Ernestina de Noble. Los familiares de desaparecidos buscan saber si Marcela y Felipe Noble fueron robados y apropiados ilegalmente a detenidos por la Dictadura Militar.
La causa que investiga si los jóvenes que fueron adoptados ilegalmente por Ernestina Herrera de Noble en 1976 fueron robados a padres desaparecidos se encuentra en plena definición.
La Corte Suprema ordenó el año pasado que los análisis de ADN se realicen en el Cuerpo Médico Forense y sólo se crucen con las muestras de las familias querellantes, pero éstas (los Gualdero-García y Miranda-Lanuscou) están solicitando que el análisis se realice cruzando con todas las muestras de sangre de los familiares de desaparecidos.
De acuerdo con el periodista y abogado de la familia Lanoscou, Pablo Llonto, “para cerrar el caso hay que cruzar el análisis con todas las muestras de sangre de los familiares de desaparecidos”
“Después de estar estancada siete años, ahora la Justicia ordena que los análisis se hagan de modo contrario a lo que marca la ley, que dice que se tienen que cruzar los análisis de ADN de los hijos apropiados con todos los de los grupos familiares que tengan desaparecidos", dijo Llonto.
En ese sentido, Llonto denunció una manipulación judicial a favor de la directora del diario Clarín, en la causa que está en manos del juez federal Nº 2 de San Isidro, Conrado Bergesio: “Esa maniobra es con el objetivo de que Ernestina se muera y no haya culpables, porque tiene 84 años y ella sola es la apropiadora, es decir que los adoptó ilegalmente, eso está demostrado en la causa y por eso fue detenida".
"Para saber si la apropiación es o no un delito de lesa humanidad, enmarcado en el terrorismo de Estado practicado durante la dictadura militar, hay que ver si son casos vinculados a desaparecidos. Si no lo son, el delito prescribe", añadió el letrado.
"Pero si se demuestra que fue una acción vinculada a terrorismo de Estado, Herrera de Noble va presa. Si están seguros que no son hijos de desaparecidos, que se haga el análisis con todos los ADN que están en el Banco de Datos", continuó Llonto.
Por este motivo, la familia Lanoscou envió una carta documento a la coordinadora técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos, María Belén Rodríguez Cardozo, para que se niegue a entregar los datos.Según Llonto, “esto atenta contra la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo porque si se convalida el hecho de que los imputados, como Ernestina, determinen con quien se hace el análisis, va a marcar un retroceso de años en la lucha” de los casos de los bebes secuestrados.
“Si se repite, agrega el abogado, cada victimario va a decir “yo quiero que mi sangre se cruces con tal y tal, este privilegio tiene Noble y fue consolidado por la Corte Suprema de Justicia".
(Fuente:Rdendh).
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