Cañón preside junto a Adolfo Pérez Esquivel la Comisión por la Memoria bonaerense.
Por Diego Martínez
Por Diego Martínez
Después de 23 años como fiscal federal general de Bahía Blanca y a una semana de haber pedido la elevación a juicio de la causa contra los represores de La Escuelita, Hugo Cañón cambió de trinchera. El hombre que se plantó frente a la obediencia debida y los indultos cuando la mayoría de la familia judicial acataba sin chistar, renunció al Ministerio Público para sumarse al flamante Encuentro por la Democracia y la Equidad, que encabeza el intendente de Morón, Martín Sabbatella.
–¿Por qué ahora, justo cuando el juicio por el que tanto peleó está cerca de concretarse?
–Hay ciclos en la vida y el mayor esfuerzo lo he dado en momentos de gran soledad. El proceso de justicia es irreversible, en Bahía hemos formado una unidad fiscal de excelencia, hemos armado los casos minuciosamente y el requerimiento de elevación es una plataforma básica pero muy completa.
De cuna antiperonista, madre radical, padre conservador, almacenero e inmigrante español, Cañón ingresó a la Justicia por concurso en 1969, como practicante. El golpe de Estado lo encontró en la Asociación Judicial Bonaerense y como empleado en un juzgado provincial. “Quedate tranquilo, estás limpio”, le aclaró el juez Carlos Altuve, luego funcionario duhaldista, tras consultar a Ramón Camps. En 1987 logró que la Cámara Federal bahiense indagara y dictara prisiones preventivas rigurosas a los principales jefes del Cuerpo V de Ejército. Fue el primer fiscal que impugnó la Obediencia Debida, actitud que le valió un apercibimiento del procurador Juan Gauna y un editorial de La Nueva Provincia por “traidor a la patria”, y también los indultos, que Menem le facturó con un sumario y un pedido de cesantía.
–Más allá del sentimiento de deber cumplido, ¿por qué el salto?
–Siento la necesidad de aportar desde otro lugar y la política es la herramienta esencial para lograr cambios sustanciales. La degradación de la política que vivimos puede y debe revertirse. Y poder brindar experiencia y conocimientos en un espacio de libertad como el que vivimos, sin autoritarismos, torna posible el desafío de pelear por la esperanza.
–La Comisión Provincial trabajó en ese sentido.
–Nuestro programa Jóvenes y Memoria, del que participan 3 mil chicos, muestra que si se dan las herramientas existe una generación llena de creatividad. El comportamiento de la juventud es un realimento fuerte, esperanzador. Y el espacio de Martín Sabbatella, con gente joven y una gestión transparente, de cara a la sociedad, es un espacio progresista que alienta a revitalizarse. Es, en definitiva, una apuesta de vida.
–Usted simboliza la lucha por la justicia en una ciudad caracterizada en gran medida por la indiferencia y la desmemoria. ¿Es casual?
–Bahía tiene profundas contradicciones. Hay una ciudad oficial, formal, pendiente de las apariencias, que un actor definió como “los tapados de piel en el Teatro Municipal más allá de la cultura”, y otra más anónima que busca expandirse a través de la cultura, el arte, la generación de nuevas políticas. Se advierte en la evolución de la Universidad del Sur, que nació al calor de la Revolución Libertadora y en los últimos años ha entregado honoris causa a personas como Baltasar Garzón u Osvaldo Bayer.
–¿Qué políticas piensa impulsar?
–Políticas de Estado en materia de derechos humanos que trasciendan la coyuntura y los partidos. Debemos tomar conciencia de que el tema nos involucra como sociedad. O rige la ley de la selva o rige el respeto de las convenciones internacionales. En nuestro país hay un divorcio enorme entre normas y comportamientos. Mientras lo cotidiano es la transgresión a la ley, hay un discurso perverso que reclama endurecerlas o modificarlas, cuando lo que hace falta es cumplirlas. El Estado de derecho implica garantizar su cumplimiento y dar sustento a los más débiles. Ese es el gran déficit de la política: los sectores vulnerables, sin trabajo, con miseria. El dengue no es casual, se instala en centros de pobreza. Por eso el espacio se llama Encuentro por la Democracia y la Equidad, deben ser objetivos permanentes. Los partidos viven más en el pasado que en el presente. Más allá de una insinuación de cambio se mantienen las estructuras tradicionales.
–¿Cuál es su visión sobre las políticas de derechos humanos del kirchnerismo?
–Hay enormes asignaturas pendientes. Basta con recorrer el conurbano. El Gobierno tuvo resultados importantes con la formación de la nueva Corte Suprema, la nulidad de las leyes, la deuda, las reservas, los aumentos jubilatorios o la nacionalización de las AFJP, pero hay una demanda de igualar que está a flor de piel. Después de la dictadura y el menemismo algunos creyeron salvarse aislándose en countries. Pero la falta de alimentación, educación y contención de chicos produce lesiones irreparables, como muestra un estudio de Horacio Lejarraga, que presidió la Sociedad Argentina de Pediatría. Las sociedades más igualitarias no sólo producen más beneficios para los pobres, también para los ricos. En Argentina rige la idea de que, aunque la escuela pública se venga abajo, salvo a mi hijo si lo mando a una escuela de excelencia. La experiencia muestra lo contrario. Aunque más no sea por egoísmo, todos, incluso los más ricos, deberíamos tender a una sociedad más igualitaria.
–¿Por qué ahora, justo cuando el juicio por el que tanto peleó está cerca de concretarse?
–Hay ciclos en la vida y el mayor esfuerzo lo he dado en momentos de gran soledad. El proceso de justicia es irreversible, en Bahía hemos formado una unidad fiscal de excelencia, hemos armado los casos minuciosamente y el requerimiento de elevación es una plataforma básica pero muy completa.
De cuna antiperonista, madre radical, padre conservador, almacenero e inmigrante español, Cañón ingresó a la Justicia por concurso en 1969, como practicante. El golpe de Estado lo encontró en la Asociación Judicial Bonaerense y como empleado en un juzgado provincial. “Quedate tranquilo, estás limpio”, le aclaró el juez Carlos Altuve, luego funcionario duhaldista, tras consultar a Ramón Camps. En 1987 logró que la Cámara Federal bahiense indagara y dictara prisiones preventivas rigurosas a los principales jefes del Cuerpo V de Ejército. Fue el primer fiscal que impugnó la Obediencia Debida, actitud que le valió un apercibimiento del procurador Juan Gauna y un editorial de La Nueva Provincia por “traidor a la patria”, y también los indultos, que Menem le facturó con un sumario y un pedido de cesantía.
–Más allá del sentimiento de deber cumplido, ¿por qué el salto?
–Siento la necesidad de aportar desde otro lugar y la política es la herramienta esencial para lograr cambios sustanciales. La degradación de la política que vivimos puede y debe revertirse. Y poder brindar experiencia y conocimientos en un espacio de libertad como el que vivimos, sin autoritarismos, torna posible el desafío de pelear por la esperanza.
–La Comisión Provincial trabajó en ese sentido.
–Nuestro programa Jóvenes y Memoria, del que participan 3 mil chicos, muestra que si se dan las herramientas existe una generación llena de creatividad. El comportamiento de la juventud es un realimento fuerte, esperanzador. Y el espacio de Martín Sabbatella, con gente joven y una gestión transparente, de cara a la sociedad, es un espacio progresista que alienta a revitalizarse. Es, en definitiva, una apuesta de vida.
–Usted simboliza la lucha por la justicia en una ciudad caracterizada en gran medida por la indiferencia y la desmemoria. ¿Es casual?
–Bahía tiene profundas contradicciones. Hay una ciudad oficial, formal, pendiente de las apariencias, que un actor definió como “los tapados de piel en el Teatro Municipal más allá de la cultura”, y otra más anónima que busca expandirse a través de la cultura, el arte, la generación de nuevas políticas. Se advierte en la evolución de la Universidad del Sur, que nació al calor de la Revolución Libertadora y en los últimos años ha entregado honoris causa a personas como Baltasar Garzón u Osvaldo Bayer.
–¿Qué políticas piensa impulsar?
–Políticas de Estado en materia de derechos humanos que trasciendan la coyuntura y los partidos. Debemos tomar conciencia de que el tema nos involucra como sociedad. O rige la ley de la selva o rige el respeto de las convenciones internacionales. En nuestro país hay un divorcio enorme entre normas y comportamientos. Mientras lo cotidiano es la transgresión a la ley, hay un discurso perverso que reclama endurecerlas o modificarlas, cuando lo que hace falta es cumplirlas. El Estado de derecho implica garantizar su cumplimiento y dar sustento a los más débiles. Ese es el gran déficit de la política: los sectores vulnerables, sin trabajo, con miseria. El dengue no es casual, se instala en centros de pobreza. Por eso el espacio se llama Encuentro por la Democracia y la Equidad, deben ser objetivos permanentes. Los partidos viven más en el pasado que en el presente. Más allá de una insinuación de cambio se mantienen las estructuras tradicionales.
–¿Cuál es su visión sobre las políticas de derechos humanos del kirchnerismo?
–Hay enormes asignaturas pendientes. Basta con recorrer el conurbano. El Gobierno tuvo resultados importantes con la formación de la nueva Corte Suprema, la nulidad de las leyes, la deuda, las reservas, los aumentos jubilatorios o la nacionalización de las AFJP, pero hay una demanda de igualar que está a flor de piel. Después de la dictadura y el menemismo algunos creyeron salvarse aislándose en countries. Pero la falta de alimentación, educación y contención de chicos produce lesiones irreparables, como muestra un estudio de Horacio Lejarraga, que presidió la Sociedad Argentina de Pediatría. Las sociedades más igualitarias no sólo producen más beneficios para los pobres, también para los ricos. En Argentina rige la idea de que, aunque la escuela pública se venga abajo, salvo a mi hijo si lo mando a una escuela de excelencia. La experiencia muestra lo contrario. Aunque más no sea por egoísmo, todos, incluso los más ricos, deberíamos tender a una sociedad más igualitaria.
(Fuente:Rdendh-Pagina12).
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