La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo esta tarde en instalaciones de la Academia Nacional de Policías (Anapol), según resolvió el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, William Dávila, según informó la red Erbol, y las agencias noticiosas ANSA y ABI.
La acusación formal del representante del Ministerio Público se sustenta en el artículo 251 del Código Penal, que contempla sanciones de 5 a 20 años.
El fiscal Eduardo Morales reveló la voluntad de suicidarse de Fernández durante la audiencia de medidas cautelares en la que se rechazó el pedido de libertad condicional que presentó la defensa del prefecto.
"Cuando llegó a La Paz pedía un arma para suicidarse, por temor a la turba que lo esperaba. En consideración a su estado, quienes lo trajeron pidieron que no se lo traslade a la policía judicial, como correspondía", dijo Morales al justificar que Fernández no haya sido remitido aún al ministerio público.
En la misma audiencia, la declaración de improcedencia del recurso de habeas corpus presentado por la defensa abrió la posibilidad de que el prefecto sea ahora juzgado por homicidio simple, a requerimiento del fiscal.
La presidenta del tribunal, Blanca Alarcón, pronunció el fallo que declara improcedente el recurso de habeas corpus en respuesta al recurso de libertad del abogado Aurelio Valenzuela, defensor de Fernández.
La defensa argumentó que Fernández fue detenido en forma ilegal, sin requerimiento judicial y violando sus derechos constitucionales y judiciales.
El prefecto fue trasladado de la Corte de Distrito, en pleno centro de La Paz, hasta la academia de policías, en la zona sur, donde está detenido desde el martes, cuando fue llevado a La Paz, y el caso será atendido ahora por el juez quinto de instrucción en lo penal, Williams Dávila.
La abogada Mary Carrasco, representante de algunas de las víctimas de Pando, anunció que pedirá que se lo enjuicie "por asesinato y terrorismo" y rechazó que para hacerlo sea necesaria autorización del Congreso.
"No consideramos que el terrorismo amerite caso de excepción porque su misión como prefecto no era matar ni torturar", dijo Carrasco.
La fiscalía general abrió proceso a Fernández por genocidio, en su condición de masacre sangrienta, junto al ex alcalde Miguel Becerra, jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, aliado del gobierno, y el senador oficialista Abraham Cuellar.
Para el gobierno, las víctimas de la masacre del 11 de septiembre en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia fueron asesinadas de manera premeditada y con alevosía, y responsabilizó al prefecto Fernández de ser el presunto organizador del grupo de sicarios que dispararon contra los campesinos.
Esta calificación encuadra también en la figura del "genocidio", que fue la calificación utilizada por el presidente Evo Morales al denunciar la "masacre". Sin embargo, fuentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), citadas por Erbol, señalaron previamente que el gobierno estudiaba acusar a Fernández de delitos comunes, para facilitar su enjuiciamiento.
(Fuente:Pagina12).
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