LA CORTE CULPO AL GOBIERNO Y A LA LEGISLATURA.

El que avisa no es traidor. Parte de la Corte Suprema junto al ministro de Justicia Aníbal Fernández a quien enviaron alertas urgentes sobre la saturación de los tribunales y sus posibles consecuencias.
La Corte Suprema de Justicia apuntó ayer al Gobierno, al Congreso y al Consejo de la Magistratura por la falta de condiciones necesarias para que en la Argentina se complete el proceso de sanción de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

El Máximo Tribunal intervino en la polémica por las demoras en las causas de derechos humanos creando un organismo para monitorear los procesos.

Esta decisión llegó once días después de que la presidenta Cristina Kirchner reprochara al Poder Judicial la responsabilidad sobre este conflicto generado por un fallo de Casación que autorizó la libertad –que finalmente no obtuvieron– de represores como Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta.

A pesar de que en el comienzo del escrito los jueces consignan la voluntad explícita de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal para agilizar las causas, luego destacaron que "esa determinación no está exenta de considerables inconvenientes prácticos", y pasaron a detallar los temas pendientes de resolución que la Corte le hizo notar durante todo el año al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y al Consejo de la Magistratura.

En rigor, los cuestionamientos podrían aplicarse a todo el sistema judicial, no sólo a los procesos por delitos de lesa humanidad.

En la acordada, los magistrados resuelven crear una unidad de Superintendencia para los delitos de lesa humanidad, que hará un seguimiento detallado de cada causa, y piden a los jueces que trabajen en conjunto con los fiscales.

A la hora de otorgar responsabilidades, la Corte escribió que un factor de demora permanente está en el código procesal penal, al que consideran obsoleto. La reforma del código era una tarea que Cristina Kirchner impulsó y luego frenó cuando todavía era senadora de la Nación. "El proceso penal mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias que afecta el juzgamiento de todos los delitos", dice el texto.El 19 de diciembre pasado, la Cámara de Casación firmó un fallo que aseguraba el escándalo.

La Sala II, con la firma de Guillermo Yacobucci y Luis García, ordenó la liberación de represores acusados de delitos de lesa humanidad en la causa ESMA. El tribunal consideró que el tiempo que los marinos llevaban presos sin condena superó el plazo establecido por la ley, y decidieron no prorrogar su detención. Ese mismo día, la Presidenta tenía agendado un acto en la Escuela de Mécanica de la Armada. Indignada, dijo que ése era "un día de vergüenza para la Argentina y la humanidad y también para nuestro sistema judicial".

La respuesta de la Corte llegó primero en boca de su más antiguo representante, Carlos Fayt: "No es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados".

La semana pasada, el ex presidente Eduardo Duhalde también apuntó en la misma dirección durante una entrevista con este diario: "Estamos frente a la administración más incompetente que yo haya visto. Ni siquiera lo hacen bien con el tema de los crímenes de lesa humanidad, un tema que el Gobierno impulsó. Hace años alerté respecto de que no se iba a terminar con los juicios si no se modificaban las normas procesales. Y no se cambiaron porque fue gente de otro partido la que presentó un proyecto de ley".

Ayer, el Máximo Tribunal fijó su postura. Entre las críticas, también señaló que el 15 de julio pasado le envió una carta al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para pedirle la creación de dos tribunales orales federales en Capital por la congestión de causas que abruman a los seis que ya están en funcionamiento. Uno de ellos es el TOF Nº 5, que sólo se dedica a los juicios de la megacausa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército, dos expedientes de una magnitud tal que tendrán años por delante hasta dictar sentencia. La carta llegó al despacho del ministro pero ayer, en el cuarto piso de Talcahuano, se encargaron de informar que nunca recibieron respuesta.En todos los señalamientos de la Corte subsiste la idea de que los problemas no están sólo en las causas por delitos de lesa humanidad sino en todo el sistema.

Así, cuando apuntan al Consejo de la Magistratura dicen que las demoras se deben a las vacantes sin cubrir en los juzgados, al retraso en el plan de digitalización de los expedientes y a la falta de infraestructura: "Para el caso en que se concreten los juicios orales, no hay salas de audiencias que ofrezcan condiciones de seguridad", escribieron los cortesanos en la última acordada del año.Sólo doce condenas en 2008 Para llegar a la acordada de ayer, la Corte Suprema se basó en un informe judicial que relevó las causas de derechos humanos que están elevadas juicio o que tuvieron sentencia en el último año.

El resultado fueron 12 condenas y 21 expedientes esperando fecha de juicio en los tribunales orales. En ese documento consignan que en la Argentina se está llevando adelante "la mayor investigación del mundo entero sobre delitos de lesa humanidad" y en el apartado "evaluacion" está descrito el diagnóstico judicial en el que se basó el Máximo Tribunal para firmar la acordada de ayer con el objetivo de impulsar las causas. Allí deslinda la responsabilidad de los jueces: "Se abrió una investigación a través del poder judicial exclusivamente (...) sin la creación de tribunales con competencia específica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas". En ese camino, el informe detalla uno a uno los problemas procesales de algunas causas específicas y recuerda que la continuidad de los "juicios por la verdad" –que comenzaron antes de la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida–, deberían terminar para poder avanzar con las causas de fondo.

Al final, el documento apunta directamente a problemas de infraestructura, todos ellos, responsabilidad del Consejo de la Magistratura.Las advertencias de la Unidad Fiscal La mayoría de los problemas sobre los que alerta la acordada de la Corte Suprema fueron señalados en agosto de 2007 por un informe que la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos presentó ante el máximo tribunal.En base a este panorama de situación, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó en marzo pasado a todos los fiscales del país a promover la elevación a juicio oral de los expedientes en los que el auto de procesamiento hubiera quedado firme, aunque existieran recursos pendientes en la Cámara Nacional de Casación Penal o la Corte.

El texto también recomendaba reunir la mayor cantidad de procesados, hechos y víctimas para "favorecer la comprensión integral del fenómeno y del análisis de la prueba; preservar a los testigos de la obligación de prestar reiteradas declaraciones sobre los mismos acontecimientos y evitar los entorpecimientos del ejercicio de defensa que generan los fraccionamientos excesivos".En el informe de la Unidad Fiscal que encabeza Jorge Auat se destinaba un párrafo aparte para advertir algo tan grave como evidente: que cada elevación derivada de las enormes y complejas causas radicadas en la jurisdicción Capital Federal –megacausas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, principalmente– recaerían en el Tribunal Oral Federal 5. Un año y medio después, el TOF que preside el juez Guillermo Gordo tiene a la espera ocho causas que se llevarían a juicio recién entre 2010 y 2011.

"De no modificarse el criterio de distribución de causas entre los tribunales orales federales, los juicios quedarán estancados a la espera de que se fije fecha, momento que, en las actuales circunstancias, es incierto. (...) Es por ello que el tema merece una especial atención y la previsión de posibles medidas para evitar demoras más allá de lo razonable", alertaba la Unidad Fiscal a los jueces de la Corte.

(Fuente:Rdendh).