Busca saber cuántas causas tramitan en los tribunales orales en lo Criminal Federal de todo el país, qué porcentaje corresponde a violaciones a derechos humanos y si tienen o no detenidos. Tomará medidas para acelerar el trámite de los juicios pendientes
La Cámara Nacional de Casación Penal hizo saber mediante un comunicado que en su último acuerdo semanal resolvió requerir a todos los tribunales orales en lo Criminal Federal del país que le informen cuántas causas tienen en trámite, qué porcentaje de esas causas corresponde a violaciones a los derechos humanos y si tienen o no detenidos.
De esta manera, el tribunal que entiende como última instancia ordinaria del fuero federal apunta a contar con un cuadro de situación pormenorizado respecto del mapa de causas judiciales que tramitan en el fuero criminal en todo el país, a fin de acelerar el trámite de aquellos expedientes donde se investigan violaciones a los derechos humanos.
El siguiente es el texto completo del comunicado: "La Cámara Nacional de Casación Penal hace saber que con el propósito de tomar medidas para acelerar el trámite de las causas seguidas por violaciones a los derechos humanos, en el Acuerdo de Superintendencia celebrado el 3 de marzo del corriente, se resolvió requerir a todos los Tribunales Orales en lo Criminal Federal del país, la nómina de causas en trámite, especificando las que son de esa naturaleza, las restantes que tienen personas detenidas y las que no lo tienen".
Seguimiento por parte de la Corte
La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó en diciembre último una Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, para monitorear las causas que involucran violaciones a los derechos humanos.
Entre las funciones asignadas a la dependencia especial están la de requerir informes a los magistrados sobre la evolución de los procesos; exhortar a los jueces a acelerar las causas y al Consejo de la Magistratura a tomar medidas para dotar de recursos humanos y materiales a los tribunales que intervienen en estos casos y convocar a los otros poderes del Estado y a la Procuración General de la Nación a coordinar medidas para agilizar el trámite de los procesos.
(Fuente:Rdendh).
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