El secretario de Derechos Humanos anunció que se solicitará al Consejo de la Magistratura que actúe contra los miembros de la Sala II de la Cámara de Casación y del Tribunal 5 de la Capital. También se presentará un "recurso extraordinario" ante el alto tribunal "para que se aboque en forma directa para evitar un escándalo jurídico".
La Secretaría de Derechos Humanos solicitará el inicio de un juicio político a los magistrados que dictaron la libertad de 17 represores que actuaron en la ESMA y planteará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Así lo informó este viernes el titular de la secretaría, Eduardo Luis Duhalde, quien argumentó que la decisión apunta a "evitar un escándalo jurídico" por la decisión de los jueces subrogantes de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci y Luis María García. No obstante, esta tarde los camaristas recibieron un recurso extraordinario interpuesto por el fiscal Raul Plee y suspendieron la orden dictada este jueves hasta decidir si aceptan o no el planteo del mencionado fiscal. Yacobucci y García dictaron este jueves la libertad para 17 ex marinos procesados, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta, en una causa en la que el juez federal Sergio Torres investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA y en la que la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante. "Los magistrados no fueron conmovidos por el hecho de que esos 17 individuos están imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados y detención y desapariciones masivas llevadas adelante por el grupo de tareas de la ESMA", declaró Duhalde en conferencia de prensa. Para el funcionario, el accionar de los marinos en la Escuela de Mecánica de la Armada "fue una verdadera máquina de masacrar hombres y mujeres y de apropiarse de los niños nacidos en cautiverio". En este contexto, Duhalde anunció que interpondrá ante la Suprema Corte un recurso extraordinario contra la resolución, y solicitará al alto tribunal "que se avoque en forma directa para evitar el escándalo jurídico" en el país y en el plano internacional. Con su decisión, la sala II no prorrogó la prisión preventiva que se venía ratificando en los últimos años pese al vencimiento de los plazos legales, lo que justamente fue tomado como argumento por los jueces subrogantes. Sin embargo, la Procuración General de la Nación recordó este jueves que las excarcelaciones no corresponden cuando hay más de un procesamiento, como ocurre con muchos de los detenidos. También, la Secretaría de Derechos Humanos pedirá al Consejo de la Magistratura el jury de enjuiciamiento a los miembros del Tribunal Oral 5 de la Capital Federal, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías "por mal desempeño de sus funciones". Duhalde responsabilizó a ese tribunal por el "retardo de justicia" que llevó a que todavía no se hayan realizado los juicios de los imputados, y, como ejemplo, mencionó que uno de los tramos de la causa ESMA se elevó a proceso oral en noviembre del 2007, pero no se fijó fecha de audiencia. De la conferencia de prensa, participaron Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos; la coordinadora del área jurídica de la secretaría, Magdalena Funes; los subsecretarios Martín Gras y Luis Alen; y la directora de asuntos jurídicos Andrea Galde. Los anuncios de Duhalde fueron interrumpidos en varias oportunidades con aplausos y cánticos a favor de dar cárcel a los jueces que, según el secretario, "no puede ignorarse que fueron complacientes" con la dictadura, y aún "hoy no se despojaron de esa visión". En la rueda de prensa, Duhalde evitó polemizar sobre los argumentos de algunos miembros del Poder Judicial, entre ellos el ministro de la Corte, Carlos Fayt, en cuanto a que el Parlamento estaría demorando los instrumentos necesarios para acelerar los juicios. "No me cabe la menor duda de que hay elementos que conspiran; son jueces que fueron nombrados por la dictadura por compartir su ideología", expresó Duhalde. Con todo, advirtió que la cuestión puntual en el caso de los marinos represores es que "no se aplicaron las leyes vigentes, ni la jurisprudencia de la Corte". Duhalde extendió además el pedido de jury de enjuiciamiento sobre la Cámara Federal de Mendoza, "que dispuso en el último tiempo la liberación de la totalidad de los procesados por crímenes de lesa humanidad".
La Secretaría de Derechos Humanos solicitará el inicio de un juicio político a los magistrados que dictaron la libertad de 17 represores que actuaron en la ESMA y planteará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Así lo informó este viernes el titular de la secretaría, Eduardo Luis Duhalde, quien argumentó que la decisión apunta a "evitar un escándalo jurídico" por la decisión de los jueces subrogantes de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci y Luis María García. No obstante, esta tarde los camaristas recibieron un recurso extraordinario interpuesto por el fiscal Raul Plee y suspendieron la orden dictada este jueves hasta decidir si aceptan o no el planteo del mencionado fiscal. Yacobucci y García dictaron este jueves la libertad para 17 ex marinos procesados, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta, en una causa en la que el juez federal Sergio Torres investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA y en la que la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante. "Los magistrados no fueron conmovidos por el hecho de que esos 17 individuos están imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados y detención y desapariciones masivas llevadas adelante por el grupo de tareas de la ESMA", declaró Duhalde en conferencia de prensa. Para el funcionario, el accionar de los marinos en la Escuela de Mecánica de la Armada "fue una verdadera máquina de masacrar hombres y mujeres y de apropiarse de los niños nacidos en cautiverio". En este contexto, Duhalde anunció que interpondrá ante la Suprema Corte un recurso extraordinario contra la resolución, y solicitará al alto tribunal "que se avoque en forma directa para evitar el escándalo jurídico" en el país y en el plano internacional. Con su decisión, la sala II no prorrogó la prisión preventiva que se venía ratificando en los últimos años pese al vencimiento de los plazos legales, lo que justamente fue tomado como argumento por los jueces subrogantes. Sin embargo, la Procuración General de la Nación recordó este jueves que las excarcelaciones no corresponden cuando hay más de un procesamiento, como ocurre con muchos de los detenidos. También, la Secretaría de Derechos Humanos pedirá al Consejo de la Magistratura el jury de enjuiciamiento a los miembros del Tribunal Oral 5 de la Capital Federal, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías "por mal desempeño de sus funciones". Duhalde responsabilizó a ese tribunal por el "retardo de justicia" que llevó a que todavía no se hayan realizado los juicios de los imputados, y, como ejemplo, mencionó que uno de los tramos de la causa ESMA se elevó a proceso oral en noviembre del 2007, pero no se fijó fecha de audiencia. De la conferencia de prensa, participaron Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos; la coordinadora del área jurídica de la secretaría, Magdalena Funes; los subsecretarios Martín Gras y Luis Alen; y la directora de asuntos jurídicos Andrea Galde. Los anuncios de Duhalde fueron interrumpidos en varias oportunidades con aplausos y cánticos a favor de dar cárcel a los jueces que, según el secretario, "no puede ignorarse que fueron complacientes" con la dictadura, y aún "hoy no se despojaron de esa visión". En la rueda de prensa, Duhalde evitó polemizar sobre los argumentos de algunos miembros del Poder Judicial, entre ellos el ministro de la Corte, Carlos Fayt, en cuanto a que el Parlamento estaría demorando los instrumentos necesarios para acelerar los juicios. "No me cabe la menor duda de que hay elementos que conspiran; son jueces que fueron nombrados por la dictadura por compartir su ideología", expresó Duhalde. Con todo, advirtió que la cuestión puntual en el caso de los marinos represores es que "no se aplicaron las leyes vigentes, ni la jurisprudencia de la Corte". Duhalde extendió además el pedido de jury de enjuiciamiento sobre la Cámara Federal de Mendoza, "que dispuso en el último tiempo la liberación de la totalidad de los procesados por crímenes de lesa humanidad".
Aníbal Fernández: "Es una de las peores actitudes conservadoras del Poder Judicial"
De esta forma, el ministro de Justicia, se refirió a la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal de conceder la libertad a Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta, entre otros acusados de crímenes de la dictadura. Los jueces "no están trabajando para un vulnerable o un desplazado, sino para los peores represores", afirmó.
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, aseguró este viernes que las órdenes de excarcelación dictadas por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal que beneficia a represores de la dictadura militar es "de las peores actitudes conservadoras" que puede tener el Poder Judicial."No estamos ante la presencia de una actitud garantista, estamos ante la presencia de una de las peores actitudes conservadoras que puede tener el Poder Judicial", dijo el ministro Aníbal Fernández en declaraciones formuladas este viernes a C5N.Dejó claro que en este caso los jueces "no están trabajando para un vulnerable o un desplazado, sino para los peores represores, permitiendo que sus juicios chicles culminaran con este beneficio de las excarcelación por vencimiento de los plazos judiciales".Adelantó que tanto la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Luis Duhalde, como el Ministerio Público, cuyo titular es el procurador nacional Esteban Righi, intentarán conseguir con los "propios recursos" que los represores "sigan detenidos y no tengan el beneficio de la libertad que ofrece la Justicia argentina".Según dijo el funcionario, lo que se ha hecho con estos juicios es que sean como "chicles", a través de "chicanas, recusaciones o planteos de nulidades infundadas", para que venzan los plazos procesales y se pueda utilizar la resolución que se usó en este caso.El ministro Fernández hizo referencia a la tarea realizada durante el 2008 por el Congreso nacional, dejando claro que el Poder Legislativo "ha trabajado mucho y muy bien", al sancionar "cinco leyes para acelerar juicios"."La culpa no está en el Congreso sino en los responsables de la Justicia, que "permitieron todas las chicanas que impidieron que se llegara a un juicio oral lo antes posible, que hubiera demostrado sin lugar a dudas el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad" realizado por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar.A su juicio, "ha habido jueces que no están a la altura de las circunstancias, o lo que es peor, se percibe la existencia de una discusión que tiene mucho más que ver con lo ideológico".Dejó claro que aunque se les haya dictado la excarcelación, los represores Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta "tienen autos de prisión preventiva por otras causas" que impiden hacerla efectiva.
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, aseguró este viernes que las órdenes de excarcelación dictadas por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal que beneficia a represores de la dictadura militar es "de las peores actitudes conservadoras" que puede tener el Poder Judicial."No estamos ante la presencia de una actitud garantista, estamos ante la presencia de una de las peores actitudes conservadoras que puede tener el Poder Judicial", dijo el ministro Aníbal Fernández en declaraciones formuladas este viernes a C5N.Dejó claro que en este caso los jueces "no están trabajando para un vulnerable o un desplazado, sino para los peores represores, permitiendo que sus juicios chicles culminaran con este beneficio de las excarcelación por vencimiento de los plazos judiciales".Adelantó que tanto la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Luis Duhalde, como el Ministerio Público, cuyo titular es el procurador nacional Esteban Righi, intentarán conseguir con los "propios recursos" que los represores "sigan detenidos y no tengan el beneficio de la libertad que ofrece la Justicia argentina".Según dijo el funcionario, lo que se ha hecho con estos juicios es que sean como "chicles", a través de "chicanas, recusaciones o planteos de nulidades infundadas", para que venzan los plazos procesales y se pueda utilizar la resolución que se usó en este caso.El ministro Fernández hizo referencia a la tarea realizada durante el 2008 por el Congreso nacional, dejando claro que el Poder Legislativo "ha trabajado mucho y muy bien", al sancionar "cinco leyes para acelerar juicios"."La culpa no está en el Congreso sino en los responsables de la Justicia, que "permitieron todas las chicanas que impidieron que se llegara a un juicio oral lo antes posible, que hubiera demostrado sin lugar a dudas el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad" realizado por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar.A su juicio, "ha habido jueces que no están a la altura de las circunstancias, o lo que es peor, se percibe la existencia de una discusión que tiene mucho más que ver con lo ideológico".Dejó claro que aunque se les haya dictado la excarcelación, los represores Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta "tienen autos de prisión preventiva por otras causas" que impiden hacerla efectiva.
Dagmar Hagelin.Para el padre de una desaparecida, son "cachetazos en las dos mejillas de los argentinos"
Ragmar Hagelin, padre de Dagmar, la joven sueca secuestrada en enero de 1977 en la localidad de Palomar, consideró que la liberación de Alfredo Astiz y otros represores es producto de que "haya distraídos que no terminaron de depurar el cuerpo jurídico de la dictadura".
Ragmar Hagelin, padre de Dagmar, la joven sueca secuestrada en enero de 1977 en la localidad de Palomar, consideró este viernes que la liberación de Alfredo Astiz y otros represores es producto de que "haya distraídos que no terminaron de depurar el cuerpo jurídico de la dictadura"."Son dos cachetazos en las dos mejillas del pueblo argentino", aseveró desde Suecia Ragmar Hagelin, quien planteó que las liberaciones resueltas ayer por la Cámara de Casación Penal, que beneficiaron a represores de la última dictadura, son "las incongruencias que todavía muestra Argentina al mundo"."Lo que a mí me llama la atención es por qué estos jueces que recurren a ciertos resquicios jurídicos para liberar a criminales de lesa humanidad, no usaban estos resquicios de la Justicia en los años de la dictadura para proteger a los secuestrados, torturados y desaparecidos", afirmó.En declaraciones formuladas este viernes a la mañana a radio Continental, el padre de la joven sueca secuestrada en la provincia de Buenos Aires el 27 de enero de 1977 dijo esperar que "los mecanismos del país impidan la libertad de estos genocidas".De este modo, hizo referencia a la decisión adoptada este jueves por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que concedió la libertad a los ex capitanes de navío Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta y a otra decena de marinos procesados en la causa por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.El fundamento de la Sala II de la Cámara de Casación se vincula con los plazos establecidos por la ley 24.390, que fija un término máximo de dos años (prorrogable por uno más) para las prisiones preventivas."Distintas razones han impedido hasta ahora depurar como corresponde el sistema judicial de jueces de la dictadura y, además, no proveerles a los jueces decentes los medios necesarios para que avancen decididamente en el objetivo de hacer justicia", opinó Ragmar Hagelin.En este marco, entendió que la decisión tomada este jueves por la Cámara de Casación "es el resultado de que haya distraídos que no terminaron de depurar el cuerpo jurídico de Argentina de la dictadura".De todos modos, consignó que previo a esta "desgraciada" noticia, este jueves por la mañana había recibido "la hermosa noticia de que la Corte Suprema rechazó el último recurso en queja de Astiz" y que, por ende, "queda definitivamente abierto" el caso de la desaparición de su hija "para ir a juicio" oral.
Ragmar Hagelin, padre de Dagmar, la joven sueca secuestrada en enero de 1977 en la localidad de Palomar, consideró este viernes que la liberación de Alfredo Astiz y otros represores es producto de que "haya distraídos que no terminaron de depurar el cuerpo jurídico de la dictadura"."Son dos cachetazos en las dos mejillas del pueblo argentino", aseveró desde Suecia Ragmar Hagelin, quien planteó que las liberaciones resueltas ayer por la Cámara de Casación Penal, que beneficiaron a represores de la última dictadura, son "las incongruencias que todavía muestra Argentina al mundo"."Lo que a mí me llama la atención es por qué estos jueces que recurren a ciertos resquicios jurídicos para liberar a criminales de lesa humanidad, no usaban estos resquicios de la Justicia en los años de la dictadura para proteger a los secuestrados, torturados y desaparecidos", afirmó.En declaraciones formuladas este viernes a la mañana a radio Continental, el padre de la joven sueca secuestrada en la provincia de Buenos Aires el 27 de enero de 1977 dijo esperar que "los mecanismos del país impidan la libertad de estos genocidas".De este modo, hizo referencia a la decisión adoptada este jueves por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que concedió la libertad a los ex capitanes de navío Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta y a otra decena de marinos procesados en la causa por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.El fundamento de la Sala II de la Cámara de Casación se vincula con los plazos establecidos por la ley 24.390, que fija un término máximo de dos años (prorrogable por uno más) para las prisiones preventivas."Distintas razones han impedido hasta ahora depurar como corresponde el sistema judicial de jueces de la dictadura y, además, no proveerles a los jueces decentes los medios necesarios para que avancen decididamente en el objetivo de hacer justicia", opinó Ragmar Hagelin.En este marco, entendió que la decisión tomada este jueves por la Cámara de Casación "es el resultado de que haya distraídos que no terminaron de depurar el cuerpo jurídico de Argentina de la dictadura".De todos modos, consignó que previo a esta "desgraciada" noticia, este jueves por la mañana había recibido "la hermosa noticia de que la Corte Suprema rechazó el último recurso en queja de Astiz" y que, por ende, "queda definitivamente abierto" el caso de la desaparición de su hija "para ir a juicio" oral.
(Fuente:Telam).
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