“No nos va a temblar el pulso para denunciar las maniobras dilatorias”
Por Alexis Oliva -Prensared
Por Alexis Oliva -Prensared
La Procuración General de la Nación acaba de designar a José Fabián Asís como fiscal especial para los casos de crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura en Córdoba, Catamarca y La Rioja. Fue el corolario de una semana agitada, en la que el Tribunal Oral Nº 1 le rechazó el planteo de recusación a uno de sus miembros, el vocal Carlos Otero Alvarez, fundado en las acusaciones de haber sido -desde su cargo de secretario penal del fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma- cómplice del terrorismo de Estado.
Comisionado por el jefe de los fiscales, Esteban Righi, para que “actúe en carácter de coadyuvante, interviniendo en forma conjunta o alternada en la totalidad de las causas en trámite por delitos de lesa humanidad”, Asís ratifica que insistirá con la remoción de Otero Alvarez y adelanta que se abocará a acelerar la elevación a juicio de las causas pendientes, en especial la de la UP1 -centrada en los asesinatos de una treintena de presos políticos en la cárcel de barrio San Martín-, un caso tan emblemático como incómodo, ya que puede poner al descubierto la complicidad del Poder Judicial con la represión dictatorial.
Comisionado por el jefe de los fiscales, Esteban Righi, para que “actúe en carácter de coadyuvante, interviniendo en forma conjunta o alternada en la totalidad de las causas en trámite por delitos de lesa humanidad”, Asís ratifica que insistirá con la remoción de Otero Alvarez y adelanta que se abocará a acelerar la elevación a juicio de las causas pendientes, en especial la de la UP1 -centrada en los asesinatos de una treintena de presos políticos en la cárcel de barrio San Martín-, un caso tan emblemático como incómodo, ya que puede poner al descubierto la complicidad del Poder Judicial con la represión dictatorial.
-¿En qué consiste este nombramiento?
-El Procurador General de la Nación acaba de designarme como fiscal para intervenir en todas las causas que se tramitan en la jurisdicción Córdoba por violaciones a los derechos humanos y en todas las instancias. Es decir, que puedo coadyuvar en la Fiscalía de Instrucción, con Graciela López; con Gustavo Vidal Lascano, que tiene la parte de los funcionarios, y también en la jurisdicción de La Rioja, porque es la jurisdicción que compete a la Cámara Federal.
-¿Qué se intenta con esto?
-La intención y la idea del Procurador es reforzar la intervención del Ministerio Público en distintas jurisdicciones donde ve que en la instrucción hay ciertos obstáculos, o son causas complejas que requieren mayor refuerzo humano y de fiscales para que coadyuven a elevar lo más rápido posible a juicio causas que actualmente -en su mayoría- transitan la etapa de instrucción.
-¿Cómo viene la agenda de los juicios por delitos de lesa humanidad, que este año aparece como bastante nutrida?
-En la agenda de este año para los juicios orales, está elevada al Tribunal Oral Nº 1 es la causa “Alvareda, Morales y Gómez”. En esta causa hemos ofrecido pruebas y hemos planteado la recusación del juez Carlos Otero Alvarez, porque consideramos que existen elementos suficientes que lo involucran. Concretamente, testigos de cargo contra los imputados lo sindican a Otero Alvarez como parte operativa del terrorismo de Estado. Razón por la cual entiendo que no puede estar como juez evaluando esos mismos hechos.
-¿En qué elementos probatorios se sostiene esta recusación?
-Lo primero es una presentación que hace el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba (Luis Miguel Baronetto), poniéndome en conocimiento de que el Consejo de la Magistratura de la Nación, o sea, el órgano encargado de fiscalizar la actuación de los jueces, le ha dado curso a una denuncia suya y una posterior ampliación, donde se pone en conocimiento cuál fue la conducta de Otero Alvarez durante la dictadura. Esa denuncia en el Consejo de la Magistratura no fue desestimada. Por el contrario, fue admitida, se le dio curso y se están diligenciando las pruebas. Entre ellas, la de un testigo calificado, como es el ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba, doctor Luis Angulo. Con ese solo hecho, que la conducta de un juez esté siendo investigada disciplinariamente por el Consejo de la Magistratura, a mí criterio es suficiente para que en este tipo de causa no intervenga. Pero no obstante ello no fuese suficiente, también existe una denuncia penal presentada por el hijo de una de las víctimas de la UP1 (cárcel de barrio San Martín) y abogado, Miguel Ceballos. Esa denuncia, si bien se encuentra en etapa de instrucción, ha sido desestimada por el fiscal. No obstante, el querellante acaba de recurrir esa desestimación de las actuaciones, por eso digo que sigue en plena etapa de investigación. Con lo cual hay que ver la suerte que corre ese proceso. Esto no es un indicio de culpabilidad en contra del vocal Otero Alvarez, pero sí es un llamativo para que la tranquilidad espiritual que debe gozar para poder juzgar no la tenga, razón por la cual también invoco que esa causal de estar denunciado e investigado penalmente en la actualidad impide que tenga la tranquilidad de espíritu para juzgar estos delitos. Y también el secretario de Derechos Humanos me acompaña una copia de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Aurelio López, donde llega a su conocimiento este caso paradigmático y expresa textualmente la Comisión que el Poder Judicial Federal de Córdoba es cómplice manifiesto de la dictadura militar. Y lo sindica directamente al Juzgado Federal Nº1, entonces a cargo de Adolfo Zamboni Ledesma, y a cargo Otero Alvarez como secretario penal. Pero aparte, evaluando la causa concreta -y aquí se marca una diferencia con lo que fue la causa Brandalisis- en esta causa los testigos que son valorados para mantener la acusación, con nombre y apellido sindican a Carlos Otero Alvarez como parte operativa del terrorismo de Estado. Concretamente, Octavio Cuello, un ex comisario de la Policía de la Provincia. Ese testigo va a tener que ser valorado por el Tribunal en el momento de dictar sentencia. Entonces, mal puede el juez valorar objetivamente a ese testigo si está denunciando al propio juez. Entonces, ya con esos elementos yo consideré que no hay punto de inflexión en la postura de que Otero Alvarez no puede estar en este juicio.
-Estas cuestiones también van a aparecer en un caso paradigmático que puede juzgarse este año, el de la UP1…
-Así es. Lo de la UP1 no puedo adelantar, porque todavía no lo he visto. Si bien conozco el caso, como fiscal todavía no estoy interviniendo, porque está en etapa de instrucción. Aunque ahora con esta designación del Procurador vamos a poner directamente manos a la obra en UP1 para ver de efectivamente elevarla a juicio, porque es la causa a la que se está poniendo muchos obstáculos y se está trabando permanentemente. Entonces, yo creo que la intención de la Procuración es reforzar al Ministerio Público y sobre todo para esta causa de la UP1, que es a la que más nos vamos a abocar.
-¿Se llegará, como se decía, al mes de julio en condiciones de juzgar UP1?
-Habría que decidir primero si hay posibilidad de separar la primera parte de UP1, que ya estaba absolutamente cerrada, de una posterior presentación de la parte querellante, que es la imputación como jefe supremo a (Jorge Rafael) Videla. Si se puede separar eso, que actualmente está en la Cámara Federal donde se está planteando la apelación al procesamiento de Videla, estaríamos en condiciones de elevarla lo más rápido posible a juicio. Si se puede separar a Videla del resto de los imputados, sería determinante para ver si se puede elevar a juicio y después avanzar con las fechas de audiencias. Pero vamos a hacer todo lo posible para que este año llegue a juicio esta causa.
-¿Esta causa se demora porque afecta a la corporación judicial y pone en evidencia el rol que tuvo en aquellos años?
-A eso habría que verlo oportunamente. A la causa yo no la conozco en su totalidad, porque todavía no he intervenido directamente en ella. Pero lo vamos a evaluar y vamos a ver cuáles fueron los obstáculos que se fueron presentando para que no se eleve a juicio. Pero que no tengan dudas de que si hay obstáculos que fueron intencionales para algún tipo de protección, no nos va a temblar el pulso para dictaminar lo que corresponda y denunciar en su caso cuáles fueron las maniobras dilatorias en esta causa.
-¿Qué otro caso podría ventilarse este año?
-Junto a estas tres causas donde está imputada gente perteneciente a la D2 (Dirección de Informaciones de la Policía de Córdoba), hay otra -Gontero- que acaba de bajar de la Cámara Federal, que en principio se podría estar elevando a juicio y eventualmente unificarla y acumularla a “Alvareda, Morales y Gómez”.
-Separar lo de Videla significaría que él no vendría a sentarse en el banquillo de los acusados en Córdoba?
-No. Significaría que se podría elevar la primera parte mientras se va tramitando la situación de Videla. Se podría después, una vez que se sepa la suerte que corre la situación procesal de Videla, acumularla posteriormente al resto de los imputados de la primera parte de la UP1. Y si se complica o demora demasiado y eso interrumpe la fecha de audiencia y que se lleve a juicio la primera parte, yo también sería de la idea de que se entre a juicio con la primera parte, dejándolo a Videla, y eventualmente en un segundo juicio hacer lo de Videla con algunas otras causas que se puedan acumular.
(Fuente:Rdendh-Prensared).
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