16 de septiembre jornada nacional exigiendo cárcel común a los represores
Desde Oran, Salta, los organismos de derechos humanos, movimientos sociales, políticos y campesinos de Argentina presentes en la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia reiteramos la invitación a la presentación el 16 de este mes en todos los juzgados federales exigiendo que los condenados y procesados en las causas de delitos de lesa humanidad sean alojados en las cárceles comunes y no en cuarteles o recoletos country.
En primer termino repudiamos la represion de la que fue victima Nora Cortiñas, Madre de Playa de Mayo, Lìnea Fundadora, quien encabezó una marcha de de solidaridad con los obreros del Ingenio San Marin de Tabacal fue reprimida con hostigamiento policial y el avion de la empresa fumigó a los manifestantes.
En Salta, un ejemplo didáctico de la impunidad es el represor el entonces capitán del Ejercito Argentino, Hugo Espeche uno de los imputados por el fusilamiento de 11 presos políticos el 16 de julio de 1976 en la Masacre de Palomitas. No solo a los 58 años se le otorgó el arresto domiciliario, no en Salta, sino… en Chubut, donde monto una agencia de seguridad, al igual que otros represores, hasta que fue descubierto y ante la presentación judicial fue trasladado a Salta. Pero no por mucho tiempo dado que la Justicia lo autorizó "por su delicada salud" a permanecer en el Hospital Militar en la Capital Federal. Nos permitimos preguntar en voz alta "¿cual será la enfermedad?". Una siniestra burla a los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos. Lo mismo que no sea citado y detenido el entonces juez federal Ricardo Lona, artífice de la impunidad de los asesinatos a las compañeras y compañeros.
En ese contexto, destacamos la decisión de la Justicia Federal de La Plata que rechazó el pedido de arresto domiciliario al contar con 70 años del cura represor Cristian Federico Von Wernich, el que había solicitado se le otorgue en la sede del obispado bonaerense 9 de Julio.
Exigimos que cuando sean trasladados los acusados lo sean esposados y no con total libertad de movimiento.
Precisamente desde Oran, Salta, demandamos a los diputados y senadores nacionales la inmediata aprobación del proyecto de ley presentado por el diputado nacional Fabián Peralta por el cual se eliminan todas las restricciones para que los medios de comunicación transmitan las secuencias de los juicios a los genocidas. O la iniciativa de la diputada Victoria Donda Pérez por el cual no se acepte candidato con antecedentes de haber sido, no solo imputado, sino funcionario de las dictaduras militares, sean candidatos para evitar nuevos Luis Patti, actualmente cajoneada por la diputada justicialista y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Graciela Camaño.
También reiteramos nuestro pedido que la Justicia Federal de Oran proceda a la búsqueda de los restos de los compañeros Jorge Ricardo Massetti y del cubano Oscar Atilio Altamira Guzman, desaparecidos tras la persecución de la Gendarmería Nacional que en abril de 1964 cuando reprimieron a los combatientes del EGP. Precisamente uno de los actos de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia fue escrachar a la delegación de Oran, donde funciono un centro clandestino en la última dictadura, aunque en rigor lo fue siempre tras cada golpe a la democracia.
Reclamamos la unificación de los juicios por centros clandestinos o megacausas para que los autores materiales e intelectuales, entre ellos la complicidad empresarial, de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, condiciones ilegales de detención, robos de bebés, tengan condena perpetua y cárcel común. A más de cinco años y medio de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final el accionar de la Justicia es más que mínimo por no decir nulo en relación a los centenares de acusados por los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado, como se señaló en el documento dado a conocer al recordar la Masacre de Capilla del Rosario, donde en agosto de 1974 se fusiló a 16 combatientes que se entregaron con vida tras deponer las armas, y uno de sus autores, Eduardo del Valle Carrizo Salvadores está en libertad.
Verdad, Memoria y Justicia es la síntesis de una posición en la que no claudicamos para que el punto final biológico a los genocidas no siga su derrotero y que ninguno de los autores materiales e intelectuales esté donde le corresponde: cárcel común.
Oran, Salta, 5 de septiembre de 2008
(Fuente:rdendh).
Posdata: La propuesta del 16 de spetiembre reemplaza a la del 10 de este mes.
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