15 de octubre de 2008

SAN LUIS-SILENCIO E IMPUNIDAD PARA LOS REPRESORES.

Este es uno de los imputados, Miguel Angel Fernández Gez.

El próximo lunes 20 estará dando comienzo el juicio a los integranes de las fuerzas represivas que actuaron durante 1976 y se los acusa de haber sido partícipes del secuestro, tortura y muerte de Graciela Fiochetti; la desaparición forzada de Sandro Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma, como así también de los tormentos recibidos por Víctor "El Gringo" Fernández, sobreviviente de aquel setiembre negro.
Por esos crimenes están imputados Miguel Angel Fernández Gez, quien comandaba el GADA 141, el ex mayor Franco, jefe de la Policía puntana durante la dictadura, David Becerra, ex jefe del departamento de Informaciones de la Policía local, Juan Carlos Pérez, subjefe de esa división, el entonces cabo Luis Orozco y quien está sindicado como el autor material de la muerte de Fiochetti, Carlos Esteban Pla, el militar que era Capitán del Ejército y subjefe de la Policía en los años de plomo de la dictadura.
El tribunal estará integrado por los Dres. Roberto Nasif, Roberto Burad y lo presidirá Raúl Rodríguez. Habrá un cuarto juez -el Dr. Cortez- que participará de las audiencias sin preguntar y actuará en caso de la ausencia de los titulares.
La querella estará representada por la abogada María Elva Martínez (especialista en la estructura jurídica normativa del terrorismo de Estado) y el abogado Enrique Ponce, que patrocina a los familiares y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH-SAN LUIS).
Preocupación periodística
El fin de semana largo sirvió para que entidades periodísticas del país hicieran un cruzamiento de información y manifestaran su preocupación por la decisión del Tribunal Oral de restringir el ingreso a la prensa a parte del debate y la debida publicación de lo que ocurra en el juicio oral y público.
El tema había sido motivo de debate en otro ámbito y el jueves último Pagina 12 había difundido las reflexiones de los juristas Alberto Bovino y Gabriel Anitua, quienes abordaron el tema en un seminario organizado por Abuelas de Plaza de Mayo. Coincidieron en que se debe precisar por ley en qué casos puede acotarse la publicidad de un juicio.
"La Justicia tiene un tremendo temor a la publicidad y en particular a la televisión. Si los jueces le temen, significa que algo bueno tiene la TV", planteó Alberto Bovino. "El control del principio de publicidad en los juicios penales no puede quedar a cargo del propio juez porque, como funcionario, igual que un gobierno o un Parlamento, también él debe ser controlado. La publicidad es un principio constitucional y un juez es un funcionario. Si no le gusta, lo que puede hacer es renunciar", explicó Gabriel Ignacio Anitua, señala la nota del matutino porteño.En torno al juicio que nos ocupa, periodistas nucleados en FOPEA, en la Comisión de Libertad de Expresión de la FETRACOM, corresponsales de medios nacionales como TN y Diarios y Noticias, entre otros, hicieron circular su preocupación a sus referentes nacionales para imponerlos de la preocupante situación que existe en San Luis, y pidieron apoyo para que se levante esta restricción.
También se supo que hoy estaran presentes los otros dos miembros del Tribunal que juzgará a los represores (Burad y Nasif) y el periodismo se haría presente para plantearle nuevamente la inquietud.
Los pasos que tendría el juicio
El lunes se abrirá formalmente el debate y por Secretaria se informará quienes comparecen, los imputados en la causa y los delitos que se investigan. Luego se abre la audiencia para los planteos preliminares que deberán ser resueltos tras un cuarto intermedio o bien quedarán para el momento de la sentecia.
Se espera que la defensa de los imputados hagan allí los planteos usuales, que se han venido realizando en otros juicios que se han desarrollado en el país, que tienen que ver con la competencia, al no bis in idem, la oposición a la incorporación de testigos por lectura (unos 30 testimonios de testigos fallecidos). Si el tribunal se ajusta a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los planteos no prosperarían.
Allegados a la causa estiman que, tal como se ha venido desarrollando la etapa investigativa, los acusados no se abstendrían de declarar, sino que podrían hacerlo incluso en la primera instancia o bien reservar su testimonio para el final.
Cuando Pla fue detenido, declaró por más de seis horas ante la Fiscal Mónica Spagnuolo y habría incriminado a más personas en su testimonio. También en su momento Miguel Ángel Fernández Gez había hecho lo propio ante la fiscal y no se habría ahorrado detalles incriminatorios hacia otras personas que actuaron como cómplices militares y civiles de la dictadura.
Estos testimonios podrían abrir el abanico aún más y podría haber una especie de "efecto dominó" en la causa.
Luego vendría la lectura de las pericias y las pruebas y para los primeros días de noviembre se empezarían a escuchar la declaración de los testigos, que estarían vedados -insólitamente- para los periodistas.
Los alegatos podrían comenzar a escucharse en unos 30 o 40 días.
Contrariamente a lo que piensa el presidente del Tribunal Oral Federal de San Luis, Raúl Rodríguez, este no será "un juicio más", como expresó, ya que las expectativas están centradas desde hace mucho tiempo en este que se ha dado en llamar "el juicio histórico" por la verdad y la justicia.
Informe: Gustavo Senngustavosenn@gmail.com
(Fuente:rdendh).

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