La Comisión de la Verdad estipuló que hubo 45 mil desaparecidos.El chofer del taxi es un jovencísimo guatemalteco de no más de 20 años. A veinte minutos del aeropuerto, cuando las autopistas comienzan a abrirse, él toma el camino a las montañas. Ciudad Antigua está en ese otro lugar, detrás de esa otra frontera que parece dividirlo todo, sumergir al país en el costado de paraíso histórico y alejarlo, por un momento, de la violencia. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979, capital colonial española de Centroamérica, los restos del casco urbano están rodeados de tres volcanes. Dos volcanes de fuego, dice el taxista, y uno de agua. Hace siglos, aquellas hendiduras de fuego eterno enterraron dos veces al pueblo. A partir de 1966, una de las bocas volvió a funcionar, pero esa vez como embudo escogido por los militares locales para hacer desaparecer a su gente.
Ahora, el rol de aquel volcán en la política de desaparición forzada de personas es rememorado en La desaparición forzada en Guatemala, desterrando el olvido, uno de los cuatro documentales del país que acaba de ser seleccionado para integrar el Festival Icaro, de cine y video, en Centroamérica. El documental cuenta durante en media hora de qué se trató una de las más brutales dictaduras de la región, cuyo período de fuego se extendió entre 1966 y 1989. En 1989, la Comisión por la Verdad Histórica determinó que hubo 45.000 desaparecidos, 5000 de los cuales son niños.
El documental nació en ese contexto como una herramienta política para contar qué sucedió durante el genocidio pero además como un instrumento para impulsar por primera vez en el Congreso un proyecto de ley sobre la desaparición forzada, cuyo objetivo es que el Estado comience oficialmente con la búsqueda de las víctimas y elabore una lista única y oficial de las víctimas.
“Los diputados no leen ni ven nada –dice Secil Oswaldo de León, director del documental e integrante del Colectivo de Organizaciones Sociales–. No sólo existe una historia oficial y otra que todavía no se conoce, sino que el trabajo más importante para nosotros ha sido ir diputado por diputado para convencerlos porque necesitamos 105 votos de 158 para pasar la ley con la que se intenta encontrar el paradero y todavía más de ser posible: los restos de las víctimas para que sean enterradas de la manera que sus familias quieran.”
El proyecto que arrancó en 2005 fue aprobado por la Comisión de Finanzas y Moneda y ahora está en manos de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Los organismos de derechos humanos aguardan un dictamen favorable en el corto plazo y están convencidos de que el pleno del Congreso podría tratarlo en octubre. Pero la pelea todavía es difícil. El proyecto se enfrenta con el bloque del Partido Patriota, segunda fuerza en el parlamento y en las últimas elecciones. Su candidato presidencial, el general retirado Otto Pérez intervino directamente en el conflicto armado entre los encargados de ejecutar la inteligencia militar. Otro de los obstáculos está en el bloque minoritario pero influyente del Frente Republicano Guatemalteco del general Efraín Ríos Montt, un ex dictador que fue presidente de facto entre 1982 y 1983 y hoy es diputado del país. Para que el proyecto no enfrente la corriente de opinión que generan sus 14 diputados en el Congreso, parte de la estrategia de los organismos de derechos humanos fue sumarlos como protagonistas del proyecto y ceder cuestiones importantes como la investigación de las responsabilidades de las cúpulas militares y de los subalternos que estuvieron en el gobierno.
“Nos pidieron no poner la palabra investigar ni la palabra justicia porque si no la iniciativa no pasaba”, le dice en este caso a PáginaI12 Aura Elena Farfan, fundadora de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) y hermana de una de las víctimas. “Lo que estamos pidiendo es encontrarlos y todos los familiares tenemos información de dónde fueron capturados y de quiénes participaron pero para nosotros es doloroso e indignante porque la verdad es que nuestros familiares no estaban haciendo nada malo, delito no era, un derecho como se debería de pensar.”
En Guatemala, durante la dictadura de Ríos Montt se disparó la política de “tierra arrasada”, uno de los períodos más brutales de la represión, especialmente entre las poblaciones del campo. “En la ciudad, la desaparición requirió de un trabajo profundo de inteligencia militar –dice De León–. Las desapariciones fueron con selección de estudiantes, militares y de todo lo que sonara a oposición. Pero a partir de los ’80 esa dinámica se completó con la políticas de tierra arrasada, es decir la destrucción total de lo que hubiera enfrente, sobre todo en el campo.” Como el ejército estaba convencido de que la población simpatizaba con la guerrilla, dice, todos eran enemigos potenciales. Por eso, entre 1980 y 1983 los números de las víctimas se dispararon y los militares no solo se llevaron a los padres y lo niños, sino a todo ser viviente que se moviera, incluso los animales.
Se sospecha que la mayor parte de los niños desapareció en ese momento. Y aunque al comienzo los asesinaban junto a su gente, luego empezaron a secuestrarlos y a venderlos. Como sucede en la Argentina, buena parte de esos niños desaparecidos hoy están siendo buscados y encontrados en distintos lugares del mundo.
Sólo para tener en cuenta la dimensión de la dificultad, los cronistas locales recuerdan que Ríos Montt se presentó como candidato a presidente en 1994, y perdió. En 1999, se presentó su partido y ganó. El Frente Republicano gobernó hasta 2003. Y aunque en este momento las fuerzas políticas son otras, las causas de las víctimas no avanzan garantizadas por una especie de amnistía. No hubo juicios ni culpables, excepto los que lograron llegar al exterior, como sucedió con la presentación ante la Comisión Interamericana de la masacre de Las Dos Erres, de diciembre de 1982, en la aldea Las Cruces, del departamento de Petén, que dejó un tendal de 250 víctimas, 167 de las cuales aparecieron en un pozo de 12,20 metros de profundidad (ver aparte). “Hay algún proceso judicial abierto –dice De León– pero no hay búsqueda por parte del Estado. Entonces la ley lo que pretende es que el Estado asuma su responsabilidad de buscar a los desaparecidos. Hablar de justicia en Guatemala es un paso lento, sumamente lento, pero algún paso habrá.”
(Fuente:Pagina12-Alejandra Dandan).
Ahora, el rol de aquel volcán en la política de desaparición forzada de personas es rememorado en La desaparición forzada en Guatemala, desterrando el olvido, uno de los cuatro documentales del país que acaba de ser seleccionado para integrar el Festival Icaro, de cine y video, en Centroamérica. El documental cuenta durante en media hora de qué se trató una de las más brutales dictaduras de la región, cuyo período de fuego se extendió entre 1966 y 1989. En 1989, la Comisión por la Verdad Histórica determinó que hubo 45.000 desaparecidos, 5000 de los cuales son niños.
El documental nació en ese contexto como una herramienta política para contar qué sucedió durante el genocidio pero además como un instrumento para impulsar por primera vez en el Congreso un proyecto de ley sobre la desaparición forzada, cuyo objetivo es que el Estado comience oficialmente con la búsqueda de las víctimas y elabore una lista única y oficial de las víctimas.
“Los diputados no leen ni ven nada –dice Secil Oswaldo de León, director del documental e integrante del Colectivo de Organizaciones Sociales–. No sólo existe una historia oficial y otra que todavía no se conoce, sino que el trabajo más importante para nosotros ha sido ir diputado por diputado para convencerlos porque necesitamos 105 votos de 158 para pasar la ley con la que se intenta encontrar el paradero y todavía más de ser posible: los restos de las víctimas para que sean enterradas de la manera que sus familias quieran.”
El proyecto que arrancó en 2005 fue aprobado por la Comisión de Finanzas y Moneda y ahora está en manos de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Los organismos de derechos humanos aguardan un dictamen favorable en el corto plazo y están convencidos de que el pleno del Congreso podría tratarlo en octubre. Pero la pelea todavía es difícil. El proyecto se enfrenta con el bloque del Partido Patriota, segunda fuerza en el parlamento y en las últimas elecciones. Su candidato presidencial, el general retirado Otto Pérez intervino directamente en el conflicto armado entre los encargados de ejecutar la inteligencia militar. Otro de los obstáculos está en el bloque minoritario pero influyente del Frente Republicano Guatemalteco del general Efraín Ríos Montt, un ex dictador que fue presidente de facto entre 1982 y 1983 y hoy es diputado del país. Para que el proyecto no enfrente la corriente de opinión que generan sus 14 diputados en el Congreso, parte de la estrategia de los organismos de derechos humanos fue sumarlos como protagonistas del proyecto y ceder cuestiones importantes como la investigación de las responsabilidades de las cúpulas militares y de los subalternos que estuvieron en el gobierno.
“Nos pidieron no poner la palabra investigar ni la palabra justicia porque si no la iniciativa no pasaba”, le dice en este caso a PáginaI12 Aura Elena Farfan, fundadora de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) y hermana de una de las víctimas. “Lo que estamos pidiendo es encontrarlos y todos los familiares tenemos información de dónde fueron capturados y de quiénes participaron pero para nosotros es doloroso e indignante porque la verdad es que nuestros familiares no estaban haciendo nada malo, delito no era, un derecho como se debería de pensar.”
En Guatemala, durante la dictadura de Ríos Montt se disparó la política de “tierra arrasada”, uno de los períodos más brutales de la represión, especialmente entre las poblaciones del campo. “En la ciudad, la desaparición requirió de un trabajo profundo de inteligencia militar –dice De León–. Las desapariciones fueron con selección de estudiantes, militares y de todo lo que sonara a oposición. Pero a partir de los ’80 esa dinámica se completó con la políticas de tierra arrasada, es decir la destrucción total de lo que hubiera enfrente, sobre todo en el campo.” Como el ejército estaba convencido de que la población simpatizaba con la guerrilla, dice, todos eran enemigos potenciales. Por eso, entre 1980 y 1983 los números de las víctimas se dispararon y los militares no solo se llevaron a los padres y lo niños, sino a todo ser viviente que se moviera, incluso los animales.
Se sospecha que la mayor parte de los niños desapareció en ese momento. Y aunque al comienzo los asesinaban junto a su gente, luego empezaron a secuestrarlos y a venderlos. Como sucede en la Argentina, buena parte de esos niños desaparecidos hoy están siendo buscados y encontrados en distintos lugares del mundo.
Sólo para tener en cuenta la dimensión de la dificultad, los cronistas locales recuerdan que Ríos Montt se presentó como candidato a presidente en 1994, y perdió. En 1999, se presentó su partido y ganó. El Frente Republicano gobernó hasta 2003. Y aunque en este momento las fuerzas políticas son otras, las causas de las víctimas no avanzan garantizadas por una especie de amnistía. No hubo juicios ni culpables, excepto los que lograron llegar al exterior, como sucedió con la presentación ante la Comisión Interamericana de la masacre de Las Dos Erres, de diciembre de 1982, en la aldea Las Cruces, del departamento de Petén, que dejó un tendal de 250 víctimas, 167 de las cuales aparecieron en un pozo de 12,20 metros de profundidad (ver aparte). “Hay algún proceso judicial abierto –dice De León– pero no hay búsqueda por parte del Estado. Entonces la ley lo que pretende es que el Estado asuma su responsabilidad de buscar a los desaparecidos. Hablar de justicia en Guatemala es un paso lento, sumamente lento, pero algún paso habrá.”
(Fuente:Pagina12-Alejandra Dandan).
La masacre de Las Dos Erres
Aura Elena Farfán es la fundadora de la organización de Familiares de detenidos desaparecidos de Guatemala, y una de las que impulsó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denuncia por la masacre de Las Dos Erres, de diciembre de 1982. La semana pasada, la Comisión decidió tomar el caso en sus manos e impulsar su tratamiento ante la Corte Interamericana. “Empujamos la denuncia porque no existía la voluntad política de investigar, sobre todo de señalar a los militares que aún están en el poder”, dice Aura. Famdegua buscó la primera intervención de la Comisión en la década del ’90 y para el 2000 logró un acuerdo con el gobierno. Su país debía investigar, dar apoyo psicosocial a las víctimas, dar una reparación económica por las perdidas y generar un documental, pero buena parte de los compromisos no se cumplieron. En 2001, la colección de pruebas de parte de los organismos se consolidó con el testimonio de dos arrepentidos civiles que participaron de los operativos y fueron aceptados por la Comisión como prueba anticipada. Ellos señalaron a 16 militares, pero la Ley de Reconciliación Nacional de diciembre de 1996 los preservó de las responsabilidades. Como Guatemala no cumplió con sus obligaciones, el proceso ante la Comisión volvió a activarse. La semana pasada, la CIDH pidió a la Corte Interamericana que ordene a Guatemala que haga una investigación especial, rigurosa, imparcial y efectiva de la masacre de Las Dos Erres, y que juzgue y sancione a los responsables. Pero en la práctica significa que el caso fue tomado por la Corte con audiencias que empezarán en noviembre. “Estamos satisfechos con que lo haya tomado la Corte porque para nosotros es un caso paradigmático porque es el primero sobre el que existen elementos bien fundados de la masacre, con sobrevivientes, testigos, familiares.”
(Fuente:Pagina12-Alejandra Dandan).
Aura Elena Farfán es la fundadora de la organización de Familiares de detenidos desaparecidos de Guatemala, y una de las que impulsó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denuncia por la masacre de Las Dos Erres, de diciembre de 1982. La semana pasada, la Comisión decidió tomar el caso en sus manos e impulsar su tratamiento ante la Corte Interamericana. “Empujamos la denuncia porque no existía la voluntad política de investigar, sobre todo de señalar a los militares que aún están en el poder”, dice Aura. Famdegua buscó la primera intervención de la Comisión en la década del ’90 y para el 2000 logró un acuerdo con el gobierno. Su país debía investigar, dar apoyo psicosocial a las víctimas, dar una reparación económica por las perdidas y generar un documental, pero buena parte de los compromisos no se cumplieron. En 2001, la colección de pruebas de parte de los organismos se consolidó con el testimonio de dos arrepentidos civiles que participaron de los operativos y fueron aceptados por la Comisión como prueba anticipada. Ellos señalaron a 16 militares, pero la Ley de Reconciliación Nacional de diciembre de 1996 los preservó de las responsabilidades. Como Guatemala no cumplió con sus obligaciones, el proceso ante la Comisión volvió a activarse. La semana pasada, la CIDH pidió a la Corte Interamericana que ordene a Guatemala que haga una investigación especial, rigurosa, imparcial y efectiva de la masacre de Las Dos Erres, y que juzgue y sancione a los responsables. Pero en la práctica significa que el caso fue tomado por la Corte con audiencias que empezarán en noviembre. “Estamos satisfechos con que lo haya tomado la Corte porque para nosotros es un caso paradigmático porque es el primero sobre el que existen elementos bien fundados de la masacre, con sobrevivientes, testigos, familiares.”
(Fuente:Pagina12-Alejandra Dandan).
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