Familiares, preocupados por la marcha de las causas de DDHH
Familiares de víctimas de la represión estatal durante la última dictadura se entrevistaron anteayer con los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones, Roberto Loutaif Ranea, Jorge Luis Villada y Horacio Aguilar, para expresarles sus "gran preocupación" ante las demoras en el trámite de las causas por violaciones a los derechos humanos y, en particular, ante resoluciones tomadas por este tribunal.
Horacio Aguilar
El 25 de noviembre la Cámara dictó la falta de mérito a favor de quien fuera comandante del Escuadrón 20, Orán, Diego Varas; de quien fuera jefe de la Policía en Salta, Miguel Gentil, y del ex inspector de policía Abel Vicente Murúa, en relación a la detención y desaparición de Raúl Benjamín Osores.
La Cámara también resolvió no admitir que la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia participe como querellante en este proceso. Anteayer los familiares, integrantes de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet entregaron una nota, firmada por Cristina Cobos y Nora Leonard, a la Cámara y luego se reunieron con los jueces, acompañados por la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur). Allí señalaron que estas decisiones convierten "en víctimas a los victimarios y coarta los derechos que nos asignan las convenciones internacionales, ratificadas por leyes argentinas, y la resolución aprobada por la Asamblea General" de las Naciones sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
"En todo el proceso se nos está cargando a los familiares con una obligación que no es tal, como lo es la de investigar y aportar pruebas. Esto sin lugar a dudas es responsabilidad del Estado a través de sus órganos de justicia", afirmaron.Solicitaron "celeridad en la tramitación de las causas realizando la debida investigación para su elevación a juicio; celeridad y justicia en los juicios en proceso", dado que "el retardo solo beneficia a los genocidas que en algunos casos mueren sin condena"; que se cumpla la resolución por la que la Procuración General de la Nación, acerca de la función del Ministerio Público de impulsar el trámite de estas causas, y los tratados internacionales; que la Cámara "ejerza su función de supervisión en todas las causas" y que se suspendan los "arrestos privilegiados" a los imputados por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, los familiares responsabilizaron al Estado por su integridad física "que se ve amenazada en caso de liberación de los genocidas procesados". Al término de la reunión, Cobos contó que los camaristas afirmaron que su única intención es aplicar justicia, hacer lo mejor que puedan y terminar con estos juicios lo más pronto posible. "Está bien que quieran terminar pero que el resultado no sea dejarlos en libertad", retrucaron los familiares.
(Fuente:Rdendh).
Familiares de víctimas de la represión estatal durante la última dictadura se entrevistaron anteayer con los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones, Roberto Loutaif Ranea, Jorge Luis Villada y Horacio Aguilar, para expresarles sus "gran preocupación" ante las demoras en el trámite de las causas por violaciones a los derechos humanos y, en particular, ante resoluciones tomadas por este tribunal.
Horacio AguilarEl 25 de noviembre la Cámara dictó la falta de mérito a favor de quien fuera comandante del Escuadrón 20, Orán, Diego Varas; de quien fuera jefe de la Policía en Salta, Miguel Gentil, y del ex inspector de policía Abel Vicente Murúa, en relación a la detención y desaparición de Raúl Benjamín Osores.
La Cámara también resolvió no admitir que la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia participe como querellante en este proceso. Anteayer los familiares, integrantes de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet entregaron una nota, firmada por Cristina Cobos y Nora Leonard, a la Cámara y luego se reunieron con los jueces, acompañados por la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur). Allí señalaron que estas decisiones convierten "en víctimas a los victimarios y coarta los derechos que nos asignan las convenciones internacionales, ratificadas por leyes argentinas, y la resolución aprobada por la Asamblea General" de las Naciones sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
"En todo el proceso se nos está cargando a los familiares con una obligación que no es tal, como lo es la de investigar y aportar pruebas. Esto sin lugar a dudas es responsabilidad del Estado a través de sus órganos de justicia", afirmaron.Solicitaron "celeridad en la tramitación de las causas realizando la debida investigación para su elevación a juicio; celeridad y justicia en los juicios en proceso", dado que "el retardo solo beneficia a los genocidas que en algunos casos mueren sin condena"; que se cumpla la resolución por la que la Procuración General de la Nación, acerca de la función del Ministerio Público de impulsar el trámite de estas causas, y los tratados internacionales; que la Cámara "ejerza su función de supervisión en todas las causas" y que se suspendan los "arrestos privilegiados" a los imputados por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, los familiares responsabilizaron al Estado por su integridad física "que se ve amenazada en caso de liberación de los genocidas procesados". Al término de la reunión, Cobos contó que los camaristas afirmaron que su única intención es aplicar justicia, hacer lo mejor que puedan y terminar con estos juicios lo más pronto posible. "Está bien que quieran terminar pero que el resultado no sea dejarlos en libertad", retrucaron los familiares.
(Fuente:Rdendh).
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