En la Quinta de Funes funcionó un centro clandestino de detención ideado por Leopoldo Galtieri.
Por José Maggi
El primer juicio oral y público por terrorismo de estado en esta región tiene día y hora de inicio: el 31 de agosto de 2009 a las 10. Así lo decidió ayer el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 Otmar Paulucci, quien fijó el comienzo de la causa que juzgará a los represores responsables de la Quinta de Funes, expediente conocido con el nombre del máximo responsable vivo: Oscar Pascual Guerrieri. Lo acompañará en el banquillo Eduardo "Tucu" Costanzo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano. Sin embargo, no todas son rosas en este tema: la abogada patrocinante de cinco de los querellantes, Nadia Shujman objetó el lugar físico donde se sustanciará el proceso, que no es otro que el único salón disponible en el señorial edificio de los Tribunales Federales de Oroño al 900.
"Desde ya rechazamos que el tribunal sesione en una sala con una veintena de personas sentadas, y que no garantiza la calidad del proceso que debe ser oral y público. Después de 33 años de espera, mínimamente consideramos que las víctimas tienen ese derecho y en esa sala sólo entran los imputados, las víctimas y sus abogados. No queda lugar para nadie. Menos aún aceptamos que se trate de subsanar la poca capacidad con una pantalla gigante para seguir el juicio. Es vergonzoso, esto no es un juicio oral", apunto Shujman.
La letrada recordó que "el mismo Código establece ese derecho, esa garantía y la pone como requisito, así como vale la pena recordar las mismas recomendaciones que dio la Corte para los juicios, que deben ser públicos. Y en esa sala no va poder entrar ni un solo periodista. Además, allí tienen que estar las Madres y los distintos actores de la sociedad argentina. Los jueces no tienen porqué temer a la publicidad, sino por el contrario deben apoyar las garantías de transparencia del juicio".
Shujman también aprovechó para criticar a aquellos jueces que siguen demorando el inicio de los juicios al aceptar el trámite de medidas que ya han sido tratadas hasta tres veces. "Hay planteos de la defensores que abordan cuestiones meramente formales, que ya han sido resueltas en algunos casos hasta tres veces. Y hay jueces que las admiten y les dan trámite, con lo cual entramos en un circuito que de nunca acabar. Estas actitudes son entendibles en la defensa pero objetables en los magistrados porque tienen la sola intención de demorar el avance de las causas. Esperamos que los jueces, de una vez por todas, tengan una actitud más clara y rechacen estos planteos in límine".
Shujman patrocina en esta causa a Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli, Cecilia Nazábal, Fernando Dussex y Sebastián Alvarez, este último hijo de Raquel Negro. También es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como la madre de María Forestello, una de las 14 víctimas de la quinta ideada por Leopoldo Fortunato Galtieri. A ésta última la patrocina la abogada Gabriela Durruty.
Sánchez
El Concejo municipal aprobó ayer un proyecto de la concejala socialista Mariana Alonso para reemplazar el nombre de la escuela Nº 1240, que actualmente lleva el del dictador "teniente General Juan Carlos Sánchez", acusado de haber secuestrado y torturado, entre 1971 y 1972 a más de 100 estudiantes, obreros y militantes. Además, creó junto con el ex jefe de la Policía rosarina Agustín Feced, el Servicio Antisubversivo de Rosario. El 10 de abril de 1972, el militar fue asesinado, pero antes había organizado la represión ilegal en la zona. La iniciativa de cambiar el nombre partió de la comunidad educativa, que inició un expediente ante el Ministerio de Educación. Allí proponen como nombres alternativos los del poeta José Pedroni, al artista plástico Antonio Berni o a la pedagoga Arcelia Delgado. En 2006, la Cámara de Diputados de la provincia había instado al Ministerio de Educación a modificar la denominación de la Escuela.
Por José Maggi
El primer juicio oral y público por terrorismo de estado en esta región tiene día y hora de inicio: el 31 de agosto de 2009 a las 10. Así lo decidió ayer el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 Otmar Paulucci, quien fijó el comienzo de la causa que juzgará a los represores responsables de la Quinta de Funes, expediente conocido con el nombre del máximo responsable vivo: Oscar Pascual Guerrieri. Lo acompañará en el banquillo Eduardo "Tucu" Costanzo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano. Sin embargo, no todas son rosas en este tema: la abogada patrocinante de cinco de los querellantes, Nadia Shujman objetó el lugar físico donde se sustanciará el proceso, que no es otro que el único salón disponible en el señorial edificio de los Tribunales Federales de Oroño al 900.
"Desde ya rechazamos que el tribunal sesione en una sala con una veintena de personas sentadas, y que no garantiza la calidad del proceso que debe ser oral y público. Después de 33 años de espera, mínimamente consideramos que las víctimas tienen ese derecho y en esa sala sólo entran los imputados, las víctimas y sus abogados. No queda lugar para nadie. Menos aún aceptamos que se trate de subsanar la poca capacidad con una pantalla gigante para seguir el juicio. Es vergonzoso, esto no es un juicio oral", apunto Shujman.
La letrada recordó que "el mismo Código establece ese derecho, esa garantía y la pone como requisito, así como vale la pena recordar las mismas recomendaciones que dio la Corte para los juicios, que deben ser públicos. Y en esa sala no va poder entrar ni un solo periodista. Además, allí tienen que estar las Madres y los distintos actores de la sociedad argentina. Los jueces no tienen porqué temer a la publicidad, sino por el contrario deben apoyar las garantías de transparencia del juicio".
Shujman también aprovechó para criticar a aquellos jueces que siguen demorando el inicio de los juicios al aceptar el trámite de medidas que ya han sido tratadas hasta tres veces. "Hay planteos de la defensores que abordan cuestiones meramente formales, que ya han sido resueltas en algunos casos hasta tres veces. Y hay jueces que las admiten y les dan trámite, con lo cual entramos en un circuito que de nunca acabar. Estas actitudes son entendibles en la defensa pero objetables en los magistrados porque tienen la sola intención de demorar el avance de las causas. Esperamos que los jueces, de una vez por todas, tengan una actitud más clara y rechacen estos planteos in límine".
Shujman patrocina en esta causa a Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli, Cecilia Nazábal, Fernando Dussex y Sebastián Alvarez, este último hijo de Raquel Negro. También es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como la madre de María Forestello, una de las 14 víctimas de la quinta ideada por Leopoldo Fortunato Galtieri. A ésta última la patrocina la abogada Gabriela Durruty.
Sánchez
El Concejo municipal aprobó ayer un proyecto de la concejala socialista Mariana Alonso para reemplazar el nombre de la escuela Nº 1240, que actualmente lleva el del dictador "teniente General Juan Carlos Sánchez", acusado de haber secuestrado y torturado, entre 1971 y 1972 a más de 100 estudiantes, obreros y militantes. Además, creó junto con el ex jefe de la Policía rosarina Agustín Feced, el Servicio Antisubversivo de Rosario. El 10 de abril de 1972, el militar fue asesinado, pero antes había organizado la represión ilegal en la zona. La iniciativa de cambiar el nombre partió de la comunidad educativa, que inició un expediente ante el Ministerio de Educación. Allí proponen como nombres alternativos los del poeta José Pedroni, al artista plástico Antonio Berni o a la pedagoga Arcelia Delgado. En 2006, la Cámara de Diputados de la provincia había instado al Ministerio de Educación a modificar la denominación de la Escuela.
POR PRIMERA VEZ HAY MAS REPRESORES CONDENADOS QUE PROFUGOS
El coronel estaba en un geriátrico
Por Diego Martínez
Por primera vez desde la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos, la lista de represores prófugos es menor a la de los condenados: tras el hallazgo del coronel retirado Luis Alberto González, los prófugos son 43.
El 18 de abril de 2007, cuando dos fiscales de Bahía Blanca pidieron su detención, González pasaba sus días en el 3º A de un edificio de militares en la peatonal San Martín 2464 de Santa Fe. Cuando luego de tres reiteraciones el juez federal Alcindo Alvarez Canale decidió ordenar la captura, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 181 que nutría de interrogadores al centro clandestino La Escuelita llevaba casi tres meses internado en un geriátrico, en teoría con Alzheimer, entre otros males. Ante las sospechas sobre su verdadero estado de salud, generadas por un informe de dos peritos médicos que entregaron a la Justicia un diagnóstico aportado por familiares del represor, los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron nuevos exámenes a cargo del Cuerpo Médico Forense.
González tiene 77 años. En 1975, con el grado de mayor, fue segundo jefe del Destacamento bahiense, que tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce. Pasó a ser jefe en 1976, año en que se habilitó la mesa de torturas de La Escuelita, y en 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601. En el Destacamento bahiense prestaba servicios el fallecido suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino bahiense.
Según consta en la causa, González habría ingresado al geriátrico El Encuentro, en el sur santafesino, el 13 de agosto pasado. El 10 de noviembre, el juez Canale ordenó su detención y el 18 de febrero, el juez federal Reinaldo Rodríguez le informó a su par bahiense que el coronel padecía Alzheimer, brotes psicóticos y descontrol de esfínteres. Dos días después lo visitaron los peritos Mabel Padró y Esteban De Giovanni. Apuntaron que estaba “desorientado y sin noción de identidad”, y que la familia les había alcanzado certificados que respaldaban el diagnóstico de Alzheimer, que certificaban “la imposibilidad de prestar declaración indagatoria”.
Los fiscales cuestionaron los “certificados expedidos por médicos particulares” y solicitaron nuevos exámenes para tener certezas sobre la incapacidad mental del represor. Los peritos no deberán concurrir ahora a El Encuentro, que lo expulsó al conocer su pasado, sino a la residencia geriátrica Recoleta, que lo recibió.
El coronel estaba en un geriátrico
Por Diego Martínez
Por primera vez desde la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos, la lista de represores prófugos es menor a la de los condenados: tras el hallazgo del coronel retirado Luis Alberto González, los prófugos son 43.
El 18 de abril de 2007, cuando dos fiscales de Bahía Blanca pidieron su detención, González pasaba sus días en el 3º A de un edificio de militares en la peatonal San Martín 2464 de Santa Fe. Cuando luego de tres reiteraciones el juez federal Alcindo Alvarez Canale decidió ordenar la captura, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 181 que nutría de interrogadores al centro clandestino La Escuelita llevaba casi tres meses internado en un geriátrico, en teoría con Alzheimer, entre otros males. Ante las sospechas sobre su verdadero estado de salud, generadas por un informe de dos peritos médicos que entregaron a la Justicia un diagnóstico aportado por familiares del represor, los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron nuevos exámenes a cargo del Cuerpo Médico Forense.
González tiene 77 años. En 1975, con el grado de mayor, fue segundo jefe del Destacamento bahiense, que tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce. Pasó a ser jefe en 1976, año en que se habilitó la mesa de torturas de La Escuelita, y en 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601. En el Destacamento bahiense prestaba servicios el fallecido suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino bahiense.
Según consta en la causa, González habría ingresado al geriátrico El Encuentro, en el sur santafesino, el 13 de agosto pasado. El 10 de noviembre, el juez Canale ordenó su detención y el 18 de febrero, el juez federal Reinaldo Rodríguez le informó a su par bahiense que el coronel padecía Alzheimer, brotes psicóticos y descontrol de esfínteres. Dos días después lo visitaron los peritos Mabel Padró y Esteban De Giovanni. Apuntaron que estaba “desorientado y sin noción de identidad”, y que la familia les había alcanzado certificados que respaldaban el diagnóstico de Alzheimer, que certificaban “la imposibilidad de prestar declaración indagatoria”.
Los fiscales cuestionaron los “certificados expedidos por médicos particulares” y solicitaron nuevos exámenes para tener certezas sobre la incapacidad mental del represor. Los peritos no deberán concurrir ahora a El Encuentro, que lo expulsó al conocer su pasado, sino a la residencia geriátrica Recoleta, que lo recibió.
(Fuente:Rdendh-Rosario12-Pagina12).
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