Miguel Ragone.Iñiguez tiene tres hijos pequeños, uno de ellos con una "epilepsia activa con discapacidad parcial y permanente del 87%", y, según sostiene, su oficio de vulcanizador no le aporta el ingreso suficiente para pagar los alquileres del local en el que trabaja y la habitación en la que vive con su familia. "Ante ello, en reiteradas oportunidades he solicitado que se me adjudique una vivienda por parte del Instituto Provincial de Vivienda, y pareciera ser que hay que estar parado en determinado palo político para que sean escuchados y solucionados mis problemas", afirmó ante Nuevo Diario. Recordó que en 2006 llevó su petición ante el propio gobernador, entonces Juan Carlos Romero, y se le respondió que iba a ser visitado por un asistente social, aunque esto nunca se concretó. Posteriormente reiteró el pedido, que se tramitó en el expediente 199039451, y recibió la misma respuesta; lo mismo ocurrió con una tercer solicitud, expediente 1315138, y con otra nota, expediente -04982. "Cansado de ir y venir, recurro a la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo en ese entonces del doctor Pedro Oscar Guillén, otra nota, expediente Nº 21647, otra vez la misma calesita, me dicen estamos en campaña política, tenga paciencia, ya le solucionaremos su problema". Posteriormente Iñiguez envío otra nota, expediente 199040982, y, según afirmó, volvieron a decirle que sería visitado por una asistente social, lo que no ocurrió. Iñiguez contó que ya con nuevas autoridades, su esposa, Verónica Catalina Sotar, planteó su problema a una persona que dijo ser la secretaria del gobernador Juan Manuel Urtubey. Le dieron un teléfono con la indicación de que se les otorgaría una audiencia pero cuando llamaron les dijeron que fueran a Casa de Gobierno y allí les indicaron que debían cursar una nota."Esto ya lo consideramos una burla, le cursamos una nota a la secretaria de Derechos Humanos, María Pace", quien los derivó a la Secretaría de la Niñez., de donde los enviaron a la Secretaría de la Discapacidad. Aquí les pidieron la dirección y les dijeron que esperaran la llegada de una ayuda alimentaria. Iñiguez, quien militó en el Frente Revolucionario Peronista (FRP), fue delegado de la CGT Clasista de Salta y sufrió la prisión en 1974, testificó en la causa Ragone el 6 de septiembre de 2007 y responsabilizó a la derecha peronista y a sectores del sindicalismo por el secuestro del ex gobernador. En su opinión, la desaparición de Ragone tuvo que ver con las discusiones que existieron en el seno de su gobierno en torno a la posibilidad de intervenir al diario El Tribuno, que ya entonces estaba en manos de la familia Romero, pero que era de propiedad del Partido Justicialista.
(Fuente:nuevodiariodesalta).
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