INFORME DE CJVJM-MAR DEL PLATA

CJVJM Comisión por los Juicios Verdad Justicia y Memoria - Mar del Plata.

Ex CNU procesado por la "Noche de las Corbatas"

Se trata del abogado y ex secretario general de la Universidad Provincial de Mar del Plata, Eduardo Cincotta, detenido hace 20 días. El juez federal Alejandro Castellanos le dictó la prisión preventiva por considerarlo responsable de la privación ilegitima de la libertad, los tormentos y los homicidios de un grupo de abogados laboralistas secuestrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977.

La causa conocida como La Cueva en la que se investiga la privación ilegal de la libertad, los tormentos y los homicidios de 52 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Aérea local tiene nueve militares y dos civiles procesados con prisión preventiva. Levantado el secreto de sumario, el juez federal Alejandro Castellanos habló con El Atlántico de la responsabilidad de los ex integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Eduardo Cincotta y Nicolás Cafarello en los delitos que se investigan, del criterio de aplicación para el arresto domiciliario de cuatro de los imputados y del largo proceso hasta llegar a un juicio oral.

¿Qué delitos se investigan en la causa La Cueva y cuántas son las víctimas?

En estos momentos se investigan delitos por sesenta y dos casos de los cuales ha habido elementos como para considerar que estaban probados y que se produjeron en La Cueva solamente 50. Es decir que se pudo comprobar que esa persona estuvo alojada en ese centro que es lo primero para vincularla con un determinado centro clandestino de detención. Ya sea porque pasó por unas horas o porque estuvo más tiempo detenida allí. Los tipos de delitos van desde privación de la libertad, pasa por tormentos, violaciones, lesiones y homicidios. Cada uno de ellos tiene sus agravantes en función que su detención haya sido por más de un mes, que los tormentos hayan sido aplicados por su condición de perseguidos políticos, que la privación ilegal de la libertad haya tenido que ver con la participación de un funcionario público; que el homicidio haya sido producido o no con ensañamiento y alevosía. En cada caso se analiza si hay requerimiento por ese hecho más el agravante y además si hay pruebas que sustenten tanto la comisión del hecho como el agravante.

¿Estos 50 casos que investiga incluyen lo que se llamó "La Noche de las Corbatas"?

Sí. Incluye lo acontecido en "La Noche de las Corbatas" porque según las pruebas reunidas, las personas que se consideran que estuvieron dentro de ese grupo de secuestrados habrían estado alojadas como primer lugar de tránsito en La Cueva. Sin perjuicio que después esto se va a seguir analizando. La idea de analizar las responsabilidades de los funcionarios y autoridades que tenían ingerencia sobre el lugar físico y sobre los actos que se cometían allí y, por otra parte, también, separar lo que tiene que ver con el resto del periplo. Qué quiero decir con esto: hay personas que fueron alojados primeramente en Prefectura después pasaron por La Cueva, después los llevaron a Sierra Chica y por último, a la Unidad Penal Nº 9 de La Plata. Hay otras personas que después de La Cueva fueron a la comisaría cuarta, entonces, como los responsables de la unidad penal de Sierra Chica no son los mismos responsables de la Cueva y nos son los mismos de la comisaría cuarta, hay que separar las cosas. Por la violación de una persona en La Cueva no se le puede atribuir responsabilidad al titular de la comisaría cuarta.
Lo que se busca aquí es un criterio de segmentación que sea coherente, entonces en el juzgado de al lado (juzgado Nº 3 a cargo de Rodolfo Pradas) se trabaja todo lo que es la causa del centro clandestino Base Naval y aquí se trabaja en las causas "Comisaría Cuarta" y "La Cueva". Este es el criterio que se ha utilizado en casi todo el país para trabajar en este tipo de causas. El problema puede darse, tal vez, en la secuencia superior. Está claro que esto respondía a un plan sistemático delineado por el estado mayor conjunto, hacia abajo están los cuerpos comandos. Por ejemplo esta aérea correspondía al Cuerpo Primero del Ejército cuyos hechos los analiza el juez Rafecas en Capital Federal. De hecho el coronel Alberto Barda, ex jefe del GADA 601, está imputado, procesado y sometido a juicio en una causa que deriva del Cuerpo Primero del Ejército. La discusión es: hasta dónde trabaja Buenos Aires y hasta dónde Mar del Plata. El juzgado 1 y 3 de esta ciudad entiende que Barda era jefe de la subzona militar 15. El lugar físico donde el realizaba sus funciones era acá, en la ciudad, entonces se lo ha imputado acá y debiera ser analizada su situación aquí por eso ha sido llamado a indagatoria.

En el caso de "La Noche de las Corbatas" hay una denuncia contra el juez Pedro Cornelio Federico Hooft. ¿Usted tendría que investigar los delitos que le imputan?

No porque eso está siendo objeto de otra causa que pasó por mis manos y que en este momento, si no me equivoco, está en manos del juez López. Todo lo que de esta causa sirva para esa causa bienvenido sea y se lo facilitaremos al doctor López, pero nosotros no avanzamos sobre esa responsabilidad específica porque yo sé que existe, de hecho lo tuve yo en su momento y me habían planteado una "excepción de cosa juzgada" que yo rechacé.

En la causa de "La Cueva" hay tres civiles involucrados. ¿Qué delitos se les imputa?

La fiscalía pidió la declaración indagatoria a tres personas. Dos fueron indagados y procesados y el tercero no (N del R: El abogado Eduardo Salvador Ullúa aún no se ha presentado a prestar declaración indagatoria. El juez ordenó su detención a nivel nacional). En el caso del abogado Eduardo Cincotta está implicado en lo que fue "Noche de las Corbatas" y en el caso del otro civil, Nicolás Cafarello, está procesado por el secuestro de una persona llamada Jorge Toledo que fue alojado en La Cueva. Los delitos básicamente son los mismos: privación ilegal de la libertad y tormentos. Y en algún caso homicidio. En el de Toledo hay lesiones y en el caso del abogado Norberto Centeno hay homicidio, por nombrar algunos ejemplos.

¿O sea que a Cincotta también se lo procesa por homicidio?

Sí

¿Y en el caso de Ullúa?

Las imputaciones contra Eduardo Ullúa son las mismas que se le endilgan a Cincotta.

¿Cuántos querellantes tiene la causa de La Cueva?

En estos momentos hay un grupo grande de querellantes concentrados en la representación del abogado César Sivo. Hay un par de presentaciones hechas de familiares víctimas de la "Noche de las Corbatas", quienes están tratando de presentarse como querellantes pero aún no se ha podido reunir los requisitos. También se presentaron el Colegio de Abogados de Mar del Plata y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora no tengo una superpoblación. En principio serían cuatro los grupos de querellantes. Hasta ahora no ha habido problemas para que la causa tramite sin inconvenientes. Digo esto porque sé que hay demasiados conflictos entre querellantes y organismos peleándose por una representación más o menos participativa. Pero esto es una cuestión extraña al proceso. En la medida que esa situación no se vuelque al proceso que cada uno haga si juego. El día que esto empiece a volcar acá y vea conflicto pondré las reglas de juego porque así no se puede trabajar.

¿Se puede estimar fecha de elevación a juicio de la causa?

Imposible. Primero, lo único que hay dictado hasta ahora es un procesamiento. Procesamiento que no está firme, de hecho están corriendo los plazos para la apelación de las defensas. El paso siguiente es que si hubiese una apelación debe resolver la Cámara. Suponiendo que quede firme el procesamiento viene la etapa de la instrucción y ésta termina cuando el fiscal entiende que hay pruebas suficientes para elevar la causa a juicio. El es fiscal quien va a determinar si hubo mérito para elevar esta causa a juicio y no me incumbe a mi esa decisión.

¿Cuál fue el criterio para resolver el arresto domiciliario de cuatro de los imputados?

La ley prevé tres supuestos. Uno es enfermedad terminal, el segundo es mayoría de 70 años y el tercero con estado de gravidez (embarazo o periodo de lactancia). Si de los tres supuestos se da uno corresponde aplicar el arresto domiciliario. Por ejemplo en el caso de uno de los detenidos, el ex militar José Beccio, todavía permanece en la unidad penal 44 de Batán porque no se ha podido acreditar su edad porque nadie ha acercado el DNI.

El civil que vestía uniforme de fajina

El abogado Norberto Centeno había salido de su estudio situado en La Rioja al 1400 junto a su colega Ernesto Tomaghelli. Fueron a tomar un café, como era su costumbre, al bar situado en La Rioja, entre Luro y San Martín. Café y charla de por medio sobre la barra, cerca de las 21 los abogados regresaron caminando al estudio. Cruzaron la avenida y en la esquina, donde actualmente se emplaza un banco, fueron interceptados. Escucharon pasos y una voz enérgica que les gritó: "¡Alto, Ejército argentino!". Tomaghelli fue golpeado y a Centeno se lo llevaron con los pies a la rastra. Amenazaron al testigo, le dijeron que su familia iba aparecer "flotando en el mar" si no hacía lo que ellos decían, se llevaron secuestrado a Centeno y robaron su automóvil. El estudio permanece en el mismo lugar. Su placa ya no está sobre la pared. Pero la Justicia va llegando a sus asesinos.
En simultáneo, era secuestrado el abogado Salvador Arestín. Dos horas antes, al atardecer, fue secuestrado de su estudio el abogado Camilo Ricci, junto al letrado Hugo Alais, cuya vivienda había sido allanada. Fueron los primeros cuatro abogados laboralistas secuestrados. En los días siguientes la lista se extendería. Todos ellos fueron llevados desde sus estudios hasta La Cueva, el centro clandestino de detención y tortura situado en la Base Aérea. Los secuestros se enmarcan en La Noche de las Corbatas: Eduardo Cincotta está implicado en la privación ilegítima de la libertad y en la muerte de los abogados desaparecidos.
Después de tres décadas de impunidad, el juez Alejandro Castellanos procesó con prisión preventiva a seis miembros del Ejército, tres de la Fuerza Aérea y dos civiles. Según se desprende de un informe elaborado por el TOF y elevado al Juzgado porteño de Norberto Oyarbide, Nicolás Caffarello y Eduardo Cincotta fueron integrantes de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria en los años previos al Golpe. Luego, pasaron a los grupos operativos comandados por Pedro Barda, jefe del GADA 601 y de toda la subzona militar 15.
En su oficina fue visto Cincotta. Un testimonio, recabado en el Juicio por la Verdad, asegura que estaba vestido de fajina, junto al coronel que fue dueño de la vida y de la muerte en 1976 y 1977.

Los procesados, dueños del terror en La Cueva

ºEduardo Cincotta (60 años): abogado y ex miembro de la CNU. Alojado en la unidad penal 44 de Batán. El juez Castellanos puntualizó que los cargos que se le formulan no se vinculan con su pertenencia a la CNU porque "…no existen pruebas en autos que permitan vincular los hechos aquí investigados con la actividad institucional de dicha agrupación…". En ese orden, consideró que los indicios "…identifican al imputado Cincotta con el rol de 'informante' civil del que se servían los servicios de informaciones e inteligencia del Ejército…". Se evaluó como prueba la declaración de Leonor Zárate de Miguens en otra causa, en la que acusó a Cincotta de haberla interrogado e -incluso- de haberla trasladado al ADA 601. En aquel expediente, Cincotta alegó que tal actuación obedeció a un pedido del Coronel Barda, quien le tenía confianza por la frecuencia de trato. Otro elemento contra Cincotta fue la declaración de Bozzi, que lo ubicó en el lugar de su simulada liberación. Se le imputan participación necesaria en privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia (7 hechos); imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (5 hechos) y homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía (Norberto Centeno).

ºNicolás Miguel Caffarello, alías "Tano Nicola" (54 años): ex miembro de la CNU. Alojado en la unidad penal 44 de Batán. Será sometido a juicio por la privación ilegal de la libertad del periodista Amílcar González. Formó parte del personal civil del Ejército. Cumplió funciones en el servicio de inteligencia a partir de marzo de 1976 y se desempeñaba como custodio y chofer de Arrillaga. En otras causas donde se lo acusa de haber integrado grupos de tareas (una de ellas es el secuestro del periodista Amílcar González) admitió que Arrillaga participaba en los operativos antisubversivos, cosa que el ex militar negó. En lo concerniente a esta causa, se considera que Caffarello habría tenido participación en acciones posteriores al homicidio del teniente primero Fernando Cativa Tolosa, ocurrido en octubre de 1976 cuando realizaba un procedimiento en Jara y Rivadavia. Una de esas acciones fue el secuestro en una vivienda del barrio La Florida de Jorge Carlos Toledo, quien resultó herido de bala en el abdomen y fue trasladado a "La Cueva". Los testigos aseguran que Toledo fue torturado e interrogado en forma recurrente sobre un tal "Pájaro" o "Pajarito". Se trata de Raúl Montes, integrante de Montoneros a quien se responsabilizaba por el homicidio de Cativa Tolosa. Un informe de inteligencia incorporado a la causa señala que Caffarello y otro "servicio" del Ejército capturaron posteriormente a Montes en La Plata. Dos testigos ubican a Caffarello y a Arrillaga en el lugar donde fue secuestrado Toledo. Se le imputa la autoría material de un hecho de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos agravada y lesiones.Procesado en otra causa.

ºGregorio Rafael Molina, alias "Charles" (64 años): ex oficial mayor de la Fuerza Aérea. Detenido desde hace casi tres años en Campo de Mayo espera fecha de juicio oral por crímenes cometidos en La Cueva, incluyendo los homicidios de Centeno y Candeloro. En ese proceso, varias mujeres los reconocieron porque, según declararon, les quitaba la capucha para violarlas. Según su legajo, entre el '76 y el '77 "se desempeñó por circunstancias especiales en la sección inteligencia de la unidad". Su jefe de entonces -Ernesto Agustoni- admitió que "fue asignado a colaborar para atender las necesidades del radar". Molina se negó a declarar. Se le imputa la autoría material de 20 privaciones ilegales de la libertad agravadas; 13 casos de imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos y dos hechos de imposición de tormentos. Procesado a espera de juicio Oral en otra causa

ºAlfredo Manuel Arrillaga (75 años): coronel, jefe de Inteligencia del GADA 601. Permanece bajo arresto domiciliario en Capital Federal. Con los grados de mayor y de teniente coronel ejerció funciones como jefe de Operaciones de la Agrupación ADA 601. "No tenía a mi cargo ni a mi mando ni bajo mi responsabilidad ninguna fracción orgánica del Ejército", dijo ante el juez. Admitió conocer que hubo detenciones de personas que "quedaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional" pero negó haber participado en esos procedimientos. Se le imputan cuarenta y siete privaciones ilegales de la libertad agravada, 37 imposiciones imposiciones de tormentos agravados, cuatro imposiciones de tormentos, lesiones (un hecho) y dos homicidios calificado por ensañamiento y alevosía. (Centeno y Candeloro). procesado en otras dos causas

º Aldo Carlos Máspero (78 años): coronel, jefe del GADA. Permanece bajo arresto domiciliario en Capital Federal Fue comandante de la Agrupación de Artillería Aérea (ADA 601) desde 1977. Declaró que su decisión fue no detener "…a persona civil de ninguna índole y prohibir la organización de centros clandestinos de detención en toda la jurisdicción de Ejército a mi mando". Por otra parte, dijo desconocer el funcionamiento de tales centros en bases del ejército o de otras fuerzas. Se le imputan tres privaciones ilegales de la libertad agravada e igual número de imposición de tormentos agravados. Procesado en otra causa

ºJorge Luis Toccalino (75 años): ex mayor del Ejército. Permanece con arresto domiciliario en Capital Federal en el marco de la causa 92 que investiga los delitos cometidos en Necochea. Fue detenido el 24 de septiembre de 2007 en su casa de calle Junín 1452, piso tercero, departamento 2, donde actualmente cumple prisión. Con el grado de teniente coronel, fue jefe de operaciones en el GADA 601 desde enero de 1975. Se negó a declarar. Se le imputan cincuenta privaciones ilegales de la libertad agravada, 40 imposiciones de tormentos agravados, 4 imposiciones de tormentos y dos homicidios doblemente calificados por ensañamiento y alevosía (Centeno y Candeloro).

ºJosé Beccio (74 años): coronel. Alojado en la unidad penal 44 de Batán, aún no se pudo acreditar su edad. Como vicecomodoro, fue segundo jefe de la Base Aérea y tuvo a su cargo el Escuadrón de Tropas, situado a 400 metros de "La Cueva". Se negó a declarar. Se le imputa la participación necesaria en 47 privaciones ilegales de la libertad, en 40 hechos de imposición de tormentos agravados, en 4 hechos de tormentos y en dos homicidios doblemente calificados por haberse cometido con ensañamiento y alevosía. (Centeno y Candeloro).

ºAlejandro Agustoni (83 años): Permanece bajo prisión domiciliaria en Capital Federal. Con el grado de comodoro fue jefe de la Base Aérea desde diciembre de 1975 hasta septiembre de 1977. Admitió haberle facilitado al Ejército el radar en desuso -"que tenía tres o cuatro ambientes"- para que las patrullas militares dispusieran de lugar de descanso sin necesidad de regresar al GADA. El servicio de la Fuerza Aérea "no era más que darle el lugar para el alojamiento" y la provisión de personal, alimentos, utensilios y toallas "sólo de manera esporádica", afirmó Agustoni. Dijo desconocer el funcionamiento de un centro clandestino de detención. Y también se manifestó ignorante de los traslados de detenidos que se efectuaban en aviones de distintas fuerzas que aterrizaban en la base. Le imputan participación necesaria en 47 privaciones ilegales de la libertad agravada; 37 hechos de imposición de tormentos agravados, 4 imposiciones de tormentos y los homicidios doblemente calificados por ensañamiento y alevosía de los abogados Norberto Centeno y Jorge Candeloro.

ºLeandro Edgard Marquiegui (79 años): Coronel, ex jefe de Inteligencia del GADA. Permanece alojado bajo arresto domiciliario en Capital Federal. Como teniente coronel fue segundo jefe de Operaciones hasta 1976 y jefe de Inteligencia del GADA 601 hasta 1979. Se abstuvo de declarar. Se le imputan cuarenta y siete privaciones ilegítimas de la libertad agravada, 37 imposiciones de tormentos agravados; 4 imposiciones de tormentos y dos homicidios doblemente calificados por ensañamiento y alevosía.

ºRoberto Atilio Boccalandro (74 años): Coronel. Permanece bajo arresto domiciliario en Capital Federal a cuidado de su hijo. Fue jefe del GADA desde diciembre de 1976. Admitió "haber tomado conocimiento de la existencia de La Cueva", que "dependía funcionalmente de la Fuerza Aérea". Aclaró que "le daba la sensación" de que no era un centro clandestino de detención porque la gente era trasladada allí "en cumplimiento de órdenes del Poder Ejecutivo". También dijo desconocer el secuestro de un grupo de abogados locales y de la posterior liberación de uno de ellos; el doctor Carlos Bozzi. "Resulta poco creíble -indicó el juez en su resolución- que la ciudad en su gran mayoría conociera lo acontecido y quien debería ser responsable de la acción desarrollada se encontraba ajena a todo". A Boccalandro se le imputan veinticinco privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 24 imposiciones de tormentos agravados, una imposición de tormentos y dos homicidios calificados por ensañamiento y alevosía (Centeno y Candeloro)

ºEduardo Jorge Blanco (74 años): Coronel. Se encuentra bajo arresto domiciliario en la provincia de Mendoza. Era teniente coronel cuando ejerció la subjefatura del GADA 601 y la jefatura de la Plana Mayor. Declaró que "órdenes especiales" en materia de lucha antisubversiva eran manejadas por la Agrupación (ADA) y no por la plana mayor del GADA. "A mí me puenteaban", aseguró. Y al detallar ese "puenteo", dijo que el ADA recibía órdenes "de no sé quién" y se las transmitía al jefe del GADA. Este a su vez se las transmitía al jefe de Operaciones (Toccalino) para que las ejecutara. Se le imputa privación ilegítima de la libertad agravada (31 hechos), imposición de tormentos agravados (24), tormentos (3) y lesiones (1).
(Fuente:rdendh).