18 de marzo de 2009

PIDEN QUE BUSSI SIGA PRESO POR LA DESAPARICION DE UN PERIODISTA.

La Asociación de Prensa exigió Justicia por la desaparición de los periodistas Eduardo Ramos y Maurice Jeger durante el primer juicio a Bussi.
Fotos:www.desaparecidos.org

En la causa por el secuestro y desaparición del periodista Eduardo Ramos y su esposa Alicia Cerrota, el abogado Bernardo Lobo Bugeau pidió que no se dé lugar al recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio Domingo Bussi en contra de la prórroga por un año de su prisión preventiva. La decisión está ahora en manos de la Cámara Federal de Apelaciones.
El represor Antonio Domingo Bussi debe continuar con prisión preventiva por el secuestro y desaparición forzada del periodista José Eduardo Ramos y su esposa Alicia Dora Cerrota. Así lo sostiene el abogado Bernardo Lobo Bugeau, en representación del querellante Pedro Ramos –padre de la víctima-, a través de un escrito presentado el jueves pasado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán luego de que la defensa del ex gobernador de facto apeló la resolución del juez federal Daniel Bejas que prorroga por un año la prisión preventiva de Bussi en este caso enmarcado en el expediente de ex Jefatura de Policía.
En su planteo, el letrado aseguró que hay suficientes razones para sostener la resolución de Bejas, que fue firmada el 11 de noviembre del año pasado, dada la complejidad de la causa y por tratarse de delitos de lesa humanidad. En ese sentido, recordó los argumentos de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación que avalan la prórroga de la prisión preventiva. Ahora, la Cámara Federal de Tucumán tendrá la última palabra, mientras Bussi continúa gozando de arresto domiciliario “en un bucólico barrio privado” al oeste de la ciudad capital, según los términos del abogado, quien también se desempeña en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Lobo Bugeau recordó que Ramos y Cerrota fueron detenidos por un grupo de militares fuertemente armados el 1 de noviembre de 1976, en horas de la noche cuando se encontraban en su casa de avenida Soldati 266 de la capital tucumana.
Entre sus argumentos, el abogado también cuestionó a la defensa del represor, representada por la Defensoría Publica Oficial . “No se comprende que Bussi cuente con asistencia legal pública y no actúe mediante un defensor particular”, sostuvo luego de mencionar que además de estar imputado por crímenes de lesa humanidad, el mismo Ministerio Público le inició investigación, durante su gestión como gobernador constitucional (1995-1999) por enriquecimiento ilícito por las polémicas cuentas bancarias en Suiza.
(Fuente:Rdendh).

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