CASO LARRABURE.

La noticia que no fue

El coronel Larrabure fue secuestrado por el ERP en 1974. Se cree que murió ahorcado.
La operación para reconocer su crimen como de Lesa Humanidad fracasó.
Por Raúl Arcomano

La noticia emergió de nuevo esta semana. Y pobló con un tufillo interesado las páginas de algunos diarios: el secuestro y la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, en 1974, “es un crimen de lesa humanidad”, dijeron. La información estaba basada en un supuesto fallo de la Cámara Federal de Rosario. El caso Larrabure es el caballito de batalla de los grupos reaccionarios que pretenden instalar la idea jurídica de que el asesinato del militar es imprescriptible. “No fue parte de un ataque sistemático y de proporciones contra la población y no fue realizado desde el mismo aparato estatal”, explicó el abogado Rodolfo Yanzón. Y remarcó: “Por eso la acción penal se halla prescripta”.

Larrabure fue secuestrado por el ERP el 11 de agosto de 1974, cuando gobernaba María Estela Martínez de Perón. Se cree que murió ahorcado por sus captores luego de un cautiverio de 372 días. Arturo Larrabure, uno de sus hijos, había pedido en febrero de 2007 que se calificara de lesa humanidad el asesinato de su padre. Sostenía que fue cometido en el marco de “un ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por las organizaciones terroristas”. En ese entonces, Larrabure cuestionó que “puedan prescribir los asesinatos, secuestros y torturas” que cometieron “ex guerrilleros” e imputó a los gobiernos de Héctor Cámpora y Oscar Bidegain haber incurrido en terrorismo de Estado, al facilitar e instigar el accionar terrorista.

La causa penal por el asesinato de Larrabure fue iniciada en agosto de 1975. Se investigó durante más de dos años y se archivó al no conocerse los responsables. “El crimen del que fue víctima Larrabure se investigó porque el servicio de Justicia, aun durante la dictadura, no se esmeró en otorgar impunidad a sus autores”, dice Yanzón. Por no ser de lesa humanidad, entonces, la causa está cerrada. “La pregunta es por qué motivos jueces y fiscales no deciden cerrar ese proceso. Salvo el dictamen del fiscal Claudio Palacín –que dijo que se trataba de un crimen de lesa humanidad– y el del fiscal Francisco Sosa –que entendió que la acción estaba prescripta–, las intervenciones dicen más por lo que ocultan que por lo que expresan”.

Lo que pasó esta semana es que la Cámara Federal de Rosario no decretó al hecho como de lesa humanidad, sino que dejó firme el dictamen del fiscal que ahora debe ser analizado por el juez de primera instancia. La información logró un espacio generoso en las páginas sábanas de La Nación. El diario tituló: “Larrabure, un crimen de lesa humanidad”. En una segunda nota, el columnista Adrián Ventura analiza la “noticia” y escribe cosas como ésta: “Los derechos humanos no son de izquierda o de derecha: los derechos humanos son para todos”. Una frase escuchada bastante seguido últimamente, y aplicada para defender a militares o para castigar a pibes chorros. “¿Cuál es la alquimia que permite que el falso progresismo vernáculo critique correctamente la discriminación en todas las áreas pero, a su vez, le parezca válido discriminar cuando se trata de juzgar a militares y esquivar el juzgamiento de montoneros y erpianos que cometieron delitos?”, prosigue Ventura.

Para ser justos, hay que reconocer que el diario conservador hace tiempo que dedica ríos de tinta al caso Larrabure. Lo había hecho también en varios editoriales que se vienen publicando desde el año pasado. En uno de ellos, “Crímenes impunes de los años 70”, se puede leer: “La estrategia defensiva de los ex guerrilleros y sus apañadores, centrada en considerar prescriptos sus delitos al calificarlos de comunes por no tener participación estatal, ha comenzado a resquebrajarse rápidamente al incorporar el caso Larrabure la responsabilidad que ciertamente les cabe a los Estados argentino y cubano.”

Esto último está basado en dichos de Larrabure hijo, que denunció que “el 26 de mayo de 1973 (el Poder Legislativo nacional) amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal en lo Penal y la legislación antiterrorista, dejando en libertad a algunos de los que secuestraron al militar”. El fiscal general Claudio Palacín ordenó abrir la investigación tras avalar la presunta violación a los derechos humanos de Larrabure. La Procuración lo separó, nombró a otros fiscales y pidió la nulidad del dictamen. En agosto de 2008, el juez federal de Rosario Marcelo Martín Bailaque rechazó el planteo de nulidad, pero la Fiscalía apeló ante la Cámara Federal, que ahora volvió a dejar firme el primer dictamen.

Yanzón considera que “el juez Germán Sutter Schneider debió haber decidido la prescripción de la acción en el mismo momento de la presentación inicial de Arturo Larrabure. Pero no lo hizo, lo tuvo como querellante y sumió al expediente en un mar de contradicciones, porque cuanto menos se entienda, mejor para la campaña de impunidad”. “Los fiscales saben que ninguna causa, luego de tantos años, se abre porque sí; mucho menos que esté dos años abierta atravesando debates oscuros, frutos de la presión y de la cobardía –indicó el abogado–. La única solución es el cierre definitivo de estos procesos declarando su prescripción. Cualquier otra alternativa es prestarse a que la campaña por la impunidad continúe su marcha, con el objetivo de banalizar el horror de los campos diluyéndolos en el universo de delitos comunes”.

La Procuración General de la Nación advirtió que se trató de una resolución sobre temas estrictamente procesales. Y cuestionó la “banalización” y “manipulación” de figuras del derecho penal internacional “por parte de algunas informaciones periodísticas”. “Varios medios de prensa comunicaron de manera inexacta que la Cámara de Rosario se había pronunciado a favor de considerar los hechos del caso Larrabure como crímenes de lesa humanidad y efectuaron referencias erróneas a la actuación del Ministerio Público Fiscal”. “A la fecha de los hechos de la causa –se agrega– no existía una práctica que avalara el empleo de la categoría de los crímenes contra la humanidad para hechos cometidos por organizaciones no vinculadas al Estado, como fue el caso del ERP”.

La respuesta de Larrabure no tardó en llegar. Su abogado, Javier Vigo Leguizamón, dijo en un comunicado: “La ardua y tenaz lucha que Arturo Larrabure libra para que el crimen de su padre sea considerado de lesa humanidad se inspira en motivos de estricta justicia. No median razones políticas, ni defiende al Proceso militar, que comenzó después de que el coronel Larrabure fuera vilmente asesinado. Distinta, por cierto, es la situación del procurador Esteban Righi, que tuvo como ministro del Interior de Cámpora una activa participación en el diseño y dictado de la ley de amnistía”.

Esta historia promete nuevos capítulos.

(Fuente:Rdendh).