CAUSA MASACRE CAPILLA DEL ROSARIO.

Nakagama a punto de quedar en libertad…por falta de méritos...

Alertamos que la Justicia Federal de Catamarca se apresta a dictar falta de méritos a uno de los principales imputados en la Causa Masacre Capilla del Rosario, Catamarca, el ex militar Mario Nakagama, uno de los que participó en el fusilamiento de los militantes argentinos y uruguayos se entregaron con vida después de deponer las armas, tras el frustrado intento de copar un regimiento.
En su declaración Nakagama, admitió haber estado el 11 de agosto de 1974 en el “teatro de las operaciones” en las inmediaciones de la Capilla, pero negó las acusaciones de los testigos que han declarado desde la reanudación del juicio en marzo del 2004. Ahora no solo no recuerda la represión que culminó con el fusilamiento como lo publica el diario “El Ancasti” del 30 de agosto del 2006, sino también cuando participaba de las torturas a los detenidos en la Jefatura de Policía, mientras se jactaba a los gritos “yo los baje” “yo los baje”.
Lo de Nakagama no sería ninguna sorpresa ya que el juez federal Ricardo Moreno ha dado más de una muestra que la ley de obediencia debida y punto final sigue mas firme que nunca a más de cinco años de ser derogada por el Congreso de la Nación.
Entonces de no mediar un cambio en la posición Moreno le dictará falta de méritos con lo cual va a recuperar su libertad, una opción la que espera confiado Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, al igual que los otros ex militares y ex policías que deben ser citados este año o el que viene…
No sería ninguna sorpresa por cuanto las causas que investiga la Justicia Federal están a fojas cero y en ese contexto, la causa por la desaparición de tres militantes de la Juventud Obrera Católica, los hermanos Griselda y Francisco Pone y de su sobrino Julio Genaro Burgos en abril de 1976, es un ejemplo didáctico de nuestras afirmaciones.
De los tres acusados, dos ellos cumplen arresto domiciliario y el tercero ya informó a través de los medios de comunicación que no se presentará porque “es inocente”.
En febrero del 2007 el juez Moreno ordenó la detención del general retirado Carlos Lucena y después el Darío Otero Arán y les concedió el arresto domiciliario el primero en Mar del Plata y el segundo en Posadas, Misiones. En cuanto al tercero, el general retirado Raúl Horacio Gallardo tenía previsto citarlo y por ende ordenan su detención el 28 de marzo de ese año: 2007.
Desde esa fecha hasta ahora Gallardo no ha modificado su situación procesal y por ahora no hay ningún indicio que la cambie. Nada.
Cabe acotar que “la ministra de Defensa Nilda Garré denunció a la Justicia por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica a más de ochenta civiles y militares y ordenó al general Roberto Bendini el pase a disponibilidad de los militares imputados que siguen en actividad. Entre los presuntos responsables hay cuatro generales, muy próximos al jefe de Estado Mayor del Ejército, dos de ellos en actividad y en altos cargos. La denuncia se extiende a quien o quienes surjan como penalmente responsables con el devenir de la investigación y del proceso. Las auditorías prosiguen en otras dependencias del Ejército en las que se sospecha la utilización de los mismos métodos fraudulentos. También fueron acusados cinco coroneles, seis tenientes coroneles, siete mayores, dos capitanes, un teniente 1, siete suboficiales y cincuenta y un civiles. En varios casos, los civiles tenían relaciones familiares o comerciales con miembros del Ejército. Veintitrés de los treinta y un militares acusados están en actividad, entre ellos el director de Personal del Estado Mayor, general Mario Fernando Troncoso, y el Comandante de Intendencia, general Eduardo Salvador Gibelli. También integran la nómina el director de estudios históricos, general Héctor Mario Giralda, quien estaba en retiro pero había sido convocado a la actividad por el artículo 62 de la ley orgánica del personal, y el ex Comandante de Operaciones Terrestres, general Raúl Horacio Gallardo. Antes de ese Comando, Gallardo fue director del Colegio Militar. En marzo de 2004, Gallardo expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Néstor Kirchner de descolgar los cuadros de los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone de la galería de ex directores del Colegio Militar. En mayo de 2006, permitió que una señora se acercara a gritar insultos al entonces presidente Néstor Kirchner. Gallardo también debe responder ante la justicia federal de Catamarca por el secuestro y la desaparición forzada de los hermanos Griselda y Francisco Ponce y del sobrino de ambos Julio Genaro Burgos, el 6 de abril y el 15 de diciembre de 1976. Gallardo era asistente personal del general (R) Carlos Lucena, quien entonces era comandaba el Regimiento de Infantería 17. Según el fiscal de la causa, Santos Reinoso, Gallardo era el jefe de la compañía que llevaba a cabo los operativos. En los tres casos Bendini intercedió por Gallardo, para que se postergara la fecha de su indagatoria en Catamarca y para que no pasara a retiro, cosa que ocurrió al asumir el actual gobierno”, como lo precisa Horacio Verbitsky en una nota de Página 12 el 10 de agosto del 2008.
Entonces conjeturar que Nakagama y Carrizo Salvadores seguirán gozando de la impunidad como desde hace 35 años no es un mero ejercicio de imaginación, sino todo lo contrario. Los ejemplos dados lo certifican, salvo un imponderable de último momento o que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se involucre para que Catamarca deje ser el símbolo de la impunidad al igual que las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero donde el fusilamientos de presos políticos, el robos de bebes, las ejecuciones extrajudiciales, la apropiación de bienes, la complicidad empresarial, las condiciones ilegales de detención tiene dos condenados con arresto domiciliario pese al trabajo oficial de la Unidad Fiscal sobre los cursos de acción de los juicios como lo destacara el CELS en su informe anual. Los demas represores, bien gracias al Poder Judicial.

Por la comisión de Familiares y Compañeros de Uruguay y Argentina de los 16 fusilados en la Masacre de Capilla del Rosario

Nibya y Elsa Betancour, Mario Paz , Jorge Ramirez y Lucho Soria

28 de mayo del 2009

EL ANCASTI POLICIALES/JUDICIALES Catamarca - Miércoles 30 de agosto de 2006
EL ANCASTI accedió a documentos que permanecieron ocultos desde hace 32 años
Autopsias confirman que se ejecutó a los guerrilleros

Aunque las pericias eran claras, la Justicia nunca investigó de oficio lo sucedido. Todos los cuerpos presentan heridas certeras, casi todas en el tórax. s Uno de ellos recibió tres balazos en la parte posterior de la cabeza, en lo que fue una clara ejecución. 1974, confirman que éstos no murieron en un enfrentamiento sino que fueron ejecutados. Los protocolos de dichas pericias, llevadas a cabo por tres médicos forenses de la Policía provincial, se encuentran ahora incorporada a la causa iniciada a partir de la denuncia que realizaron representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos y se convirtieron en una de las pruebas más contundentes para afirmar que miembros del Ejército Argentino y posiblemente de la Policía provincial cometieron entonces delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.
E L ANCASTI tuvo acceso a esos documentos, en los que se detallan y muestran gráficamente las heridas de bala sufridas por cada uno de los integrantes del ERP: todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia, que afectaron órganos vitales e incluso en algunos casos miembros superiores, usados en un gesto defensivo reflejo.
Un caso es paradigmático y por demás elocuente: el del guerrillero identificado entonces como Norberto Carlos Rufino o José Eduardo Gruss: la pericia indica que presentaba cuatro disparos de arma de fuego, tres en el cráneo con orificio de entrada en región parietal posterior izquierda, occipital y temporo-occipital izquierda, con salida en región frontal, cavidad orbitaria y región auricular derecha respectivamente”.
El cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda. Es decir, le dispararon desde atrás y posiblemente intentó cubrirse la cabeza con sus manos antes de ser ejecutadoDenuncias
Esta situación ya había sido denunciada públicamente en 1974, aún a costa de su seguridad personal, por los abogados Mardonio Díaz Martínez, Mario Marca y Alfredo “Cuqui” Curuchet.
Éste último letrado apareció asesinado con 50 balazos, en La Plata. La última vez que se lo vio con vida fue abordando el ómnibus desde la Terminal de Catamarca. Se sospecha que el homicidio lo cometió la Triple A. Sin embargo, ni con las denuncias realizadas entonces -los abogados mencionaron que las heridas tenían rastros de pólvora, lo que indica que los disparos se hicieron a corta distancia- ni con las pericias oficiales a la vista, la Justicia jamás inició una causa de oficio para investigar las circunstancias de lo ocurrido en Capilla del Rosario. Sí fueron juzgados y condenados en el fuero federal trece guerrilleros capturados en distintos puntos del Valle Central.
Recién en diciembre de 2004, con la denuncia que hicieron Mirta de Clérici, Ana Radusky, Jorge Alberto Perea y Guillermo Díaz Martínez con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda, y con el posterior requerimiento del fiscal Santos Reynoso, comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la masacre, como también procurar la identificación de los cinco cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en elcementerio municipal.
El expediente comenzó a ser tramitado por entonces juez federal Pedro Armando Navarro -secretaría de Manuel Moreno (h)- y evidenció importantes avances desde entonces, ya que se incorporó el expediente inicial, se citó a varios testigos que presenciaron aquellos hechos y se exhumaron los cinco cadáveres que estaban sepultados en el cuadro 24 del cementerio local. Uno de ellos ya fue identificado y resultó ser, tal como se sospechaba, un guerrillero uruguayo que se había sumado a la intentona rebelde, Rutilio Dardo Betancour Roth. Sus familiares no sólo reclaman los restos mortales que permanecieron sepultados más de treinta años sin ser identificados.
Van más allá. Con la reciente constitución como querellantes particulares, sus hermanas quieren que se conozca la verdad de lo sucedido y que se castigue a los responsables de la masacre.
Daniel Saseta
(Fuente:Rdendh).