28 de septiembre de 2008

DENUNCIA INTERNACIONAL SOBRE VIOLACION DE DD.HH. AL MOCASE-VIA CAMPESINA

Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación
República Argentina

Terrassa, 24 de Septiembre de 2008


Apreciada Presidenta,


Por el presente escrito queremos denunciar la muy grave situación de opresión y sistemática y planificada persecución que están sufriendo las comunidades de campesinos de MOCASE Via Campesina en la provincia de Santiago del Estero.

Solamente en el presente mes de Septiembre,

El Viernes 5 de Septiembre, 16 efectivos policiales, fuertemente armados, sin mostrar orden del juez, amenazaron de muerte, dispararon y golpearon brutalmente e insultaron a 6 miembros de MOCASE VC. Detenidos en primera instancia en la Comisaría de Quimilí, dos de ellos están en estos momentos en el Penal de Santiago. A ambos se les ha pretendido chantajear ofreciéndoles su libertad a cambio del reconocimiento de derechos posesorios de la persona que los denuncia, Carlos Morel Bullez empresario sojero cordobés y en complicidad con el Juez Penal de 4ta,Tarchini Saavedra, conocido por su “gestión” en el inicio y acabamiento del motín del pasado mes de Noviembre.

el Sábado 6, 33 miembros de las fuerzas de seguridad allanaron violentamente, y sin orden del juez cinco viviendas de familias de MOCASE VC en la zona de Pinto, acción acompañada de detención de dos miembros de MOCASE VC, violencia física y verbal, intimidaciones y amenazas. Este destacamento de 33 policías fuertemente armado decían actuar para aclarar el robo de un caballo . Sabemos que dicha acción fue ordenada por su “aliado” de trabajo político Emilio Rached, Vicegobernador de la Provincia, en la zona donde fue alcalde, el día antes que los empresarios sojeros le hicieran una celebración para felicitarle por su voto en el Senado de la Nación y como demostración de la fuerza y poder que Usted le ha otorgado en su alianza política. Acción ejecutada judicialmente por el juez Mansilla de Añatuya, conocido cómplice de violentos y corruptos empresarios sojeros y delincuentes de la provincia.

El Viernes 19, es detenido violentamente un miembro de MOCASE en la zona de Pinto , Sabino Chávez , cuyo campo es pretendido por los amigos de su amigo Emilio Rached.

El Lunes 22, a medianoche, 40 uniformados, gendarmes y policías , allanaron violentamente , robaron y destruyeron bienes de las viviendas de familias campesinas del Paraje El Quebrachito en el término municipal de Monte Quemado. Robaron herramientas y dinero, amenazaron y golpearon a los cabezas de familia ante la mirada horrorizada de sus hijos, niños y niñas menores de edad, se los llevaron detenidos sin que se sepa más de ellos, al estilo de la dictadura militar y esto sucede hoy en el siglo XXI , en el país que Usted gobierna, ante su callada mirada, se allana, amenaza, golpea, detiene ilegalmente igual que en los años de la dictadura, con la misma intención de entonces, hacer desaparecer a las personas que forman parte de organizaciones sociales que trabajan por sus derechos. Como en la época de otra presidenta argentina Maria Estela Martínez de Perón y López Rega,


Todos estos hechos se realizan planificadamente con conocimiento de su aliado político Gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y especialmente de su jefe de Gabinete, Elías Suárez, actor intelectual del querer desaparecer de la memoria histórica y presente, a la organización campesina MOCASE VC, y en coordinación de facto con su aparente opositor político Emilio Rached, aliado en la defensa de la represión sobre campesinos a favor de los ilegítimos intereses de “empresarios” sojeros.

Presidenta, creemos que es su deber moral y su obligación legal, responsabilidad cedida por el pueblo argentino, defender y proteger a las clases más desfavorecidas y desprotegidas de su país, promover la verdadera justicia y defender los derechos legítimos de sus ciudadanos. En este sentido usted conoce que en Santiago del Estero hay una actuación genocida sobre comunidades campesinas e indígenas y sobre naturaleza y bosques, una lógica de las élites políticas y económicas como en Santa Cruz , Pando y Tarija en Bolivia.

Nuestra obligación moral y convicción, es informar de todos estos hechos al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a organismos Internacionales de Derechos Humanos y en los medios de prensa.


Sin otro particular, le saluda atentamente,



Dr.Ing.Ind. Javier Alvarez del Castillo
Càtedra UNESCO en Sostenibilitat
Universitat Politècnica de Catalunya
Fundación Internacional Olof Palme
(Fuente:rdendh).

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