28 de septiembre de 2008

CAMPESINOS PARAGUAYOS PRESOS EN ARGENTINA.

Hace 43 días, seis campesinos paraguayos iniciaron una huelga de hambre en el penal de Marcos Paz para que el Poder Ejecutivo libre el dictamen de refugio político solicitado hace dos años y cinco meses, cuando llegaron al país. Estaban escapando de la persecución del Partido Colorado de Paraguay.
"Estamos cada vez más débiles, hemos perdido entre 12 y 13 kilos y estos días de frío nos complican muchísimo, pero no queda otra que seguir resistiendo hasta que el Gobierno nos escuche", relata a Críticadigital el campesino paraguayo Agustín Acosta.
"Vinimos al país en el 2006 por la imagen que la Argentina brindaba a nivel internacional cuando Néstor Kirchner flameaba la bandera de los Derechos Humanos, con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo en los actos. Eso daba una imagen de protección humanitaria", dice quien aún espera la decisión del kirchnerismo.
Tanto él como Roque Rodríguez, Arístides Vera, Simeón Bordón, Gustavo Lescano y Basiliano Cardozo nunca fueron indagados en Paraguay por el delito que ahora es objeto del pedido de extradición: el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo, Raúl Cubas (1998 - 1999), un crimen relacionado a la mafia policial y al Partido Colorado, pero por el que fueron condenados a prisión los integrantes del Partido Patria Libre.
"Los campesinos son de condición humilde y dirigentes de sus comunidades, salieron del Paraguay por amenazas contra sus vidas y buscaron refugio en la Argentina" le escribe en una carta el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel al flamante presidente paraguayo, Fernando Lugo para solicitarle que le de "atención a su caso y pedirles que suspendan la huelga de hambre".
Además Pérez Esquivel cuenta el estado de los presos: "he conversado con el médico que los atiende, el Dr. Claudio Capuano y dice que uno de ellos sufre de epilepsia y otro tiene serias dificultades motrices".
"No vamos a levantar la huelga de hambre hasta lograr la libertad", anuncia Acosta desde la cárcel de máxima seguridad. "Lo que nos llegue a suceder en el futuro serán responsabilidad exclusiva de los dos gobiernos, tanto del paraguayo como del argentino, de lo que nos acontezca a nosotros y a nuestros familiares que están acampando en Asunción ante el poder judicial hace más de 24 días, reclamando por nuestra libertad y la destitución de todos los jueces de la Corte Suprema paraguaya y el procesamiento a los jueces que dictaron de forma arbitraria nuestra detención".
Desde las 9 de la mañana en Plaza de Mayo, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas comenzarán un ayuno frente a la Catedral metropolitana y realizarán una asamblea y una radio abierta "frente a la falta de respuesta, impunidad y silenciamiento del poder político que los condena a muerte".
La actividad, que se extenderá hasta la medianoche, llega luego de que los organismos intentaron instalar un fallido acampe frente a los Tribunales, el pasado martes, cuando se los impidió un descomunal operativo policial.
Entre las organizaciones que convocan se encuentran la Comisión por la Libertad de los 6 Campesinos Paraguayos, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, la Red de Apoyo a Presos, Pañuelos en Rebeldía y los llamados medios de comunicación alternativa.
Una causa plagada de irregularidades
Según la defensa llevada adelante por los abogados María Fernanda Pereyra, Liliana Mazea y Eduardo Soares, de Fidela y La Liga por los Derechos del Hombre, los seis campesinos "salieron del Paraguay en forma legal, con sus documentos de identidad, por los pasos fronterizos autorizados y no en forma clandestina" y al llegar al país y pedir el refugio político en el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), desde Paraguay cambian la carátula del caso a 'secuestro y homicidio' y ordenan el pedido de captura.
"Fue sorprendente para nosotros", relata Acosta indignado. "Creo que fue la primera vez que una persona que va a pedir refugio político es detenido en la misma institución".
Según explica a este medio Mazea, "se supone que el Cepare debe guardar confidencialidad, y si se enteran en Paraguay y cambian la carátula hay una falla grande y se vulneran los derechos de quienes deben ser protegidos".
A los días de haber sido detenidos, el Cepare, a cargo de Aníbal Fernández, niega el refugio político. "Vino Mirtha Gusinsky, la madre de Cecilia Cubas, acompañada por Juan Carlos Blumberg a pedir la extradición y fueron recibidos por Aníbal Fernández, quien jamás aceptó una entrevista con la familia de los presos" señala Guillermo Kohen, integrante de la Comisión por la Libertad.
El rechazo al refugio fue apelado y aún hoy el organismo no se expidió. El Cepare depende del Ministerio del Interior que es el que decide sobre los pedidos de refugio, pero también consulta al Ministerio de Justicia y a la Cancillería.
Paralelamente, en la vía legal, el juez federal N º 4 a cargo de Ariel Lijo dio como procedente la extradición a Paraguay, resolución que fue apelada en la Corte Suprema de Justicia, la cual dicta, el 16 de abril de este año, que no se puede expedir al respecto porque el poder Ejecutivo debe resolver previamente el pedido de refugio político.
"La responsabilidad en éste momento es del Poder Político que tiene que resolver una situación que está en sus despacho desde hace mas de dos años", dicen los abogados en referencia al trámite administrativo cajoneado en el organismo de Refugiados.
Mientras tanto, la defensa actualmente está solicitando ante el juzgado de Lijo que se les otorgue la libertad a los 6 campesinos dado que ya llevan más de dos años presos, "sin resolución de sus causas; violando el Pacto de San José de Costa Rica", según lo denuncia Pérez Esquivel en la carta dirigida a Lugo.
La autoría del asesinato en cuestión
A mediados de febrero de 2005 aparece enterrado en un barrio cercano a Asunción el cuerpo de Cecilia Cubas, quien había sido enterrada viva, tras su secuestro en septiembre de 2004, en un operativo que evidenciaba que había existido "zona liberada".
El crimen disparó protestas y un gran debate en Paraguay al surgir evidencias de una mafia policial vinculada a la oligarquía paraguaya y las internas del Partido Colorado, por lo que el presidente Nicanor Duarte Frutos (2003 – 2008) realizó una purga institucional despidiendo a 160 policías y deteniendo a 12 jefes.
Aunque esta pista no fue investigada, se juzga a más de una decena de militantes del Partido Patria Libre (PPL), una agrupación de origen marxista con inserción en el campesinado, que se presentó a elecciones nacionales por primera vez en 2003 y que ya había sido acusada de otro secuestro -por el que dos de sus miembros fueron refugiados en Brasil- y vinculada a las FARC.
Dado que muchos integrantes de PPL provenían de la Teología de la Liberación, al igual que Fernando Lugo, el Partido Colorado quiso enredar al entonces candidato con el caso.
La letrada Mazea indica que "los que están acá no son todos de Patria Libre y se los juzga porque un solo testigo (Dionisio Olazar) dijo haber estado en un plenario del partido donde se decidió matar a Cubas. Es un poco sospechoso todo eso". Además recordó que "Duarte Frutos dijo que no pararía hasta liquidar a Patria Libre, y por eso los integrantes de esa organización comenzaron a pedir refugio. En la volteada entraron todos los opositores, incluido Lugo, que lo vincularon a las FARC y al asesinato de Cubas".
(Fuente:rdendh- Carolina Ricaldoni, Crítica Digital).

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