Más de la mitad de los represores procesados por delitos de lesa humanidad tienen prisión militar o domiciliaria. El fallo que autorizó a Antonio Bussi a permanecer en un country provocó la acción coordinada.
En la comodidad de sus casas o en celdas vip de unidades militares. Más de la mitad de los represores procesados por delitos de lesa humanidad gozan de ese privilegio. Para revertir esa situación, decenas de abogados realizarán mañana en simultáneo presentaciones en distintos juzgados federales de todo el país. El reclamo en cada provincia es el mismo: que los responsables de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a hombres y mujeres durante la dictadura pasen el resto de sus días en cárceles comunes. El último caso que provocó malestar entre los organismos defensores de los derechos humanos fue el de Antonio Domingo Bussi, detenido en un country tucumano. "Es necesario reconstituir la identidad de una Nación que drena sangre y ser implacables con quienes mancharon la sustancia humana hasta quebrarla. Si no, serán heridas anacrónicas que nos dejarán sin posibilidad de un futuro en paz." Con este párrafo, los abogados de víctimas y familiares cierran el escrito que presentarán mañana en los juzgados de todo el país.La presentación redunda en argumentos. En primer lugar, plantea que mantener a los represores en prisión domiciliaria o unidades militares vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad ante la ley. "Es una situación de desigualdad de trato por sobre los presos que cometieron delitos comunes pero también en relación a otros represores que sí están detenidos en penales", explica Florencia Arietto, abogada de la causa Mercedes Benz y una de las querellantes que coordinó esta acción conjunta. En la causa por los delitos en Campo de Mayo, el juez Alberto Suárez Araujo le otorgó prisión domiciliaria a dos de los máximos responsables: Santiago Riveros y Reynaldo Bignone. Y el dictador Jorge Videla está detenido en su departamento de Belgrano, acusado por decenas de causas, entre ellas, el robo de bebés. Según datos del CELS, 134 de los 348 procesados por delitos de lesa humanidad cumplen prisión domiciliaria. Y otros 67 están detenidos en unidades militares. Para los abogados, la detención domiciliaria implica una "libertad encubierta" ya que pone en riesgo a testigos e impide garantizar la seguridad de los procesados y, por ende, de alcanzar justicia. Como ejemplos, el texto les recuerda a los jueces casos de suicidios y el envenenamiento del ex prefecto Héctor Febres. También argumentan que no existen controles "serios" del cumplimiento de la prisión domiciliaria. "Los procesados llegan a los tribunales en vehículos sin custodia ni esposas."En tanto, 12 de los 67 represores detenidos en unidades pertenecientes a fuerzas de seguridad son ex policías procesados en la causa "Caballero" en Chaco. "Están cuidados en la Alcaldía provincial por su propia gente", se queja el abogado Mario Bosch. "Los procesados no son señores mayores inofensivos sino al contrario, muchos de ellos están muy activos. Queremos que quede claro que estos privilegios no son un criterio que marca la ley, sino que es una decisión de los jueces", indicó Pablo Llonto, otro de los abogados impulsores de la iniciativa.Cumple su condena como jefe de seguridad de un supermercadoEl ex teniente coronel Darío Otero Arán tiene mucha suerte. Se lo puede ver todos los días trabajando en el Hipermercado Libertad de la capital misionera, aunque debería estar cumpliendo prisión domiciliaria. Está procesado por encubrimiento agravado de la desaparición forzada de Francisco Gregorio Ponce y por privación ilegítima de la libertad en calidad de autor mediato, un delito que se castiga con prisión perpetua. Ponce fue dirigente del gremio SMATA y militante de la Juventud Obrera Católica. El secuestro ocurrió en 1976, cuando Otero Arán era el jefe de Inteligencia del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportado de Catamarca. Otero Arán debería estar cumpliendo arresto domiciliario en su departamento de la calle Colón 1824, 1er piso, en pleno centro posadeño. En cambio, se desempeña como gerente de seguridad de la cadena de supermercados, donde es mencionado con poca simpatía por sus modales bruscos. Allí, uno de los clientes y ex detenido lo reconoció y presentó su queja ante las autoridades del comercio. La decisión fue retirar su fotografía del panel donde exhiben los nombres de los jefes de área.El ex militar además de desempeñarse como encargado de seguridad en el hipermercado posadeño tiene relación profesional con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Su nombre figura en la nómina de martilleros públicos que integraron las listas para designaciones de oficio del año 2007. En el acta donde figura como martillero público está anotado su actual domicilio. Donde debería estar detenido.
En la comodidad de sus casas o en celdas vip de unidades militares. Más de la mitad de los represores procesados por delitos de lesa humanidad gozan de ese privilegio. Para revertir esa situación, decenas de abogados realizarán mañana en simultáneo presentaciones en distintos juzgados federales de todo el país. El reclamo en cada provincia es el mismo: que los responsables de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a hombres y mujeres durante la dictadura pasen el resto de sus días en cárceles comunes. El último caso que provocó malestar entre los organismos defensores de los derechos humanos fue el de Antonio Domingo Bussi, detenido en un country tucumano. "Es necesario reconstituir la identidad de una Nación que drena sangre y ser implacables con quienes mancharon la sustancia humana hasta quebrarla. Si no, serán heridas anacrónicas que nos dejarán sin posibilidad de un futuro en paz." Con este párrafo, los abogados de víctimas y familiares cierran el escrito que presentarán mañana en los juzgados de todo el país.La presentación redunda en argumentos. En primer lugar, plantea que mantener a los represores en prisión domiciliaria o unidades militares vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad ante la ley. "Es una situación de desigualdad de trato por sobre los presos que cometieron delitos comunes pero también en relación a otros represores que sí están detenidos en penales", explica Florencia Arietto, abogada de la causa Mercedes Benz y una de las querellantes que coordinó esta acción conjunta. En la causa por los delitos en Campo de Mayo, el juez Alberto Suárez Araujo le otorgó prisión domiciliaria a dos de los máximos responsables: Santiago Riveros y Reynaldo Bignone. Y el dictador Jorge Videla está detenido en su departamento de Belgrano, acusado por decenas de causas, entre ellas, el robo de bebés. Según datos del CELS, 134 de los 348 procesados por delitos de lesa humanidad cumplen prisión domiciliaria. Y otros 67 están detenidos en unidades militares. Para los abogados, la detención domiciliaria implica una "libertad encubierta" ya que pone en riesgo a testigos e impide garantizar la seguridad de los procesados y, por ende, de alcanzar justicia. Como ejemplos, el texto les recuerda a los jueces casos de suicidios y el envenenamiento del ex prefecto Héctor Febres. También argumentan que no existen controles "serios" del cumplimiento de la prisión domiciliaria. "Los procesados llegan a los tribunales en vehículos sin custodia ni esposas."En tanto, 12 de los 67 represores detenidos en unidades pertenecientes a fuerzas de seguridad son ex policías procesados en la causa "Caballero" en Chaco. "Están cuidados en la Alcaldía provincial por su propia gente", se queja el abogado Mario Bosch. "Los procesados no son señores mayores inofensivos sino al contrario, muchos de ellos están muy activos. Queremos que quede claro que estos privilegios no son un criterio que marca la ley, sino que es una decisión de los jueces", indicó Pablo Llonto, otro de los abogados impulsores de la iniciativa.Cumple su condena como jefe de seguridad de un supermercadoEl ex teniente coronel Darío Otero Arán tiene mucha suerte. Se lo puede ver todos los días trabajando en el Hipermercado Libertad de la capital misionera, aunque debería estar cumpliendo prisión domiciliaria. Está procesado por encubrimiento agravado de la desaparición forzada de Francisco Gregorio Ponce y por privación ilegítima de la libertad en calidad de autor mediato, un delito que se castiga con prisión perpetua. Ponce fue dirigente del gremio SMATA y militante de la Juventud Obrera Católica. El secuestro ocurrió en 1976, cuando Otero Arán era el jefe de Inteligencia del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportado de Catamarca. Otero Arán debería estar cumpliendo arresto domiciliario en su departamento de la calle Colón 1824, 1er piso, en pleno centro posadeño. En cambio, se desempeña como gerente de seguridad de la cadena de supermercados, donde es mencionado con poca simpatía por sus modales bruscos. Allí, uno de los clientes y ex detenido lo reconoció y presentó su queja ante las autoridades del comercio. La decisión fue retirar su fotografía del panel donde exhiben los nombres de los jefes de área.El ex militar además de desempeñarse como encargado de seguridad en el hipermercado posadeño tiene relación profesional con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Su nombre figura en la nómina de martilleros públicos que integraron las listas para designaciones de oficio del año 2007. En el acta donde figura como martillero público está anotado su actual domicilio. Donde debería estar detenido.Informe desde Posadas: Patricia López
(Fuente:rdendh).
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