La detención ordenada por el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, se dispuso luego de que la comunidad iniciara un corte sobre el cruce en reclamo de que se respeten los acuerdos que se habían firmado el año pasado con el gobierno romerista y que involucraban que la comunidad tendría trabajo para construir sus viviendas.Por el contrario, la construcción de las viviendas para la comunidad fueron adjudicadas por el gobernador Juan Manuel Urtubey a una Unión Transitoria de Empresas (UTE), que no está tomando la mano de obra de la comunidad como se había comprometido en un principio durante el gobierno de Juan Carlos Romero. Así lo contó el abogado David Leiva al sostener que hasta ayer la comunidad de Villa Rallé se encontraba al costado de la ruta 34 a la altura del cruce, reclamando que su referente sea liberado. Los cortes comenzaron el viernes a las 8 y terminaron ese día a las 20. La metodología utilizada por la comunidad fue mantener la interrupción del tránsito por hora, levantándolo una vez cumplido ese lapso para que los vehículos que se acumulaban en la arteria pudieran pasar. Tras retirarse de la protesta en reclamo de una respuesta del gobierno provincial, los indígenas habían informado que volverían a protestar ayer con la misma metodología. Fue así que cerca de las 7,30, mientras se dirigían al punto del corte, Rodríguez fue interceptado por gendarmes que le dijeron que las declaración a la que había sido citado para mañana se había adelantado para ayer. Lo llevaron hasta la dependencia de Gendarmería y fue así que quedó detenido, acusado del delito de interrupción de las vías de comunicación, enmarcado en el artículo 194 del Código Penal. "Lo llevaron con engaños", sostuvo Leiva al indicar que a pesar de que el delito es excarcelable, era imposible llevar adelante alguna acción para liberarlo dado que es fin de semana. Entendió que una de las posibles intenciones del juez Reynoso fue desmovilizar a la comunidad, una actitud diferente respecto a lo sucedido en otras situaciones, cuando a pesar de los cortes no actuó igual. "La vara de medición no es la misma", dijo el abogado al esbozar la hipótesis que Reynoso habría sido llamado por alguien del Poder Ejecutivo Provincial. Por otra parte, sostuvo que mientras la UTE encargada de la construcción de las viviendas toma personal que no es de la zona, dirigentes de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); estarían cobrando $100 a cada trabajador que quiere ser empleado para estas construcciones.
(Fuente:rdendh).
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