Tras la pista de la red de amigos argentinos
El ex carapintada Jorge Mones Ruiz acaba de volver de Bolivia y está en la mira de los investigadores.Por Nora Veiras
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, se comunicó con el embajador argentino en la Paz, Horacio Macedo, para pedirle colaboración en el control de los pasos fronterizos “por la eventual presencia de activistas argentinos en distintas regiones de Bolivia”. Se pudo saber que el gobierno de Evo Morales está investigando los vínculos de la presunta estructura terrorista internacional con ex militares carapintadas, entre ellos un prófugo por delitos de lesa humanidad. El jueves pasado, la Policía Nacional de Bolivia irrumpió en el cuarto piso del Hotel América para atrapar a la banda. Un boliviano asimilado al Ejército de Croacia, un húngaro y un irlandés fueron muertos. Hubo dos detenidos y otros dos se escaparon. Morales pidió colaboración internacional para develar la trama de lo que denunció como un intento de magnicidio .
Hace varios meses que las autoridades de ambos países sospechan de las incursiones de ex carapintadas relacionados con las facciones de ultraderecha de Santa Cruz de la Sierra, Pando y Cochabamba. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, mano derecha de Morales, estuvo en contacto con el embajador Macedo, quien le garantizó ayuda para detectar a los sospechosos.
El diario El debate de Santa Cruz de la Sierra, en su edición del domingo, da cuenta de que “los prófugos son de nacionalidad húngara, en tanto que los sospechosos de tener vínculos con el grupo son dos argentinos y uno que proviene de Hungría, aunque posee pasaporte de un país africano” y abunda en que “según las referidas fuentes, en el caso de los argentinos se trata de dos ex militares que forman parte de los ‘carapintadas’. Uno de ellos tuvo contactos directos, semanas antes de la desarticulación de la supuesta célula terrorista con Eduardo Rózsa, señalado como el cabecilla del grupo”.
Buenos muchachos
A principios de abril, el ex carapintada Jorge Mones Ruiz, que encontró un nuevo conchabo como delegado argentino de UnaAmérica –una organización de ultraderecha que pretende ser la contracara de Unasur–, viajó a Bolivia y se habría contactado con Rózsa. El ingeniero venezolano Alejandro Peña Esclusa, acérrimo opositor al gobierno de Hugo Chávez, es quien preside UnaAmérica, la cruzada por denunciar a los gobiernos “izquierdistas” de América Latina. Bolivia y Venezuela encabezan las “preocupaciones” de la organización que recluta “fieles” y financiamiento en la derecha de Colombia.
Mones Ruiz estuvo destinado como oficial de inteligencia del Ejército argentino en Bolivia durante un tramo de la última dictadura y suele jactarse del conocimiento de sus camaradas y ex camaradas bolivianos. En la comitiva argentina también viajó Liliana Raffo de Fernández Cutiellos, viuda del teniente coronel Horacio Fernández Cutiellos, muerto durante el intento de copamiento del Regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP). La mujer visitó en prisión al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, acusado de conspirar contra el gobierno de Morales. La mujer y el mayor de Caballería, que se levantó en armas para impedir los juicios por delitos de lesa humanidad junto a Aldo Rico, habrían conseguido credenciales de corresponsales del diario Estrella de Oriente.
Entre los objetivos del viaje habría estado reunirse con otro camarada del betún, prófugo por delitos de lesa humanidad y radicado en Santa Cruz de la Sierra: Luis Enrique Baraldini. El juez federal Daniel Rafecas le dictó hace meses el pedido de captura internacional. El diario La Arena de La Pampa reveló que Baraldini estaba en Bolivia, lo cual habría activado ahora la búsqueda por parte de Interpol. El oficial que actuó como represor en La Pampa, donde se desempeñó como jefe de policía, se fugó en el 2003 apenas se reactivó la investigación judicial. Consiguió rápida contención en Santa Cruz de la Sierra: en 2005 el Círculo de Oficiales del Ejército lo condecoró con la Gran Cruz por su vocación de servicio. Para protegerse el carapintada fraguó su identidad y se hacía llamar Luis Pelliegre –Pellegri es su apellido materno–. Con ese nombre figuraba en el 2006 al frente de su escuela de equinoterapia el “Centro Ecuestre Especial”.
Los retirados alineados con Mones Ruiz están activos en sus movimientos para ampliar sus redes. En los últimos meses recorrieron asambleas ruralistas para azuzar los reclamos del sector y la semana pasada aportaron concurrencia a la charla del ex presidente Eduardo Duhalde, quien anunció su deseo de volver a conducir el peronismo. En el local de Deán Funes al 800 del barrio de San Cristóbal, el ex comité de los carapintadas del Modin se recicló en un bunker de Daniel “Chicho” Basile. Hasta allí llegaron varias de las esposas de los represores presos en Marcos Paz acusados de delitos de lesa humanidad.
Atracción croata
En Santa Cruz de la Sierra, los carapintadas hicieron empatía con las facciones lideradas por Branco Marincovic, el empresario sojero líder del comité secesionista de ese departamento boliviano caracterizado por las consignas racistas contra Morales. Marincovic es de origen croata y fueron varios los carapintadas que recalaron en la guerra de los Balcanes, entre ellos el oficial Rodolfo Barros, otro de los camaradas de Mones Ruiz y Baraldini. El señalado como cabecilla de la banda desbaratada en Bolivia, Eduardo Rózsa, había sido reconocido como “héroe de la guerra de los Blacones”, a donde había llegado como periodista y terminó enrolado en las fuerzas croatas ultranacionalistas. Uno de los dos sobrevivientes detenido por la Policía Nacional en el Hotel América: el militar boliviano retirado Mario Francisco Tadic Astorga habría combatido a las órdenes de Rózsa.
La investigación que avanza en los tribunales bolivianos también le pidió un informe a la Dirección Departamental de Migración. Se quiere establecer en qué condición ingresaron al país. Según el director de Migración, Dionisio Rivas, la banda burló los controles de los organismos de seguridad. El pedido de colaboración del gobierno de Morales a sus pares argentinos apunta a encontrar los tentáculos de las facciones que actúan en forma encubierta en Bolivia.
UN GRUPO COMANDOINTERNACIONAL
La polémica en Bolivia
Por Sebastián Ochoa
Desde Santa Cruz
El gobierno nacional aún no dio detalles sobre la muerte de tres supuestos terroristas el jueves pasado en esta ciudad. El presidente Evo Morales acusa a la oposición de intentar matarlo, pero sus detractores aseguran que es un “show” del Ejecutivo montado para cosechar más votos en las próximas elecciones generales del 6 de diciembre. El presidente del Senado, Oscar Ortiz, sostuvo que los tres hombres, un boliviano, un irlandés y un rumano, fueron “ejecutados en calzoncillos” por agentes gubernamentales. Desde el Palacio Quemado indicaron que todavía no brindan información porque la investigación sigue. Para el presidente, el grupo supuestamente comandado por Eduardo Rózsa tenía la intención de “dividir Bolivia”.
El miércoles pasado, una bomba estalló en el portón del cardenal Julio Terrazas, férreo opositor al gobierno de Morales. El religioso estaba en otra de sus casas, en Vallegrande, así que no tuvo sobresaltos el by-pass que le hicieron hace dos meses. Al día siguiente, de madrugada, la Policía Nacional ingresó al hotel Las Américas, de esta ciudad. Los uniformados apagaron las cámaras de seguridad desde que entraron, a las cuatro, hasta las nueve de la mañana, según denunció la gerencia del hotel. En el cuarto piso dormían Rózsa, militar y periodista entre decenas de ocupaciones; Michael Dwyer, ingeniero irlandés de 25 años; Mayaroshi Arpad, militar rumano; Elod Tóasó, ingeniero de sistemas húngaro de 28 años; y Mario Tadic Astorga, un militar boliviano-croata que combatió junto a Rózsa en la ex Yugoslavia.
Ningún policía salió herido de la balacera de media hora. Sólo sobrevivieron Tóasó y Astorga, de 58 años, que quedó con la pierna baleada. Rózsa tenía ocho tiros, Dwyer y Arpad seis respectivamente. A Rózsa, nacido en Santa Cruz, lo enterró en el cementerio general un grupo de veinte artistas de clase alta. Los otros dos fueron sepultados en una fosa común del cementerio La Cuchilla, en las afueras de la ciudad, porque nadie los reclamó. Al irlandés quizá lo lleve de vuelta a Irlanda el diplomático venido de Buenos Aires para informarse sobre las circunstancias del deceso. Dentro de una semana los peritos dirán si los huéspedes realmente usaron armas.
Según Morales, el grupo tenía la intención de asesinarlo a él, al vicepresidente Alvaro García Linera y hasta al ultra opositor Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz. Lo harían con la finalidad de generar caos y división en Bolivia, según la hipótesis gubernamental.
El domingo, el cardenal Terrazas dio misa. “Toda persona es sagrada ante Dios, aunque haya cometido los pecados más grandes, y a nosotros nos toca llevar en esa dimensión la misericordia de Dios para que nadie se sienta abatido y sea eliminado sin ser juzgado adecuadamente”, así criticó al gobierno nacional.
“No hay nada que tergiversar, nos caracteriza la honestidad, la responsabilidad. Pido a los organismos internacionales que investiguen. Se puso una bomba en casa del cardenal, se anotó la placa del carro y luego se ha encontrado ese vehículo en el hotel. ¿De cuál montaje hablan? Está el armamento, es otra prueba. Después de que fracasaron con el revocatorio, fracasaron en un intento de golpe de Estado y ahora están fracasando con un atentado a mi vida”, dijo el presidente.
“Además se encontraron armas en una feria internacional, donde están algunos grupos oligárquicos. En el stand de Cotas estaba el armamento. Por eso van a tratar de tergiversar”, agregó Morales. La cooperativa telefónica cruceña, Cotas, es una de las “instituciones” del oriente opositoras al presidente. Pero el gobierno omitió investigarla por el armamento que la policía encontró en su stand de la Feria de Exposiciones de Santa Cruz (Fexpocruz) luego del tiroteo en el hotel.
“Los dos detenidos y los tres muertos estuvieron en decenas de reuniones con decenas de personalidades del ámbito empresarial, personas muy puntuales que salen en las páginas de sociales de los diarios”, dijo el vicepresidente en una entrevista al programa oficialista El pueblo es noticia.
Afirmó que el grupo de Rózsa “es solamente uno de los tentáculos, el tentáculo operativo. Era el encargado de juntar armas, explosivos y llevarlos a otro lugar, hacer atentados y preparar un magnicidio. Pero no es el único grupo, hay otros con armamento sofisticado, que ni siquiera las fuerzas armadas tienen”.
La oposición en Santa Cruz recordó el pasado del vicepresidente como guerrillero del Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK), con el que atentó contra una antena eléctrica en 1992, pero lo atraparon y estuvo cinco años preso. El presidente del Concejo Municipal cruceño, Oscar Vargas, dijo que “es una lástima tener un vicepresidente de la calidad que tenemos. ¿Quién es él para hablar de terrorismo si estuvo encarcelado por terrorismo? Este tipo de gentes son unos sinvergüenzas que están generando una serie de situaciones de molestia”.
NUEVA CONDENA PARA MANUEL CONTRERAS EN CHILE
Trescientos años por violar DD.HH.
El general retirado Manuel Contreras, quien fue jefe de la policía secreta durante la última dictadura en Chile, sumó hoy una nueva condena por violaciones de derechos humanos y acumula penas por más de 300 años de reclusión.
La segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile condenó a Contreras a siete años de prisión efectiva por el secuestro calificado del ejecutivo minero y militante comunista David Silberman, ocurrido en 1974. Idéntica pena recayó sobre Marcelo Moren, en tanto fueron absueltos Carlos Labarca y Marcos Derpich. Los tres fueron agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la hoy disuelta policía secreta de la dictadura, que comandaba Contreras. Contreras permanece recluido en el penal militar Punta Peuco, donde cumple condenas acumuladas por más de 300 años por violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, tres oficiales del ejército de Chile actualmente en retiro fueron arrestados ayer, acusados de ser cómplices y encubridores de 14 asesinatos cometidos durante la llamada Caravana de la Muerte, un operativo efectuado en 1973 contra opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. El general Gonzalo Santelices, el mayor Patricio Ferrer y el teniente Pablo Martínez fueron notificados y detenidos en cuarteles de la policía militar en la precordillera de Santiago.
Para el juez Víctor Montiglio, los tres oficiales integraron la Caravana de la Muerte en el operativo militar efectuado el 18 de octubre en la ciudad de Antofagasta, 1360 kilómetros al norte de Santiago. La Caravana de la Muerte, que estuvo bajo el mando del general Sergio Arellano, ejecutó sin juicio a más de 70 presos políticos en distintas ciudades de Chile. En febrero, el general Santelices renunció a su cargo de jefe de la guarnición metropolitana del ejército, en medio de una áspera polémica, porque el militar siempre dijo que no cumplió órdenes ilegales y que en 1973 era un oficial sin poder de decisión.
Mientras era subteniente en 1974, Santelices había trasladado a detenidos desde una cárcel de Antofagasta hasta la Pampa, donde los presos fueron ejecutados. Fue la presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de ministra de Defensa en 2003, quien aprobó el ascenso de Santelices a general.
El abogado querellante Hiram Villagra afirmó que en el proceso “se logró establecer” la presencia de Santelices en Antofagasta. Durante la dictadura, unos 3000 chilenos fueron desaparecidos o ejecutados por organismos represivos del Estado.
(Fuente:Rdendh).
No hay comentarios:
Publicar un comentario