CUANDO LA JUSTICIA ES PARTE DEL PROBLEMA.

Miembros de la Fiscalía de coordinación y seguimiento de las causas de delitos de lesa humanidad mantuvieron extensas reuniones durante esta semana en la provincia (de Mendoza) con organismos de Derechos Humanos locales, donde el eje fue la "preocupación por la clara postura a favor de los represores" que reflejan las más recientes resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones.Encabezados por su coordinador, Jorge Aguat, los integrantes de este órgano dependiente de la Procuraduría General de la Nación estuvieron en Mendoza entre el miércoles y el jueves, lapso en el que se reunieron con el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. "Vinieron preocupadísimos, para intentar contener una catarata de liberaciones por parte de esta cámara, quien ya liberó a los integrantes de la patota vinculada a la desaparición y asesinato de Sánchez Andía y Rivamar (en mayo) y esta semana ordenó la libertad de (Oscar) Dopazo", explicó Salinas, destacando que todas estas decisiones fueron contrarias a lo resuelto por el juez federal Walter Bento. "La cámara tiene una evidente posición tomada, y es claramente a favor de los represores. Nosotros no coincidimos con esas decisiones", destacó Salinas, quien ocupara el cargo de coordinador de Derechos Humanos de la Provincia y renunciara a raíz del escándalo desatado con el ex subsecretario de Seguridad, Carlos Rico –acusado de haber integrado grupos comando vinculados a la desaparición y tortura de personas durante la última dictadura-.Las cuestionadas resolucionesLa primera decisión polémica de la sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza tuvo lugar en mayo de este año. Carmelo Cirella se contradijo en su última declaración con lo que había declarado en reiteradas ocasiones, desmintiendo haber integrado junto a los otros detenidos la patota que secuestró y asesinó a Víctor Romano Rivamar en 1975 y al estudiante peruano de periodismo, Amadeo Sánchez Andía, y fue esa declaración el fundamento para que la cámara dictara la falta de mérito para los 4 ex efectivos de la Policía federal y los deje en libertad."Durante 30 años (Cirella) declaró lo mismo. Y después dijo que era mentira. Pero fue luego de, aparentemente, haber recibido amenazas de muerte para él y su familia. El periodista mendocino Rodrigo Sepúlveda (autor y director del documental 7746 Legajo Conadep) fue quien denunció estas amenazas, porque en su documental estaba la declaración inicial de Cirella", destacó Salinas, hoy querellante junto al MEDH por esa causa sobre el sospechoso vuelco en la declaración de uno de los implicados. En tanto, la última determinación de la cuestionada cámara, y que fue la que alarmó a los fiscales nacionales, fue la de otorgarle la excarcelación al coronel Oscar Orlando Dopazo, quien fuera jefe de inteligencia del G2 durante la dictadura y se encuentra imputado por violación a los derechos humanos, detenciones ilegales y torturas. A raíz de esta resolución, Dopazo –quien se encontraba bajo prisión domiciliaria desde el año 2004- esperará en libertad el juicio y ni bien se conoció la resolución, la defensa de Tamer Yapur, otro ex coronel a quien se le achacan los mismos delitos solicitó el mismo pedido. Preocupados ante esta probable seguidilla de pedidos por parte de los defensores de las figuras vinculadas a delitos de lesa humanidad, los fiscales nacionales viajaron urgentemente a Mendoza.Pericias a CirellaDurante la mañana de hoy, Carmelo Cirella fue sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si el ex policía padece algún trastorno o patología. En base a estos estudios, la Justicia busca determinar el por qué del rotundo giro en su declaración y si responde a algún problema o si está ligada a las amenazas que habría recibido.Cirella es ex suboficial de la Federal y, con el retorno de la Democracia, denunció ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) y en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza, el accionar ilegal de los efectivos de la Policía Federal entre 1974 y 1977, en el que se destacan atentados con bombas, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, según las palabras del ex suboficial.En los documentos que se conformaron con su declaración, Cirella dio detalles precisos del secuestro y asesinato de Romano Rivamar -ocurrido en abril de 1976- e incluso sostuvo que fue Oscar Fenocchio, jefe de la Delegación, quien lo ejecutó de un escopetazo por la espalda en un paraje de Papagallos. El propio Cirella se involucró en el crimen al confesar que él había sido el chofer de uno de los autos que usó la patota.En su testimonio ante estos organismos, Cirella también dio detalles del secuestro y asesinato del estudiante peruano de periodismo, Amadeo Sánchez Andía ocurrido el 6 de junio de 1975. Sánchez Andía, quien estaba herido, fue "chupado" por una patota del Hospital Regional de San Martín y ejecutado en Canota de varios disparos.
(Fuente:cpdhCtes.-Ignacio de la Rosa-www.mdzol.com).