Imagen: Leandro Teysseire
El pedido de su abogado llegó a Tribunales el viernes a última hora. Carlos Menem no quiere estar presente en el proceso oral y público que comienza mañana, en el que será juzgado por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, el mayor de los escándalos de su administración. Por eso mandó decir a su representante legal que “está pendiente el pedido de nulidad de su primera declaración indagatoria”. Pero más tarde el letrado adujo que la asistencia del riojano a la primera audiencia “dependerá de su estado de salud”. En el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 no tienen la misma flexible visión del asunto. “Su presencia es obligatoria”, dijo tajante una alta fuente judicial a PáginaI12. “Si no viene será buscado como cualquier imputado en rebeldía”, agregó, por si quedaban dudas.
Los fueros de senador de nada le sirven para intentar el faltazo a la audiencia de apertura del juicio, en la que serán leídos los cargos contenidos en la elevación. Omar Luis Daer, abogado del ex presidente, consideró que su cliente no debería estar presente porque está planteada “la nulidad de su indagatoria del 2001, en la que no se lo relevó del secreto de Estado que tenía en su condición de ex presidente, algo que debió hacer el Parlamento”. Según Daer, “la misma situación se repite hoy, porque si el doctor Menem tuviera que prestar declaración indagatoria y no estuviera resuelta la situación del secreto de Estado, estaría impidiendo que pueda declarar y consecuentemente entraría en un estado de indefensión porque es el único acto de defensa que tiene cualquier imputado”.
PáginaI12 pudo saber que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 resolverá en las próximas horas este último recurso al que acudió el principal protagonista del inminente juicio. Y sería rechazada la nulidad planteada por haber sido requerida fuera de tiempo. El momento para hacerlo era el de la citación a juicio, y entonces Menem no cuestionó nada de lo que sería elevado a juzgamiento. Por otra parte, la Cámara de Casación ya rechazó la nulidad con la que el ex presidente intentó evitar que el caso fuera elevado a juicio. De este modo, en principio, este panorama no deja demasiadas posibilidades de que el riojano pueda evitar sentarse en el banquillo de los acusados, en esta causa que ya lo llevó a la cárcel el 7 de junio de 2001.
Menem está acusado de contrabando agravado por tratarse de armas de guerra, un delito con una pena de hasta 12 años. Entre 1991 y 1995 tres decretos presidenciales secretos autorizaron la venta de armas a Panamá y Venezuela, que terminaron en los Balcanes (en violación al embargo dispuesto por las Naciones Unidas) y en Ecuador, mientras ese país estaba en guerra con Perú y Argentina era garante de la paz. El perjuicio para el Estado fue estimado en 400 millones por el fiscal de juicio Marcelo Borinsky, sin contar la voladura de la fábrica militar de Río Tercero para tapar pruebas y varias muertes sospechosas que ocurrieron a lo largo de la investigación. Pero el abogado Daer insistió ayer en que el ex presidente “lo único que hizo es emitir decretos en la proyección de la revolución productiva para que la Argentina, a través de cada una de las empresas, pudiera exportar”.
Aunque admitió que “tiene que estar presente” el jueves en Tribunales, el letrado dijo que su cliente, instalado desde hace semanas en La Rioja, “durante los últimos tiempos sufrió un problema bronquial severo y una infección urinaria, por lo que está medicado y le recomendaron que haga reposo”. Por eso supeditó el traslado a “la conversación con él y con los médicos”. Según precisó, si el tribunal oral no responde a sus planteos antes del comienzo de las audiencias “seguiremos considerando que estamos ante una persecución político-judicial en la que han violado todas las garantías”. Por su parte, Eduardo “Lule” Menem, sobrino del ex presidente, aconsejó a la dirigencia justicialista riojana que “debería pedirle al ex presidente Néstor Kirchner que deje de presionar a los jueces para que lo detengan a Carlos Menem”. Y el menemista Frente de la Esperanza postergó un acto con el que iba a homenajear al imputado Menem.
(Fuente:Pagina12-Adriana Meyer).
Los fueros de senador de nada le sirven para intentar el faltazo a la audiencia de apertura del juicio, en la que serán leídos los cargos contenidos en la elevación. Omar Luis Daer, abogado del ex presidente, consideró que su cliente no debería estar presente porque está planteada “la nulidad de su indagatoria del 2001, en la que no se lo relevó del secreto de Estado que tenía en su condición de ex presidente, algo que debió hacer el Parlamento”. Según Daer, “la misma situación se repite hoy, porque si el doctor Menem tuviera que prestar declaración indagatoria y no estuviera resuelta la situación del secreto de Estado, estaría impidiendo que pueda declarar y consecuentemente entraría en un estado de indefensión porque es el único acto de defensa que tiene cualquier imputado”.
PáginaI12 pudo saber que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 resolverá en las próximas horas este último recurso al que acudió el principal protagonista del inminente juicio. Y sería rechazada la nulidad planteada por haber sido requerida fuera de tiempo. El momento para hacerlo era el de la citación a juicio, y entonces Menem no cuestionó nada de lo que sería elevado a juzgamiento. Por otra parte, la Cámara de Casación ya rechazó la nulidad con la que el ex presidente intentó evitar que el caso fuera elevado a juicio. De este modo, en principio, este panorama no deja demasiadas posibilidades de que el riojano pueda evitar sentarse en el banquillo de los acusados, en esta causa que ya lo llevó a la cárcel el 7 de junio de 2001.
Menem está acusado de contrabando agravado por tratarse de armas de guerra, un delito con una pena de hasta 12 años. Entre 1991 y 1995 tres decretos presidenciales secretos autorizaron la venta de armas a Panamá y Venezuela, que terminaron en los Balcanes (en violación al embargo dispuesto por las Naciones Unidas) y en Ecuador, mientras ese país estaba en guerra con Perú y Argentina era garante de la paz. El perjuicio para el Estado fue estimado en 400 millones por el fiscal de juicio Marcelo Borinsky, sin contar la voladura de la fábrica militar de Río Tercero para tapar pruebas y varias muertes sospechosas que ocurrieron a lo largo de la investigación. Pero el abogado Daer insistió ayer en que el ex presidente “lo único que hizo es emitir decretos en la proyección de la revolución productiva para que la Argentina, a través de cada una de las empresas, pudiera exportar”.
Aunque admitió que “tiene que estar presente” el jueves en Tribunales, el letrado dijo que su cliente, instalado desde hace semanas en La Rioja, “durante los últimos tiempos sufrió un problema bronquial severo y una infección urinaria, por lo que está medicado y le recomendaron que haga reposo”. Por eso supeditó el traslado a “la conversación con él y con los médicos”. Según precisó, si el tribunal oral no responde a sus planteos antes del comienzo de las audiencias “seguiremos considerando que estamos ante una persecución político-judicial en la que han violado todas las garantías”. Por su parte, Eduardo “Lule” Menem, sobrino del ex presidente, aconsejó a la dirigencia justicialista riojana que “debería pedirle al ex presidente Néstor Kirchner que deje de presionar a los jueces para que lo detengan a Carlos Menem”. Y el menemista Frente de la Esperanza postergó un acto con el que iba a homenajear al imputado Menem.
(Fuente:Pagina12-Adriana Meyer).
Datos de una megacausa
- Cuatrocientos veinticuatro testigos, dieciséis imputados, siete meses de audiencias televisadas son las cifras preliminares del megajuicio que comienza mañana en los tribunales de Retiro, uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la era menemista y el primero que lleva al banquillo a un ex presidente.
- Además de Menem, en este expediente iniciado hace más de 17 años por el abogado Ricardo Monner Sans, serán juzgados su ex cuñado Emir Yoma, su ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el “arrepentido” Luis Sarlenga, el presunto traficante de armas Diego Palleros, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, Enrique De la Torre (ex director de seguridad internacional de Cancillería), Mauricio Muzzi (ex director de coordinación empresaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), los ex gerentes de Fabricaciones Militares (FM) Haroldo Fusari y Carlos Núñez y los ex directores Manuel Cornejo Torino, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Antonio Vicario y Luis Sabra. La nómina de imputados la completan la ex jefa de Abastecimiento de FM Teresa Irañeta de Canterito, Jorge Cornejo Torino, ex director de la fábrica militar de Río Tercero y María Teresa Cueto, una ex verificadora de Aduanas. El general retirado Martín Balza, ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, estará ausente del banquillo de los acusados porque fue sobreseído, mientras que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo tiene su situación judicial aún indefinida en el expediente.
- los más de 400 testigos que declararán en el proceso, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 Luis Imas, Horacio Artabe y Luis Losada escucharán a los ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, al ex embajador de los Estados Unidos James Check y los ex jefes de la SIDE menemista Hugo Anzorreguy y Juan Bautista Yofre. Los interrogatorios y alegatos estarán en manos de los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera, además de los abogados querellantes de la Aduana y una decena de defensores.
- La causa por el contrabando de armas incluye parte de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, por la que tres barrios quedaron destruidos. La Justicia comprobó que la voladura tuvo la intencionalidad de encubrir la maniobra del contrabando de armas. Causó la muerte de siete personas, pero no iban a ser las únicas vinculadas al caso. Les siguieron el traficante de armamento Horacio Estrada, los coroneles Rodolfo Aguilar y Juan Carlos Andreoli, que fallecieron al caer su helicóptero en el Campo de Polo, y la ex secretaria de Yoma Lourdes Di Natale.
(Fuente:Pagina12).
- Cuatrocientos veinticuatro testigos, dieciséis imputados, siete meses de audiencias televisadas son las cifras preliminares del megajuicio que comienza mañana en los tribunales de Retiro, uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la era menemista y el primero que lleva al banquillo a un ex presidente.
- Además de Menem, en este expediente iniciado hace más de 17 años por el abogado Ricardo Monner Sans, serán juzgados su ex cuñado Emir Yoma, su ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el “arrepentido” Luis Sarlenga, el presunto traficante de armas Diego Palleros, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, Enrique De la Torre (ex director de seguridad internacional de Cancillería), Mauricio Muzzi (ex director de coordinación empresaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), los ex gerentes de Fabricaciones Militares (FM) Haroldo Fusari y Carlos Núñez y los ex directores Manuel Cornejo Torino, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Antonio Vicario y Luis Sabra. La nómina de imputados la completan la ex jefa de Abastecimiento de FM Teresa Irañeta de Canterito, Jorge Cornejo Torino, ex director de la fábrica militar de Río Tercero y María Teresa Cueto, una ex verificadora de Aduanas. El general retirado Martín Balza, ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, estará ausente del banquillo de los acusados porque fue sobreseído, mientras que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo tiene su situación judicial aún indefinida en el expediente.
- los más de 400 testigos que declararán en el proceso, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 Luis Imas, Horacio Artabe y Luis Losada escucharán a los ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, al ex embajador de los Estados Unidos James Check y los ex jefes de la SIDE menemista Hugo Anzorreguy y Juan Bautista Yofre. Los interrogatorios y alegatos estarán en manos de los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera, además de los abogados querellantes de la Aduana y una decena de defensores.
- La causa por el contrabando de armas incluye parte de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, por la que tres barrios quedaron destruidos. La Justicia comprobó que la voladura tuvo la intencionalidad de encubrir la maniobra del contrabando de armas. Causó la muerte de siete personas, pero no iban a ser las únicas vinculadas al caso. Les siguieron el traficante de armamento Horacio Estrada, los coroneles Rodolfo Aguilar y Juan Carlos Andreoli, que fallecieron al caer su helicóptero en el Campo de Polo, y la ex secretaria de Yoma Lourdes Di Natale.
(Fuente:Pagina12).
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