CAUSA ARAPÍ: SE CONSOLIDA LA IMPUNIDAD.

El Dr. Hermindo González reclama inútiles explicaciones al Fiscal Smith que no llegarían.

En un caso que no debe tener muchos precedentes, el fiscal Smith solicitó que “caiga” todo lo actuado en el debate del juicio donde se investigaba el crimen alevoso del que resultó víctima Ramón Arapí, uno de los más de treinta que cayeron en todo el país bajo las balas del gatillo fácil en los incidentes del 19, 20 de diciembre de 2001. Con ese tipo de terminología además, ahorrándose conceptos jurídicos que resultarían más apropiados como “solicitar la nulidad” por ejemplo. Por suerte para él y para los demás interesados, el Tribunal pareció comprender lo que quería decir el Fiscal en una admirable capacidad de entendimiento y tras la traducción necesaria dio corrimiento a las partes, no sin sustituir el término “caer” por el de "solicitar la nulidad". El planteo era esperado, pero por parte de la defensa, no de la parte acusadora.

El Dr. Vigay, abogado querellante de la familia, agradeció al tribunal que le aclarara qué quiso decir el Fiscal con el deseo manifestado de manera entusiasta de “que caiga todo”, ya que según su entender se puede caer una persona o algún objeto en la sala, pero las actuaciones judiciales no caen, son objeto de nulidades en todo caso, y quien las plantea debe decir por qué lo hace, y de qué tipo de nulidad se habla.

La argumentación del Fiscal Smith no fue otra cosa que un alegato precoz, expuesto con vehemencia, acerca de su propia valoración del testimonio del testigo más importante, a quien calificó de mentiroso y de haberse contradicho en relación a su testimonio en sede judicial.“

Estamos ante un paso importante ante la disyuntiva de cómo valorar los dichos del testigo Arapí” decía, confundiendo la etapa de testimonios con la de valoración de la prueba, pero lo que es más grave, haciendo lo propio con su rol de fiscal, asimilado a esa altura con el de un entusiasta defensor.

El histriónico y apresurado debate fue interrumpido por el otro abogado querellante, el Dr. Hermindo González, quien le advirtió al Tribunal que no debía permitir tal irregularidad, y a su turno la propia defensa reconoció como un “exceso en la argumentación”, pero pidió paciencia para quien en ese momento era su mejor aliado, “quizás entendamos más adelante el planteo…”balbuceó el Dr. Leguizamón, convenientemente comprensivo.

El Tribunal solicita al Fiscal que concrete y es allí cuando pide lo anteriormente expuesto, sobreviene la “traducción" del planteo y el reproche de la querella, que aclara que aún siendo “benévolo” con el Fiscal, la nulidad que plantea sería una nulidad relativa, y como tal una medida extemporánea en virtud de que los plazos para plantearla ya prescribieron y el auto de elevación a juicio dejó como extemporánea la duda del fiscal acerca de la credibilidad del testigo cuestionada por éste en la instrucción. Además, prosiguió, las supuestas contradicciones fueron debidamente aclaradas en el testimonio vertido por el testigo en el debate, que es cuando verdaderamente tiene valor absoluto las testimoniales.

Se inicia un cuarto intermedio relativamente breve, sobre todo si se tiene en cuenta que lo solicitado es “que se caiga todo”, lo que fue resuelto en un par de horas por el Tribunal, demostrando no solo una sorprendente capacidad de interpretación al darle formalidad al planteo del ministerio público, sino además una extraordinaria capacidad para ser expeditivos.

Declara en definitiva la admisibilidad del planteo y da lugar al mismo, consolidando la impunidad de los uniformados.
El uniforme sí se mancha

Va a ser muy difícil creer en “el policía de la esquina” en medio de tanta demanda por más y mejor seguridad, ya que cinco de los seis acusados siguen en actividad, portando sus armas reglamentarias y sus uniformes manchados por la sospecha. Pero ése es el mensaje que dio el Tribunal que preside la Dra. Aromí, secundada por el Dr. Coccia y la Dra. Varela: los policías pueden matar, los testimonios y las pruebas comprometerlos seriamente, pero siempre habrá algún tecnicismo amañado y antijurídico que les permita zafar.

La familia Arapí entretanto, recibió otro mensaje de la “Justicia” correntina: hay ciudadanos de primera y de segunda, y ellos por cierto, pertenecen a la segunda categoría, y como tales tendrán que esperar por siempre una reparación que quizás no llegue jamás, ya que cuando las etapas de apelación concluyan las causas correrán el riesgo de prescribir.

Se comprende así la sonrisa en los rostros de los imputados cuando terminaban las audiencias, por más que cada vez se encontraban más implicados, pero acaso intuían que lo que resulta importante es el resultado del partido, y que si el árbitro es hincha de tu equipo no podés perder.

(Fuente:Rdendh-cpdhCtes.).