11 de diciembre de 2008

SALTA-ESCRACHE A LA JUSTICIA FEDERAL.

Escrache de organizaciones en los tribunales federales de Salta
Integrantes de organizaciones de derechos humanos realizaron ayer un escrache en los tribunales federales de Salta. Con carteles que pedían "cárcel común a los genocidas" y reclamaban "basta de impunidad", un grupo de manifestantes se concentró en el ingreso a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Cristina Cobos.

La manifestación había sido decidida aprovechando que el represor Joaquín Guil iba a ser indagado en otras causa por violaciones cometidas durante la pasada dictadura militar.
"En día de los derechos humanos se quería hacer un escrache a Guil como un símbolo de la represión, y a la Cámara Federal de Apelaciones", informó Cristina Cobos, familiar de víctimas de la represión estatal y querellante.
"Los últimos fallos (de la Cámara Federal de Apelaciones) implican un retroceso en la Justicia. (Las causas por violaciones a los derechos humanos) se están juzgando como delitos comunes y no como delitos de lesa humanidad", explicó Nora Leonard, querellante en la causa por la Masacre en Palomitas.El 25 de noviembre la Cámara de Apelaciones tomó dos decisiones polémicas.
Por un lado, impidió que la organización de derechos humanos Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia siga como querellante en una causa por la detención y desaparición del militante peronista Raúl Benjamín Osores.
Por otra parte, el mismo tribunal, integrado por los jueces Roberto Loutaif Ranea, Jorge Luis Villada y Horacio Aguilar, dictó la falta de mérito a favor de quien en 1976, cuando Osores estuvo detenido y luego fue desaparecido, fuera comandante del Escuadrón 20 "Orán" de Gendarmería Nacional, Diego Alejandro Varas; del ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil, y del oficial Abel Vicente Murúa.
En cambos casos, los militantes de organismos de derechos humanos señalan que la Cámara fue contradictoria.
En el caso de la querella de Encuentro, el tribunal consideró que no correspondía su participación porque no se está frente a un delito que afecte a intereses difusos, aunque reconoció que se trata de un delito de lesa humanidad.
En el caso de Varas, la Cámara consideró que cumplía órdenes superiores cuando mantuvo detenido a Osores.
(Fuente:Rdendh).

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