EL JUEZ TORRES PIDIO LA DETENCION DE HUGO SIFFREDI Y OTROS MARINOS.

Juez Federal Sergio Torres.

Hugo Héctor Siffredi fue hasta ayer un tapado feliz. Luego de cuatro décadas de carrera militar, que culminó hace apenas cinco años e incluyó destinos reconfortantes para un hombre inquieto por el espionaje de entrecasa, como la jefatura del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), el juez federal Sergio Torres pidió ayer su captura a la Policía Federal para indagarlo por su rol en delitos de lesa humanidad hace treinta años, cuando asistía en el SIN al fallecido capitán de navío Eduardo Invierno.

Mientras nuevos fragmentos de la megacausa ESMA se acumulan en el Tribunal Oral Federal 5, que aún no fijó fecha para el comienzo del primer juicio oral y público a oficiales de la Armada, Torres ordenó otra docena de detenciones. La lista incluye al capitán de fragata retirado Juan Arturo Alomar, un tripulante de helicópteros que en las postrimerías del menemismo ingresó a Aeropuertos Argentina 2000, empresa para la que aún trabaja como administrador en la delegación Río Grande, en Tierra del Fuego.

Siffredi nació en Bahía Blanca en 1947. Sus inquietudes por escudriñar en organizaciones políticas comenzaron en marzo de 1976, antes del golpe de Estado, cuando un explosivo detonó en la casa de su padre homónimo, un capitán de navío retirado que luego se reincorporó a la fuerza. En 1977 hizo su primer curso en la Escuela de Inteligencia Naval y durante el resto de la dictadura sólo vio barcos por fotos. En 1978 mostró sus dotes en el oficio de agente como subordinado del célebre Invierno y del segundo jefe del SIN, capitán de fragata Domingo Francisco Ladaga, y un año después bajo el mando del contraalmirante Jorge Demetrio Casas y del capitán de navío Eduardo Girling. El SIN tuvo su centro clandestino propio en una casa pegada a la Panamericana, aunque también tuvo a sus víctimas secuestradas en la Capuchita de la ESMA. Denunciado hace menos de un año como enlace con la ESMA, Siffredi hizo carrera sin obstáculos, llegó a ser jefe de la estratégica base naval de Puerto Belgrano y se retiró a principios de 2004. No sería un hombre querido por sus subordinados.

El resto de los marinos que Torres ordenó detener al regresar de su periplo europeo tuvieron carreras más modestas. Según el dictamen del fiscal Eduardo Taiano que solicitó en 2005 sus detenciones, el capitán de navío Luciano Becerra fue jefe del departamento general de la ESMA entre 1979 y 1980, en tanto el capitán de navío contador Guillermo Horacio Pazos actuó como jefe de logística del Grupo de Tareas 3.3.2 entre 1979 y 1981. El capitán Juan Alomar prestó servicios en la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, que según contó el cabo Raúl Vilariño en 1984 era una cobertura para sus reales actividades en el G.T. 3.2.2. En la ESMA habría actuado con el alias “Ariel”, como teniente de navío, entre 1979 y 1980. Antes de ingresar a AA 2000, Alomar integró cargos directivos en las sociedades anónimas Ranger 4 y Helicópteros Marinos.

La lista de Torres incluye a represores denunciados en octubre por Justicia Ya!, como Francisco Armando Di Paola, alias Chino, y Rodolfo Oscar Cionchi, alias Gordo Tomás, acusado de torturar al sobreviviente Enrique Fuckman y de asesinar a Daniel Echeverría. El juez ordenó también las detenciones de Randolfo Scacchi y de los suboficiales retirados Omar Eyzaguirre, alias Ratón, Héctor Francisco Polchi (Cholo o Román), Antonio Rosario Pereyra (Leonardo, sosías Elías Sisro), Orlando González (Hormiga o Miguel) y Daniel Humberto Baucero (Narigón o Garbossa). Fuentes judiciales informaron que varias de las detenciones se concretaron anoche, aunque no trascendieron las identidades.
(Fuente:Pagina12-Diego Martínez).

Juicio político a los jueces
Los jueces de la Cámara Federal de Mendoza que excarcelaron a represores procesados por delitos de lesa humanidad fueron denunciados por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos regional Mendoza y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos pidieron el juicio político a Alfredo Juan Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra Fernández, por considerar que sus decisiones incumplen obligaciones internacionales suscriptas por el Estado, “ponen en peligro la seguridad de testigos, querellantes y abogados” y “sólo tienden a garantizar la impunidad”. Frente al argumento de que los represores no van a fugarse ni eludir la Justicia, los organismos recordaron que su conducta “ha sido por más de 30 años precisamente la de eludir el accionar de la Justicia” y que “el pacto de silencio que mantienen importa la comisión permanente y continuada del delito de desaparición forzada de personas”. Para completar el panorama en Mendoza, el juez federal Walter Bento autorizó a tomarse quince días de vacaciones al torturador Eduardo Smaha Borzuk, procesado por el asesinato del escritor Paco Urondo y liberado por la Cámara Federal.
(Fuente:Pagina12).