CONTINUARÁ ALOJADO EN LA UNIDAD PENAL 44
El juez federal Alejandro Castellanos resolvió ayer por la tarde no dar lugar al pedido de excarcelación solicitado por la defensa(abogado Garcia Luchetti) del abogado Eduardo Cincotta quien se encuentra detenido en la unidad penal 44 de Batán imputado crímenes de lesa humanidad contra un grupo de abogados laboralistas en lo que se denominó La Noche de la Corbatas, ocurrida en julio de 1977 durante la última dictadura cívico militar.
Según informó la abogada Gloria León querellante en la causa en la que se investiga los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención La Cueva, Castellanos coincidió con la posición del fiscal en negar la excarcelación al abogado fundamentando la existencia de "peligro procesal" y "expectativa de condena".
El juez, titular del juzgado federal Nº 1, entiende que si el imputado es excarcelado existe el peligro latente de intente algún tipo de maniobra tendiente a evitar el procesamiento de los delitos que se le imputan.
En cuanto a la "expectativa de pena", Castellanos entiende que en el caso de que Cincotta sea culpable de los delitos que se le imputan (crímenes de lesa humanidad), la pena que le corresponde no permite la excarcelación. El Código Penal sólo permite la excarcelación por delitos leves, aquellos que no superan los ocho años de condena.
El abogado Cincotta, de 60 años, fue detenido a medidos de septiembre para ser indagado por su presunta participación en la Noche de las Corbatas ocurrida en julio de 1977 cuando un grupo de tareas secuestró, torturó y desapareció a un grupo de abogados laboralistas entre los cuales se encontraban Hugo Alaís, Jorge Candeloro y Norberto Centeno. En aquella oportunidad Cincotta, quien perteneció a la agrupación de ultraderecha CNU, se negó a declarar. Una semana después, Castellanos le dictó la prisión preventiva bajo los cargos de participe necesario de "privación ilegítima de la libertad agravada" por haber sido cometida por funcionarios públicos, y por la imposición de "tormentos agravados" por tratarse de "perseguidos políticos".
La causa conocida como La Cueva, en la que se investiga la suerte de al menos 52 personas que pasaron por ese centro clandestino tiene hasta el momento a nueve militares procesados bajo arresto domiciliario, a dos civiles encarcelados y un tercero prófugo.
El juez federal Alejandro Castellanos resolvió ayer por la tarde no dar lugar al pedido de excarcelación solicitado por la defensa(abogado Garcia Luchetti) del abogado Eduardo Cincotta quien se encuentra detenido en la unidad penal 44 de Batán imputado crímenes de lesa humanidad contra un grupo de abogados laboralistas en lo que se denominó La Noche de la Corbatas, ocurrida en julio de 1977 durante la última dictadura cívico militar.
Según informó la abogada Gloria León querellante en la causa en la que se investiga los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención La Cueva, Castellanos coincidió con la posición del fiscal en negar la excarcelación al abogado fundamentando la existencia de "peligro procesal" y "expectativa de condena".
El juez, titular del juzgado federal Nº 1, entiende que si el imputado es excarcelado existe el peligro latente de intente algún tipo de maniobra tendiente a evitar el procesamiento de los delitos que se le imputan.
En cuanto a la "expectativa de pena", Castellanos entiende que en el caso de que Cincotta sea culpable de los delitos que se le imputan (crímenes de lesa humanidad), la pena que le corresponde no permite la excarcelación. El Código Penal sólo permite la excarcelación por delitos leves, aquellos que no superan los ocho años de condena.
El abogado Cincotta, de 60 años, fue detenido a medidos de septiembre para ser indagado por su presunta participación en la Noche de las Corbatas ocurrida en julio de 1977 cuando un grupo de tareas secuestró, torturó y desapareció a un grupo de abogados laboralistas entre los cuales se encontraban Hugo Alaís, Jorge Candeloro y Norberto Centeno. En aquella oportunidad Cincotta, quien perteneció a la agrupación de ultraderecha CNU, se negó a declarar. Una semana después, Castellanos le dictó la prisión preventiva bajo los cargos de participe necesario de "privación ilegítima de la libertad agravada" por haber sido cometida por funcionarios públicos, y por la imposición de "tormentos agravados" por tratarse de "perseguidos políticos".
La causa conocida como La Cueva, en la que se investiga la suerte de al menos 52 personas que pasaron por ese centro clandestino tiene hasta el momento a nueve militares procesados bajo arresto domiciliario, a dos civiles encarcelados y un tercero prófugo.
(Fuente:rdendh).
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