por estos actos al Prefecto de Santa Cruz y de la dirigencia Cívica, tanto del asalto de nuestras instituciones y de las amenazas a nuestros dirigentes.
Santa Cruz de la Sierra, 14 de septiembre de 2008
Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
iv) Denuncian el ataque a las sedes de organizaciones indígenas y piden la preservación del orden público.
Manifiesto del gran pueblo chiquitano
Los últimos acontecimientos violentos en contra de las Oficinas de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y el avasallamiento delincuencial de los esbirros del Comité Cívico de Santa Cruz y la Prefectura del Departamento encabezados por los extranjeros separatistas Rubén Costas y Branko Marincovick, han llegado a su límite de la tolerancia y hacen que el sentido de sobrevivencia y furia del Pueblo Chiquitano renazca para combatir a brazo partido por su Territorio, dignidad y Autonomía Indígena, ante la pretensión de los terratenientes de Santa Cruz, que en su frustración y desesperación de perder privilegios y grandes extensiones de tierras, buscan con ayuda de algunos medios de comunicación convulsionar el País, comprando la conciencia de algunos de nuestros hermanos con el afán de dividir nuestras organizaciones; utilizando a personas discapacitadas para enfrentarnos entre bolivianos y con ello atentar contra nuestros derechos plasmados en la Nueva Constitución Política del Estado.
Producto de estos vandálicos hechos producidos en contra de las Instalaciones del CIDOB y CPESC en la ciudad de Santa Cruz, la OICH (Organización Indigena Chiquitana), máxima organización matriz del Gran Pueblo Indígena Chiquitano, ha resuelto de manera decidida y militante los siguientes puntos:
PRIMERO.- RATIFICAR nuestra consecuencia y lucha inquebrantable para defender los resultados del proceso constituyente, el cual ha recogido nuestras demandas históricas en el nuevo texto constitucional construidos por los sectores sociales de Bolivia, ¡¡¡para que nunca más volvamos a ser esclavos, ni sirvientes de los grupos de oligarcas y terratenientes de Santa Cruz que hoy se encuentran desesperados y enloquecidos por mantener sus privilegios y enriquecimientos ilícitos producto del Contrabando, Narcotráfico y tráfico ilegal de tierras!!!
SEGUNDO.- CONMINAR al Presidente Evo Morales Ayma a cumplir con la Constitución y las leyes de la República, tratados y convenios Internacionales de protección a los derechos de los pueblos Indígenas; aplicando de manera inmediata medidas Constitucionales de conservación y preservación del orden público y, por ende, la protección inmediata de nuestros Territorios y Recursos Naturales. (Art.8 inc.a); Art. 111 de la CPE); ante las amenazas de grupos delincuenciales, violentos y fascistas que obedecen a las instrucciones de Rubén Costas y Branco Marincovick, fieles cachorros del Imperio Norteamericano que pretenden lograr con sus propósitos divisionistas luto y dolor en nuestras familias negando toda forma de institucionalidad al Estado Boliviano.
TERCERO.- CONVOCAR a todas las Centrales, Sub Centrales, Organizaciones de Base, dirigentes y hermanos habitantes de las comunidades del Gran Pueblo Chiquitano a estar alerta y si fuera necesario a resistir con valentía y consecuencia la posible ocupación y/o destrucción de nuestra Casa Grande donde funciona nuestra mayor Organización (OICH), principal valuarte e instrumento de lucha para la defensa de nuestros derechos y la preservación de nuestros Territorios y recursos naturales.
CUARTO.- DECLARAR y ratificar el estado de alerta, emergencia y vigilia, como pueblo indígena Chiquitano, hasta que el Gobierno nacional garantice con sus acciones la preservación del orden público en todo el territorio nacional; protegiendo nuestras organizaciones, nuestro territorio y recursos naturales, tomando las acciones legales para encarcelar a los separatistas y sediciosos del Comité Cívico y Prefectura de Santa Cruz.
QUINTO.- ADVERTIR a las “Autoridades” Cívicas y Prefecturales del departamento de Santa Cruz que los territorios indígenas titulados y en proceso de saneamiento más sus recursos naturales son intocables, irreversibles e imprescriptibles.
SEXTO.- TOMAR ACCIONES LEGALES para establecer las responsabilidades ante los saqueos, allanamientos, robo y destrucción de los bienes del Estado Boliviano, procesando en primera instancia a Rubén Costas y Branko Marinkovick y toda su “banda” delincuencial como responsables de delitos penales y sediciosos en contra del Pueblo Boliviano quienes al presente continúan impunemente atentando contra la integridad y existencia de nuestro País.
SEPTIMO.- EXPULSAR al Embajador de los Estados Unidos Philip Goldberg por la intromisión descarada en los asuntos internos de nuestro País, promoviendo el Separatismo e instigando las protestas violentas, siendo en el pasado un experto en alentar conflictos separatistas como lo hizo cuando se encontraba de embajador en el Estado de Bosnia durante la guerra separatista de los Balcanes, ocasionando miles y miles de muertos.
OCTAVO.- NOS SOLIDARIZAMOS con la lucha de todos nuestros hermanos Indígenas de nuestros País, que durante décadas han sido sometidos a formas de explotación y violación permanente de sus derechos sin ninguna protección por parte del Estado Boliviano y que hoy al igual que ayer vivimos nuevamente la intolerancia, el racismo y la violencia de grupos fascistas amparados en la Prefectura y el Comité Cívico de los Departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija.
NOVENO.- NOS SOLIDARIZAMOS con los heroicos compañeros campesinos asesinados por grupos fascistas en una emboscada en el Departamento de Pando; por lo que conminamos al Estado Boliviano a investigar y encarcelar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos que enlutan a las mayorías empobrecidas de nuestro País.
DECIMO.- CONVOCAMOS a todos los sectores sociales, que demuestran valentía y consecuencia en la defensa de nuestros derechos como sectores excluidos; a que se pronuncien por la defensa y continuidad del proceso de cambio que compromete a todo el Pueblo Boliviano.
Santa Cruz, Concepción, 12 de Septiembre de 2008 Organización Indígena Chiquitana
v) Asalto y saqueo del CEJIS de Santa Cruz.
La tarde de ayer, martes 9 de septiembre, un grupo de aproximadamente 50 vándalos ingresó por la fuerza, saqueó completamente e incendió las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en Santa Cruz de la Sierra, Oriente de Bolivia.
A las 18 horas llegaron a las puertas de la institución tres vehículos 4x4 más otros motorizados, de donde descendieron jóvenes armados de palos, cuchillos, petardos y piedras. Utilizaron uno de los vehículos para echar abajo el portón de entrada. Los cuatro policías que resguardaban el edificio huyeron por temor a represalias. Una vez adentro, los atacantes robaron y destruyeron lo que había en su interior. Rompieron vitrinas, ventanas, puertas, muebles, enseres, equipos de computación, archivos, documentación. Realizaron una gran pira en la calle, ante las puertas violentadas de la institución y la hicieron arder, igual que otras fogatas iniciadas dentro de las oficinas del CEJIS. Se ha perdido importantísima documentación de seguimiento de los procesos de titulación de tierras de los pueblos indígenas, investigaciones. También fue destruida y quemada en la calle, por lo menos un tercio de la biblioteca, reconocida a nivel nacional por su importante especialización en la temática indígena y agraria. No hubo daños a las personas debido a que el personal fue evacuado poco antes del ataque. Están bajo amenaza las oficinas del CEJIS de Trinidad y Riberalta, ambas del departamento de Beni, donde se están llevando adelante también acciones de violencia similares.
Las oficinas del CEJIS, así como su personal, fueron atacadas más de 15 veces en los últimos cinco años. En los últimos meses la institución sufrió dos ataques con bombas molotov (en noviembre 2007 y en agosto pasado). En sus 30 años de trabajo, el CEJIS ha acompañado jurídicamente a las organizaciones indígenas, campesinas y sin tierra en los procesos de titulación de sus tierras y territorios. Ha sido un aliado permanente de los movimientos sociales en la consecución jurídica de sus derechos en la legislación nacional, asesorado y acompañando el seguimiento de las organizaciones sociales a la Asamblea Constituyente. Esta labor ha implicado permanente riesgo en las personas y en las oficinas del CEJIS, amenazadas por los sectores de poder que históricamente controlaron la región del Oriente boliviano, quienes se sienten ahora amenazados por el avance en los derechos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Ayer fueron también asaltados y saqueados en la ciudad de Santa Cruz, además del CEJIS, las oficinas regionales de Impuestos Nacionales, Grandes Contribuyentes (GRACO), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Migraciones, el Canal 7 del Estado, la radio de la Red Patria Nueva, y otras oficinas en todo el Oriente boliviano. Esta cadena de agresiones forma parte de un plan que está en acción y sigue adelante hoy con el ataque a las organizaciones indígenas nacional y regional de Santa Cruz y campesinas con sede en esta ciudad, las radios populares -como Radio Alternativa, que funciona en la Casa de la Mujer- y otras organizaciones de Derechos Humanos, por cuenta de los mismos grupos que arremetieron contra el CEJIS.
El recrudecimiento de la violencia en todo el Oriente de Bolivia, que comenzó bajo la consigna de "una mejor redistribución de la renta petrolera para las regiones", ha cambiado por una toma de hecho de los departamentos de esta parte del país y una ola de persecución intolerante y racista a todos quienes ellos consideren sus "enemigos", ahora con la exigencia al Gobierno de Evo Morales de que reconozca una autonomía regional de ribetes separatistas, inaceptable para el grueso de la población.
Por todo lo expuesto:
1. Denunciamos el asalto y saqueo de nuestras oficinas en la ciudad de Santa Cruz, de parte de una turba organizada por las personas que están asolando esta ciudad.
2. Denunciamos que la vida y la seguridad de nuestro personal está en riesgo, ante el retiro del resguardo policial de la oficina y la falta total de seguridad en la ciudad para ciertos funcionarios, puesto que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no están actuando.
3. Denunciamos ante el cierre de los principales medios alternativos de comunicación y el deterioro de las líneas de telefonía de la empresa Entel, que las libertades de expresión y opinión en el departamento están restringidas y las oficinas del CEJIS están temporalmente cerradas.
4. Exigimos a la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz y la Policía Nacional, realice una pormenorizada investigación y sancione a los responsables, materiales e intelectuales de estos deplorables hechos, quienes están plenamente identificados por los medios de comunicación.
5. Exigimos al Estado boliviano otorgue las garantías para la vida e integridad personal de los funcionarios del CEJIS en Santa Cruz, Trinidad y Riberalta, y se ajuste a los convenios internacionales de Derechos Humanos a los que está suscrito.
Pedimos a todas las organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil solidarizarse por la situación que está viviendo Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra - BOLIVIA 10 de septiembre 2008
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
vi) La Asamblea Permanente de DDHH exige libertad de campesinos torturados y detenidos injustamente en Cobija.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) exigió este domingo la libertad inmediata de los campesinos, que luego de ser torturados por los paramilitares de la Prefectura de Pando, fueron encarcelados acusados de ser presuntos autores de los hechos de violencia en la localidad de Porvenir, ubicado a 30 kilómetros de Cobija.
El presidente de la APDHB, Rolando Villena, señaló que es injusto cómo actúa la justicia y la Policía, "acusa a las víctimas y protege a los masacradores".
Dijo que en el marco de la defensa, vigencia y promoción de derechos humanos, 22 instituciones expresaron su indignación ante la muerte de bolivianos y bolivianas, y el atropello a la dignidad de las personas.
Llamó al país a estrechar lazos para que estos hechos no se repitan, busque la tregua social y exigir a las autoridades del Estado, el Gobierno y prefecturas encontrar soluciones a través de la vía del diálogo y la concertación que ya se propuso con anterioridad.
El diálogo y la concertación eran los caminos para resolver las diferencias de intereses. Se preguntó ¿por qué razón, entonces, se ha provocado semejante destrozo y laceración a la Patria?, dijo Villena.
Después de la muerte de más de una decena de compatriotas pandinos, destrozos provocados en varios puntos del país, y la pérdida irreparable de la memoria documental de muchas instituciones, se impone el diálogo y los acuerdos pensando en el interés de la Nación antes que de particulares.
Para no dar el espalda a lo ocurrido y hacer viable el diálogo y la concertación, la APDHB exige: "Frenar el cese del acoso a los campesinos de Pando, que siguen siendo perseguidos por victimadores".
Además la libertad para los campesinos e indígenas detenidos en Cobija. Desmovilización de los grupos de choque que están generaron un clima de amedrentamiento generalizado.
Juicio a los responsables materiales e intelectuales de la emboscada a los campesinos de Pando. Juicio a responsables materiales e intelectuales de la destrucción de la propiedad estatal y privada.
Cese de las acciones de amedrentamiento contra las y los trabajadores de la información. Respeto a la labor de los organismos de ayuda humanitaria en los lugares de conflicto.
El presidente de la APDHB, Rolando Villena, insistió que no es posible que las víctimas que fueron llevados por quienes han participado en la masacre, sean acusados y llevados a la cárcel y no reciban asistencia médica a la múltiples heridas que tiene.
ALGUNOS DE LOS DETENIDOS
1.- Sergio Huaris Duri (36)
2.- Rolando Justo Roca (35)
3.- Andrés Bascotes Salazar (17)
4.- Humberto Tórrez Espinoza (38)
5.- David Castillo Villarroel (42)
6.- Félix Saavedra Ichilo (52)
7.- Adelina Rivas Beyuma (34)
8.- Willy Fernández Figueredo (27)
9.- Grover Castañeta Ramos (23)
10.- Widman Rocas Cayuma (38)
11.- Raúl Marcado Arredondo (43)
12.- Juanito Apaza Quispe (37)
13.- Romer Ramírez Mati (19)
14.- Modesto Espinoza Marigua (51).
[Fuente: cpdhCtes.-ABI, La Paz, 14sep08]
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